Normativa · Sanidad y trabajo: Ley 14/1986, General de Sanidad: resumen por títulos y estructura.

Título preliminar. Del derecho a la protección de la salud

Un capítulo único con dos artículos. La ley regula todas las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud del art. 43 de la Constitución (art. uno.1). Son titulares de ese derecho y de la atención sanitaria todos los españoles y los extranjeros con residencia establecida en España; los extranjeros no residentes y los españoles que estén fuera lo tienen garantizado en la forma que fijen las leyes y los convenios internacionales (art. uno.2 y 3). El art. dos declara la ley norma básica conforme al art. 149.1.16.ª de la Constitución y permite a las comunidades autónomas dictar normas de desarrollo y complementarias.

Opo-tipOjo: la ley desarrolla el art. 43 de la Constitución y es básica por el art. 149.1.16.ª.

Título I. Del sistema de salud

Los medios del sistema se orientan prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención, y la asistencia pública se extiende a toda la población en condiciones de igualdad efectiva (art. tres). El art. diez recoge los derechos ante las administraciones sanitarias y el art. once, las obligaciones de los ciudadanos. Se puede elegir médico en atención primaria y, en poblaciones de más de 250.000 habitantes, en toda la ciudad (art. catorce). La salud mental se atiende en el ámbito comunitario y la hospitalización se hace en unidades psiquiátricas de hospitales generales (art. veinte). Ante un riesgo inminente y extraordinario para la salud se pueden adoptar medidas preventivas como la inmovilización de productos o el cierre de empresas (art. veintiséis), y los centros sanitarios necesitan autorización administrativa previa (art. veintinueve). Las infracciones son leves, graves y muy graves (arts. treinta y cuatro y treinta y cinco); las muy graves se sancionan con multas de 15.025,31 a 601.012,10 €, pudiendo superar esta última cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción y pueden suponer el cierre temporal hasta cinco años (art. treinta y seis).

Opo-tipOjo: el capítulo IV (salud laboral, arts. veintiuno y veintidós) está vacío: lo derogó la Ley 33/2011, General de Salud Pública.

Título II. De las competencias de las Administraciones Públicas

Reparte las competencias sanitarias. Son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales (art. treinta y ocho); la sanidad exterior abarca la vigilancia de los riesgos derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros. El art. cuarenta enumera las actuaciones del Estado, como la autorización y registro de medicamentos o el Catálogo y Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Las comunidades autónomas ejercen las competencias de sus Estatutos y todo lo que la ley no reserva expresamente al Estado (art. cuarenta y uno). Los ayuntamientos tienen responsabilidades mínimas de control sanitario: medio ambiente, industrias y actividades, edificios y lugares de convivencia, distribución de alimentos, y cementerios y policía sanitaria mortuoria (art. cuarenta y dos.3). El capítulo IV, de la Alta Inspección (art. cuarenta y tres), está derogado.

Opo-tipOjo: lo que la LGS no reserva expresamente al Estado se entiende atribuido a las comunidades autónomas (art. cuarenta y uno.2).

Título III. De la estructura del sistema sanitario público

El más largo y el más preguntado. El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de los Servicios de Salud del Estado y de las comunidades autónomas (art. cuarenta y cuatro). Cada comunidad tiene un Servicio de Salud (art. cincuenta), un Consejo de Salud y un Plan de Salud (arts. cincuenta y tres y cincuenta y cuatro). Las Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del sistema; como regla general atienden entre 200.000 y 250.000 habitantes y cada provincia tiene al menos una (art. cincuenta y seis). Sus órganos son el Consejo de Salud de Área, el Consejo de Dirección y el Gerente (art. cincuenta y siete). Se dividen en zonas básicas de salud, marco de la atención primaria, cuyos centros integrales son los Centros de Salud (arts. sesenta y dos y sesenta y tres), y cada Área estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general (art. sesenta y cinco). El título regula también el Plan Integrado de Salud (art. setenta y cuatro), la financiación (art. setenta y nueve) y el personal (arts. ochenta y cuatro a ochenta y siete).

Opo-tipOjo: en el Consejo de Salud de Área las Corporaciones Locales tienen el 50 % de los miembros; en el Consejo de Dirección, la comunidad autónoma tiene el 60 %.

Título IV. De las actividades sanitarias privadas

Reconoce el derecho al ejercicio libre de las profesiones sanitarias, conforme a los arts. 35 y 36 de la Constitución (art. ochenta y ocho), y la libertad de empresa en el sector sanitario, conforme al art. 38 (art. ochenta y nueve). Las administraciones sanitarias pueden establecer conciertos con medios ajenos, teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios; si las condiciones de eficacia, calidad y costes son análogas, tienen prioridad los centros de entidades sin ánimo de lucro (art. noventa). Los centros concertables deben estar homologados previamente y la atención a los usuarios debe ser la misma para todos (art. noventa.5 y 6). El art. noventa y uno regula las ayudas públicas a centros sanitarios, que no pueden financiar su funcionamiento ordinario, y los hospitales privados vinculados a la oferta pública quedan sometidos a las mismas inspecciones y controles que los públicos (art. noventa y cuatro).

Título V. De los productos farmacéuticos

Un capítulo único. Corresponde a la Administración Sanitaria del Estado valorar la idoneidad de los medicamentos y productos sanitarios (art. noventa y cinco). La circulación y el uso de medicamentos y productos sanitarios asimilados exigen autorización previa; para los demás productos y artículos sanitarios puede exigirse autorización individualizada o el cumplimiento de condiciones de homologación. Se reputa clandestina la circulación de los no autorizados u homologados; sólo se autorizan medicamentos seguros, eficaces y de calidad. El art. noventa y seis prevé una autorización temporal, su revalidación y la posibilidad de suspensión o revocación por causa grave de salud pública. Para los medicamentos, el art. 21 del Real Decreto Legislativo 1/2015 establece una duración inicial de cinco años y una renovación indefinida, salvo razones de farmacovigilancia. Los medicamentos reciben una denominación oficial española adaptada a las denominaciones comunes internacionales de la OMS (art. noventa y siete). Importadores, fabricantes y profesionales sanitarios deben comunicar los efectos adversos (art. noventa y nueve). La custodia, conservación y dispensación corresponde a las oficinas de farmacia y a los servicios de farmacia de hospitales y atención primaria, y sólo los farmacéuticos pueden ser propietarios y titulares de una oficina de farmacia (art. ciento tres).

Opo-tipOjo: las oficinas de farmacia abiertas al público son establecimientos sanitarios a efectos del Título IV (art. ciento tres.2).

Título VI. De la docencia y la investigación

Hoy sólo quedan tres artículos. Toda la estructura asistencial del sistema debe poder usarse para la docencia pregraduada, postgraduada y continuada de los profesionales (art. ciento cuatro.1). Las administraciones educativas y sanitarias establecen el régimen de conciertos entre universidades e instituciones sanitarias, y cada universidad debe contar al menos con un hospital y tres centros de atención primaria universitarios o con función universitaria (art. ciento cuatro.3 y 4). El art. ciento cinco regula las plazas vinculadas asistenciales y docentes. El capítulo II, añadido por la Ley Orgánica 3/2018, remite el tratamiento de datos personales en la investigación en salud a la disposición adicional decimoséptima de la LOPDGDD (art. ciento cinco bis). Los antiguos capítulos sobre investigación (arts. ciento seis a ciento diez) los derogó la Ley 14/2007.

Título VII. Transparencia y sostenibilidad del gasto sanitario

Lo introdujo la Ley Orgánica 6/2015. Las comunidades autónomas envían periódicamente al Ministerio de Hacienda sus datos de gasto farmacéutico y sanitario, que se publican en la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas (art. ciento seis); los arts. ciento siete a ciento diez definen cada tipo de gasto. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba las medidas de eficiencia y sostenibilidad (art. ciento once). Si no se remite la información, se requiere su cumplimiento en un plazo no superior a quince días naturales (art. ciento doce). El art. ciento trece crea un instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto, al que las comunidades se adhieren voluntariamente; en las adheridas, la variación interanual, a ejercicio cerrado, del gasto farmacéutico y del gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación no puede superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo (art. ciento catorce), y si la superan sufren las consecuencias del art. ciento quince. El art. ciento dieciséis exige publicar los datos de gasto al INGESA, MUFACE, Instituciones Penitenciarias y MUGEJU; el límite de crecimiento y las consecuencias de superarlo se aplican únicamente al INGESA, MUFACE y MUGEJU.