Normativa · Penal y procesal: Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): resumen por libros y estructura.

Es la rama del ordenamiento que regula cómo se investigan y enjuician los delitos. Su norma matriz es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, una de las leyes más longevas del ordenamiento español. Aunque conserva la numeración decimonónica, ha sido modificada cientos de veces para adaptarla a la Constitución de 1978 y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El art. 17.2 de la Constitución y el art. 520 LECrim fijan el plazo en setenta y dos horas como máximo, pasadas las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En delitos relacionados con bandas armadas o terrorismo el plazo puede prorrogarse hasta 48 horas más (5 días en total) mediante autorización judicial previa (art. 520 bis LECrim).

Es el procedimiento sumario y urgente regulado en la LO 6/1984, de 24 de mayo, en desarrollo del art. 17.4 CE. Permite obtener la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Por regla general, conoce el órgano de instrucción del lugar donde se encuentre el detenido; subsidiariamente, el del lugar de detención o últimas noticias de su paradero. Se exceptúan las competencias central y militar. Debe resolver en 24 horas desde el auto de incoación. La regla mnemotécnica de Opotips es JUEZ DIMITIÓ en el CHAD.

Vienen recogidos en el art. 520 LECrim e incluyen: ser informado por escrito y de forma comprensible de los hechos y de sus derechos, guardar silencio y no declarar contra sí mismo, designar abogado y entrevistarse reservadamente con él antes de declarar, acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad, comunicar la detención a un familiar y al consulado en su caso, asistencia médica gratuita, intérprete gratuito en los supuestos del art. 520.2.h: extranjeros que no comprendan o no hablen el castellano o la lengua oficial de la actuación, personas sordas o con discapacidad auditiva y otras personas con dificultades del lenguaje. En Opotips usamos la regla NARCISISTA.

El art. 124 CE y la Ley 50/1981 establecen cuatro principios de actuación: Legalidad, Unidad, Dependencia jerárquica e Imparcialidad. Se memorizan con la regla LUDI. La unidad y la dependencia jerárquica son principios orgánicos (un solo Ministerio Fiscal en toda España bajo la jefatura del Fiscal General del Estado); la legalidad y la imparcialidad son principios funcionales que rigen su actuación.

Es la función policial de auxilio a la Administración de Justicia para la averiguación del delito y la persecución de sus autores. Está regulada en los arts. 282-298 LECrim y en los arts. 547-550 LOPJ. En sentido genérico esta función corresponde a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicos y locales, dentro de sus respectivas competencias; en sentido estricto, las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, dentro de las cuales pueden existir unidades adscritas a órganos judiciales o fiscalías. Las unidades de Policía Judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependen orgánicamente de Interior, también las de la Guardia Civil en estas funciones, y funcionalmente de jueces, tribunales y fiscales. Las policías autonómicas y locales conservan su dependencia orgánica propia.

Siete: Libro I, Disposiciones generales; Libro II, Del sumario; Libro III, Del juicio oral; Libro IV, De los procedimientos especiales; Libro V, De los recursos de apelación, casación y revisión; Libro VI, Del procedimiento para el juicio sobre delitos leves, y Libro VII, De la ejecución de las sentencias.

El libre procede cuando no hay indicios racionales de que se cometiera el hecho, cuando el hecho no es delito o cuando los procesados están exentos de responsabilidad criminal (art. 637). El provisional, cuando no está debidamente justificada la perpetración del delito o, constando el delito, no hay motivos suficientes para acusar a personas determinadas (art. 641).

Si se acuerda por riesgo de fuga, para proteger a la víctima o por riesgo de reiteración, no puede exceder de un año si el delito tiene pena de hasta tres años, o de dos años si la pena es mayor, con una sola prórroga de hasta seis meses o dos años, respectivamente. Si se acuerda para evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, el máximo es de seis meses. Si existe condena recurrida, puede prorrogarse hasta la mitad de la pena efectivamente impuesta. En todo caso, solo debe mantenerse durante el tiempo imprescindible y mientras subsistan sus motivos (art. 504).

Cualquier persona puede detener en los supuestos del art. 490, como al delincuente sorprendido in fraganti o al que se fuga de prisión. La autoridad o agente de Policía Judicial está obligado a detener en esos casos y en los demás del art. 492. Quien detiene debe poner al detenido en libertad o entregarlo al juez más próximo en 24 horas (art. 496).