Despachos de detectives privados: régimen jurídico en la Ley 5/2014

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada regula los despachos de detectives privados en el Título II (arts. 24 y 25) y los servicios de investigación privada en el Título IV (arts. 48 a 50). El detective es una figura singular dentro del personal de seguridad privada (art. 26), pero su régimen jurídico tiene autonomía suficiente como para merecer una guía propia. Cae en oposiciones policiales por sus límites legales y por su relación con la actividad probatoria.

¿Qué es un detective privado?

El detective privado es la persona física que, habiendo obtenido la habilitación del Ministerio del Interior, se dedica profesionalmente a la realización de averiguaciones y a la obtención y aportación de información y pruebas sobre hechos privados, a instancia de un cliente legítimo.

La actividad se desempeña a través de despachos de detectives privados, que son las personas físicas o jurídicas, privadas y autorizadas, dedicadas profesionalmente a esta actividad. Su autorización e inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada son constitutivas: sin ellas no se puede ejercer.

Actividades reservadas (art. 48)

Las actividades de investigación privada son reservadas y exclusivas del detective privado y del despacho autorizado. Comprenden:

• La obtención y aportación de información y pruebas sobre conductas o hechos privados.
• La investigación de delitos perseguibles solo a instancia de parte (delitos privados y semiprivados) por encargo de los legitimados en el proceso penal.
• La vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos, cuando concurra circunstancia que lo justifique.

El detective actúa siempre por encargo concreto de un cliente con interés legítimo: no investiga de oficio, ni para terceros sin relación con el asunto.

El contrato de investigación

Toda actuación profesional del detective requiere un contrato escrito con el cliente, en el que conste:

• Identificación de las partes.
• Objeto de la investigación (concreto y delimitado).
• Causa que la motiva y el interés legítimo.
• Honorarios y, en su caso, gastos.

El detective debe conservar copia del contrato y de la documentación derivada de la investigación durante el plazo legalmente fijado, a efectos de inspección administrativa y eventual prueba judicial.

El informe de investigación

El resultado de la actividad se plasma en un informe de investigación escrito, que debe:

• Reflejar fielmente las averiguaciones realizadas.
• Detallar fuentes, fechas, lugares y medios empleados.
• Adjuntar las pruebas obtenidas (fotografías, vídeos, documentos), de forma trazable.
• Estar firmado por el detective responsable.

Este informe tiene valor probatorio en sede judicial, en los términos previstos por la legislación procesal: la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, la LECrim lo admiten como medio de prueba sujeto a contradicción.

Limitaciones legales (art. 48.5)

El detective no puede:

• Investigar delitos perseguibles de oficio: estos corresponden a FFCCSE, Ministerio Fiscal y autoridad judicial. Si el detective los detecta en el curso de su trabajo, debe comunicarlos inmediatamente.
• Investigar la vida íntima de las personas en su domicilio o lugares reservados, salvo cuando exista consentimiento del titular o cuando lo amparen las leyes.
• Utilizar medios o procedimientos que vulneren los derechos fundamentales (intimidad, propia imagen, secreto de las comunicaciones, protección de datos).
• Suplantar identidades o atribuirse cualidades que no posea.
• Identificar a personas con carácter general o realizar funciones reservadas a FFCCSE.

El incumplimiento de estos límites puede acarrear sanción administrativa muy grave, además de la responsabilidad penal y la inutilidad procesal de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ).

Deber de confidencialidad

El detective y el despacho están sujetos a un intenso deber de confidencialidad:

• Sigilo profesional respecto del cliente y del objeto del encargo.
• Protección de datos: la información recabada se trata conforme al RGPD y a la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
• Conservación segura de archivos, soportes y pruebas.
• Comunicación únicamente al cliente y, en su caso, a la autoridad judicial.

La revelación indebida de información puede generar responsabilidad disciplinaria, civil y, en su caso, penal.

Coordinación con FFCCSE

Aunque el detective trabaja en el ámbito privado, está sujeto al mismo deber de colaboración que el resto del personal de seguridad privada:

• Comunicar inmediatamente a FFCCSE los hechos delictivos perseguibles de oficio detectados en el curso de su actividad.
• Atender los requerimientos de la autoridad policial competente.
• No interferir en investigaciones policiales o judiciales en curso.

Idea para repasar

Para test, conviene fijar tres bloques: actividades reservadas (frente a lo que no puede hacer), contrato e informe (formalidades) y límites (delitos públicos, intimidad domiciliaria, derechos fundamentales). Es habitual una pregunta sobre la diferencia entre investigación privada y pública: el detective puede investigar hechos privados a instancia de cliente legítimo; los delitos públicos son competencia exclusiva de FFCCSE.