Normativa · Administración pública: TREBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015): resumen por títulos y estructura.

Título I. Objeto y ámbito de aplicación

El Estatuto establece las bases del régimen estatutario de los funcionarios y las normas aplicables al personal laboral (art. 1), y enumera sus fundamentos de actuación, como el servicio a los ciudadanos, la igualdad, mérito y capacidad o la igualdad de trato entre mujeres y hombres (art. 1.3). Se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al laboral de la AGE, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, las entidades locales, sus organismos públicos y las universidades públicas (art. 2.1); para el resto del personal de las Administraciones es supletorio (art. 2.5). Al personal con legislación específica propia (Cortes Generales, jueces y fiscales, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, CNI, Banco de España…) sólo se le aplica directamente cuando su legislación lo dispone (art. 4). El personal laboral se rige por la legislación laboral, los convenios y los preceptos del Estatuto que así lo digan (art. 7).

Opo-tipOjo: a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el TREBEP sólo se aplica directamente cuando lo dispone su legislación específica (art. 4.e). La Policía Local también se rige por él, salvo lo establecido para ella en la Ley Orgánica 2/1986 (art. 3.2).

Título II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales, y se clasifican en cuatro clases: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual (art. 8). Las funciones que implican ejercicio de potestades públicas corresponden exclusivamente a funcionarios (art. 9.2). Los interinos se nombran por necesidad y urgencia en cuatro casos: vacantes, por un máximo de tres años; sustitución transitoria de titulares; programas temporales de hasta tres años, ampliables hasta doce meses más por las leyes de Función Pública de desarrollo; y exceso o acumulación de tareas, hasta nueve meses en un periodo de dieciocho (art. 10). El personal eventual sólo hace funciones de confianza o asesoramiento especial, se nombra y cesa libremente, cesa con la autoridad a la que asesora y esa condición no puede ser mérito para acceder a la función pública (art. 12). El personal directivo profesional (art. 13) se designa por mérito, capacidad e idoneidad, y sus condiciones de empleo no se negocian colectivamente.

Opo-tipOjo: el personal directivo del art. 13 no es una quinta clase de empleado público; el art. 8.2 sólo enumera cuatro.

Título III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

El título más extenso. Distingue los derechos individuales (art. 14) de los que se ejercen colectivamente: libertad sindical, negociación colectiva, huelga con mantenimiento de los servicios esenciales, conflictos colectivos y reunión (art. 15). La promoción interna exige al menos dos años de servicio activo en el subgrupo inferior (art. 18). Las retribuciones son básicas (sueldo y trienios, fijados en la Ley de Presupuestos) y complementarias, con dos pagas extraordinarias al año (arts. 22 a 24). La negociación colectiva se rige por los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia (art. 33) y se plasma en Pactos y Acuerdos (art. 38). Representan a los funcionarios los Delegados de Personal (de 6 a 49 funcionarios) y las Juntas de Personal (50 o más), con mandato de cuatro años (arts. 39 y 42). El capítulo V regula la jornada, el teletrabajo (art. 47 bis), los permisos y las vacaciones de 22 días hábiles (art. 50), y el VI los deberes y el Código de Conducta: principios éticos (art. 53) y de conducta (art. 54).

Opo-tipOjo: los deberes y el Código de Conducta (arts. 52 a 54) están en el capítulo VI del Título III, no en un título aparte.

Título IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio

El acceso se rige por la igualdad, el mérito y la capacidad (art. 55). Los requisitos generales son la nacionalidad española, la capacidad funcional, tener 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa, no haber sido separado del servicio ni estar inhabilitado y poseer la titulación (art. 56). Las ofertas reservan al menos un 7 % de las vacantes a personas con discapacidad, y, dentro de ese cupo, al menos un 2 % del total de las plazas ofertadas a personas con discapacidad intelectual (art. 59). Los órganos de selección son colegiados y en ellos no pueden estar el personal de elección o designación política, los interinos ni los eventuales (art. 60). Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera son la oposición y el concurso-oposición; el concurso sólo cabe excepcionalmente por ley (art. 61.6). La condición de funcionario de carrera se adquiere con la superación del proceso, el nombramiento, el acatamiento de la Constitución y la toma de posesión (art. 62), y se pierde por las cinco causas del art. 63. La regla del art. 67.3 es la jubilación forzosa de oficio a los 65 años, con prolongación solicitada hasta los 70 y resolución motivada, salvo normas estatales específicas. Para el personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, rige la edad prevista en ese régimen para la pensión contributiva sin reducción por edad (art. 67.4).

Título V. Ordenación de la actividad profesional

Regula la planificación de los recursos humanos (art. 69) y la Oferta de Empleo Público: se aprueba cada año, se publica en el diario oficial, obliga a convocar las plazas comprometidas y hasta un 10 % adicional y debe ejecutarse en un plazo improrrogable de tres años (art. 70). Los cuerpos y escalas se crean, modifican y suprimen por ley (art. 75). El art. 76 clasifica a los funcionarios por la titulación: Grupo A (subgrupos A1 y A2, título universitario de Grado, salvo otro título universitario exigido por ley), Grupo B (Técnico Superior) y Grupo C (C1, Bachiller o Técnico; C2, Graduado en ESO); la disposición adicional sexta añade agrupaciones profesionales sin requisito de titulación. Los puestos se proveen por concurso, el procedimiento normal, o por libre designación con convocatoria pública, en la que el cese es discrecional (arts. 78 a 80). Cierran el título la movilidad, incluida la de las víctimas de violencia de género, sexual o terrorista (art. 82), y la movilidad voluntaria entre Administraciones (art. 84).

Opo-tipOjo: el Grupo B exige el título de Técnico Superior, no el de Bachiller (que es del C1).

Título VI. Situaciones administrativas

Los funcionarios de carrera pueden estar en cinco situaciones: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones (art. 85). En servicios especiales (art. 87), por ejemplo como miembros del Gobierno o diputados, cobran las retribuciones del cargo y no las de funcionario, aunque conservan el derecho a los trienios. La excedencia tiene cinco modalidades (art. 89): la voluntaria por interés particular exige, como regla general, cinco años inmediatamente anteriores de servicios efectivos en las Administraciones Públicas, salvo un periodo menor establecido por las leyes de desarrollo y no computa ni se retribuye; la de cuidado de familiares dura hasta tres años por cada hijo o menor en los supuestos legales, o por un familiar a cargo hasta el segundo grado que, por edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida; computa a efectos de trienios, carrera y Seguridad Social y reserva el mismo puesto al menos durante dos años; la de las funcionarias víctimas de violencia de género o sexual no exige servicios previos ni permanencia mínima y reserva el puesto seis meses; cuando lo exijan las actuaciones judiciales, la reserva puede prorrogarse por periodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho. La suspensión de funciones determina la pérdida del puesto cuando excede de seis meses, salvo la suspensión provisional durante un procedimiento judicial en el supuesto del art. 98.3, y la suspensión firme por sanción disciplinaria no puede exceder de seis años (art. 90).

Opo-tipOjo: la excedencia por cuidado de familiares reserva el mismo puesto al menos dos años; transcurrido el periodo de reserva de ese puesto, se reserva uno en la misma localidad y de igual retribución.

Título VII. Régimen disciplinario

Responden disciplinariamente los funcionarios y el personal laboral, también quienes inducen a cometer una falta y quienes encubren faltas muy graves o graves que causen daño grave (art. 93). La potestad disciplinaria se rige por los principios de legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo desfavorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia (art. 94). Las faltas son muy graves, graves y leves: el art. 95.2 enumera las muy graves; las graves las establecen las leyes y, para el personal laboral, también los convenios colectivos; el régimen de las leves se determina por las leyes de Función Pública, con aplicación supletoria de la legislación laboral al personal laboral. Las sanciones (art. 96) son la separación del servicio y el despido disciplinario, sólo por faltas muy graves; la suspensión firme de funciones, de hasta seis años; el traslado forzoso; el demérito; y el apercibimiento. Las faltas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses; las sanciones, a los tres años, dos años y un año, respectivamente (art. 97). La suspensión provisional durante un expediente disciplinario no puede exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado. En un procedimiento judicial puede mantenerse durante la prisión provisional u otras medidas judiciales que impidan desempeñar el puesto (art. 98.3).

Opo-tipOjo: las faltas leves prescriben a los seis meses, pero las sanciones por faltas leves prescriben al año.

Título VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas

El título más breve. Las Administraciones se relacionan en materia de empleo público según los principios de cooperación y colaboración, respetando las competencias de las demás (art. 99). El órgano de cooperación es la Conferencia Sectorial de Administración Pública, con representantes de la AGE, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y la Administración Local, designados éstos por la FEMP (art. 100.1). De ella depende la Comisión de Coordinación del Empleo Público, órgano técnico que coordina la política de personal, impulsa la efectividad de los principios constitucionales de acceso y estudia los proyectos de legislación básica en materia de empleo público (art. 100.2).