Normativa · Administración pública: Ley 47/2003 General Presupuestaria (LGP): resumen por títulos y estructura.

Título I. Del ámbito de aplicación y de la Hacienda Pública estatal

Fija el objeto de la ley (art. 1) y el sector público estatal: la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal (art. 2), que se divide en administrativo, empresarial y fundacional (art. 3). La ley no se aplica a las Cortes Generales, que tienen autonomía presupuestaria. La Hacienda Pública estatal es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de la AGE y sus organismos autónomos (art. 5), con derechos de naturaleza pública y privada. Para transigir sobre ellos o someterlos a arbitraje hace falta real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno (art. 7.3). La providencia de apremio tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial (art. 12). Los derechos prescriben a los cuatro años (art. 15), igual que las obligaciones (art. 25). Si la Administración no paga en tres meses desde la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, salvo las reglas específicas en materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa, debe intereses de demora desde que el acreedor los reclame por escrito (art. 24).

Opo-tipOjo: tanto los derechos (art. 15) como las obligaciones (art. 25) de la Hacienda Pública estatal prescriben a los cuatro años, salvo lo que digan leyes especiales.

Título II. De los Presupuestos Generales del Estado

Es el título más largo y el más preguntado. Los PGE son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio (art. 32), que coincide con el año natural (art. 34). El proyecto se remite a las Cortes antes del 1 de octubre del año anterior (art. 37) y, si no se aprueba a tiempo, los presupuestos se prorrogan automáticamente (art. 38). Los créditos son limitativos: son nulos de pleno derecho los actos que comprometan gastos por encima de ellos (art. 46). Como regla general, los compromisos plurianuales pueden extenderse a cuatro ejercicios posteriores al de autorización, con topes del 70, 60, 50 y 50 % del crédito inicial. El Gobierno puede modificar estos límites en casos especialmente justificados; no se aplican a la carga financiera de la Deuda ni a los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición (art. 47). El Fondo de Contingencia asciende al 2 % de los gastos para operaciones no financieras del presupuesto del Estado, excluidos los destinados a financiar a comunidades autónomas y entidades locales mediante sus respectivos sistemas de financiación y consignados en una sección presupuestaria independiente (art. 50.1). Hay cinco modificaciones de crédito (art. 51) y cinco fases del gasto: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material (art. 73). La cuantía global de los anticipos de caja fija tiene, con carácter general, un límite del 7 % de los créditos del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios de cada ministerio u organismo autónomo. El art. 78.3 prevé excepciones de hasta el 14 % para la Agencia Española de Cooperación Internacional y de hasta el 10 % de los créditos del artículo 23 del programa 222A del Ministerio del Interior, aplicable únicamente a la gestión de ese artículo.

Opo-tipOjo con el art. 51: transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito, e incorporaciones.

Título III. De las relaciones financieras con otras administraciones

Regula el dinero que se mueve entre el Estado y otras administraciones. Con la Unión Europea, autoriza al Ministro de Economía a hacer las operaciones de tesorería que exijan las relaciones financieras con ella (art. 82) y regula las actuaciones cofinanciadas y el reintegro de ayudas europeas (arts. 83 y 84). Con las comunidades autónomas, las relaciones derivadas del sistema de financiación se rigen por los principios de legalidad, dotación presupuestaria y concesión de anticipos de tesorería (art. 85), y el art. 86 fija las reglas para distribuir territorialmente los créditos que gestionan las comunidades. Con las entidades locales, su participación en los tributos del Estado se paga mediante entregas a cuenta de la liquidación definitiva del año siguiente (art. 87); los saldos deudores se reintegran en un máximo de tres años mediante retenciones trimestrales del 25 % de una entrega mensual, ajustando su frecuencia y cuantía si fuera necesario para no exceder el máximo de tres años (art. 88.3).

Título IV. Del Tesoro Público, de la Deuda del Estado y de las Operaciones Financieras

El Tesoro Público lo forman todos los recursos financieros (dinero, valores o créditos) de la AGE, sus organismos autónomos y el resto del sector público administrativo estatal, con algunas exclusiones (art. 90). Sus funciones incluyen pagar las obligaciones del Estado, recaudar sus derechos y servir al principio de unidad de caja (art. 91). La Deuda del Estado es el conjunto de capitales tomados a préstamo por el Estado (art. 92); su creación debe autorizarla una ley, y la de Presupuestos fija el límite de variación del saldo vivo de cada año (art. 94.1). En enero del año siguiente, el Ministro de Economía puede disponer la creación de Deuda sin incrementarla en más del 15 % de la autorización del año anterior; ese incremento computa en el límite autorizado para el nuevo año (art. 94.2). La obligación de pagar intereses y devolver capitales llamados a reembolso prescribe a los cinco años, desde el vencimiento de los intereses y el llamamiento a reembolso, respectivamente. En los supuestos de conversión o canje obligatorio, el reembolso prescribe a los diez años desde el último día del plazo de la operación (art. 105.1). El capítulo V regula los avales del Estado: los autoriza una ley o, en los casos del art. 114.2, el Consejo de Ministros dentro del límite anual de la Ley de Presupuestos (art. 115).

Opo-tipOjo: intereses y capitales llamados a reembolso, cinco años; reembolso por conversión o canje obligatorio, diez años; capitales sin percibir intereses ni ejercer el derecho ante la Administración, veinte años (art. 105).

Título V. Contabilidad del sector público estatal

La contabilidad pública es un sistema de información que debe mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados y la ejecución del presupuesto (art. 119). El art. 122 recoge los principios contables públicos: continuidad de la actividad, registro según la corriente real de bienes y servicios, no variación de criterios, precaución, no compensación e importancia relativa. El Ministro de Hacienda aprueba el Plan General de Contabilidad Pública a propuesta de la IGAE (art. 124), que es el centro directivo de la contabilidad pública (art. 125). La Cuenta General del Estado consolida las cuentas del sector público estatal (art. 130); la forma la IGAE y el Gobierno la remite al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente, que la examina en seis meses (arts. 131 y 132). Los cuentadantes envían sus cuentas a la IGAE en los siete meses siguientes al cierre del ejercicio, y la IGAE las remite al Tribunal de Cuentas en un mes (art. 139).

Título VI. Del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado

El Tribunal de Cuentas ejerce el control externo y la IGAE el control interno, con plena autonomía respecto de los órganos que controla (art. 140). Hay tres formas de control. La función interventora controla los actos antes de que se aprueben (art. 148) y puede ser formal o material (art. 150); no se fiscalizan previamente, entre otros, los contratos menores (art. 151). Si la Intervención discrepa, formula un reparo por escrito, que suspende la tramitación del expediente (art. 154); si el gestor no lo acepta, plantea una discrepancia que resuelve la IGAE con carácter general. En Defensa y Seguridad Social conocen inicialmente sus respectivas Intervenciones Generales; si estas formulan o confirman el reparo y subsiste la discrepancia, resuelve la IGAE. Cuando el reparo lo formula o confirma la IGAE y subsiste la discrepancia, resuelve el Consejo de Ministros (art. 155). El control financiero permanente verifica de forma continua, a través de la intervención delegada, el funcionamiento de las entidades (art. 157). La auditoría pública es una verificación posterior y sistemática (art. 162) en tres modalidades: regularidad contable, cumplimiento y operativa (art. 164), según un plan anual de auditorías (art. 165).

Opo-tipOjo: la función interventora es previa, el control financiero permanente es continuo y la auditoría pública es posterior.

Título VII. De las responsabilidades

Quienes, por dolo o culpa grave, adopten resoluciones o realicen actos que infrinjan la ley deben indemnizar a la Hacienda Pública estatal o a la entidad los daños y perjuicios causados, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria (art. 176). El art. 177 enumera las infracciones: alcance o malversación, comprometer gastos u ordenar pagos sin crédito suficiente, no justificar los anticipos de caja fija o los pagos a justificar, entre otras. Con dolo se responde de todos los daños y la responsabilidad es solidaria; con culpa grave, sólo de los que sean consecuencia necesaria del acto, y la responsabilidad es mancomunada (art. 178). También pueden responder los interventores, dentro del alcance de su función interventora, y los ordenadores de pago, en las condiciones de los artículos anteriores y cuando no hayan salvado su actuación mediante observación escrita sobre la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución (art. 179). La responsabilidad por alcance o malversación la exige el Tribunal de Cuentas mediante el procedimiento de reintegro por alcance; para los supuestos del art. 177.1.b) a f), se instruye un expediente administrativo que resuelve el Gobierno si el responsable es autoridad y, en los demás casos, el Ministro de Hacienda, cuyas competencias corresponden al de Trabajo y Asuntos Sociales cuando las responsabilidades afectan a entidades del sistema de la Seguridad Social, recurrible ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas en dos meses (art. 180).

Opo-tipOjo: dolo, responsabilidad solidaria; culpa grave, mancomunada (art. 178.3).