Normativa · Igualdad y víctimas: Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito: resumen por títulos y estructura.

Es la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Publicada en el BOE de 28 de abril de 2015 y en vigor desde el 28 de octubre de 2015. Transpone al ordenamiento español la Directiva 2012/29/UE y construye un catálogo único, horizontal y aplicable a toda víctima de delito.

El art. 2 distingue víctima directa (persona física que sufra un daño o perjuicio sobre su persona o patrimonio como consecuencia de un delito) y víctima indirecta (en caso de muerte o desaparición de la víctima directa: cónyuge no separado legalmente ni de hecho; hijos de la víctima o de dicho cónyuge que convivieran con ellos; persona unida a la víctima por una relación análoga de afectividad y los hijos de esta que convivieran con ella; progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que estuvieran bajo su guarda; personas bajo tutela, curatela o acogimiento familiar; y, solo si no existe ninguna de las anteriores, los demás parientes en línea recta y los hermanos, con preferencia de quien ostentara la representación legal de la víctima). Quedan excluidos los responsables del delito.

El Título I (arts. 4-10) recoge: derecho a entender y ser entendida, derecho a la información desde el primer contacto, derecho a la traducción e interpretación gratuitas, derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo, derecho a hacerse acompañar y derecho a la comunicación con las autoridades.

La evaluación individual de los arts. 23 y 24 valora las circunstancias de la víctima para determinar sus necesidades especiales de protección y las medidas procesales de los arts. 25 y 26, como evitar el contacto visual o permitir la declaración sin presencia en la sala. La protección de la intimidad se regula en el art. 22; la asistencia psicológica de las oficinas, en el art. 28. Es obligatoria y debe revisarse si cambian las circunstancias.

Son servicios públicos y gratuitos, multidisciplinares, dependientes del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, que prestan información, apoyo emocional, asistencia psicológica y orientación jurídica a las víctimas. Su organización y funciones se desarrollan en el RD 1109/2015.

Es contenido obligatorio en las oposiciones del Cuerpo Nacional de Policía: aparece como tema 22 del temario de Escala Básica y se mantiene en Escala Ejecutiva. También aparece en procesos de Guardia Civil, policías locales y administración de justicia, pero conviene comprobar siempre el anexo de temario de cada convocatoria.

Sí, si pidió que se le notificaran. Puede recurrir el auto que permita el tercer grado antes de cumplir la mitad de la condena, el que aplique el art. 78.3 del Código Penal y el que conceda la libertad condicional en penas de más de cinco años, en los delitos que enumera el art. 13. Anuncia el recurso en 5 días, sin abogado, y lo interpone en 15.

No. El art. 28.3 establece que el acceso a los servicios de apoyo a las víctimas no se condicionará a la presentación previa de una denuncia.

No. El art. 3.1 veda en todo caso la mediación y la conciliación en la violencia sexual y la violencia de género. En los demás casos, la justicia restaurativa exige que el infractor reconozca los hechos, que la víctima consienta tras recibir información exhaustiva e imparcial sobre el servicio, sus posibles resultados y cómo hacer efectivo su cumplimiento, y que el infractor también consienta, que no haya riesgo para la víctima y que la ley no la prohíba para ese delito (art. 15).

Debe reembolsar las ayudas recibidas y los gastos que causó a la Administración, con el interés legal del dinero incrementado en un 50 %, siempre que hubiera sido objeto de alguna medida de protección (art. 35).