Normativa · Sanidad y trabajo: Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL): resumen por capítulos y estructura.

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

La normativa de prevención la forman esta ley, sus normas de desarrollo y cualquier otra norma, legal o convencional, con medidas preventivas en el ámbito laboral (art. 1). La ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores, y sus disposiciones laborales son Derecho necesario mínimo indisponible, mejorable por los convenios colectivos (art. 2). Se aplica a los trabajadores del Estatuto de los Trabajadores, al personal administrativo o estatutario de las Administraciones Públicas y a los socios trabajadores de cooperativas, con las exclusiones del art. 3.2. El art. 4 da las definiciones que más se preguntan: prevención, riesgo laboral (posibilidad de sufrir un daño; su gravedad se mide valorando conjuntamente la probabilidad y la severidad), daños derivados del trabajo, riesgo grave e inminente, equipo de trabajo, condición de trabajo y equipo de protección individual.

Opo-tipOjo: para calificar la gravedad de un riesgo se valoran conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y su severidad (art. 4.2.º).

Capítulo II. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo

La política preventiva busca mejorar las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección (art. 5), con cooperación entre administraciones y participación de empresarios y trabajadores. El Gobierno dicta las normas reglamentarias previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas (art. 6). Las administraciones laborales promueven la prevención, asesoran, vigilan y sancionan (art. 7). El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la AGE (art. 8), y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social le corresponde la vigilancia y el control de la normativa (art. 9). Las administraciones sanitarias actúan en salud laboral conforme a la Ley General de Sanidad (art. 10). La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano colegiado asesor y de participación institucional: un representante por comunidad autónoma, igual número de la AGE y, paritariamente con todos ellos, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas (art. 13).

Opo-tipOjo: la función de vigilancia y control es de la Inspección de Trabajo (art. 9); el INSHT es el órgano científico técnico (art. 8).

Capítulo III. Derechos y obligaciones

El núcleo de la ley. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz, con el correlativo deber del empresario, que también tienen las Administraciones respecto de su personal, y su coste no puede recaer sobre los trabajadores (art. 14). El art. 15 recoge los principios de la acción preventiva. La prevención se integra mediante el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva (art. 16). Siguen los equipos de protección individual (art. 17), la información y consulta (art. 18), la formación dentro de la jornada o descontando ese tiempo de ella (art. 19), las emergencias (art. 20) y el riesgo grave e inminente, ante el que el trabajador puede interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo (art. 21). La vigilancia de la salud es voluntaria salvo excepciones (art. 22). Se protege de forma específica a los trabajadores especialmente sensibles, la maternidad, los menores de 18 años y los trabajadores temporales y de ETT (arts. 25 a 28), y el art. 29 fija las obligaciones de los trabajadores.

Opo-tipOjo: el art. 15.1.h) obliga a anteponer la protección colectiva a la individual.

Capítulo IV. Servicios de prevención

Para organizar la prevención, el empresario designa a uno o varios trabajadores, constituye un servicio de prevención o lo concierta con una entidad especializada ajena (art. 30.1). En las empresas de hasta diez trabajadores, o de hasta veinticinco con un único centro de trabajo, puede asumir personalmente esas funciones si trabaja habitualmente en el centro y tiene la capacidad necesaria, con el alcance reglamentariamente establecido (art. 30.5). Debe someter su sistema a auditoría o evaluación externa en los términos reglamentarios, también si combina recursos propios y ajenos. Ciertas empresas de hasta 50 trabajadores, ajenas al anexo I y con prevención propia de escasa complejidad y eficacia evidente, pueden cumplir mediante notificación a la autoridad laboral, salvo requerimiento de auditoría (art. 30.6 LPRL y art. 29 RD 39/1997). El servicio de prevención es el conjunto de medios humanos y materiales para realizar las actividades preventivas, tiene carácter interdisciplinario y asesora sobre el plan de prevención, la evaluación de riesgos, la formación, los primeros auxilios o la vigilancia de la salud (art. 31). Las entidades especializadas necesitan una acreditación única de la autoridad laboral, válida en toda España. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no pueden actuar como servicios de prevención ajenos (art. 32). El art. 32 bis exige la presencia de recursos preventivos en ciertos casos, por ejemplo en actividades peligrosas o cuando lo requiera la Inspección.

Opo-tipOjo: el empresario puede asumir personalmente la prevención hasta diez trabajadores, o hasta veinticinco si la empresa dispone de un único centro de trabajo, cumpliendo los demás requisitos (art. 30.5).

Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores

El empresario debe consultar con antelación a los trabajadores las decisiones que afecten a su seguridad y salud (art. 33). En las empresas o centros con seis o más trabajadores, la participación se canaliza a través de sus representantes (art. 34). Los Delegados de Prevención se designan por y entre los representantes del personal según una escala que va de 2 (50 a 100 trabajadores) a 8 (más de 4.000); hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención es el Delegado de Personal, y de 31 a 49 hay uno elegido por y entre los Delegados de Personal (art. 35). Los informes relativos a las consultas del art. 36.1.c) deben elaborarse en quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de prevenir riesgos inminentes (art. 36.3). El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de consulta: se constituye en empresas o centros con 50 o más trabajadores, lo forman los Delegados de Prevención y el mismo número de representantes del empresario, y se reúne trimestralmente (art. 38). Trabajadores y representantes pueden recurrir a la Inspección de Trabajo si las medidas son insuficientes (art. 40).

Opo-tipOjo: el Comité de Seguridad y Salud es obligatorio a partir de 50 trabajadores y se reúne cada trimestre (art. 38).

Capítulo VI. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Un único artículo. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo deben asegurar que no sean una fuente de peligro si se instalan y usan en las condiciones que ellos recomiendan. Los de productos químicos deben envasarlos y etiquetarlos de forma que se conserven y manipulen con seguridad y se identifiquen su contenido y sus riesgos. Todos deben informar sobre la forma correcta de uso, las medidas preventivas adicionales y los riesgos, y los suministradores de elementos de protección deben garantizar su efectividad e indicar el riesgo al que van dirigidos y el nivel de protección (art. 41.1). El empresario debe recabar esa información (art. 41.1) y garantizar que se facilite a los trabajadores en términos comprensibles (art. 41.2).

Capítulo VII. Responsabilidades y sanciones

El incumplimiento del empresario genera responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y civiles (art. 42.1), compatibles con las indemnizaciones y con el recargo de prestaciones de la Seguridad Social (art. 42.3). Si la Inspección de Trabajo detecta una infracción, requiere por escrito al empresario para que subsane las deficiencias en un plazo y comunica el requerimiento a los Delegados de Prevención, salvo que proceda la paralización del art. 44, y sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente (art. 43). Ante un riesgo grave e inminente, el inspector puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos; la empresa debe cumplirla y puede impugnarla ante la autoridad laboral en tres días hábiles, que resuelve en 24 horas (art. 44). Los arts. 45 a 52 están derogados, salvo los párrafos del art. 45.1 sobre el procedimiento ante las Administraciones Públicas. El Gobierno o los órganos de gobierno autonómicos pueden suspender actividades o, en caso extremo, cerrar el centro de trabajo por infracciones de excepcional gravedad (art. 53), y el art. 54 remite a la legislación de contratos las prohibiciones de contratar con la Administración.

Opo-tipOjo: los salarios se siguen pagando durante la paralización (art. 44.2) y durante la suspensión o cierre del centro (art. 53).