Empresas de seguridad privada: requisitos, autorización y Registro Nacional

El Título II de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (artículos 17 a 25) regula las empresas de seguridad privada: qué son, qué actividades pueden desarrollar, qué requisitos deben cumplir y cómo se autorizan e inscriben en el Registro Nacional de Seguridad Privada. Es la columna empresarial del sistema y entra en el tema 13 del CNP Escala Básica.

Concepto de empresa de seguridad privada

Son personas físicas o jurídicas, privadas, legalmente constituidas, cuyo objeto social consiste en la prestación de servicios de seguridad privada y que han obtenido la correspondiente autorización administrativa o han presentado la declaración responsable exigida.

Conviven dos vías de acceso a la actividad:

• Autorización administrativa, para las actividades que la ley reserva a este régimen (por ejemplo, vigilancia y protección con vigilantes de seguridad, transporte de fondos, depósito y custodia de objetos valiosos, gestión de alarmas).
• Declaración responsable, para actividades menos intensas que la ley permite acreditar mediante declaración del empresario sobre el cumplimiento de requisitos, con control administrativo posterior (por ejemplo, instalación y mantenimiento de aparatos).

Actividades de las empresas (art. 5)

El artículo 5 de la Ley 5/2014 enumera las actividades de seguridad privada, que se corresponden con los servicios del art. 41:

• Vigilancia y protección.
• Acompañamiento, defensa y protección de personas físicas.
• Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y objetos valiosos.
• Transporte y distribución de los anteriores.
• Instalación y mantenimiento de aparatos y sistemas de seguridad.
• Explotación de centrales para señales de alarma (CRA).
• Planificación y asesoramiento.

Una empresa puede solicitar autorización para una o varias actividades.

Requisitos para la autorización (art. 19)

Las empresas deben cumplir, entre otros:

• Forma jurídica: ser sociedad mercantil (anónima, limitada, etc.) o, en supuestos legalmente admisibles, persona física empresaria.
• Nacionalidad: tener nacionalidad española o de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
• Objeto social exclusivo: el objeto debe ser la prestación de servicios de seguridad privada, salvo las excepciones legales para actividades compatibles (instalación, asesoramiento).
• Domicilio social en territorio nacional.
• Capital social mínimo, íntegramente desembolsado, en la cuantía reglamentariamente fijada según la actividad.
• Garantía financiera (aval, seguro o garantía equivalente) en la cuantía reglamentaria, para responder de las posibles indemnizaciones derivadas de la actividad.
• Medios humanos suficientes: contar con el personal de seguridad habilitado necesario.
• Medios materiales y técnicos adecuados a la actividad (sedes, vehículos, sistemas).
• Compromiso de cumplimiento de la legislación vigente y de sometimiento al control administrativo.

El Registro Nacional de Seguridad Privada

El Registro Nacional de Seguridad Privada depende del Ministerio del Interior y centraliza:

• Las empresas de seguridad privada autorizadas.
• Los despachos de detectives privados.
• El personal habilitado.
• Las sanciones firmes y otras circunstancias relevantes.

Existen además registros autonómicos en aquellas comunidades autónomas con competencia en la materia, coordinados con el Registro Nacional. La inscripción es constitutiva: sin inscripción no se puede ejercer la actividad.

Apertura de delegaciones y sucursales

Las empresas autorizadas pueden abrir delegaciones y sucursales en distintas comunidades autónomas, previa comunicación a la autoridad competente. La empresa conserva su responsabilidad central sobre la actividad de todas sus delegaciones.

Obligaciones generales de las empresas (art. 21)

Las empresas tienen obligaciones intensas en materia de:

• Información: comunicar a la Administración los cambios estructurales, accionariales, de dirección o de medios.
• Documentación: llevar libros-registro de servicios, contratos, personal y armas.
• Formación permanente del personal.
• Coordinación con la autoridad policial competente y atención a sus requerimientos.
• Comunicación de hechos delictivos detectados en la prestación de los servicios.

Reglamento de desarrollo

El Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, sigue siendo aplicable en lo que no se oponga a la Ley 5/2014. Concreta cuantías de capital social, garantías, medios técnicos y procedimientos hasta tanto se apruebe un nuevo reglamento integral.

Idea para repasar

Para test, conviene distinguir muy bien autorización frente a declaración responsable, identificar las actividades del artículo 5 y memorizar el carácter constitutivo de la inscripción en el Registro Nacional. Las cuantías concretas (capital social, garantía) corresponden al desarrollo reglamentario.