Jurisdicción contencioso-administrativa: órganos, partes y recurso

La jurisdicción contencioso-administrativa es el orden judicial que controla la actuación de las Administraciones públicas. En oposiciones de justicia, administración general, cuerpos jurídicos y procedimiento administrativo, este tema conecta la vía administrativa con la judicial: primero se dicta un acto, disposición o actuación administrativa; después puede impugnarse ante los órganos contencioso-administrativos.

La Constitución da la clave: los tribunales controlan la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta a los fines que la justifican. La Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, desarrolla ese control y ordena quién conoce, quién puede acudir, contra qué se recurre y cómo se inicia el proceso.

El esquema básico es: órganos, partes, objeto del recurso, plazos y procedimientos. Con ese mapa, las preguntas sobre fin de vía administrativa, legitimación, silencio, procedimiento abreviado o competencia resultan más manejables.

Qué controla la jurisdicción contencioso-administrativa

El orden contencioso-administrativo conoce de pretensiones relacionadas con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho administrativo. No es una segunda instancia administrativa, sino una vía judicial.

En términos básicos, puede controlarse:

La diferencia clave con la vía administrativa es que aquí decide un órgano judicial independiente. El objetivo no es que la Administración "revise" su propio acto, sino que un juez controle su legalidad.

Órganos del orden contencioso-administrativo

La LJCA y la Ley Orgánica del Poder Judicial regulan los órganos que integran este orden. Para un nivel transversal, basta con conocer la escalera:

La competencia concreta depende del tipo de acto, del órgano administrativo autor, del territorio y de la materia. En test, suelen preguntar qué órgano conoce de actos locales, autonómicos o estatales, pero el enfoque básico es identificar si el asunto es local, autonómico, estatal central o de casación.

Juzgados y salas

Los juzgados conocen normalmente en primera instancia de asuntos más próximos o de cuantía y materia determinadas. Las salas conocen de asuntos de mayor relevancia institucional, de actuaciones de órganos superiores, de recursos contra determinadas disposiciones generales y de recursos contra resoluciones judiciales cuando la ley lo prevé.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene especial importancia en el recurso de casación contencioso-administrativo, que no es una repetición completa del pleito, sino un mecanismo orientado a formar jurisprudencia cuando existe interés casacional objetivo.

Partes en el proceso contencioso-administrativo

En un proceso contencioso-administrativo suele haber una parte demandante y una parte demandada. La parte demandante impugna o formula una pretensión; la demandada normalmente es la Administración autora de la actuación.

La idea central es la legitimación. No puede recurrir cualquiera por simple interés abstracto, salvo supuestos de acción pública reconocidos por la ley. En general, se exige derecho o interés legítimo. También pueden litigar Administraciones entre sí cuando impugnan actuaciones de otra Administración.

Capacidad, representación y defensa

La capacidad procesal indica quién puede ser parte. La representación y defensa explican cómo comparece. En la práctica, suelen intervenir abogado y procurador según el órgano y el tipo de procedimiento. En algunos supuestos, la ley permite comparecer sin procurador o establece reglas específicas para funcionarios y empleados públicos en defensa de derechos estatutarios.

Para oposiciones, distingue tres planos: capacidad para ser parte, legitimación por la relación con el asunto y representación o defensa exigida por la ley.

Qué se puede recurrir

El recurso contencioso-administrativo puede dirigirse contra actuaciones administrativas que cierran o habilitan el control judicial. En el caso de actos administrativos, lo habitual es que el acto ponga fin a la vía administrativa o que se haya agotado la vía administrativa previa cuando sea necesaria.

No todo escrito presentado ante la Administración abre directamente la vía judicial. A veces hay que agotar recursos administrativos; otras veces el acto ya pone fin a la vía administrativa. Por eso es importante conectar este tema con la Ley 39/2015 y con los recursos de alzada, reposición y revisión.

Plazo del recurso contencioso-administrativo

El plazo general de interposición es uno de los puntos más preguntados. Según la LJCA, el recurso contra actos expresos o disposiciones generales se interpone, con carácter general, en dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación correspondiente. Cuando no hay acto expreso y se trata de acto presunto, la LJCA contempla el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto según su normativa específica.

En test, no confundas acto expreso, disposición general, inactividad o vía de hecho. Tampoco mezcles plazos administrativos con el plazo judicial contencioso.

Procedimiento ordinario y procedimiento abreviado

La LJCA regula varios cauces, pero en un enfoque básico destacan el procedimiento ordinario y el procedimiento abreviado.

El procedimiento ordinario suele comenzar con un escrito de interposición. Después se reclama el expediente administrativo, se formaliza demanda, contesta la parte demandada, puede recibirse el pleito a prueba, se formulan conclusiones y se dicta sentencia.

El procedimiento abreviado simplifica la estructura. Es importante para asuntos de personal, extranjería, disciplina deportiva en materia de dopaje y otras materias o cuantías previstas legalmente. Para test, quédate con que no todo contencioso sigue el mismo cauce.

Esquema práctico del recurso

Un esquema útil para ordenar el tema es este:

1. Existe una actuación administrativa impugnable.
2. Se comprueba si pone fin a la vía administrativa o si hay que agotar recursos administrativos.
3. Se identifica el órgano judicial competente.
4. Se presenta el recurso dentro de plazo.
5. Se remite el expediente administrativo.
6. Se formula demanda con hechos, fundamentos y pretensiones.
7. La Administración contesta.
8. Puede haber prueba, vista o conclusiones.
9. El órgano judicial dicta sentencia.
10. Contra la sentencia pueden caber recursos judiciales según la LJCA.

La sentencia puede inadmitir, desestimar o estimar total o parcialmente. Si estima, puede anular el acto o disposición, reconocer una situación jurídica individualizada, condenar a la Administración a actuar o indemnizar cuando proceda.

Diferencias con los recursos administrativos

El recurso contencioso-administrativo no debe confundirse con alzada, reposición o revisión. Los recursos administrativos se presentan ante la Administración; el contencioso, ante órganos judiciales.

La secuencia habitual es: acto administrativo, recurso administrativo si procede, fin de vía administrativa y recurso contencioso si el interesado decide acudir a los tribunales.

Para test

1. La jurisdicción contencioso-administrativa controla la actuación administrativa sujeta al Derecho administrativo.
2. El artículo 106 CE fundamenta el control judicial de la Administración.
3. La norma básica del proceso es la Ley 29/1998, LJCA.
4. Los órganos incluyen juzgados, juzgados centrales, salas de TSJ, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
5. La legitimación exige derecho o interés legítimo, salvo acción pública legalmente reconocida.
6. Son impugnables actos, disposiciones generales, inactividad y vía de hecho en los términos de la LJCA.
7. El plazo general contra acto expreso es de dos meses.
8. El acto presunto tiene regla específica en el artículo 46 LJCA.
9. El procedimiento ordinario no es igual que el abreviado.
10. Recurso administrativo y recurso contencioso no son lo mismo.

Errores frecuentes

Pensar que el contencioso es otro recurso administrativo

No lo es. Es una vía judicial. La Administración ya no revisa internamente el acto: lo controla un órgano judicial independiente.

Olvidar el agotamiento de la vía administrativa

Muchos actos deben poner fin a la vía administrativa antes de acudir al contencioso. Si todavía procede alzada obligatoria, acudir directamente al juez puede generar problemas de admisibilidad.

Confundir órgano administrativo y órgano judicial

El órgano que dicta el acto no es el órgano que revisa judicialmente. Una consejería, ministerio o ayuntamiento actúa como Administración; el control corresponde al juzgado o tribunal competente.

Mezclar plazos

El plazo de un mes de la alzada o la reposición no es el plazo judicial general de dos meses contra actos expresos. Cada vía tiene sus reglas.

Creer que solo se recurren actos expresos

También pueden impugnarse disposiciones generales, inactividad, vía de hecho y actos presuntos cuando se cumplan los requisitos legales.

Fuentes oficiales

• BOE: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Consulta ámbito, órganos, partes, objeto, plazos y procedimientos.
• BOE: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Consulta la organización judicial y el encaje del orden contencioso-administrativo.
• BOE: Constitución Española. Consulta especialmente los artículos 24, 106 y 117 CE para tutela judicial, control de la Administración y potestad jurisdiccional.