¿Qué es exactamente la LO 4/2015?
Es la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, de 30 de marzo de 2015. Regula las potestades de las autoridades y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para preservar la seguridad ciudadana, la documentación obligatoria, las actuaciones de identificación, cacheo y registro, las potestades de policía administrativa y un régimen sancionador propio. Sustituyó a la LO 1/1992 ("ley Corcuera").
¿Por qué se la conoce como "Ley Mordaza"?
Por la fuerte controversia generada en torno a algunas de sus infracciones (resistencia a la autoridad, manifestaciones no comunicadas, uso de imágenes de agentes en servicio) y por configurar como infracciones administrativas conductas que para algunos sectores deberían estar fuera del derecho sancionador. La denominación es coloquial: en oposiciones se utiliza siempre la denominación oficial "LO 4/2015" o "LOPSC".
¿Sigue vigente íntegramente tras la STC 13/2021?
No del todo. La STC 172/2020, de 19 de noviembre, declaró inconstitucional y nulo el inciso "no autorizado" del art. 36.23 (uso de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) e interpretó conforme a la Constitución otros preceptos como los arts. 37.3 y 37.7. La STC 13/2021, de 28 de enero, declaró después la pérdida de objeto sobre ese inciso e interpretó conforme a la Constitución los arts. 36.22, 36.23 y 37.7. Para test, consulta siempre el texto consolidado del BOE: incorpora ya esos pronunciamientos.
¿Cuál es la estructura de la ley?
Cinco capítulos: (I) Disposiciones generales; (II) Documentación e identificación personal (DNI, pasaporte, deber de identificación); (III) Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana (identificaciones, cacheos, controles, comprobaciones y videovigilancia del art. 22); (IV) Potestades especiales de policía administrativa de seguridad (registro documental, medidas de seguridad, espectáculos y control de armas/explosivos); y (V) Régimen sancionador.
¿Cuántas categorías de infracciones contempla la LOPSC?
Tres: leves, graves y muy graves (arts. 35 a 37 LO 4/2015). La regla mnemotécnica "PENA" ayuda a fijar grupos de infracciones muy graves. Las sanciones económicas y la prescripción aparecen en los arts. 39 y 40, y se imponen siguiendo la graduación del art. 33.
¿En qué oposiciones entra la LO 4/2015?
En Opotips la vinculamos como materia obligatoria en Policía Nacional, Escala Básica (es el tema 14) y Escala Ejecutiva. Aparece también, de forma directa o indirecta, en otros procesos relacionados con seguridad pública y privada; conviene comprobar siempre el anexo de temario de la convocatoria concreta.
¿Es infracción negarse a identificarse ante la policía?
Sí, cuando el requerimiento de identificación se ajuste a los supuestos legales del art. 16.1. Negarse a identificarse ante ese requerimiento o alegar datos falsos o inexactos en el proceso de identificación constituye una infracción grave del art. 36.6, sancionada con multa de 601 a 30.000 euros, siempre que no sea delito.
¿Qué dice la LOPSC sobre difundir imágenes de policías?
El art. 36.23, interpretado conforme a la STC 172/2020, sanciona como infracción grave la publicación o difusión sin consentimiento de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes cuando genere un peligro próximo o concreto para la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. La mera captación o tenencia no basta, y debe ponderarse expresamente el derecho fundamental a la información. La STC 172/2020 anuló el inciso «no autorizado», así que no se exige autorización previa.
¿Quién pone las multas de la Ley de Seguridad Ciudadana?
En la Administración del Estado, el Ministro del Interior (muy graves en grado máximo), el Secretario de Estado de Seguridad (muy graves en grado medio y mínimo) y los Delegados del Gobierno (graves y leves). También pueden sancionar las comunidades autónomas con competencias y policía propia, y los alcaldes cuando las infracciones se cometan en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia conforme a la legislación específica (art. 32).