Normativa · Administración pública: Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común (LPAC): resumen por títulos y estructura.

Título preliminar. Disposiciones generales

Define el objeto de la ley: los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones, incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial, y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 1). Solo por ley pueden añadirse trámites distintos a los de la LPAC. El art. 2 la aplica a todo el sector público: Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y sector público institucional. Son Administraciones Públicas las tres primeras y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; las universidades públicas y las corporaciones de derecho público se rigen por su normativa y supletoriamente por esta ley.

Opo-tipOjo: las entidades de derecho privado del sector público forman parte del ámbito de la ley, pero no son Administración Pública (art. 2.3).

Título I. De los interesados en el procedimiento

Tienen capacidad de obrar las personas con capacidad civil y los menores para los derechos que puedan ejercer sin asistencia (art. 3). Son interesados quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, quienes tienen derechos que pueden resultar afectados y quienes tienen intereses legítimos afectados y se personan antes de la resolución definitiva (art. 4). La representación debe acreditarse para solicitar, recurrir, desistir o renunciar, y se presume en los actos de mero trámite; si falta, se conceden diez días para subsanar (art. 5). Con varios interesados, las actuaciones se entienden con el designado o, en su defecto, con el que figure en primer término (art. 7). Los arts. 9 a 12 regulan los sistemas de identificación y firma electrónica y la asistencia en su uso.

Título II. De la actividad de las Administraciones Públicas

Recoge los derechos de las personas (art. 13) y la obligación de relacionarse electrónicamente (art. 14). Los documentos pueden presentarse en cualquier registro electrónico, en Correos, en consulados y en las oficinas de asistencia en materia de registros (art. 16.4), y los interesados tienen derecho a no aportar documentos que estén en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por otra Administración; tampoco deben volver a aportar los ya presentados, indicando cuándo y ante qué órgano, aunque excepcionalmente pueden exigirse de nuevo si no es posible recabarlos (art. 28.2 y 3). La Administración está obligada a resolver: el plazo máximo no puede pasar de seis meses salvo ley o Derecho de la UE, y si la norma calla es de tres meses (art. 21). El silencio es estimatorio en los procedimientos a solicitud del interesado salvo excepciones (art. 24); en los de oficio desfavorables se produce la caducidad (art. 25). Los plazos por días son hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos, salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan otro cómputo (art. 30.2); la ampliación ordinaria, salvo precepto en contrario, no puede exceder de la mitad del plazo, sin perjuicio de los supuestos específicos de incidencias técnicas y ciberincidentes (art. 32.1, 4 y 5) y la urgencia los reduce a la mitad, salvo los de solicitudes y recursos (art. 33).

Opo-tipOjo: el silencio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y de revisión de oficio a instancia de parte es desestimatorio (art. 24.1).

Título III. De los actos administrativos

Los actos se dictan por escrito y por medios electrónicos (art. 36), deben motivarse en los casos del art. 35 y se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo eficacia demorada o retroactiva (art. 39). La notificación se cursa en diez días desde que se dicta el acto, con el texto íntegro y los recursos que proceden (art. 40.2). En papel, cuando se notifica en el domicilio y nadie se hace cargo, el intento se repite una sola vez dentro de los tres días siguientes: antes de las 15 horas si el primero fue después, o después si el primero fue antes, con al menos tres horas de diferencia (art. 42.2); la electrónica, cuando sea obligatoria o haya sido expresamente elegida, se entiende rechazada transcurridos diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a su contenido (art. 43.2). Si no se puede notificar, se publica un anuncio en el BOE (art. 44). El art. 47.1 enumera las causas de nulidad de pleno derecho; las restantes infracciones del ordenamiento, incluida la desviación de poder, determinan como regla la anulabilidad; los defectos formales solo la causan si faltan requisitos indispensables o se produce indefensión, y las actuaciones fuera de plazo solo cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo (art. 48). Los arts. 49 a 52 regulan la conversión, conservación y convalidación.

Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común

Sigue las fases del procedimiento: garantías del interesado (art. 53), iniciación de oficio o a solicitud (arts. 54 a 69), ordenación, instrucción y finalización. Las medidas provisionales previas deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dictado dentro de los quince días siguientes a su adopción; quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en ese plazo o el acuerdo no se pronuncia expresamente sobre ellas (art. 56.2). Una solicitud defectuosa debe subsanarse en diez días tras el requerimiento; si no se subsana, se tendrá al interesado por desistido de su petición, previa resolución y habiéndole advertido de esa consecuencia (art. 68.1). El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial prescribe al año (art. 67). La prueba dura entre diez y treinta días (art. 77.2), los informes se emiten en diez días (art. 80.2), la audiencia dura de diez a quince días (art. 82.2) y la información pública, al menos veinte (art. 83.2). En los sancionadores con sanción únicamente pecuniaria, reconocer la responsabilidad y pagar voluntariamente antes de la resolución permiten reducciones de al menos un 20 % por cada supuesto, acumulables; deben constar en la notificación de iniciación y exigen desistir o renunciar a acciones o recursos administrativos contra la sanción (art. 85). En los procedimientos iniciados a solicitud, la paralización imputable al interesado puede producir caducidad cuando, tras la advertencia de la Administración, transcurran tres meses sin realizar las actuaciones indispensables para reanudar la tramitación; entonces se acuerda y notifica el archivo (art. 95). La tramitación simplificada debe resolverse en treinta días desde el día siguiente a la notificación del acuerdo que la establece, salvo que reste menos tiempo para su tramitación ordinaria (art. 96.6) y la ejecución forzosa usa apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión (art. 100).

Opo-tipOjo: en responsabilidad patrimonial es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 €, o a la cuantía establecida por la legislación autonómica, y en los demás casos previstos en la Ley Orgánica 3/1980 (art. 81.2) y, transcurridos seis meses desde la iniciación sin resolución expresa dictada y notificada ni, en su caso, acuerdo formalizado, puede entenderse desestimada la reclamación (art. 91.3).

Título V. De la revisión de los actos en vía administrativa

La revisión de oficio de actos nulos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo puede hacerse en cualquier momento, respetando los límites del art. 110, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente; si se inició de oficio, caduca a los seis meses (art. 106). Los actos favorables anulables se impugnan ante la jurisdicción contencioso-administrativa previa declaración de lesividad, que no cabe pasados cuatro años (art. 107). Los errores materiales se rectifican en cualquier momento (art. 109.2). Recurrir no suspende la ejecución, salvo excepciones (art. 117). El recurso de alzada, ante el superior jerárquico contra actos que no agotan la vía, se interpone en un mes si el acto es expreso; si no lo es, en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. El plazo máximo para dictar y notificar su resolución es de tres meses (arts. 121 y 122). El potestativo de reposición, ante el mismo órgano contra actos que ponen fin a la vía, se interpone en un mes si el acto es expreso; si no lo es, en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. El plazo máximo para dictar y notificar su resolución es de un mes (arts. 123 y 124). El extraordinario de revisión procede contra actos firmes en cuatro casos tasados, con plazo de cuatro años o de tres meses (art. 125).

Opo-tipOjo: contra la resolución de una alzada solo cabe el recurso extraordinario de revisión (art. 122.3), y no cabe reponer una reposición (art. 124.3).

Título VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones

El Gobierno ejerce la iniciativa legislativa elaborando anteproyectos y remitiendo proyectos de ley a las Cortes (art. 127). La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno, a los órganos de gobierno autonómicos y a los locales (art. 128). Las normas deben respetar los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia (art. 129). Los arts. 130 a 133 regulan la evaluación periódica, la publicación oficial, la publicación anual de un Plan Normativo con las iniciativas del año siguiente y la consulta pública previa, con las excepciones del art. 133.4. Según la STC 55/2018, los arts. 129 —salvo los párrafos segundo y tercero del apartado 4—, 130, 132 y 133 no se aplican a la iniciativa legislativa autonómica. Para los reglamentos autonómicos, el art. 132 tampoco es aplicable y del art. 133 son básicos únicamente la exigencia de consulta previa del primer inciso del apartado 1 y el primer párrafo del apartado 4.

Opo-tipOjo: el Tribunal Constitucional (STC 55/2018) limitó la aplicación de varios de estos artículos a las comunidades autónomas.