Reuniones y manifestaciones: comunicación previa y disolución en la LOPSC

La regulación de las reuniones y manifestaciones en España descansa en dos normas que conviene leer conjuntamente: la LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (texto consolidado en BOE), y la LO 4/2015 (texto consolidado en BOE), que añade las actuaciones policiales y las infracciones administrativas asociadas. La LOPSC no sustituye a la LO 9/1983: la complementa.

Marco constitucional

El art. 21 CE reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Para las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público se exige comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

Comunicación previa: plazos de la LO 9/1983

La comunicación a la autoridad gubernativa debe presentarse:

• Mínimo: 10 días naturales antes de la fecha de celebración.
• Máximo: 30 días naturales antes.
• En supuestos urgentes y por causas extraordinarias y graves: hasta 24 horas antes.

La comunicación debe identificar a los organizadores, lugar, fecha, hora, recorrido (si lo hay), objeto y medidas previstas.

Actuación policial (LOPSC)

La LOPSC, en el Capítulo III, atribuye a los agentes potestades concretas en reuniones y manifestaciones:

• Comprobación de la legalidad de la convocatoria.
• Adopción de medidas para garantizar la seguridad ciudadana y la libre circulación.
• Disolución de la concentración en los supuestos legalmente previstos.

Motivos de disolución

La autoridad puede acordar la disolución cuando:

1. La reunión o manifestación tenga lugar sin haberse comunicado (siempre que se den las circunstancias del art. 5 LO 9/1983).
2. Se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.
3. Hagan uso de uniformes paramilitares.
4. Se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales.

La disolución debe ser proporcionada y, salvo riesgo inminente, precedida de aviso a los participantes.

Concentraciones espontáneas

Las concentraciones espontáneas —las que se producen sin convocatoria formal previa— plantean problemas específicos. La jurisprudencia del TEDH y del TC ha matizado que su mera ausencia de comunicación no justifica automáticamente la disolución: debe valorarse si efectivamente alteran el orden y si la respuesta policial es proporcionada.

Infracciones relacionadas en la LOPSC

• Infracción muy grave (art. 35.1): reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad y su entorno cuando se haya generado un riesgo para la vida o la integridad de las personas.
• Infracción grave (art. 36.1, 36.2): perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, manifestaciones legales o cuando se causen lesiones a personas, daños en propiedades o se obstaculicen vías públicas. También la negativa a disolver la concentración una vez acordada por la autoridad.
• Infracción leve (art. 37): comportamientos menores: incumplimiento de obligaciones de comunicación de actos abiertos al público, escalada menor de tensiones.

Responsabilidad de los organizadores

La LO 9/1983 establece la responsabilidad de los organizadores o promotores por el buen orden de las reuniones y manifestaciones. La responsabilidad por daños causados por participantes u otras personas solo alcanza a los organizadores cuando hayan omitido la diligencia razonable para prevenirlos. Esta responsabilidad puede ser civil o administrativa según el caso.

Cuestiones que más caen

• Plazos: 10 a 30 días, 24 horas en urgencia.
• Autoridad competente para recibir la comunicación: Delegado o Subdelegado del Gobierno.
• Supuestos de disolución: legalidad de la convocatoria, orden público, paramilitarismo, delito.
• Necesidad de aviso previo salvo urgencia.
• Articulación LO 9/1983 + LO 4/2015.

Recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido especialmente protectora con el derecho de reunión: las restricciones deben superar un test estricto de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.