Delitos contra la Administración Pública: prevaricación, cohecho y malversación

Los delitos contra la Administración Pública protegen el correcto funcionamiento, imparcialidad y legalidad de la actuación pública. En oposiciones jurídicas y administrativas, tres figuras aparecen una y otra vez: prevaricación, cohecho y malversación. No son los únicos delitos del Título XIX del Código Penal, pero sí forman el núcleo que más se pregunta cuando se estudian autoridades, funcionarios, contratación, subvenciones, gasto público, expedientes y gestión de fondos.

La clave es no confundirlos. La prevaricación castiga la resolución arbitraria e injusta dictada a sabiendas. El cohecho gira alrededor de dádivas, favores o retribuciones vinculadas al ejercicio del cargo. La malversación se centra en el patrimonio público y en la administración desleal o apropiación de caudales o efectos públicos. Cada delito protege el buen funcionamiento de la Administración desde un ángulo distinto.

La fuente básica es el Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, especialmente el Título XIX, "Delitos contra la Administración Pública". También encaja la Constitución Española, porque el artículo 103 CE exige que la Administración sirva con objetividad los intereses generales y actúe con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Dónde están en el Código Penal

El Título XIX del Libro II del Código Penal agrupa varios delitos contra la Administración Pública: prevaricación de funcionarios, abandono de destino, desobediencia, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes, negociaciones prohibidas y abusos en el ejercicio de la función.

Para esta guía, el mapa esencial es:

La oposición suele pedir identificación del tipo, sujeto activo, conducta típica y diferencia con infracciones administrativas o disciplinarias.

Sujetos: autoridad y funcionario público

Muchos delitos del Título XIX son delitos especiales: requieren que el autor sea autoridad o funcionario público. El artículo 24 del Código Penal define autoridad como quien, por sí solo o como miembro de corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia. También se consideran funcionarios públicos quienes por disposición inmediata de la ley, elección o nombramiento participan en el ejercicio de funciones públicas.

Esto es importante porque el concepto penal de funcionario público puede ser más amplio que el concepto administrativo estricto. En Derecho penal interesa si la persona participa en funciones públicas, no solo si tiene plaza funcionarial de carrera.

Prevaricación administrativa

La prevaricación administrativa del artículo 404 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

Sus elementos principales:

La prevaricación no castiga cualquier ilegalidad administrativa. Una resolución anulable, discutible o técnicamente errónea no siempre es delito. Se exige un plus: arbitrariedad clara y conciencia de actuar injustamente.

Qué es "resolución"

En este delito, resolución no equivale solo a "resolución final formal". Puede ser una decisión administrativa con contenido decisorio y efectos relevantes. En cambio, informes preparatorios, opiniones técnicas o propuestas internas pueden quedar fuera si no deciden el asunto por sí mismas.

Ejemplo de test: si una autoridad concede una licencia sabiendo que la ley la prohíbe de forma evidente y lo hace mediante decisión administrativa, el encaje típico será prevaricación, sin perjuicio de otros delitos si hubo dinero o beneficio.

Cohecho

El cohecho protege la imparcialidad y limpieza de la función pública. Se produce cuando una autoridad o funcionario recibe, solicita o acepta dádiva, favor, retribución o promesa por actuar de una determinada manera relacionada con su cargo. También puede afectar al particular que ofrece o entrega.

El Código Penal distingue varias modalidades. Para oposiciones, conviene estudiar el esquema:

La palabra clave es dádiva o beneficio. Puede ser dinero, regalo, favor, ventaja o promesa. No siempre tiene que haber entrega consumada; solicitar o aceptar promesa puede bastar según el tipo.

Cohecho y acto administrativo

No confundas cohecho con prevaricación. Si el funcionario dicta una resolución injusta a cambio de dinero, puede haber prevaricación y cohecho. Si solicita dinero para hacer algo de su cargo, puede haber cohecho aunque la resolución final no llegue a dictarse.

El centro del cohecho no es la injusticia de la resolución, sino la corrupción del cargo mediante una ventaja indebida.

Malversación

La malversación se relaciona con el patrimonio público. Tras las reformas recientes, el Código Penal conecta la malversación con conductas de administración desleal, apropiación indebida y otros usos ilícitos sobre patrimonio público.

En términos de examen, piensa en tres elementos:

La malversación no se limita a "robar dinero público en metálico". Puede afectar a fondos, bienes, efectos, contratos, pagos, subvenciones o decisiones de gestión patrimonial cuando se perjudica el patrimonio público en los términos del Código Penal.

Malversación y responsabilidad contable

Si hay menoscabo de fondos públicos, puede aparecer también responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Pero no son lo mismo. La malversación es delito penal; la responsabilidad contable busca el reintegro de daños a caudales públicos. Un mismo hecho puede tener dimensión penal y contable, cada una con su procedimiento y finalidad.

Tabla comparativa

Diferencia con responsabilidad administrativa o disciplinaria

No toda conducta incorrecta de un empleado público es delito. Puede haber:

• Responsabilidad disciplinaria, si incumple deberes del empleo público.
• Responsabilidad patrimonial, si la Administración debe indemnizar un daño.
• Acción de regreso, si la Administración reclama internamente por dolo, culpa o negligencia grave.
• Responsabilidad contable, si hay menoscabo en fondos públicos.
• Responsabilidad penal, si la conducta encaja en un tipo del Código Penal.

La diferencia está en el grado de gravedad, la tipificación y el órgano competente. El Derecho penal es la vía más intensa: exige conducta típica, antijurídica, culpable y prueba suficiente.

Ejemplos de test

Claves prácticas

Para resolver preguntas, localiza primero el verbo:

• Dictar resolución: mira prevaricación.
• Pedir, recibir, aceptar u ofrecer regalo o dinero: mira cohecho.
• Apropiarse, desviar o administrar mal fondos públicos: mira malversación.

Después revisa el sujeto:

• Si es autoridad o funcionario, puede haber delitos especiales del Título XIX.
• Si es particular, puede responder en cohecho de particular u otras figuras.
• Si hay caudales públicos, valora malversación y posible responsabilidad contable.

Para test

1. Estos delitos están en el Título XIX del Código Penal.
2. Prevaricación administrativa: artículo 404 CP.
3. Prevaricación exige resolución arbitraria e injusta dictada a sabiendas.
4. Cohecho gira alrededor de dádiva, favor, retribución o promesa.
5. En cohecho puede responder también el particular.
6. Malversación se centra en patrimonio, caudales o efectos públicos.
7. No toda ilegalidad administrativa es prevaricación.
8. No todo regalo es cohecho: debe tener conexión típica con el cargo.
9. Malversación y responsabilidad contable pueden coexistir, pero no son lo mismo.
10. Responsabilidad penal se distingue de disciplinaria, patrimonial y contable.

Errores frecuentes

Pensar que toda resolución ilegal es prevaricación

La prevaricación exige arbitrariedad e injusticia clara, además de conocimiento. Un error jurídico ordinario puede anularse por vía administrativa o contenciosa sin convertirse en delito.

Confundir cohecho con tráfico de influencias

El cohecho se centra en dádiva o ventaja vinculada al cargo. El tráfico de influencias castiga influir aprovechando prevalimiento para obtener resolución beneficiosa. Pueden relacionarse, pero no son idénticos.

Creer que malversación exige llevarse dinero al bolsillo

La malversación puede abarcar formas de administración desleal o desviación del patrimonio público. No se reduce a apropiación física de billetes o transferencia directa al patrimonio personal.

Olvidar al particular en el cohecho

El particular que ofrece o entrega dádiva también puede responder penalmente. El delito no afecta solo al funcionario receptor.

Mezclar responsabilidad penal y disciplinaria

Un mismo hecho puede generar expediente disciplinario y proceso penal, pero cada vía tiene finalidad, garantías y consecuencias distintas.

Fuentes oficiales

• BOE: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Consulta especialmente el Título XIX, delitos contra la Administración Pública.
• BOE: Constitución Española. Consulta especialmente los artículos 9.3 y 103 CE para conectar legalidad, interdicción de arbitrariedad y objetividad administrativa.