Gestión de la Administración Civil del EstadoAdministración General

Gestión de la Administración del Estado 2024

2024 · Convocatoria 2024 · ingreso libre · ordinario · 100 preguntas + 4 de reserva · 90 min

El cuadernillo original tenía 5 de reserva; una sustituye a una pregunta anulada.

Primer ejercicio oficial de ingreso libre celebrado el 14 de diciembre de 2024. 100 preguntas y 5 reservas. Plantilla definitiva: pregunta 90 anulada, sustituida por la primera reserva. Se conservan el examen y los identificadores de preguntas existentes.

Fuente oficialPDF examenPlantillaFicha de Gestión de la Administración Civil del Estado
Tema 1 · La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. La reforma de la Constitución.

1. Señale qué artículos se han reformado desde la publicación y entrada en vigor de la Constitución Española de 1978:

  • El artículo 13.4, el 135 y el 49.
  • Únicamente el artículo 13.2 y el 135.
  • El artículo 13.3, el 135 y el 47.
  • El artículo 13.2, el 135 y el 49.
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El artículo 13.2, el 135 y el 49.

En la fecha del examen, diciembre de 2024, las reformas constitucionales habían afectado al sufragio municipal de extranjeros (1992), a la estabilidad presupuestaria (2011) y a los derechos de las personas con discapacidad (2024). Por eso la relación correcta es 13.2, 135 y 49; los demás números no corresponden a esas reformas. Fundamento: Constitución Española · art. 13.2, 135 y 49.

Tema 2 · Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del Pueblo.

2. Según el artículo 11.3 de la Constitución Española de 1978, en los países iberoamericanos podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen:

  • Siempre que tales países reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco.
  • Aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco.
  • En los casos que la normativa de tales países lo permita para los ciudadanos españoles y europeos.
  • Aunque no hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.
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Aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco.

La Constitución permite la naturalización de españoles en países iberoamericanos o especialmente vinculados con España conservando la nacionalidad de origen, aunque dichos países no reconozcan reciprocidad. Precisamente esa ausencia de exigencia de reciprocidad distingue la respuesta correcta. Fundamento: Constitución Española · art. 11.3.

Tema 2 · Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del Pueblo.

3. El nombramiento del Defensor del Pueblo será acreditado, según el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo:

  • Conjuntamente por los Presidentes del Congreso y del Senado con sus firmas.
  • Por el Presidente del Gobierno, con su firma.
  • Solamente por el Presidente del Senado, con su firma.
  • Por el Rey con su firma.
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Conjuntamente por los Presidentes del Congreso y del Senado con sus firmas.

La acreditación del nombramiento corresponde conjuntamente a las presidencias del Congreso y del Senado, mediante sus firmas. Se publica en el BOE. No es un nombramiento acreditado únicamente por el Senado, el Gobierno o el Rey. Fundamento: Ley Orgánica 3/1981 · art. 4.1.

Tema 3 · El Tribunal Constitucional. Organización, composición y atribuciones.

4. Según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en caso de cese en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo:

  • Decidirá el Tribunal en Pleno, por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros.
  • Decidirá el Tribunal en Pleno, por mayoría simple.
  • Decidirá el presidente del Tribunal Constitucional.
  • Decidirá el Tribunal en pleno, por mayoría de las tres quintas partes de sus miembros.
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Decidirá el Tribunal en Pleno, por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros.

La responsabilidad civil por dolo es una causa de cese cuya apreciación corresponde al Pleno por mayoría de tres cuartas partes. No se aplica la mayoría simple ni decide unilateralmente la Presidencia. Fundamento: Ley Orgánica 2/1979 · art. 23.1.7 y 23.2.

Tema 4 · La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

5. ¿Cuál es la respuesta correcta respecto al orden de sucesión a la Corona de España según la Constitución Española de 1978?

  • Primogenitura con preferencia del varón sobre la mujer.
  • Primogenitura con preferencia de la línea posterior a la anterior.
  • Primogenitura con preferencia de la persona de menor edad.
  • Sucesión determinada por el Consejo de Ministros.
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Primogenitura con preferencia del varón sobre la mujer.

La sucesión sigue la primogenitura y representación: se prefiere la línea anterior, el grado más próximo y, en el mismo grado, el varón a la mujer; dentro del mismo sexo, la persona de más edad. La preferencia por sexo opera en igualdad de grado, no con carácter absoluto sobre cualquier línea. Fundamento: Constitución Española · art. 57.1.

Tema 4 · La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.

6. De acuerdo con el artículo 59.4 de la Constitución Española de 1978, para ejercer la regencia es imprescindible ser:

  • Únicamente español.
  • Español y mayor de edad.
  • Español, mayor de edad y miembro de la Familia Real.
  • Español de nacimiento y mayor de edad.
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Español y mayor de edad.

Para ejercer la Regencia se exige nacionalidad española y mayoría de edad. El precepto no añade ser español de nacimiento ni pertenecer a la Familia Real, requisitos que las opciones incorrectas incorporan indebidamente. Fundamento: Constitución Española · art. 59.4.

Tema 5 · El poder legislativo. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el procedimiento para la aprobación de una ley orgánica por las Cortes Generales según la Constitución Española de 1978?

  • Debe ser aprobada por mayoría absoluta del Senado en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
  • Debe ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
  • Requiere la aprobación por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
  • Requiere mayoría simple en el Congreso de los Diputados y mayoría absoluta en el Senado.
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Debe ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

La aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto. No se requiere esa mayoría absoluta en ambas Cámaras ni se sustituye por mayoría simple del Congreso. Fundamento: Constitución Española · art. 81.2.

Tema 6 · El poder ejecutivo. El Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. El Consejo de Estado.

8. Según la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, señale la afirmación correcta:

  • El Consejo de Estado emitirá dictamen sobre cuantos asuntos sometan a su consulta el Gobierno o sus miembros.
  • Los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo de Estado podrán remitirse a informe de otro órgano de la Administración.
  • Los dictámenes del Consejo de Estado serán vinculantes, salvo que su Presidente disponga lo contrario.
  • La consulta al Consejo de Estado será facultativa cuando así lo establezcan las leyes, siendo los dictámenes que emite vinculantes.
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El Consejo de Estado emitirá dictamen sobre cuantos asuntos sometan a su consulta el Gobierno o sus miembros.

El Consejo de Estado dictamina sobre los asuntos que le sometan el Gobierno o sus miembros. La consulta es preceptiva cuando lo ordena una norma y los dictámenes no son vinculantes salvo disposición legal; no puede decidirlo libremente su Presidente. Fundamento: Ley Orgánica 3/1980 · art. 2 y 21.

Tema 7 · El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española.

9. ¿Cuál es la duración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial según la Constitución Española de 1978?

  • 4 años.
  • 5 años.
  • 8 años.
  • 6 años.
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5 años.

Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por un período de cinco años. No debe confundirse este plazo con la duración ordinaria de cuatro años de las Cámaras legislativas. Fundamento: Constitución Española · art. 122.3.

Tema 7 · El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española.

10. De confomidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ejerce la potestad jurisdiccional en nuestro Estado:

  • Los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
  • El Tribunal Constitucional.
  • El Tribunal de Cuentas.
  • El Tribunal Supremo.
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El Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo figura expresamente entre los órganos a los que el artículo 26 atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional. El Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas tienen su regulación propia; los tribunales tradicionales se contemplan en otros preceptos, no en esta enumeración. Fundamento: Ley Orgánica 6/1985 · art. 26.

Tema 8 · La Administración General del Estado. Principios de organización y funcionamiento. Órganos centrales. Órganos superiores y órganos directivos: creación, nombramiento, cese y funciones. Los servicios comunes de los ministerios. Órganos territoriales. La Administración del Estado en el Exterior.

11. Según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen por:

  • Real Decreto del Consejo de Ministros.
  • Orden Ministerial.
  • Real Decreto del Presidente del Gobierno.
  • Acuerdo del Consejo de Ministros.
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Real Decreto del Presidente del Gobierno.

El número, denominación y competencias de los Ministerios y Secretarías de Estado se fijan por real decreto del Presidente del Gobierno. La pregunta se refiere a esta estructura política superior, no a la creación de órganos inferiores por otras disposiciones. Fundamento: Ley 40/2015 · art. 57.3.

Tema 8 · La Administración General del Estado. Principios de organización y funcionamiento. Órganos centrales. Órganos superiores y órganos directivos: creación, nombramiento, cese y funciones. Los servicios comunes de los ministerios. Órganos territoriales. La Administración del Estado en el Exterior.

12. De conformidad con la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, la creación y supresión de las Misiones Diplomáticas Permanentes y Representaciones Permanentes se realizará mediante:

  • Ley de las Cortes Generales, previo informe del Consejo de Política Exterior.
  • Real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior.
  • Real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio del Interior, y a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior.
  • Orden del Ministro de Asuntos Exteriores.
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Real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior.

La creación y supresión de misiones y representaciones permanentes se realiza por real decreto del Consejo de Ministros, con iniciativa de Exteriores, propuesta de Hacienda y previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. Las otras opciones alteran el instrumento o el ministerio que inicia el expediente. Fundamento: Ley 2/2014 · art. 42.

Tema 9 · El sector público institucional: entidades que lo integran y régimen jurídico.

13. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la transformación de una entidad pública empresarial en agencia estatal deberá efectuarse:

  • Mediante Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación.
  • Por Orden Ministerial.
  • Mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación.
  • Por Ley.
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Por Ley.

La transformación en agencia estatal debe realizarse mediante ley. Es una excepción a la regla que permite determinadas transformaciones entre entidades institucionales mediante real decreto, incluso modificando la ley de creación. Fundamento: Ley 40/2015 · art. 87.3.

Tema 9 · El sector público institucional: entidades que lo integran y régimen jurídico.

14. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la opción correcta en relación con las Autoridades Administrativas Independientes de ámbito estatal:

  • Su desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado.
  • Carecen de personalidad jurídica propia aunque gozan de poderes especiales para la supervisión de carácter interno sobre sectores económicos.
  • No tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión externa sobre un determinado sector o actividad económica.
  • Actuarán en el desarrollo de su actividad para el cumplimiento de sus fines con interés empresarial o comercial.
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Su desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado.

Las autoridades administrativas independientes ejercen regulación o supervisión externa de sectores o actividades y necesitan independencia funcional o especial autonomía respecto de la AGE. Tienen personalidad jurídica propia y su finalidad no es empresarial o comercial. Fundamento: Ley 40/2015 · art. 109.1.

Tema 9 · El sector público institucional: entidades que lo integran y régimen jurídico.

15. De conformidad con el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale qué entidades NO forman parte del sector público institucional estatal:

  • Las fundaciones del sector público.
  • Las sociedades administrativas independientes.
  • Las universidades públicas no transferidas.
  • Los consorcios.
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Las sociedades administrativas independientes.

La ley enumera sociedades mercantiles estatales y autoridades administrativas independientes, pero no una categoría llamada «sociedades administrativas independientes». Fundaciones, consorcios y universidades públicas no transferidas sí aparecen en la enumeración. Fundamento: Ley 40/2015 · art. 84.1.

Tema 10 · Organización territorial (I): las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Organización política y administrativa. La delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

16. Según la Constitución Española de 1978, en los Estatutos aprobados por el procedimiento del artículo 151 de la Constitución, la organización institucional autonómica contará con un Presidente elegido por:

  • La Asamblea, de entre sus miembros.
  • El Consejo de Gobierno, de entre los miembros de la Asamblea.
  • La Asamblea, de entre los miembros del Consejo de Gobierno.
  • El Consejo de Gobierno, de entre sus miembros.
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La Asamblea, de entre sus miembros.

En el modelo institucional del artículo 152, la Asamblea elige al Presidente entre sus propios miembros y el Rey lo nombra. El Consejo de Gobierno no realiza esa elección ni constituye el grupo del que necesariamente deba proceder la persona elegida. Fundamento: Constitución Española · art. 152.1.

Tema 10 · Organización territorial (I): las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Organización política y administrativa. La delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

17. Según el artículo 149.1 de la Constitución Española de 1978, ¿qué competencias de las relacionadas a continuación NO son exclusivas del Estado y pueden asumirse por las Comunidades Autónomas?

  • Administración de Justicia.
  • Legislación sobre la propiedad intelectual e industrial.
  • Los montes y aprovechamientos forestales.
  • Defensa y Fuerzas Armadas.
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Los montes y aprovechamientos forestales.

Las comunidades autónomas pueden asumir competencias sobre montes y aprovechamientos forestales, respetando la legislación básica estatal. Defensa, Administración de Justicia y legislación sobre propiedad intelectual e industrial sí están reservadas expresamente al Estado en el artículo 149.1. Fundamento: Constitución Española · art. 148.1.8 y 149.1.23.

Tema 11 · Organización territorial (II): la Administración local: entidades que la integran. La autonomía local. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competencias.

18. De acuerdo con el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, ¿quién tiene la competencia para la aprobación de una alteración de los límites provinciales en España?

  • El Consejo de Ministros mediante real decreto.
  • El Parlamento de la Comunidad Autónoma correspondiente mediante decreto-ley.
  • El Congreso de los Diputados mediante ley ordinaria.
  • Las Cortes Generales mediante ley orgánica.
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Las Cortes Generales mediante ley orgánica.

Modificar los límites provinciales exige aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. No basta una ley ordinaria, un decreto del Gobierno o una norma autonómica. Fundamento: Constitución Española · art. 141.1.

Tema 11 · Organización territorial (II): la Administración local: entidades que la integran. La autonomía local. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competencias.

19. ¿Cuál de las siguientes competencias ejercerá el municipio en todo caso como competencia propia, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?

  • Regulación del régimen jurídico de los partidos políticos con sede en el municipio.
  • Elaboración de acuerdos con los municipios colindantes.
  • Protección de la salubridad pública.
  • Legislación en materia de seguridad municipal.
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Protección de la salubridad pública.

La protección de la salubridad pública es una competencia propia municipal en los términos de la legislación estatal y autonómica. No implica que el municipio pueda legislar sobre seguridad o regular el régimen jurídico de los partidos políticos. Fundamento: Ley 7/1985 · art. 25.2.j.

Tema 11 · Organización territorial (II): la Administración local: entidades que la integran. La autonomía local. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competencias.

20. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en una mancomunidad de municipios podrán integrarse:

  • Sólo municipios pertenecientes a la misma provincia.
  • Sólo municipios pertenecientes a la misma Comunidad Autónoma, siempre que lo autoricen las Diputaciones Provinciales correspondientes.
  • Municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las Comunidades Autónomas afectadas.
  • Sólo municipos limítrofes.
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Municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las Comunidades Autónomas afectadas.

Una mancomunidad puede reunir municipios de distintas comunidades autónomas si lo permiten las normas de las comunidades afectadas. No se exige de forma general que todos los municipios pertenezcan a una misma provincia o sean limítrofes. Fundamento: Ley 7/1985 · art. 44.5.

Tema 12 · La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El proceso de ampliación. Las cooperaciones reforzadas.

21. ¿Cuál de las siguientes instituciones fue reconocida por primera vez en el Tratado de Lisboa como institución de la Unión Europea?

  • Banco Central Europeo.
  • Parlamento Europeo.
  • Tribunal de Cuentas.
  • Comisión Europea.
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Banco Central Europeo.

El Tratado de Lisboa incluyó formalmente al Banco Central Europeo en la lista de instituciones de la Unión. El Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Cuentas ya tenían previamente esa condición institucional. Fundamento: Tratado de la Unión Europea · art. 13.1.

Tema 12 · La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El proceso de ampliación. Las cooperaciones reforzadas.

22. Indique en qué fecha entró en vigor el Tratado de Lisboa:

  • 13 de diciembre de 2007.
  • 3 de diciembre de 2009.
  • 1 de diciembre de 2009.
  • 3 de diciembre de 2007.
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1 de diciembre de 2009.

El Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Su firma tuvo lugar el 13 de diciembre de 2007: la fecha de firma no equivale a la de entrada en vigor. Fundamento: Tratado de Lisboa · Entrada en vigor.

Tema 12 · La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El proceso de ampliación. Las cooperaciones reforzadas.

23. De conformidad con el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, la decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada:

  • Por el Consejo, como último recurso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto, y a condición de que participen en ella al menos siete estados miembros.
  • Por la Comisión, como último recurso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto, y a condición de que participen en ella al menos nueve estados miembros.
  • Por la Comisión, como último recurso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto, y a condición de que participen en ella al menos siete estados miembros.
  • Por el Consejo, como último recurso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto, y a condición de que participen en ella al menos nueve estados miembros.
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Por el Consejo, como último recurso, cuando haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto, y a condición de que participen en ella al menos nueve estados miembros.

La autorización corresponde al Consejo, como último recurso, cuando el objetivo no pueda alcanzarse en un plazo razonable por toda la Unión. Deben participar al menos nueve Estados miembros; las opciones que mencionan siete o atribuyen la decisión a la Comisión son incorrectas. Fundamento: Tratado de la Unión Europea · art. 20.2.

Tema 13 · La organización de la Unión Europea (I): el Consejo Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. Composición y funciones. El procedimiento decisorio. La participación de los Estados miembros en las diferentes fases del proceso.

24. ¿Qué país ejerce la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2024?

  • España.
  • Hungría.
  • Bélgica.
  • Polonia.
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Hungría.

Hungría presidió el Consejo de la Unión Europea entre julio y diciembre de 2024. Bélgica lo hizo en el primer semestre de ese año; España en el segundo semestre de 2023 y Polonia en el primero de 2025. Fundamento: Consejo de la UE: presidencias · Calendario de presidencias 2024.

Tema 14 · La organización de la Unión Europea (II): el Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo.

25. De acuerdo con la Decisión (UE) 2023/2061 del Consejo Europeo de 22 de septiembre de 2023, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo, indique el número de representantes que tiene España para la legislatura 2024- 2029:

  • 63.
  • 59.
  • 60.
  • 61.
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61.

La Decisión del Consejo Europeo sobre la composición del Parlamento para 2024-2029 asignó a España 61 escaños. La cifra depende de la legislatura indicada y no debe sustituirse por la de períodos anteriores. Fundamento: Decisión (UE) 2023/2061 · art. 3.

Tema 14 · La organización de la Unión Europea (II): el Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo.

26. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿quién fijará los sueldos de los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

  • El Consejo Europeo.
  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  • El Consejo.
  • El Parlamento Europeo.
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El Consejo.

El Consejo fija los sueldos, dietas y pensiones de los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La competencia no corresponde al Consejo Europeo, que es una institución distinta, ni al propio Tribunal. Fundamento: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea · art. 243.

Tema 15 · Las fuentes del derecho de la Unión Europea. Derecho originario. Derecho derivado: Reglamentos, directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.

27. En virtud del artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los reglamentos:

  • Entran en vigor siempre a los veinte días de su publicación.
  • Se incluyen dentro del Derecho originario de la Unión Europea.
  • Podrán ser vinculantes.
  • Tienen siempre alcance general, obligan en todos sus elementos y son directamente aplicables.
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Tienen siempre alcance general, obligan en todos sus elementos y son directamente aplicables.

El reglamento tiene alcance general, obliga íntegramente y es directamente aplicable en cada Estado miembro. Pertenece al Derecho derivado y puede fijar su propia fecha de entrada en vigor; el plazo de veinte días solo se aplica si no se dispone otra fecha. Fundamento: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea · art. 288.

Tema 14 · La organización de la Unión Europea (II): el Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo.

28. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el número de miembros del Comité Económico y Social no excederá de:

  • 350.
  • 250.
  • 400.
  • 100.
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350.

El Tratado establece que el número de miembros del Comité Económico y Social no puede exceder de 350. Es un límite máximo, no una afirmación de que en todo momento existan exactamente 350 miembros. Fundamento: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea · art. 301.

Tema 16 · El presupuesto comunitario. Los fondos europeos. La cohesión económica y social.

29. Según el Título II del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, "Disposiciones financieras", el presupuesto de la Unión Europea:

  • Se establece por el Parlamento Europeo y el Consejo anualmente mediante un procedimiento legislativo especial.
  • No exige un equilibrio en cuanto a ingresos y gastos.
  • El Tribunal de Cuentas lleva a cabo un control interno del mismo.
  • Debe respetar el marco financiero plurianual, que se establecerá para un periodo mínimo de cuatro años.
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Se establece por el Parlamento Europeo y el Consejo anualmente mediante un procedimiento legislativo especial.

El Parlamento Europeo y el Consejo aprueban el presupuesto anual mediante un procedimiento legislativo especial. Debe existir equilibrio entre ingresos y gastos y respetarse el marco plurianual, cuyo período mínimo es de cinco años. El Tribunal de Cuentas realiza control externo. Fundamento: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea · art. 310, 312 y 314.

Tema 17 · Políticas de la Unión Europea: mercado interior. Política económica y monetaria. Política exterior y de seguridad común. El espacio de seguridad, libertad y justicia. Defensa de la competencia. Política agrícola y pesquera.

30. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿quién fijará los derechos del arancel aduanero común?

  • El Parlamento Europeo, a propuesta del Consejo.
  • El Consejo, a propuesta de la Comisión.
  • El Consejo Europeo, a propuesta del Consejo.
  • La Comisión, a propuesta del Consejo Europeo.
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El Consejo, a propuesta de la Comisión.

Los derechos del arancel aduanero común los fija el Consejo a propuesta de la Comisión. El Parlamento y el Consejo Europeo no sustituyen a estos órganos en la atribución concreta preguntada. Fundamento: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea · art. 31.

Tema 17 · Políticas de la Unión Europea: mercado interior. Política económica y monetaria. Política exterior y de seguridad común. El espacio de seguridad, libertad y justicia. Defensa de la competencia. Política agrícola y pesquera.

31. De acuerdo con el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la libre circulación de trabajadores NO se refiere al siguiente derecho:

  • Residir en uno de los Estados miembros con objeto de acceder a prestaciones sanitarias.
  • Responder a ofertas efectivas de trabajo.
  • Permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo.
  • Residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo.
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Residir en uno de los Estados miembros con objeto de acceder a prestaciones sanitarias.

La libre circulación laboral comprende aceptar ofertas, desplazarse, residir para trabajar y permanecer después de un empleo en las condiciones previstas. Residir con la finalidad autónoma de acceder a prestaciones sanitarias no es uno de los derechos laborales enumerados en ese artículo. Fundamento: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea · art. 45.3.

Tema 17 · Políticas de la Unión Europea: mercado interior. Política económica y monetaria. Política exterior y de seguridad común. El espacio de seguridad, libertad y justicia. Defensa de la competencia. Política agrícola y pesquera.

32. Señale qué país NO pertenece al Espacio Schengen:

  • Suiza.
  • Noruega.
  • Croacia.
  • Irlanda.
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Irlanda.

Irlanda no pertenece al espacio Schengen. Noruega y Suiza participan aunque no sean miembros de la Unión Europea, y Croacia se incorporó en 2023. Pertenecer a la UE y participar en Schengen son condiciones diferentes. Fundamento: Consejo de la UE: espacio Schengen · Estados participantes.

Tema 18 · Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La Agenda Digital para España. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. Mejora Regulatoria y Análisis de Impacto Normativo.

33. Con base en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos, cuando ya existe constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica, ¿cuál es el plazo que debe transcurrir sin acceder a su contenido para que la notificación se entienda como rechazada?

  • 15 días hábiles.
  • 10 días naturales.
  • 15 días naturales.
  • 10 días hábiles.
Ver respuesta

10 días naturales.

La regla introducida por el RD 209/2003 consideraba rechazada la notificación electrónica tras diez días naturales sin acceder a su contenido. Se conserva la respuesta del examen histórico: ese régimen fue derogado y la regla actual se consulta en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015. Fundamento: Real Decreto 209/2003 · Artículo 12.5, modificación del RD 263/1996.

Tema 18 · Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La Agenda Digital para España. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. Mejora Regulatoria y Análisis de Impacto Normativo.

34. De conformidad a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones podrán declarar como fuentes abiertas las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma, cuando:

  • Se derive el pago de una cuota por parte del usuario de las mismas.
  • Se derive una contraprestación por parte de las personas que lo soliciten.
  • Se derive una mayor agilidad en la prestación de los servicios y se suscriban los oportunos convenios entre las Administraciones Públicas.
  • Se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.
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Se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.

Las aplicaciones pueden declararse de fuentes abiertas cuando aumente la transparencia o se favorezca la incorporación ciudadana a la sociedad de la información. No se condiciona esta declaración al pago de una cuota o contraprestación por el usuario. Fundamento: Ley 40/2015 · art. 157.2.

Tema 19 · Política económica actual. Política presupuestaria. Evolución y distribución actual del gasto público. Política fiscal. La unidad de mercado.

35. ¿Cuál es el órgano de cooperación administrativa encargado del seguimiento de la aplicación del contenido de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado?

  • La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
  • La Conferencia Sectorial para la Unidad de Mercado.
  • El Consejo para la Unidad de Mercado.
  • El Consejo para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
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La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.

Tras la reforma de la Ley 18/2022, la cooperación y seguimiento corresponden a la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios. El antiguo Consejo para la Unidad de Mercado no es la denominación aplicable al examen de 2024. Fundamento: Ley 20/2013 · art. 10.

Tema 20 · Política ambiental. Distribución de competencias. Conservación de la biodiversidad. Prevención de la contaminación y el cambio climático.

36. La Red de Parques Nacionales, con base en lo establecido en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, está conformada por:

  • Únicamente por aquellos espacios declarados parques nacionales y el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento.
  • Aquellos espacios declarados parques nacionales, su marco normativo básico y el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento.
  • Aquellos espacios declarados parques nacionales y su estructura interna de funcionamiento.
  • Aquellos espacios declarados parques nacionales, su marco normativo básico y su estructura interna de funcionamiento.
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Aquellos espacios declarados parques nacionales, su marco normativo básico y el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento.

La Red incluye los espacios declarados parques nacionales, su marco normativo básico y el sistema de relaciones necesario para funcionar. Las respuestas que omiten el marco normativo o lo sustituyen por una estructura interna no reproducen la definición legal. Fundamento: Ley 30/2014 · art. 14.

Tema 21 · La Seguridad Social: estructura y financiación. Problemas actuales y líneas de actuación. El régimen general y los regímenes especiales. La acción protectora de la Seguridad Social. Tipos y características de las prestaciones.

37. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará, bajo la dirección y tutela de los respectivos departamentos ministeriales, con sujeción a los principios de:

  • Racionalización, eficiencia, solidaridad financiera, universalidad, eficacia institucional y desconcentración.
  • Simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización.
  • Eficiencia, racionalización de los recursos, agilización, caja única, eficacia, universalidad y solidaridad financiera.
  • Eficacia, economía procesal, solidaridad, universalidad, descentralización, reducción de gastos y simplificación.
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Simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización.

La gestión se somete a simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización. La pregunta exige esta enumeración concreta: otras opciones mezclan principios plausibles con términos que no figuran en el precepto. Fundamento: Real Decreto Legislativo 8/2015 · art. 66.1.

Tema 21 · La Seguridad Social: estructura y financiación. Problemas actuales y líneas de actuación. El régimen general y los regímenes especiales. La acción protectora de la Seguridad Social. Tipos y características de las prestaciones.

38. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿a quién le corresponde la gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas?

  • Al Instituto de Salud Pública.
  • Al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
  • Al Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
  • Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
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Al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ni el INGESA ni el IMSERSO asumen la gestión de ese registro general. Fundamento: Real Decreto Legislativo 8/2015 · art. 72.

Tema 22 · La evolución del empleo en España. Los servicios públicos de empleo: régimen de prestaciones y políticas de empleo.

39. ¿Cómo se calcula la base reguladora de la prestación por desempleo?

  • Calculando el promedio de cotización durante los 150 días precedentes al día en que se haya producido la situación legal de desempleo o al del que cesó la obligación de cotizar.
  • Calculando el promedio de cotización durante los 365 días precedentes al día en que se haya producido la situación legal de desempleo o al del que cesó la obligación de cotizar.
  • Calculando el promedio de cotización durante los 180 días precedentes al día en que se haya producido la situación legal de desempleo o al del que cesó la obligación de cotizar.
  • Calculando el promedio de cotización durante los 90 días precedentes al día en que se haya producido la situación legal de desempleo o al del que cesó la obligación de cotizar.
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Calculando el promedio de cotización durante los 180 días precedentes al día en que se haya producido la situación legal de desempleo o al del que cesó la obligación de cotizar.

La base reguladora del desempleo contributivo se obtiene del promedio de las bases de cotización de los últimos 180 días del período indicado. Se excluye la retribución por horas extraordinarias; no se utiliza un promedio de 90, 150 o 365 días. Fundamento: Real Decreto Legislativo 8/2015 · art. 270.1.

Tema 24 · El Gobierno Abierto: concepto, principios informadores y planes de acción de España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

40. El próximo otoño de 2025 tendrá lugar la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en España, que organizará por primera vez un evento de esta organización. ¿En qué ciudad se celebrará?

  • Valencia.
  • Barcelona.
  • Vitoria-Gasteiz.
  • Madrid.
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Vitoria-Gasteiz.

La sede anunciada para la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto fue Vitoria-Gasteiz, en octubre de 2025. Se trata de un dato histórico de la convocatoria; no de una sede permanente ni de una regla jurídica. Fundamento: IX Cumbre Global OGP 2025 · Cumbre Global 2025.

Tema 24 · El Gobierno Abierto: concepto, principios informadores y planes de acción de España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

41. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué entidades privadas serán sujetos obligados a las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título I relativas a la publicidad activa?

  • Las que perciban durante el período de dos años ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 80.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
  • Las que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
  • Las que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 30 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 3.000 euros.
  • Las que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 50.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 3.000 euros.
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Las que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Una entidad privada queda sujeta a publicidad activa si recibe más de 100.000 euros de ayudas públicas en un año, o si estas suponen al menos el 40 % de sus ingresos anuales y alcanzan 5.000 euros. Son vías alternativas; las demás opciones cambian porcentajes, importes o período. Fundamento: Ley 19/2013 · art. 3.b.

Tema 25 · La protección de datos personales y su régimen jurídico: principios, derechos, responsable y encargado del tratamiento, delegado y autoridades de protección de datos. Derechos digitales.

42. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál será la duración del mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos?

  • Será de cuatro años no renovables.
  • Será de cuatro años y puede ser renovado solo en el caso de la Presidencia.
  • Será de cinco y cuatro años para la Presidencia y Adjunto respectivamente, no renovables.
  • Será de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.
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Será de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.

El mandato de la Presidencia y de su Adjunto dura cinco años y puede renovarse por otro período igual. La ley no establece duraciones diferentes entre ambos cargos ni prohíbe toda renovación. Fundamento: Ley Orgánica 3/2018 · art. 48.6.

Tema 26 · Políticas de igualdad y contra la violencia de género: régimen jurídico. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.

43. De acuerdo con la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿con qué periodicidad presentará el Consejo de Participación de las Personas LGTBI una memoria detallando su actividad, reuniones y actuaciones?

  • Cada tres meses.
  • Anualmente.
  • Cada dos meses.
  • Cada seis meses.
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Cada seis meses.

El Consejo de Participación de las Personas LGTBI debe presentar cada seis meses una memoria sobre su actividad, reuniones y actuaciones. La periodicidad semestral es la relevante, no la anual o trimestral. Fundamento: Ley 4/2023 · art. 9.

Tema 27 · Otras políticas públicas. El sistema sanitario: distribución de competencias, gestión y financiación. Política exterior y de cooperación al desarrollo. Régimen de telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la información. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

44. ¿Cómo se organizan las Oficinas de la cooperación española, según lo dispuesto en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global?

  • Las Oficinas de la cooperación española son unidades adscritas orgánica y funcionalmente a la AECID.
  • Las Oficinas de la cooperación española son unidades adscritas orgánicamente y funcionalmente a las Embajadas y Representaciones Permanentes.
  • Las Oficinas de la cooperación española son unidades adscritas funcionalmente a las Embajadas y Representaciones Permanentes bajo la dirección superior de su Jefatura de Misión y la dependencia orgánica de la AECID.
  • Las Oficinas de la cooperación española son unidades adscritas orgánicamente a las Embajadas y Representaciones Permanentes bajo la dirección superior de su Jefatura de Misión y la dependencia funcional de la AECID.
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Las Oficinas de la cooperación española son unidades adscritas orgánicamente a las Embajadas y Representaciones Permanentes bajo la dirección superior de su Jefatura de Misión y la dependencia funcional de la AECID.

Las oficinas están adscritas orgánicamente a las embajadas y representaciones permanentes, bajo la dirección superior de la Jefatura de Misión, y dependen funcionalmente de la AECID. Las opciones incorrectas invierten o confunden las dependencias orgánica y funcional. Fundamento: Ley 1/2023 · art. 32.1.

Tema 27 · Otras políticas públicas. El sistema sanitario: distribución de competencias, gestión y financiación. Política exterior y de cooperación al desarrollo. Régimen de telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la información. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

45. De acuerdo con la Constitución Española de 1978, en materia de legislación sobre productos farmacéuticos, ¿qué competencia tiene el Estado?

  • Ninguna, es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
  • Competencia compartida con las Comunidades Autónomas.
  • El Estado establecerá la legislación básica sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales.
  • Competencia exclusiva.
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Competencia exclusiva.

El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación de productos farmacéuticos. El artículo distingue esta materia de las bases y coordinación general de la sanidad, por lo que no cabe trasladar sin más el régimen de legislación básica a la legislación farmacéutica. Fundamento: Constitución Española · art. 149.1.16.

Tema 30 · El reglamento: concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho. Los tratados internacionales.

46. ¿Qué requisito establece el artículo 1.5 del Código Civil para la aplicación directa de las normas contenidas en tratados internacionales?

  • Su ratificación por las Cortes Generales.
  • Su firma por el Jefe del Estado.
  • Su firma por la persona titular del departamento ministerial competente en materia de Asuntos Exteriores.
  • Su publicación íntegra en el "Boletín Oficial del Estado".
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Su publicación íntegra en el "Boletín Oficial del Estado".

Las normas de un tratado no son directamente aplicables en España hasta que se incorporan al ordenamiento mediante publicación íntegra en el BOE. La firma o la ratificación, por sí solas, no cumplen este requisito de publicidad interna. Fundamento: Código Civil · art. 1.5.

Tema 18 · Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La Agenda Digital para España. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. Mejora Regulatoria y Análisis de Impacto Normativo.

47. ¿Qué órgano eleva el Plan Anual Normativo al Consejo de Ministros, según el literal del artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno?

  • El Abogado General del Estado.
  • La Ministra de Hacienda.
  • El Ministro de la Presidencia.
  • La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.
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El Ministro de la Presidencia.

El tenor del artículo 25 atribuye al Ministro de la Presidencia la elevación del Plan Anual Normativo al Consejo de Ministros. La coordinación de su elaboración no convierte a la Abogacía del Estado ni a una secretaría general técnica en órgano proponente. Fundamento: Ley 50/1997 · art. 25.4.

Tema 29 · La ley. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo.

48. Según el artículo 82 de la Constitución Española de 1978, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. Cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante:

  • Una ley de bases.
  • Una ley ordinaria.
  • Un reglamento.
  • Una ley orgánica.
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Una ley ordinaria.

La refundición de varios textos legales se delega mediante una ley ordinaria. Las leyes de bases se utilizan para elaborar textos articulados; esa diferencia entre refundir y articular es la clave de la pregunta. Fundamento: Constitución Española · art. 82.2.

Tema 30 · El reglamento: concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho. Los tratados internacionales.

49. ¿Cuáles de los siguientes principios generales del Derecho aparecen en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978?

  • La buena fe y la equidad.
  • La eficacia y la jerarquía.
  • La publicidad de las normas, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
  • La autonomía y la solidaridad.
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La publicidad de las normas, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El artículo 9.3 garantiza, entre otros, la publicidad de las normas, la responsabilidad y la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos. Autonomía, solidaridad, buena fe o eficacia pueden aparecer en otros lugares del ordenamiento, pero no forman la combinación solicitada. Fundamento: Constitución Española · art. 9.3.

Tema 30 · El reglamento: concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho. Los tratados internacionales.

50. Según el artículo 94 de la Constitución Española de 1978, la prestación del consentimiento del Estado para obligarse requerirá, en los casos de tratados de carácter político, la previa autorización de:

  • Las Cortes Generales.
  • El Congreso, exclusivamente.
  • El Senado, exclusivamente.
  • El Tribunal Constitucional, previa consulta del Gobierno.
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Las Cortes Generales.

Los tratados de carácter político necesitan autorización previa de las Cortes Generales para prestar el consentimiento del Estado. La competencia pertenece a ambas Cámaras conforme al procedimiento constitucional, no exclusivamente al Congreso o al Senado. Fundamento: Constitución Española · art. 94.1.a.

Tema 31 · El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación.

51. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué fecha se debe tomar en consideración cuando la notificación a un interesado sea practicada por diversos cauces?

  • La de aquella que se hubiera producido en último lugar.
  • La de aquella que se hubiera producido en primer lugar.
  • La de aquella que se hubiera producido por correo postal.
  • La de aquella que se hubiera producido por medios electrónicos.
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La de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

Si la misma notificación se practica por distintos cauces, se toma como fecha la primera que se haya producido. No existe una prioridad automática del medio electrónico o postal sobre la notificación anterior válida. Fundamento: Ley 39/2015 · art. 41.7.

Tema 32 · Los contratos del sector público (I): concepto, clases y elementos. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Régimen de invalidez y recursos.

52. El artículo 34.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone que en los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios:

  • A las leyes, a la moral y al orden público.
  • A los principios generales del derecho, a la ley y al interés público.
  • Al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.
  • Al orden público, a la ley y a la buena fe.
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Al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.

La libertad de pactos en la contratación pública está limitada por el interés público, el ordenamiento jurídico y los principios de buena administración. No debe sustituirse esta fórmula por la propia de la autonomía contractual civil. Fundamento: Ley 9/2017 · art. 34.1.

Tema 33 · Los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público (II). Tipos. Características generales.

53. Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué tipo de contrato sería la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida?

  • Contrato de suministro.
  • Contrato de servicios.
  • Contrato de concesión de servicios.
  • Contrato mixto.
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Contrato de suministro.

La adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas informáticos y la cesión de uso de sus programas son contratos de suministro. La excepción es el software desarrollado a medida, que se califica como servicio. Fundamento: Ley 9/2017 · art. 16.3.b.

Tema 33 · Los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público (II). Tipos. Características generales.

54. ¿En qué expedientes de contratación de obras se dispensa del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, de conformidad con el artículo 236.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

  • En los de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras.
  • En los de infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias y viales.
  • En los de infraestructuras agrarias, medioambientales y de equipamientos de núcleos rurales.
  • En los de infraestructuras portuarias, aeroportuarias y de carreteras.
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En los de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras.

En las obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras se dispensa la disponibilidad previa de los terrenos para el replanteo del proyecto. La ocupación efectiva sigue necesitando la disponibilidad exigible antes de ejecutar la obra. Fundamento: Ley 9/2017 · art. 236.2.

Tema 32 · Los contratos del sector público (I): concepto, clases y elementos. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Régimen de invalidez y recursos.

55. ¿Cuál es el orden jurisdiccional competente para las cuestiones relacionadas con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

  • Orden jurisdiccional social.
  • Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
  • Orden jurisdiccional penal.
  • Orden jurisdiccional civil.
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Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La preparación y adjudicación de contratos privados de las Administraciones Públicas se controlan por la jurisdicción contencioso-administrativa. Que el contrato sea privado no convierte esas fases de selección en materia del orden civil. Fundamento: Ley 9/2017 · art. 27.1.b.

Tema 34 · Procedimientos y formas de la actividad administrativa. La actividad de intervención, arbitral, de servicio público y de fomento. Formas de gestión de los servicios públicos. Ayudas y subvenciones públicas: régimen jurídico.

56. Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, según el artículo 4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿están incluidas en el ámbito de aplicación de dicha ley?

  • Los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales no tienen acceso a ningún tipo de subvenciones, si bien la Ley permite el acceso a los grupos parlamentarios de las cámaras regionales.
  • Están explícitamente incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003 sólo las de los grupos parlamentarios con representación en más de la mitad de las Comunidades Autónomas.
  • Están explícitamente excluidas del ámbito de aplicación.
  • Están explícitamente incluidas en el ámbito de aplicación.
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Están explícitamente excluidas del ámbito de aplicación.

Las subvenciones a grupos parlamentarios de las Cortes están excluidas expresamente del ámbito de la Ley General de Subvenciones. La exclusión de esa ley no significa que carezcan de toda regulación o que dichos grupos no puedan recibir fondos. Fundamento: Ley 38/2003 · art. 4.d.

Tema 35 · La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. Procedimientos de expropiación. Garantías jurisdiccionales.

57. Según la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, en el procedimiento especial para la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico, el justo precio de los bienes se determinará por:

  • Una Comisión compuesta por académicos.
  • El Jurado Provincial de Expropiación.
  • El Ministro de Educación y Formación Profesional.
  • El Director General de Patrimonio.
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Una Comisión compuesta por académicos.

Para bienes de valor artístico, histórico y arqueológico, el justiprecio lo determina una comisión de académicos conforme al procedimiento especial. No se atribuye al Jurado Provincial ordinario ni a un ministro o director general actuando por sí solo. Fundamento: Ley de Expropiación Forzosa de 1954 · art. 78.

Tema 35 · La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. Procedimientos de expropiación. Garantías jurisdiccionales.

58. La Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, establece que, para la expropiación de bienes de la Iglesia, se observará el régimen establecido al efecto en:

  • El Concordato vigente.
  • El Tratado de Letrán.
  • La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
  • La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
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El Concordato vigente.

La Ley de Expropiación Forzosa remite al Concordato vigente para expropiar bienes de la Iglesia. La pregunta pide esa remisión literal histórica, no una regla extraída del Tratado de Letrán o de la legislación general de patrimonio. Fundamento: Ley de Expropiación Forzosa de 1954 · art. 16.

Tema 36 · El régimen patrimonial de las Administraciones públicas. El dominio público. Los bienes patrimoniales del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales.

59. La Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, en su artículo cuarto relaciona una serie de bienes que integran el Patrimonio Nacional. Indique cuál de los siguientes NO se halla incluido explícitamente en esta relación:

  • El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro.
  • La Alhambra y el Generalife.
  • Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos.
  • El Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca.
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La Alhambra y el Generalife.

El artículo 4 incluye el Palacio de Oriente, la Almudaina y los Palacios de la Granja y Riofrío. La Alhambra y el Generalife no aparecen en esa relación; ser bienes históricos no implica automáticamente formar parte del Patrimonio Nacional. Fundamento: Ley 23/1982 · art. 4.

Tema 37 · La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Procedimiento de responsabilidad patrimonial.

60. ¿Qué informe es preceptivo para los procedimientos de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, según el artículo 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

  • El de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.
  • El de la Abogacía del Estado.
  • El del Consejo de Estado.
  • El del Consejo General del Poder Judicial.
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El del Consejo General del Poder Judicial.

En responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia es preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial. Es un informe específico de este supuesto, distinto de otros dictámenes que puedan exigirse en responsabilidad patrimonial. Fundamento: Ley 39/2015 · art. 81.3.

Tema 37 · La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Procedimiento de responsabilidad patrimonial.

61. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para el derecho a reclamar en procedimientos de responsabilidad patrimonial en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde:

  • La fecha que se determine en las diligencias policiales y/o judiciales.
  • La fecha de la primera revisión médica.
  • La curación o la determinación del alcance de las secuelas.
  • La fecha en que se sufrió el accidente.
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La curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Cuando existen daños físicos o psíquicos, el año para reclamar comienza con la curación o la determinación del alcance de las secuelas. No empieza necesariamente el día del accidente o de la primera revisión médica. Fundamento: Ley 39/2015 · art. 67.1.

Tema 38 · Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio administrativo.

62. ¿Qué consecuencia establece el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un interesado no responde al requerimiento administrativo de subsanación o mejora de su solicitud?

  • Se resuelve el desistimiento de la solicitud.
  • El procedimiento continúa en sus siguientes fases.
  • La Administración notifica un segundo requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud.
  • La Administración declara el archivo de las actuaciones.
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Se resuelve el desistimiento de la solicitud.

Si no se subsana dentro del plazo concedido, se tiene al interesado por desistido de su petición, previa resolución en los términos del artículo 21. No procede continuar automáticamente ni declarar un archivo sin la resolución exigida. Fundamento: Ley 39/2015 · art. 68.1.

Tema 39 · Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.

63. Indique la respuesta correcta sobre el sentido del silencio administrativo, de conformidad con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la revisión de disposiciones y actos nulos:

  • Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo.
  • Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
  • Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución se podrá entender desestimada por silencio administrativo.
  • Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
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Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

En una revisión de nulidad iniciada a petición del interesado, el silencio permite entender desestimada la solicitud. Si se inicia de oficio, el transcurso de seis meses sin resolución produce caducidad, no desestimación por silencio. Fundamento: Ley 39/2015 · art. 106.5.

Tema 39 · Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.

64. ¿Qué consecuencia establece el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un recurrente no califica su recurso o erra en dicha calificación?

  • La Administración declara el archivo de las actuaciones.
  • La Administración declara la caducidad del procedimiento.
  • La Administración tramita el recurso, siempre que deduzca su verdadero carácter.
  • La Administración inadmite a trámite el recurso, por incumplimiento de los requisitos para su interposición.
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La Administración tramita el recurso, siempre que deduzca su verdadero carácter.

El error o la falta de calificación del recurso no impide tramitarlo cuando puede deducirse su verdadero carácter. Se da prioridad al contenido de la impugnación frente al nombre que le haya puesto el recurrente. Fundamento: Ley 39/2015 · art. 115.2.

Tema 39 · Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.

65. ¿Cuál de las siguientes causas de inadmisión de un recurso administrativo es INCORRECTA, según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

  • La carencia manifiesta de fundamento.
  • El transcurso del plazo de interposición.
  • La existencia de otro recurso con identidad sustancial o íntima conexión.
  • La falta de legitimación del recurrente.
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La existencia de otro recurso con identidad sustancial o íntima conexión.

La falta de legitimación, la extemporaneidad y la carencia manifiesta de fundamento son causas legales de inadmisión. La existencia de otro recurso conectado no lo es por sí sola; puede justificar medidas de acumulación cuando proceda. Fundamento: Ley 39/2015 · art. 116.

Tema 40 · La jurisdicción contencioso-administrativa: funciones, órganos y competencias. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.

66. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿qué órgano es competente de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral?

  • Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
  • Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
  • Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
  • Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
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Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

En la redacción aplicable al examen de 2024, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocían de esos actos de las Juntas Electorales y de proclamación de candidaturas. No correspondían a los Juzgados Centrales ni a las Salas superiores propuestas como alternativas. Fundamento: Ley 29/1998 · art. 8.5.

Tema 41 · El personal al servicio de las Administraciones públicas: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen jurídico.

67. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la pérdida de la condición de funcionario es FALSA:

  • La jubilación total, ya sea voluntaria, forzosa o por declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo o escala, es causa de pérdida de la condición de funcionario.
  • La pena principal o accesoria de inhabilitación especial para cargo público, cuando hubiera adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.
  • La pérdida de la nacionalidad española determina automáticamente la pérdida de la condición de funcionario.
  • La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.
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La pérdida de la nacionalidad española determina automáticamente la pérdida de la condición de funcionario.

La pérdida de la nacionalidad que permitió acceder al empleo no causa la pérdida de la condición funcionarial si simultáneamente se adquiere la de otro Estado que habilite el acceso. Por ello es falsa la afirmación de pérdida automática en todos los casos. Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 65.

Tema 41 · El personal al servicio de las Administraciones públicas: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen jurídico.

68. ¿Cuál de las siguientes circunstancias NO está prevista en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en relación con el nombramiento de los funcionarios interinos?

  • La cobertura transitoria de plazas de nueva creación para personal funcionario de carrera, únicamente durante el tiempo en el que las personas aprobadas realizan el curso selectivo.
  • La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años.
  • La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
  • La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública.
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La cobertura transitoria de plazas de nueva creación para personal funcionario de carrera, únicamente durante el tiempo en el que las personas aprobadas realizan el curso selectivo.

La interinidad responde a vacantes, sustituciones, programas temporales o acumulación de tareas dentro de los límites legales. La espera a que aprobados terminen un curso selectivo no constituye una quinta causa autónoma de nombramiento. Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 10.1.

Tema 42 · Derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen disciplinario.

69. En el régimen disciplinario del personal al servicio de las Administraciones Públicas regulado en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones muy graves prescriben:

  • A los cinco años desde que se hubiera cometido la falta o desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.
  • Las infracciones muy graves no prescriben.
  • A los tres años desde que se hubiera cometido la falta o desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.
  • A los cuatro años desde que se hubiera cometido la falta o desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.
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A los tres años desde que se hubiera cometido la falta o desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.

Las faltas muy graves prescriben a los tres años. El plazo comienza con la comisión y, en faltas continuadas, desde que cesa la conducta. No debe confundirse con los plazos de faltas graves o leves. Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 97.

Tema 42 · Derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen disciplinario.

70. De acuerdo con el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal público que preste sus servicios mediante teletrabajo:

  • Tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.
  • Tendrá una adaptación de los deberes y derechos, individuales y colectivos, del resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, sin incluir en todo caso la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable.
  • Tendrá deberes y derechos, individuales y colectivos, diferentes a los del resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial.
  • Tendrá los mismos deberes y derechos que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial y excluyendo los derechos de tipo colectivo.
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Tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

El teletrabajo conserva los derechos y deberes individuales y colectivos, incluida la prevención de riesgos, salvo los inseparables de la prestación presencial. No crea un estatuto general de derechos inferior ni excluye los derechos colectivos. Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 47 bis.3.

Tema 43 · Planificación de recursos humanos. Ofertas de empleo público. Selección de personal. Las competencias en materia de personal.

71. De acuerdo con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, los procesos de selección:

  • Se desarrollarán de manera que la realización de las pruebas, salvo por razones justificadas, se lleve a cabo de forma telemática, teniendo especialmente en cuenta los territorios no peninsulares, y se guiarán por los principios de agilidad y eficiencia.
  • Se desarrollarán de manera que la realización de las pruebas, salvo por razones justificadas, se lleve a cabo de forma territorializada, excluyendo a los territorios no peninsulares, y se guiarán por los principios de agilidad y eficiencia.
  • Se desarrollarán de manera que la realización de las pruebas, salvo por razones justificadas, se lleve a cabo de forma territorializada, teniendo especialmente en cuenta los territorios no peninsulares, y se guiarán por los principios de agilidad y eficiencia.
  • Se desarrollarán de manera que la realización de las pruebas se lleve a cabo de forma centralizada, en Madrid, y se guiarán por los principios de agilidad y eficiencia.
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Se desarrollarán de manera que la realización de las pruebas, salvo por razones justificadas, se lleve a cabo de forma territorializada, teniendo especialmente en cuenta los territorios no peninsulares, y se guiarán por los principios de agilidad y eficiencia.

Las pruebas deben realizarse de forma territorializada salvo justificación, atendiendo especialmente a los territorios no peninsulares y con agilidad y eficiencia. Territorialización no equivale a imponer teletrabajo, pruebas telemáticas o centralización en Madrid. Fundamento: Real Decreto-ley 6/2023 · art. 114.2.

Tema 43 · Planificación de recursos humanos. Ofertas de empleo público. Selección de personal. Las competencias en materia de personal.

72. De acuerdo con la Orden TDF/380/2024, de 26 de abril, sobre planificación estratégica de los recursos humanos de la Administración del Estado, ¿cuándo deberán aprobarse los planes específicos?

  • Con carácter bienal.
  • En el último trimestre del año.
  • Dicha Orden NO prevé la existencia de planes específicos.
  • En el primer trimestre del año.
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En el primer trimestre del año.

Los planes específicos deben aprobarse en el primer trimestre del año. Se encuadran en la planificación estratégica de recursos humanos y no se confunden con planes bienales ni con una aprobación obligatoria al final del ejercicio. Fundamento: Orden TDF/380/2024 · art. 7.

Tema 44 · Formas de provisión de puestos de trabajo y movilidad en la Administración del Estado. Promoción interna y carrera profesional.

73. Según el artículo 18 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los requisitos para la promoción interna de los funcionarios de carrera son:

  • Poseer los requisitos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y participar en las correspondientes pruebas selectivas.
  • Poseer los requisitos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, tres años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y participar en las correspondientes pruebas selectivas.
  • Poseer los requisitos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.
  • Poseer los requisitos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, tres años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.
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Poseer los requisitos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.

La promoción interna exige requisitos de ingreso, al menos dos años de servicio activo en el subgrupo inferior y superar las pruebas. Participar en ellas no basta, y la antigüedad mínima no es de tres años. Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 18.2.

Tema 44 · Formas de provisión de puestos de trabajo y movilidad en la Administración del Estado. Promoción interna y carrera profesional.

74. De acuerdo con la Orden TDF/379/2024, de 26 de abril, para la regulación de especialidades de los procedimientos de provisión de puestos del personal directivo público profesional y las herramientas para su gestión en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, en las solicitudes para puestos de personal directivo público profesional NO se incluirá:

  • Un curriculum vitae en formato normalizado.
  • Una carta de recomendación del superior jerárquico.
  • La cumplimentación de un cuestionario de autoevaluación dirigido a valorar las competencias directivas.
  • Una justificación por escrito de la idoneidad de la persona candidata para el puesto al que aspira, en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
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Una carta de recomendación del superior jerárquico.

La solicitud incorpora el currículo normalizado, una justificación de idoneidad y el cuestionario de autoevaluación de competencias. No exige carta de recomendación del superior jerárquico; esa exigencia adicional no figura en la documentación prevista. Fundamento: Orden TDF/379/2024 · art. 4.2.

Tema 45 · Situaciones administrativas del personal al servicio de las administraciones públicas. Incompatibilidades.

75. Una persona funcionaria de carrera de la Administración General del Estado que sea designada para formar parte del Consejo General del Poder Judicial pasará a la situación administrativa de:

  • Suspensión de funciones.
  • Servicios especiales.
  • Excedencia.
  • Servicio en otras Administraciones Públicas.
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Servicios especiales.

La designación para formar parte del Consejo General del Poder Judicial determina la situación de servicios especiales. Se conserva la vinculación funcionarial con los efectos propios de esa situación, sin equivaler a suspensión o excedencia. Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 87.1.g.

Tema 45 · Situaciones administrativas del personal al servicio de las administraciones públicas. Incompatibilidades.

76. ¿Cuál de las siguientes actividades NO está exceptuada del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas?

  • La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.
  • La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
  • La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
  • La participación diaria en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.
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La participación diaria en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.

La excepción para participar en coloquios y programas de medios de comunicación exige que sea ocasional. Una participación diaria no cumple esa condición; las demás actividades sí están exceptuadas con los límites indicados por la ley. Fundamento: Ley 53/1984 · art. 19.

Tema 46 · El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Las indemnizaciones por razón del servicio.

77. Según el artículo 22 del texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuántas pagas extraordinarias, y de qué importe, tienen los funcionarios de carrera?

  • Dos pagas extraordinarias al año, de idéntico importe al de la mensualidad ordinaria.
  • Tres pagas extraordinarias al año, cada una por el importe de una mensualidad de las retribuciones básicas.
  • Dos pagas extraordinarias al año, cada una por el importe de una mensualidad de las retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquellas que retribuyan el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos, y las que retribuyan los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.
  • Dos pagas extraordinarias al año, cada una por el importe de una mensualidad de las retribuciones básicas.
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Dos pagas extraordinarias al año, cada una por el importe de una mensualidad de las retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquellas que retribuyan el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos, y las que retribuyan los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Hay dos pagas extraordinarias, integradas por una mensualidad de retribuciones básicas y las complementarias, salvo las vinculadas al desempeño y a servicios extraordinarios del artículo 24.c y d. Por eso no equivalen sin excepción a una nómina ordinaria completa. Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 22.4.

Tema 46 · El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Las indemnizaciones por razón del servicio.

78. La última revisión del importe de la indemnización por uso de vehículo particular:

  • Se produjo en 2014 y lo actualizó a 0,14 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles.
  • Se produjo en 2023 y lo actualizó a 0,26 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles.
  • Se produjo en 2005 y lo actualizó a 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles.
  • Se produjo en 2023 y supuso la eliminación de la indemnización del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
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Se produjo en 2023 y lo actualizó a 0,26 euros por kilómetro recorrido por el uso de automóviles.

La Orden HFP/793/2023 actualizó la indemnización por automóvil particular a 0,26 euros por kilómetro. Es el importe aplicable al contexto histórico del examen de 2024; la norma no suprimió el régimen de indemnizaciones por servicio. Fundamento: Orden HFP/793/2023 · art. 1.

Tema 47 · El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: su régimen jurídico. El IV Convenio Único para el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado: ámbito de aplicación y sistema de clasificación.

79. ¿Cuál de los siguientes colectivos está incluido en el ámbito de aplicación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado?

  • El personal de la Administración de Justicia no transferida.
  • El personal laboral que presta servicios en el exterior.
  • El personal de alta dirección contemplado en el artículo 2.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás normas legales de aplicación.
  • El personal cuya relación de servicios se derive de un contrato regulado por la normativa de contratación administrativa o aquél incluido en los instrumentos excluidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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El personal de la Administración de Justicia no transferida.

El personal laboral de la Administración de Justicia no transferida está incluido en el IV Convenio único. El personal en el exterior, de alta dirección y vinculado mediante contratación administrativa está excluido en los términos del propio convenio. Fundamento: IV Convenio colectivo único AGE · art. 1 y 2.

Tema 47 · El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: su régimen jurídico. El IV Convenio Único para el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado: ámbito de aplicación y sistema de clasificación.

80. De acuerdo con lo dispuesto en el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, la Comisión Negociadora estará compuesta por:

  • 30 miembros con voz y voto.
  • 20 miembros con voz y voto.
  • 15 miembros con voz y voto.
  • 25 miembros con voz y voto
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30 miembros con voz y voto.

La Comisión Negociadora tiene treinta miembros con voz y voto, distribuidos paritariamente entre Administración y representación sindical. No debe confundirse el número total de integrantes con los quince de cada parte. Fundamento: IV Convenio colectivo único AGE · art. 13.1.

Tema 48 · Negociación colectiva, representación y participación institucional de los empleados públicos. El derecho de huelga y su ejercicio.

81. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué se entiende por negociación colectiva?

  • El derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.
  • El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública.
  • El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de, únicamente, el personal laboral de la Administración Pública.
  • El derecho a elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.
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El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública.

La negociación colectiva es el derecho a negociar las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Elegir representantes define la representación, y participar en órganos de control corresponde a la participación institucional; son conceptos diferentes. Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 31.2.

Tema 49 · El régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado. MUFACE y las clases pasivas: acción protectora. Concepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos.

82. De acuerdo con el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, ¿qué mutualistas quedan exceptuados de la obligación de cotizar?

  • Los funcionarios que estén en servicios en comunidades autónomas.
  • Los funcionarios que estén en excedencia forzosa.
  • Los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia para atender al cuidado de hijos o familiares.
  • Los funcionarios que estén en expectativa de destino.
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Los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia para atender al cuidado de hijos o familiares.

La excedencia para cuidar hijos o familiares está exceptuada de la obligación de cotizar en el régimen mutualista. Las restantes situaciones propuestas no tienen por esa sola condición la misma excepción. Fundamento: Real Decreto 375/2003 · art. 23.2.b.

Tema 50 · Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

83. Señale la afirmación correcta sobre las pruebas selectivas de acceso de las personas con discapacidad al empleo público:

  • Las adaptaciones previstas en el artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, se otorgarán de manera automática únicamente a los aspirantes que opten por el turno de cupo de reserva.
  • Las adaptaciones previstas en el artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, se otorgarán de forma automática cuando sean solicitadas por los aspirantes.
  • Las pruebas selectivas tendrán distinto contenido y grado de evaluación para los aspirantes, según el turno por el que se opte, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
  • Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, independientemente del turno por el que se opte, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
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Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, independientemente del turno por el que se opte, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

La regla del procedimiento general es idéntico contenido de pruebas, con las adaptaciones necesarias de tiempos y medios. Las adaptaciones se valoran según las necesidades y no se conceden automáticamente por solicitarlas. Se preserva el contexto del examen histórico y su referencia normativa concreta. Fundamento: Real Decreto 2271/2004 · art. 3 y 8.

Tema 50 · Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

84. Según el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, tanto como personal funcionario como laboral, se inspirará en:

  • Los principios de descentralización, no discriminación e igualdad.
  • Los principios de neutralidad, accesibilidad y seguridad.
  • Los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y proporcionalidad.
  • Los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
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Los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

El acceso de personas con discapacidad se inspira en igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Las opciones restantes sustituyen alguno de esos principios por términos que no integran la enumeración legal. Fundamento: Real Decreto-ley 6/2023 · art. 113.

Tema 52 · Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.

85. ¿A quién le corresponde la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado en España según el artículo 134 de la Constitución Española de 1978?

  • Al Senado.
  • Al Tribunal Constitucional.
  • Al Gobierno.
  • Al Congreso de los Diputados.
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Al Gobierno.

El Gobierno elabora los Presupuestos Generales del Estado. A las Cortes Generales les corresponde examinarlos, enmendarlos y aprobarlos; son funciones distintas dentro del procedimiento presupuestario. Fundamento: Constitución Española · art. 134.1.

Tema 51 · El presupuesto. Concepto y clases. La Ley General Presupuestaria: principios generales y estructura. Las leyes de estabilidad presupuestaria.

86. Según el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso de apreciar riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de una Comunidad Autónoma, se formulará advertencia motivada sobre tal situación. ¿De qué plazo dispone la Administración advertida para adoptar las medidas necesarias para evitar este riesgo?

  • Un mes.
  • Tres meses.
  • Seis meses.
  • Un año.
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Un mes.

La Administración advertida dispone de un mes para adoptar medidas que eviten el riesgo de incumplimiento. La advertencia debe ser motivada; no concede plazos de tres o seis meses ni de un año. Fundamento: Ley Orgánica 2/2012 · art. 19.3.

Tema 52 · Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.

87. ¿Cuál es el órgano competente para la confección de los escenarios presupuestarios plurianuales, según el artículo 28 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria?

  • El Consejo de Ministros.
  • El Ministerio de Hacienda.
  • La Intervención General de la Administración del Estado.
  • El Consejo de Estado.
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El Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda confecciona los escenarios presupuestarios plurianuales y da cuenta de ellos al Consejo de Ministros antes de aprobarse el proyecto de presupuestos. Confeccionar el escenario y recibir información sobre él son competencias diferentes. Fundamento: Ley 47/2003 · art. 28.2.

Tema 52 · Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.

88. Indique cuál de los siguientes gastos NO se imputará al Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos:

  • El transporte colectivo del personal.
  • Las retribuciones en especie.
  • Las dietas.
  • Las retribuciones del personal.
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Las dietas.

Las dietas se imputan al capítulo 2, como indemnizaciones por razón del servicio. Las retribuciones y determinados gastos sociales del personal, incluido el transporte colectivo, pertenecen al capítulo 1. Fundamento: Resolución de 20 de enero de 2014, clasificación económica · Clasificación económica de gastos: capítulos 1 y 2.

Tema 52 · Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.

89. En la aplicación presupuestaria 13.91.111N.223:

  • El 13 se refiere al Servicio, el 91 se refiere a la Sección, el 111N se refiere al programa de gasto y el 223 al concepto.
  • El 13 se refiere a la Sección, el 91 se refiere al programa de gasto, el 111N se refiere al capítulo y el 223 al concepto.
  • El 13 se refiere a la Sección, el 91 se refiere al Servicio, el 111N se refiere al programa de gasto y el 223 al concepto.
  • El 13 se refiere a la Sección, el 91 se refiere al Servicio, el 111N se refiere al programa de gasto y el 223 al subconcepto.
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El 13 se refiere a la Sección, el 91 se refiere al Servicio, el 111N se refiere al programa de gasto y el 223 al concepto.

La clave combina clasificación orgánica, por programas y económica: 13 es sección; 91, servicio; 111N, programa; y 223, concepto. Un subconcepto añade mayor desglose al concepto de tres cifras. Fundamento: Resolución de 20 de enero de 2014, clasificación económica · Estructura de la aplicación presupuestaria.

Tema 53 · Gastos plurianuales. Modificaciones de los créditos iniciales. Transferencias de crédito. Créditos extraordinarios. Suplementos de crédito. Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. Generaciones de créditos.Anulada · no puntúa

90. ¿Qué tipo de modificación presupuestaria permite imputar a créditos del ejercicio corriente obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores?

  • Gastos plurianuales.
  • Ampliaciones de créditos.
  • Generaciones de créditos.
  • Incorporaciones de créditos.
Motivo y explicación

La plantilla definitiva del INAP anuló esta pregunta. No existe una alternativa puntuable que deba memorizarse como correcta; en la realización del examen se sustituye por la primera pregunta de reserva. No se atribuye al tribunal un motivo de anulación que no consta en la plantilla. Fundamento: Plantilla definitiva del INAP · Plantilla definitiva, pregunta 90.

Tema 53 · Gastos plurianuales. Modificaciones de los créditos iniciales. Transferencias de crédito. Créditos extraordinarios. Suplementos de crédito. Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. Generaciones de créditos.

91. Según el artículo 56 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿a quién corresponde la competencia para autorizar créditos extraordinarios en el presupuesto de un organismo autónomo cuando la cuantía es de 750.000 € y supone el 16 % del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos?

  • Al Ministro de Hacienda.
  • Al Presidente del organismo.
  • Al Director del organismo.
  • Al Presidente del Gobierno.
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Al Ministro de Hacienda.

La cuantía de 750.000 euros supera el límite de 500.000 de la presidencia o dirección del organismo, pero no llega a un millón. El incremento del 16 % tampoco supera el 20 % del capítulo, de modo que corresponde al Ministro de Hacienda. Fundamento: Ley 47/2003 · art. 56.3.b.

Tema 53 · Gastos plurianuales. Modificaciones de los créditos iniciales. Transferencias de crédito. Créditos extraordinarios. Suplementos de crédito. Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. Generaciones de créditos.

92. Según el artículo 56 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para un crédito extraordinario o suplemento de crédito de un organismo autónomo que se destinara a atender obligaciones de ejercicios anteriores, para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, ¿cuál sería el procedimiento inicial para su tramitación?

  • Se solicitará autorización al Ministerio de Hacienda para su aprobación.
  • Se remitirá un proyecto de Ley a las Cortes Generales.
  • Tal supuesto no está contemplado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
  • Se solicitará autorización al Consejo de Ministros, previa audiencia del Presidente/Director del organismo.
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Se remitirá un proyecto de Ley a las Cortes Generales.

Cuando se atienden obligaciones de ejercicios anteriores sin crédito anulado en el ejercicio de procedencia, debe remitirse un proyecto de ley a las Cortes. No se resuelve únicamente por autorización del ministro o del Consejo de Ministros. Fundamento: Ley 47/2003 · art. 56.2.

Tema 54 · Control del gasto público en España. La Intervención General de la Administración del Estado. Función interventora, control financiero permanente y auditoría pública. El Tribunal de Cuentas.

93. Según el artículo 140 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿qué órgano ejerce el control externo de la gestión económica-financiera del sector público estatal?

  • El Consejo de política fiscal y financiera.
  • El Tribunal Económico-Administrativo Central.
  • La Intervención General de la Administración del Estado.
  • El Tribunal de Cuentas.
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El Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas ejerce el control externo de la gestión económico-financiera estatal. La IGAE realiza control interno, y el Tribunal Económico-Administrativo Central tiene una función revisora tributaria distinta. Fundamento: Ley 47/2003 · art. 140.

Tema 54 · Control del gasto público en España. La Intervención General de la Administración del Estado. Función interventora, control financiero permanente y auditoría pública. El Tribunal de Cuentas.

94. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál de las siguientes actuaciones NO debe incluir el control financiero permanente?

  • Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
  • Revisión y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
  • En los departamentos ministeriales y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente las operaciones derivadas de su actividad.
  • Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto y verificación del balance de resultados e informe de gestión.
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Revisión y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El control financiero permanente verifica gestión, tesorería, ejecución y fiabilidad de información. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado corresponde a las Cortes y no forma parte de esa función de control de la IGAE. Fundamento: Ley 47/2003 · art. 159.1.

Tema 55 · El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y su relación con la actuación administrativa. Especial referencia a la contratación administrativa y la gestión de subvenciones. Documentos contables que intervienen en la ejecución de los gastos y de los pagos. Gestión de la tesorería del Estado.

95. En la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado, se menciona el documento contable A206. Indique a qué operación se refiere:

  • Autorización sobre crédito retenido.
  • Autorización sobre crédito comprometido.
  • Cancelación de autorizaciones (Anticipos de Tesorería).
  • Autorización sobre crédito disponible.
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Cancelación de autorizaciones (Anticipos de Tesorería).

El documento A206 corresponde a la cancelación de autorizaciones de anticipos de tesorería. El código identifica una operación específica; no es el documento ordinario de autorización sobre crédito disponible o retenido. Fundamento: Orden de 1 de febrero de 1996, documentos contables · Anexo: A206.

Tema 56 · Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Anticipos de caja fija. Pagos «a justificar». Justificación de libramientos.

96. Según el artículo 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, una vez aprobada una propuesta de pagos presupuestarios y librarse fondos con el carácter de "a justificar" y aportados los documentos justificativos correspondientes de esa operación, indique en qué plazo se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente:

  • Los tres meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos.
  • Los tres meses siguientes a la fecha de libramiento de los fondos.
  • Los dos meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos.
  • Los dos meses siguientes a la fecha de libramiento de los fondos.
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Los dos meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos.

La aprobación o reparo de la cuenta debe realizarse dentro de los dos meses siguientes a la aportación de los justificantes. El inicio de este plazo no es la fecha del libramiento de fondos. Fundamento: Ley 47/2003 · art. 79.6.

Tema 52 · Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.

97. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cómo se estructura la clasificación económica de los estados de ingresos en los Presupuestos Generales del Estado?

  • Diferencia únicamente entre impuestos directos e indirectos.
  • Separa los ingresos de la Administración General del Estado de los organismos autónomos.
  • Agrupa los ingresos, separando únicamente entre ingresos corrientes y de capital.
  • Agrupa los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.
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Agrupa los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.

La clasificación económica de ingresos distingue operaciones corrientes, de capital y financieras. Reducirla a impuestos directos e indirectos o solo a corrientes y capital deja fuera categorías necesarias. Fundamento: Ley 47/2003 · art. 41.1.b.

Tema 57 · Los ingresos públicos: concepto y clasificación. El sistema tributario español: régimen actual. Especial referencia al régimen de tasas y precios públicos.

98. Según el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, el establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos se hará:

  • Por Orden del Departamento ministerial del que dependa el órgano que ha de percibirlos y a propuesta de éste.
  • Por Orden del Ministerio de Hacienda y a propuesta del Departamento ministerial del que dependa el órgano que ha de percibirlos.
  • Directamente por los organismos públicos, previa propuesta del Ministerio de Hacienda, sin autorización.
  • Directamente por los organismos públicos, previa autorización del Presidente/Director del mismo.
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Por Orden del Departamento ministerial del que dependa el órgano que ha de percibirlos y a propuesta de éste.

La vía prevista en la opción correcta es una orden del departamento del que dependa el órgano perceptor, a propuesta de este. No debe confundirse con la competencia de los organismos públicos, que tiene sus requisitos específicos de autorización. Fundamento: Ley 8/1989 · art. 26.1.a.

Tema 52 · Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.

99. Los impuestos directos y cotizaciones sociales se imputarán:

  • Al Capítulo 7 del presupuesto de ingresos.
  • Al Capítulo 5 del presupuesto de ingresos.
  • Al Capítulo 3 del presupuesto de ingresos.
  • Al Capítulo 1 del presupuesto de ingresos.
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Al Capítulo 1 del presupuesto de ingresos.

El capítulo 1 de ingresos recoge impuestos directos y cotizaciones sociales. Los capítulos 3, 5 y 7 corresponden a categorías distintas, como tasas y otros ingresos, ingresos patrimoniales o transferencias de capital. Fundamento: Resolución de 20 de enero de 2014, clasificación económica · Clasificación económica de ingresos: capítulo 1.

Tema 46 · El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Las indemnizaciones por razón del servicio.

100. Indique la respuesta correcta, de conformidad con el artículo 21 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

  • Las cuantías de las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios y su repercusión en su masa salarial deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.
  • Las cuantías de las retribuciones complementarias y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones básicas de los funcionarios y del personal laboral deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Orden del Ministerio de Hacienda sobre la confección de nóminas anuales.
  • Las cuantías de las retribuciones complementarias y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones básicas de los funcionarios y del personal laboral deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.
  • Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.
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Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.

La ley presupuestaria refleja las cuantías de las retribuciones básicas, el incremento global de las complementarias y el incremento de la masa salarial laboral. Las opciones incorrectas invierten básicas y complementarias o sustituyen la ley por una orden ministerial. Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 21.1.

Tema 43 · Planificación de recursos humanos. Ofertas de empleo público. Selección de personal. Las competencias en materia de personal.Reserva

101. ¿Cuáles de los siguientes planes NO están previstos en la Orden TDF/380/2024, de 26 de abril, sobre planificación estratégica de los recursos humanos de la Administración del Estado?

  • Planes de reestructuración de sectores concretos.
  • Planes de ámbito general de función pública.
  • Planes específicos.
  • Planes departamentales de análisis de RPT.
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Planes departamentales de análisis de RPT.

La orden contempla planes de ámbito general, planes específicos y planes de reestructuración de sectores concretos. «Planes departamentales de análisis de RPT» no es una categoría de planes establecida en esa norma. Fundamento: Orden TDF/380/2024 · Tipos de planes.

Tema 23 · Política de inmigración. Régimen de los extranjeros en España. Derecho de asilo y condición de refugiado.Reserva

102. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, hace referencia a un órgano que aunará el conjunto de la información estadística disponible en materia de extranjería, inmigración, protección internacional y nacionalidad, con independencia de la Administración Pública responsable de su elaboración. Indique cuál:

  • Observatorio Permanente de la Inmigración.
  • Consejo General para la Inmigración.
  • Comisión Multilateral para la Inmigración.
  • Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
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Observatorio Permanente de la Inmigración.

El Observatorio Permanente de la Inmigración reúne la información estadística de extranjería, inmigración, protección internacional y nacionalidad, cualquiera que sea la Administración que la produzca. El Foro de Integración tiene funciones participativas diferentes. Fundamento: Ley Orgánica 4/2000 · Disposición adicional quinta.5.

Tema 32 · Los contratos del sector público (I): concepto, clases y elementos. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Régimen de invalidez y recursos.Reserva

103. Indique cuál de los siguientes costes sí es susceptible de revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público, siempre que se cumplan todos los requisitos y de acuerdo con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

  • Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra.
  • Los costes financieros.
  • Los costes asociados a amortizaciones.
  • El beneficio industrial.
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Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra.

Los costes de mano de obra pueden revisarse en los contratos distintos de obras bajo los requisitos legales específicos. Los costes financieros, amortizaciones, gastos generales y beneficio industrial quedan excluidos; no basta cumplir los requisitos temporales para revisar esos conceptos. Fundamento: Ley 9/2017 · art. 103.2.

Tema 14 · La organización de la Unión Europea (II): el Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo.Reserva

104. De conformidad con el artículo 234 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo es competente para aprobar una moción de censura contra la Comisión:

  • Transcurridos tres días desde la fecha de su presentación y por mayoría simple.
  • Transcurridos tres días desde la fecha de su presentación y por mayoría absoluta.
  • Transcurridos tres días desde la fecha de su presentación y por mayoría de tres quintos de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo.
  • Transcurridos tres días desde la fecha de su presentación y por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo.
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Transcurridos tres días desde la fecha de su presentación y por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo.

La censura requiere esperar al menos tres días desde su presentación y reunir dos tercios de los votos emitidos que representen además a la mayoría de los miembros del Parlamento. Deben concurrir simultáneamente ambas mayorías. Fundamento: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea · art. 234.

Tema 55 · El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y su relación con la actuación administrativa. Especial referencia a la contratación administrativa y la gestión de subvenciones. Documentos contables que intervienen en la ejecución de los gastos y de los pagos. Gestión de la tesorería del Estado.Reserva

105. En la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado, se menciona el documento contable CA. Indique a qué operación se refiere:

  • Certificaciones ejercicios anteriores.
  • Compromisos anticipados.
  • Compromisos de gasto anticipados.
  • Certificaciones anticipadas.
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Certificaciones anticipadas.

El documento CA se utiliza para certificaciones anticipadas. Las otras denominaciones desarrollan incorrectamente las siglas o las confunden con compromisos de gasto y certificaciones de ejercicios anteriores. Fundamento: Orden de 1 de febrero de 1996, documentos contables · Anexo: documento CA.

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