1. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Española (en adelante CE), señale cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la moción de censura es correcta:
- La moción de censura se adoptará por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
- Deberá ser propuesta al menos por cincuenta Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
- No podrá ser votada hasta que transcurran dos días desde su presentación.
- Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.
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La moción de censura se adoptará por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
La aprobación de la moción de censura exige mayoría absoluta del Congreso. Su presentación requiere al menos una décima parte de los diputados y un candidato a la Presidencia; no puede votarse hasta transcurridos cinco días y, si fracasa, los firmantes no pueden presentar otra durante ese mismo período de sesiones.
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2. De conformidad con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, corresponde al Consejo de Ministros:
- Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.
- Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
- Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado.
- Declarar el estado de sitio, así como proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de alarma.
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Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
El Consejo de Ministros acuerda la negociación y firma de tratados internacionales y su aplicación provisional. Las otras alternativas atribuyen a ese órgano funciones que corresponden al Presidente del Gobierno o confunden las competencias sobre estados de alarma y sitio.
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3. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Secretarios Generales de los Departamentos ministeriales:
- Tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
- Habrán de ser nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
- Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1.
- Tendrán a todos los efectos la categoría de Director General.
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Habrán de ser nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
Los Secretarios Generales deben nombrarse entre personas con cualificación y experiencia en puestos de responsabilidad de gestión pública o privada. Tienen categoría de Subsecretario; no debe confundirse su régimen con el de los Secretarios Generales Técnicos.
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4. ¿Cómo se modifican las Direcciones Generales según la Ley 40/2015?
- Mediante Real Decreto-Ley.
- Mediante Orden del Ministro respectivo.
- Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.
- Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
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Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.
Las Direcciones Generales son órganos directivos cuya creación, modificación y supresión se realiza por real decreto del Consejo de Ministros. La orden ministerial se utiliza para órganos de nivel inferior a Subdirección General, por lo que no corresponde al rango preguntado.
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5. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 50/1997, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, la suplencia de los Ministros para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia:
- Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, entre los Secretarios de Estado del Ministerio.
- Recaerá en los Secretarios de Estado del Ministerio de que se trate, según determine el Real Decreto de estructura de ese Ministerio.
- Recaerá en el Subsecretario del Ministerio de que se trate.
- Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.
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Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.
La suplencia de un ministro para el despacho ordinario se determina mediante real decreto del Presidente del Gobierno y debe recaer en otro miembro del Gobierno. No pasa automáticamente al subsecretario ni a un secretario de Estado del departamento.
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6. Según el artículo 76 de la Ley 40/2015, la estructura de las Delegaciones del Gobierno se fijará por:
- Real Decreto del Consejo de Ministros.
- Ley.
- Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- Real Decreto-Ley.
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Real Decreto del Consejo de Ministros.
La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fija por real decreto del Consejo de Ministros. El artículo 76 distingue esta norma de estructura de los actos de nombramiento de sus titulares.
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7. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 40/2015, en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, éste será suplido por:
- El Secretario general.
- El Subdelegado del Gobierno de la provincia en que tenga su sede, y en su defecto, por el Secretario general.
- El Subdelegado del Gobierno de la provincia en que tenga su sede y, en su defecto, por el que el Delegado designe.
- El Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, por el de la provincia en que tenga su sede.
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El Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, por el de la provincia en que tenga su sede.
En una comunidad pluriprovincial suple al delegado el subdelegado que aquel designe y, a falta de designación, el de la provincia donde se encuentra la sede de la Delegación. La regla especial para comunidades uniprovinciales remite al secretario general y no es la aplicable aquí.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
8. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 40/2015, los servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno dependerán:
- Del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General.
- Del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Presidencia del Gobierno.
- De la Presidencia del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- De la Presidencia del Gobierno, a través de la Secretaría General.
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Del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General.
Los servicios territoriales integrados dependen del delegado o, en su caso, del subdelegado, a través de la Secretaría General, actuando conforme a las instrucciones técnicas y criterios operativos del ministerio competente. Esa dependencia no debe confundirse con la de los servicios no integrados.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
9. De conformidad con la Ley 40/2015, la creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realizará:
- Por Real Decreto del Consejo de Ministros, que establecerá los fines de la fundación.
- Por Ley, que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos con los que se le dota.
- Por Acuerdo del Consejo de Ministros, que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación.
- Por Orden del Ministerio que ejerza el protectorado.
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Por Ley, que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos con los que se le dota.
La creación de una fundación del sector público estatal y la adquisición sobrevenida de ese carácter requieren una ley. La ley fija sus fines y, cuando proceda, su dotación económica; no basta con la mera decisión de constituir una fundación privada ni con un real decreto.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
10. De conformidad con el artículo 98 de la Ley 40/2015, la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia de los organismos autónomos corresponde:
- A los órganos específicos de los organismos autónomos a los que los estatutos les asignen expresamente dicha facultad.
- A la Administración General del Estado.
- Al Consejo Rector del organismo autónomo.
- Al titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo.
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A la Administración General del Estado.
La dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia de los organismos autónomos corresponden a la Administración General del Estado. La personalidad jurídica y autonomía de gestión del organismo no lo convierten en una entidad desligada de esa dirección y supervisión.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
11. Un país que quiera pertenecer a la Unión Europea (en adelante UE) debe presentar solicitud de adhesión:
- Al Parlamento Europeo.
- Al Consejo de la Unión Europea.
- A la Comisión Europea.
- Al Consejo Europeo.
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Al Consejo de la Unión Europea.
El Estado europeo que pretenda adherirse debe dirigir su solicitud al Consejo. Este se pronuncia por unanimidad, previa consulta a la Comisión y aprobación del Parlamento Europeo; por ello no debe confundirse el destinatario de la solicitud con las instituciones que intervienen después.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
12. En la historia de la integración europea, ¿qué pedía la declaración de Robert Schuman?
- La creación del Consejo de Europa.
- La creación de una moneda única europea.
- La creación de un ejército europeo único.
- La formación de una alta autoridad común que supervisara la producción de carbón y acero en Europa.
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La formación de una alta autoridad común que supervisara la producción de carbón y acero en Europa.
La declaración de 9 de mayo de 1950 proponía poner la producción francoalemana de carbón y acero bajo una Alta Autoridad común, en una organización abierta a otros países europeos. La integración de sectores esenciales para el armamento pretendía hacer materialmente imposible otra guerra entre Francia y Alemania.
Fuente técnica: [Unión Europea · Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950](https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_en).
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
13. ¿A qué tratado comunitario se anexó por primera vez el Protocolo sobre la aplicación del principio de subsidiariedad?
- Tratado de Niza.
- Tratado de Maastricht.
- Acta Única Europea.
- Tratado de Ámsterdam.
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Tratado de Ámsterdam.
El Tratado de Ámsterdam de 1997 incorporó un protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Maastricht había establecido previamente el principio de subsidiariedad, pero la pregunta pide identificar el tratado al que se anejó por primera vez ese protocolo.
Fuente técnica: [Parlamento Europeo · incorporación del protocolo de subsidiariedad en Ámsterdam](https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/7/el-principio-de-subsidiariedad).
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
14. ¿Cuál de los siguientes Tratados establece que la Unión Europea tiene personalidad jurídica propia?
- Tratado de Maastricht.
- Tratado de Amsterdam.
- Tratado de Lisboa.
- Tratado de Niza.
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Tratado de Lisboa.
El Tratado de Lisboa introdujo en el artículo 47 del Tratado de la Unión Europea el reconocimiento expreso de la personalidad jurídica de la Unión. Esto debe distinguirse de la personalidad que ya tenían las Comunidades Europeas antes de esa reforma.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
15. A partir del 1 de noviembre de 2014, una mayoría cualificada en el Consejo se define como:
- Al menos el 55% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 65% de la población total de la UE.
- Al menos el 55% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 62% de la población total de la UE.
- Al menos el 65% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 55% de la población total de la UE.
- Al menos el 65% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 62% de la población total de la UE.
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Al menos el 55% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 65% de la población total de la UE.
La regla general de mayoría cualificada combina el 55 % de los miembros del Consejo con Estados que representen al menos el 65 % de la población de la Unión. El artículo 16.4 añade el mínimo de quince miembros y regula la minoría de bloqueo; existen reglas especiales para propuestas que no procedan de la Comisión o del Alto Representante.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
16. ¿En cuál de las siguientes políticas de la UE se requiere el voto por unanimidad del Consejo?
- Política de fiscalidad indirecta.
- Política de transportes.
- Política medioambiental.
- Política turística.
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Política de fiscalidad indirecta.
La armonización de impuestos sobre el volumen de negocios, consumos específicos y otros impuestos indirectos se aprueba por el Consejo por unanimidad, mediante procedimiento legislativo especial y previa consulta al Parlamento y al Comité Económico y Social. No se aplica aquí la regla general de mayoría cualificada.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
17. De acuerdo con el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo se reunirá:
- Una vez al mes.
- Dos veces por trimestre y cuando la situación lo exija, en reuniones extraordinarias convocadas por su Presidente.
- Al menos dos veces al año.
- Dos veces por semestre y cuando la situación lo exija, en reuniones extraordinarias convocadas por su Presidente.
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Dos veces por semestre y cuando la situación lo exija, en reuniones extraordinarias convocadas por su Presidente.
El Consejo Europeo se reúne dos veces por semestre por convocatoria de su presidente. Cuando la situación lo exige, este convoca una reunión extraordinaria; no hay que confundir este calendario con las reuniones del Consejo de la Unión Europea.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
18. ¿Cuáles son las características de una directiva europea?
- Son actos legislativos no vinculantes.
- Son actos legislativos que permiten a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista.
- Son actos legislativos vinculantes, en todo caso, y que deben aplicarse en la totalidad de sus términos en toda la Unión Europea.
- Son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la Unión Europea deben cumplir.
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Son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la Unión Europea deben cumplir.
La opción elegida describe la obligación de alcanzar resultados propia de una directiva. El tenor preciso del artículo 288 del TFUE obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado y deja a sus autoridades la forma y los medios. No todas las directivas se dirigen necesariamente a todos los Estados ni tienen siempre naturaleza de acto legislativo.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
Anulada · no puntúa
19. [ANULADA] Las Organizaciones Comunes de Mercado están relacionadas con la siguiente Política de la UE:
- El Comercio Exterior.
- ANULADA
- La Política Pesquera Común.
- La Política Agrícola Común.
Motivo y explicación
La plantilla definitiva anuló la pregunta. Las organizaciones comunes de mercados son un instrumento de la política agrícola común, previsto en el artículo 40 del TFUE; también existe una organización común de mercados de productos de la pesca y la acuicultura regulada por el Reglamento 1379/2013. La formulación general no permite tratar agricultura y pesca como categorías necesariamente excluyentes.
Pregunta anulada en la plantilla definitiva; el fundamento se ofrece para el estudio y no convierte ninguna alternativa en puntuable.
20. Conforme a la Agenda España Digital 2025, ¿cuál de las siguientes es una meta a conseguir en el año 2025?
- Que esté en funcionamiento una Agencia de Derechos Digitales.
- Que el 70% de las personas tengan competencias digitales básicas.
- Que haya una reducción del 25% de las emisiones de CO2 por efecto de la digitalización de la economía.
- Que el 50% de los servicios públicos estén disponibles en app móvil.
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Que el 50% de los servicios públicos estén disponibles en app móvil.
España Digital 2025 fijó como meta que la mitad de los servicios públicos estuvieran disponibles en una aplicación móvil. Se trata de un objetivo de esa agenda de política pública, no de una obligación legal autónoma ni de una afirmación de que el porcentaje ya se hubiera alcanzado.
Fuente técnica: [Agenda España Digital 2025 · digitalización de las Administraciones](https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Documents/2021/270121-%20Agenda_Digital_2025.pdf).
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
21. En la elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias, ¿cuál de los siguientes contenidos normativos NO son objeto de la consulta pública a la que se refiere el artículo 26 de la Ley 50/1997?
- La necesidad y oportunidad de la aprobación de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
- El texto de la norma.
- Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
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El texto de la norma.
La consulta pública previa recaba opiniones sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la norma, sus objetivos y las posibles alternativas. El texto articulado pertenece a una fase posterior de elaboración y audiencia, no al contenido propio de esta consulta inicial.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
22. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está incluido en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 7/2015, de 16 de enero?
- La colocación y asesoramiento a empresas.
- Publicación y actualización de datos estadísticos en relación con el desempleo.
- El asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
- La formación y cualificación para el empleo.
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Publicación y actualización de datos estadísticos en relación con el desempleo.
La cartera común comprendía orientación profesional, colocación y asesoramiento a empresas, formación y cualificación y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. La publicación de estadísticas de desempleo no era uno de esos servicios enumerados en el artículo 7 del Real Decreto 7/2015, aplicable al examen de 2021.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
23. En el procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, señale la respuesta correcta:
- La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado desestimará, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma la reclamación, cuando la misma no se funde en actuaciones que puedan ser incompatibles con la libertad de establecimiento.
- La reclamación podrá dirigirse frente a toda actuación susceptible de recurso administrativo ordinario, y por ello, no cabrá frente a las disposiciones de carácter general.
- Estarán legitimados para interponer la reclamación únicamente los operadores económicos individuales directamente afectados.
- Este procedimiento tiene carácter alternativo, pudiendo en su lugar el operador económico interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan.
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Este procedimiento tiene carácter alternativo, pudiendo en su lugar el operador económico interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan.
La reclamación de protección de operadores económicos ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado es alternativa a los recursos administrativos o judiciales ordinarios. Elegida esa vía, el propio artículo regula cuándo podrán interponerse posteriormente estos recursos; no constituye un trámite obligatorio previo en todos los casos.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
24. ¿Qué dos grandes objetivos económicos han tenido que ser suspendidos para el ejercicio 2021 debido a la gravedad de la situación provocada por la crisis de la COVID-19?
- Las transferencias a las Comunidades Autónomas y las transferencias a la Seguridad Social.
- La estabilidad presupuestaria y la deuda pública.
- El Servicio 50 en cada una de las secciones de los Presupuestos Generales del Estado y los créditos iniciales.
- Los fondos europeos y el plan extraordinario Next Generation EU.
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La estabilidad presupuestaria y la deuda pública.
La situación extraordinaria provocada por la pandemia dio lugar a la suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2020 y 2021. También se suspendió la regla de gasto. Esta decisión se encuadró en la cláusula de excepcionalidad constitucional y de la Ley de Estabilidad, sin extinguir las obligaciones financieras ni las transferencias públicas.
Fuente técnica: [Ministerio de Hacienda · suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021](https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2020/201020-congreso.aspx).
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
25. La Estrategia España Nación Emprendedora contempla para el horizonte 2030 las siguientes metas:
- La creación de la Marca España, Programa de Visados y la creación de una Red Nacional de Centros de Emprendimiento.
- La inversión, el talento, la escalabilidad de las empresas y el sector público emprendedor.
- Ley de Startups, la Oficina Nacional de Emprendimiento y Programa internacional de atracción de talento.
- La educación, la I+D+i y el emprendimiento innovador.
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La inversión, el talento, la escalabilidad de las empresas y el sector público emprendedor.
La Estrategia España Nación Emprendedora, presentada en 2021 con horizonte 2030, articuló sus metas alrededor de inversión, talento, escalabilidad y sector público emprendedor. Se trata del contenido de una estrategia pública, por lo que su fuente es el documento institucional y no un artículo legal que enumere esas metas.
Fuente técnica: [Estrategia España Nación Emprendedora · presentación de 11 de febrero de 2021](https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/110221-sanchez_ene.aspx?galv2r=1).
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
26. De conformidad con el artículo 149 de la CE, ¿cuál de las siguientes es una competencia exclusiva del Estado?
- La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
- La gestión en materia de protección del medio ambiente.
- Legislación básica sobre protección del medio ambiente.
- Los montes y aprovechamientos forestales.
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Legislación básica sobre protección del medio ambiente.
El artículo 149.1.23 atribuye al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente. Las comunidades autónomas pueden establecer normas adicionales de protección; esa posibilidad no elimina la competencia estatal para fijar las bases.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
27. Según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial son denominados:
- Monumentos Naturales.
- Paisajes Protegidos.
- Reservas Naturales.
- Parques.
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Reservas Naturales.
La definición corresponde a las reservas naturales: su finalidad es proteger ecosistemas, comunidades o elementos biológicos especialmente valiosos por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad. Los monumentos naturales se caracterizan, en cambio, por formaciones singulares, raras o de especial belleza. El original y la plantilla definitiva señalan Reservas Naturales, opción B.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
28. Dentro del Catálogo de servicios establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, NO se encuentra el siguiente:
- Servicio de Ayuda a domicilio.
- Servicio de Teleasistencia.
- Centro Médico de atención especializada.
- Centro de Día para menores de 65 años.
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Centro Médico de atención especializada.
El catálogo legal incluye teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial, además de prevención y promoción de la autonomía. Un centro médico de atención especializada no aparece como categoría de ese catálogo de servicios de dependencia.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
29. ¿A quién corresponde dictar la legislación básica en materia de educación según el artículo 149.1.30ª de la CE?
- Al Estado español conjuntamente con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia educativa.
- Al Estado español conjuntamente con las Comunidades Autónomas que hayan adquirido competencias en materia educativa y en colaboración con las Administraciones locales.
- Al Estado español.
- A las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia educativa.
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Al Estado español.
El artículo 149.1.30 atribuye al Estado las normas básicas para desarrollar el artículo 27 y garantizar las obligaciones de los poderes públicos en materia educativa, además de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos. La ejecución autonómica no desplaza esa competencia legislativa básica estatal.
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30. Según el artículo 25 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el visado de residencia y trabajo de temporada habilita para trabajar por cuenta ajena:
- Hasta 9 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.
- Hasta 6 meses en un periodo de 18 meses consecutivos.
- Hasta 9 meses en un periodo de 18 meses consecutivos.
- Hasta 6 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.
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Hasta 9 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.
En la redacción aplicable al examen, el visado de residencia y trabajo de temporada habilitaba para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos. Deben respetarse conjuntamente la duración máxima del trabajo y el período de referencia.
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31. Conforme a la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿qué órgano u organismo define y dirige la política española de cooperación internacional para el desarrollo?
- La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- El Congreso de los Diputados.
- El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
- El Gobierno.
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El Gobierno.
La Ley 23/1998 atribuía al Gobierno la definición y dirección de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. El Ministerio y la Agencia ejercían funciones propias dentro de esa política, sin sustituir la competencia directiva del Gobierno. Se aplica aquí la norma histórica vigente en 2021.
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32. De los siguientes, ¿a qué tipo de información o categoría de datos resulta de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos?
- Al ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea.
- A la actividad de las autoridades competentes con fines de prevención o investigación de delitos o de protección frente amenazas a la seguridad pública.
- Al tratamiento necesario para fines de medicina preventiva o laboral.
- Al tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
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Al tratamiento necesario para fines de medicina preventiva o laboral.
Los datos de salud son una categoría especial, pero no quedan fuera del RGPD. El artículo 9.2.h permite su tratamiento necesario para medicina preventiva o laboral, diagnóstico, asistencia o gestión sanitaria, con las condiciones de la norma y las garantías de secreto del apartado 3; se trata de una excepción a la prohibición, no de una exclusión del Reglamento.
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33. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos?
- Autoridad administrativa independiente.
- Organismo autónomo.
- Entidad pública empresarial.
- Agencia estatal.
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Autoridad administrativa independiente.
La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada. Su independencia en el ejercicio de funciones impide identificarla sin más como organismo autónomo o agencia estatal.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
34. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál es un principio de actuación incluido entre los principios de buen gobierno?
- Mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerada corrección.
- Asegurar un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
- Actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la calidad en la prestación de servicios públicos.
- Guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
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Guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
Guardar reserva sobre hechos o informaciones conocidos por el cargo figura expresamente entre los principios de actuación del artículo 26.2.b. La diligencia y la calidad del servicio son principios generales del apartado a: aunque también sean deberes de buen gobierno, no pertenecen a la categoría concreta preguntada.
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35. La Ley 19/2013 establece que, a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora, el incumplimiento reiterado de las obligaciones legales en materia de publicidad activa será considerado:
- Infracción grave.
- Infracción muy grave.
- Infracción leve.
- Motivo de amonestación al órgano que incurre en él.
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Infracción grave.
El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa se considera infracción grave a efectos del régimen disciplinario aplicable a los responsables. La ley exige reiteración para esta calificación específica y no lo clasifica automáticamente como infracción muy grave.
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36. De acuerdo con la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes materias NO constituye un límite en la aplicación del principio de publicidad activa?
- El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
- La información relativa al grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.
- Los intereses económicos y comerciales.
- La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.
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La información relativa al grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.
Los límites de publicidad activa remiten al artículo 14 y a la protección de datos personales. La información sobre cumplimiento y calidad de los servicios públicos no es, por sí misma, un límite: debe distinguirse la información sometida a transparencia de los intereses jurídicos que pueden justificar restringirla.
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37. De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona, se denomina:
- Inclusión social.
- Transversalidad.
- Normalización.
- Accesibilidad universal.
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Normalización.
La normalización exige que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida en igualdad de condiciones y acceder a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios. La accesibilidad universal se refiere a las condiciones que deben cumplir entornos y servicios para ser utilizables por todas las personas.
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38. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿a quién corresponde aprobar el Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado?
- Al Congreso de los Diputados, al cierre del ejercicio parlamentario.
- A la Comisión Técnica de Igualdad, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
- Al Gobierno, al inicio de cada legislatura.
- A la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, finalizado el plazo de vigencia del anterior Plan.
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Al Gobierno, al inicio de cada legislatura.
Al inicio de cada legislatura, el Gobierno aprueba el Plan para la Igualdad en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. El plan se negocia con la representación legal del personal, pero la competencia de aprobación sigue correspondiendo al Gobierno.
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39. De acuerdo con la CE, la delegación legislativa que las Cortes Generales pueden otorgar al Gobierno deberá realizarse, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, mediante:
- Ley de bases.
- Ley de armonización.
- Ley ordinaria.
- Ley de transferencia.
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Ley de bases.
Cuando la delegación legislativa tiene por objeto elaborar textos articulados, debe otorgarse mediante ley de bases. La ley ordinaria se utiliza cuando se autoriza refundir varios textos legales en uno.
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40. Según el artículo 95.1 de la CE, la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución:
- Exigirá la previa revisión constitucional.
- Exigirá su aprobación por Ley Orgánica.
- Exigirá la autorización del Tribunal Constitucional.
- En ningún caso puede celebrarse.
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Exigirá la previa revisión constitucional.
Un tratado con estipulaciones contrarias a la Constitución exige previamente reformar esta. La autorización parlamentaria o la aprobación por ley orgánica no eliminan por sí solas la contradicción constitucional.
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41. Conforme al artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso extraordinario de revisión:
- Ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Ante el Consejo de Estado.
- Ante el órgano administrativo que los dictó.
- Ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
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Ante el órgano administrativo que los dictó.
El recurso extraordinario de revisión se interpone ante el mismo órgano administrativo que dictó el acto firme, que también es competente para resolverlo. Su carácter extraordinario deriva de los motivos tasados que permiten revisar la firmeza; no se dirige al superior jerárquico como el recurso de alzada.
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42. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada, según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, cuando hayan transcurrido:
- Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
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Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Si la notificación electrónica es obligatoria o ha sido elegida expresamente, se entiende rechazada al pasar diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder al contenido. Son días naturales, no hábiles, y la regla se refiere al rechazo, no al plazo de resolución del procedimiento.
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43. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), la falta de solvencia económica en los contratos celebrados por poderes adjudicadores constituye:
- Un supuesto de nulidad de pleno derecho del contrato.
- Una causa de resolución del contrato.
- Una causa de anulabilidad del contrato.
- Una irregularidad no invalidante que puede ser subsanable por el contratista.
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Un supuesto de nulidad de pleno derecho del contrato.
La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional debidamente acreditada es una causa de nulidad de pleno derecho de los contratos de poderes adjudicadores. La solvencia afecta a la aptitud exigible al contratista y no es un defecto que la ley clasifique simplemente como anulabilidad.
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44. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia, NO serán de aplicación las disposiciones de la LCSP relativas a la preparación y adjudicación del contrato si su valor estimado es inferior a:
- 100.000 euros.
- 30.000 euros.
- 15.000 euros.
- 40.000 euros.
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30.000 euros.
Para la asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y valor estimado inferior a 30.000 euros, el artículo 131.4 exceptúa las reglas de preparación y adjudicación. La especialidad exige justificar la urgencia, determinar el objeto, fijar el precio y designar la empresa que prestará el servicio.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
45. Conforme a la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad patrimonial concurrente, a falta de reglas específicas de la organización colegiada:
- La Administración competente en el procedimiento se acordará según la intensidad de su intervención en el servicio, y la responsabilidad será mancomunada.
- La Administración competente en el procedimiento será la que cuente con mayor participación en la financiación del servicio, y la responsabilidad será solidaria.
- Cada Administración será competente en el procedimiento según la intensidad de su intervención y el interés público tutelado, y la responsabilidad será solidaria.
- Se decidirá qué Administración es competente en función del interés público tutelado, y la responsabilidad será mancomunada.
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La Administración competente en el procedimiento será la que cuente con mayor participación en la financiación del servicio, y la responsabilidad será solidaria.
En actuaciones conjuntas de varias Administraciones, la responsabilidad frente al particular es solidaria. Si las reglas de la organización colegiada no determinan la Administración competente para tramitar el procedimiento, lo será la que tenga mayor participación en la financiación del servicio.
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46. Según el artículo 208 de la LCSP, si la Administración acuerda la suspensión de un contrato de obras, ¿cuándo prescribe el derecho a reclamar contado desde que el contratista recibe la orden de reanudar la ejecución del contrato?
- En dieciocho meses.
- En seis meses.
- En tres meses.
- En un año.
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En un año.
El derecho a reclamar los daños y perjuicios derivados de la suspensión prescribe al año desde que el contratista recibe la orden de reanudar la ejecución. El punto inicial es esa recepción, no la fecha en la que comenzó la suspensión.
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47. De conformidad con el artículo 120 de la LCSP, señale la respuesta correcta respecto a la tramitación de emergencia de los contratos en el sector público:
- Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Función Pública en el plazo máximo de veinte días.
- En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
- El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a quince días, contados desde la adopción del acuerdo de iniciación del órgano de contratación.
- Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se excluirán las mismas de lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.
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En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
La emergencia permite ordenar lo necesario para remediar el acontecimiento sin la tramitación ordinaria previa. Si falta crédito adecuado y suficiente, se dota después del acuerdo conforme a la Ley General Presupuestaria; esa excepcionalidad no elimina las reglas de cumplimiento, recepción y liquidación que correspondan.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
48. En aplicación del artículo 307 de la LCSP, en el supuesto de suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses desde la fecha señalada en el contrato para la entrega, el contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización:
- Del 5% del precio del contrato, IVA excluido.
- Del 3% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
- Del 3% del precio del contrato, IVA incluido.
- Del 6% del precio de las entregas dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.
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Del 3% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
Si la Administración retrasa la iniciación del suministro durante más de cuatro meses por causa imputable a ella, el contratista tiene derecho al 3 % del precio de adjudicación, IVA excluido. Esta indemnización se distingue de la prevista por desistimiento o suspensión de un suministro cuya ejecución ya se inició.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
49. Según la LCSP, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será:
- De veinte días a contar desde la apertura de las proposiciones.
- De dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
- De un mes a contar desde la apertura de las proposiciones.
- De quince días a contar desde que finalizó el plazo para la presentación de proposiciones.
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De dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
Cuando se valoran varios criterios, el plazo máximo ordinario de adjudicación es de dos meses desde la apertura de las proposiciones, salvo otro previsto en el pliego. El artículo 158 establece reglas específicas de cómputo y ampliación, por lo que ese plazo no debe confundirse con el de presentación de ofertas.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
50. De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la concesión de subvenciones de cuantía superior a:
- Diez millones de euros.
- Doce millones de euros.
- Veinte millones de euros.
- Quince millones de euros.
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Doce millones de euros.
La concesión de subvenciones por importe superior a doce millones de euros exige autorización previa del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando así lo disponga la normativa reguladora. La autorización no sustituye las restantes actuaciones del procedimiento.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
51. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 38/2003, las subvenciones nominativas se canalizarán:
- Por convenio o resolución de concesión.
- Por resolución de concesión o contrato.
- Por resolución de concesión en un procedimiento de concurrencia competitiva.
- Por subcontratación de la actividad subvencionada.
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Por convenio o resolución de concesión.
Las subvenciones nominativas presupuestarias se canalizan habitualmente mediante convenio, y la resolución de concesión o el convenio establecen sus condiciones y compromisos. No deben confundirse estos instrumentos con una convocatoria de concurrencia competitiva, porque las nominativas pertenecen a los supuestos de concesión directa.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
52. De acuerdo con el Título III de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, constituye un procedimiento especial de expropiación:
- La expropiación por razones de defensa nacional.
- El procedimiento de urgencia.
- La expropiación por razones sanitarias.
- La expropiación en materia de propiedad industrial.
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La expropiación por razones de defensa nacional.
La expropiación por razones de defensa nacional forma parte de los procedimientos especiales del título III. La ley distingue las necesidades militares ordinarias de las requisas y otras intervenciones asociadas a circunstancias excepcionales; no es simplemente el procedimiento general con otro beneficiario.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
53. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o con bienes muebles por más de cuatro años requiere:
- Concesión administrativa.
- Autorización administrativa.
- Comunicación previa a la Administración.
- Podrá realizarse libremente.
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Concesión administrativa.
El aprovechamiento especial o uso privativo con instalaciones desmontables o bienes muebles requiere concesión cuando su duración excede de cuatro años. La autorización es la figura ordinaria para duraciones inferiores dentro de este régimen.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
54. De acuerdo con la Ley 33/2003, la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por parte de las Administraciones públicas se ajusta a uno de los siguientes principios:
- Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
- Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
- Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
- Ejercicio diligente de las prerrogativas que la citada Ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
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Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
La publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad orientan la adquisición, explotación y enajenación de bienes patrimoniales. Los principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad caracterizan en cambio a los bienes de dominio público.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
55. Señale la respuesta correcta de acuerdo con las Leyes 39/2015 y 40/2015 en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas:
- Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, incluso en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
- La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive no pone fin a la via administrativa.
- Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
- Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar, que prescribirá a los 2 años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
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Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
En responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses sin resolución expresa notificada ni acuerdo formalizado, el particular puede entender desestimada su pretensión. El silencio es negativo: la falta de respuesta no reconoce automáticamente el derecho a ser indemnizado.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
56. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 la actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención:
- Dará lugar a la responsabilidad que proceda.
- Implicará la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
- Será causa de anulabilidad del acto conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- Implicará necesariamente la invalidez de los actos en que haya intervenido y la exigencia de la responsabilidad que proceda.
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Dará lugar a la responsabilidad que proceda.
La falta de abstención cuando concurre una causa legal da lugar a la responsabilidad que proceda. La actuación de una persona que debía abstenerse no implica necesariamente y en todo caso la invalidez del acto; la ley separa expresamente ambas consecuencias.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
57. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Dichas actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo:
- No superior a quince días.
- De siete días.
- De veinte días.
- No inferior a diez días ni superior a quince.
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No superior a quince días.
Las actuaciones complementarias indispensables se acuerdan motivadamente antes de resolver y deben practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver queda suspendido hasta su terminación y se concede a los interesados la oportunidad de alegar.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
58. De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, iniciado el procedimiento, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, se pueden adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer:
- Por el órgano administrativo competente para instruir, únicamente de oficio y de forma motivada.
- Por el órgano administrativo competente para resolver, únicamente de oficio y de forma motivada.
- Por el órgano administrativo competente para instruir, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
- Por el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
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Por el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
Una vez iniciado el procedimiento, corresponde al órgano competente para resolver adoptar medidas provisionales, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, si hay elementos de juicio suficientes. Deben respetar proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad y servir para asegurar la eficacia de la resolución.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
59. De las siguientes afirmaciones sobre la nulidad y anulabilidad de actos administrativos, ¿cuál es correcta de acuerdo con la Ley 39/2015?
- La nulidad o anulabilidad de un acto implicará necesariamente la de los sucesivos en el procedimiento.
- Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
- La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.
- La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará siempre la de las restantes partes del mismo.
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Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
La conversión permite que un acto nulo o anulable produzca los efectos de otro distinto cuando contiene sus elementos constitutivos. No equivale a sanar el acto original ni a afirmar que todos los actos nulos puedan convalidarse.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
60. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad:
- Desde el día siguiente al de su presentación o desde el día en que las Administraciones hayan ejercicio su facultad de comprobación, control e inspección, dependiendo del derecho que se pretenda ejercer.
- Desde el día en el que las Administraciones públicas hayan ejercido su facultad de comprobación, control e inspección.
- Desde el día siguiente al de su presentación.
- Desde el día de su presentación.
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Desde el día de su presentación.
Como regla del artículo 69.3, la declaración responsable o comunicación permite iniciar la actividad o ejercer el derecho desde su presentación, sin perjuicio de comprobación, control e inspección. La comunicación puede presentarse después del inicio únicamente cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
61. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, ¿qué actos deberán ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?
- Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- Todos los actos administrativos.
- Los actos que se dicten de acuerdo con el criterio seguido en actuaciones precedentes o con el dictamen de órganos consultivos.
- Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.
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Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
Deben motivarse las resoluciones de revisión de oficio, recursos administrativos y arbitraje, así como las que declaren su inadmisión. El artículo 35 establece supuestos concretos de motivación y no una obligación idéntica para todos los actos sin distinción.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
62. De conformidad con la Ley 39/2015, son susceptibles de recurso:
- El acuerdo que resuelva sobre la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, que deberá ser notificado a los interesados.
- El acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.
- Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación.
- Las resoluciones que declaren la caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
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Las resoluciones que declaren la caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
La resolución que declara la caducidad pone fin al procedimiento y puede recurrirse. Debe distinguirse de los actos de trámite ordinarios y de los acuerdos para los que la ley excluye recurso autónomo; la caducidad no elimina por sí sola las vías de impugnación.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
63. De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para su interposición será:
- De 30 días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho.
- De 20 días desde que concluya el requerimiento y, de no mediar este, de 15 días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho.
- De 10 días desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30 de la Ley, en relación con el requerimiento y, en caso de no mediar este, de 20 días desde el inicio de la actuación administrativa en via de hecho.
- De 2 meses desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho.
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De 10 días desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30 de la Ley, en relación con el requerimiento y, en caso de no mediar este, de 20 días desde el inicio de la actuación administrativa en via de hecho.
Si se formula requerimiento para cesar la vía de hecho y no se atiende en diez días, el recurso debe interponerse en los diez días siguientes a la terminación de ese plazo. Si no hay requerimiento, el plazo es de veinte días desde el inicio de la actuación material.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
64. De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), NO se encuentra dentro de la clasificación de empleado público, el:
- Personal funcionario interino.
- Personal laboral temporal.
- Personal directivo profesional.
- Personal eventual.
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Personal directivo profesional.
El personal directivo profesional se regula en el artículo 13, pero no constituye una de las cuatro clases de empleados públicos enumeradas en el artículo 8. Esa clasificación comprende funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
Anulada · no puntúa
65. [ANULADA] De acuerdo con el artículo 10 del TREBEP, el nombramiento de funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas, podrá tener una duración:
- Máxima de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses.
- ANULADA
- Máxima de 3 meses, dentro de un periodo de 6 meses.
- Máxima de 12 meses, ampliable por una sola vez por otros 6.
Motivo y explicación
La plantilla definitiva anuló la pregunta. El artículo 10.1.d fue modificado en julio de 2021: el nombramiento por exceso o acumulación de tareas pasó a admitir hasta nueve meses en dieciocho, frente a los seis en doce de la redacción anterior. Esa variación histórica debe tenerse en cuenta para estudiar el enunciado, sin atribuirle una respuesta puntuable.
Pregunta anulada en la plantilla definitiva; el fundamento se ofrece para el estudio y no convierte ninguna alternativa en puntuable.
66. De conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, obtenida la compatibilidad, los servicios prestados en el segundo puesto o actividad:
- No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos.
- Se computarán a efectos de derechos pasivos pero no a efectos de trienios.
- Se computarán a efectos de derechos pasivos proporcionalmente a su cuantía.
- Se computarán a efectos trienios pero no a efectos de derechos pasivos.
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No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos.
Los servicios del segundo puesto o actividad autorizados mediante compatibilidad no se computan para trienios ni derechos pasivos. Tampoco permiten duplicar pagas extraordinarias o prestaciones familiares, que solo pueden percibirse por uno de los puestos.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
67. De acuerdo con lo establecido en el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en relación con los procesos selectivos, indique qué respuesta es INCORRECTA:
- El concurso-oposición se utilizará en aquellos procesos selectivos en los que se considere que la experiencia laboral es un elemento sustancial para establecer la idoneidad y capacidad de los candidatos en relación con el futuro desempeño.
- La oposición incorporará en todo caso una prueba práctica, que permita valorar las capacidades de quienes concurran para desempeñar las funciones del puesto objeto de provisión.
- La selección de personal para cubrir las necesidades no permanentes mediante contratación temporal, incluirá siempre una fase de oposición.
- En el concurso se valorarán los méritos profesionales, los méritos académicos y, atendiendo a la naturaleza del proceso selectivo, la antigüedad reconocida en el ámbito del Convenio único.
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La selección de personal para cubrir las necesidades no permanentes mediante contratación temporal, incluirá siempre una fase de oposición.
Es incorrecto afirmar que toda contratación temporal exige siempre una fase de oposición. El artículo 33 prevé sistemas graduados según duración y características, preselección por servicios públicos de empleo y bolsas de trabajo; el artículo 29 reconoce oposición, concurso y concurso-oposición.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
68. Según el artículo 4 del TREBEP, las disposiciones de dicho Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:
- Personal de las Universidades Públicas.
- Personal de servicios de salud.
- Personal docente.
- Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
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Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
El personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia está incluido entre los colectivos a los que el TREBEP solo se aplica directamente cuando lo disponga su legislación específica. No debe confundirse esa regla con el régimen del personal docente o sanitario del artículo 2.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
69. Según el TREBEP, ¿cuál es un derecho individual ejercido colectivamente por los empleados públicos?
- Derecho a la libertad sindical.
- Derecho a la libre asociación profesional.
- Derecho a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
- Derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
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Derecho a la libertad sindical.
La libertad sindical es un derecho individual que se ejerce colectivamente y aparece en el artículo 15. La clasificación lo separa de los derechos individuales del artículo 14, como vacaciones, formación o percepción de retribuciones.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
70. Según el artículo 48 del TREBEP, los funcionarios públicos disponen de un permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario de un familiar:
- Dentro del primer grado de consanguinidad pero no de afinidad, siendo este permiso de 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.
- Dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, siendo este permiso de 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.
- Dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, siendo este permiso de 2 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad.
- Dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, siendo este permiso de 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.
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Dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, siendo este permiso de 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.
En la redacción vigente en noviembre de 2021, el artículo 48.a concedía por el supuesto descrito de un familiar de primer grado tres días hábiles en la misma localidad y cinco en distinta localidad. Para segundo grado eran dos y cuatro; las reformas posteriores no deben trasladarse a la corrección histórica.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
71. De acuerdo con el TREBEP, quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular:
- Sí devengarán retribuciones, y les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
- Sí devengarán retribuciones, pero no les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
- No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
- No devengarán retribuciones, pero sí les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
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No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
La excedencia por interés particular no genera retribuciones ni computa a efectos de ascensos, trienios o derechos en el régimen de Seguridad Social aplicable. No debe confundirse con otras excedencias protegidas que sí reconocen determinados efectos administrativos o de cotización.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
72. Según el artículo 46 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, en las comisiones de valoración de los concursos de provisión de puestos de trabajo, la autoridad convocante designará un mínimo de:
- Cinco miembros.
- Cuatro miembros.
- Siete miembros.
- Seis miembros.
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Cuatro miembros.
La autoridad convocante debe designar al menos cuatro miembros de la comisión de valoración, de los cuales uno ejerce la presidencia y otro la secretaría. Es una comisión para concursos de provisión, no el tribunal de un proceso selectivo de ingreso, al que se aplican otras reglas.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
73. De acuerdo con el artículo 8 del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, para el ingreso en el grupo profesional E2 se exige:
- Título de Bachiller o Técnico o equivalentes.
- Título clasificado en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o título Profesional Básico o equivalentes.
- Título clasificado en el nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.
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Título de Bachiller o Técnico o equivalentes.
El grupo profesional E2 exige título de Bachiller o Técnico, o equivalentes. El convenio vincula cada grupo a una titulación de acceso, de modo que no deben confundirse E2 con E1 ni con los grupos M, que responden a otras titulaciones.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
74. Entre las acciones positivas en las actividades de formación contempladas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se encuentra la siguiente:
- Durante dos años, las empleadas públicas tendrán preferencia en la adjudicación de plazas en cursos de formación tras la incorporación de una licencia por maternidad.
- En las convocatorias de cursos de formación para el acceso a puestos directivos se reservará a las empleadas públicas al menos un 30% de las plazas cuando reúnan los requisitos establecidos.
- En las convocatorias de cursos de formación para el acceso a puestos directivos se reservará a las empleadas públicas al menos un 50% de las plazas cuando reúnan los requisitos establecidos.
- Durante un año, los empleados y empleadas públicas tendrán preferencia en la adjudicación de plazas en cursos de formación si se han incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad.
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Durante un año, los empleados y empleadas públicas tendrán preferencia en la adjudicación de plazas en cursos de formación si se han incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad.
Durante un año se da preferencia para participar en cursos de formación a quienes se reincorporan desde permisos de maternidad o paternidad y desde determinadas excedencias por cuidado. La medida facilita actualizar conocimientos tras la interrupción de la actividad y no constituye una reserva permanente de plazas.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
75. De conformidad con la Ley 40/2015, ¿cuál de estas funciones es competencia del Subsecretario?
- Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento.
- Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.
- Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
- Convocar concursos de personal laboral.
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Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
El subsecretario tiene atribuida la convocatoria y resolución de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. El artículo 63 separa esa competencia de otras funciones de dirección superior del ministro y de gestión de los órganos dependientes.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
76. ¿Cuál de los siguientes NO es reconocido en el TREBEP como un derecho individual de los empleados públicos?
- Derecho a la inamovilidad en el puesto de trabajo.
- Derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital.
- Derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Derecho a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
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Derecho a la inamovilidad en el puesto de trabajo.
El TREBEP reconoce la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, no un derecho absoluto a permanecer en un puesto concreto. Los puestos pueden estar sujetos a los procedimientos de provisión, movilidad y remoción previstos legalmente.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
77. De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, ¿cuánto tiempo pueden permanecer los funcionarios en situación de expectativa de destino?
- Un período de máximo de 6 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.
- Un período máximo de 1 año, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.
- Un período máximo de 18 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
- Un período máximo de 6 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
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Un período máximo de 1 año, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.
La expectativa de destino tiene una duración máxima de un año. Transcurrido ese plazo se pasa a excedencia forzosa, sin perjuicio de que el incumplimiento de las obligaciones propias de la expectativa también pueda producir ese cambio.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
78. Señale la respuesta correcta en relación con la movilidad por razones de salud, de conformidad con el Real Decreto 364/1995:
- El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto deberán producirse en el plazo de 3 días hábiles si no implica cambio de residencia y 8 días si comporta cambio de residencia.
- Puede concederse por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge, padres e hijos a su cargo.
- Debe existir puesto vacante de necesaria provisión y dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino y específico no puede ser superior al del puesto de origen.
- La adscripción tendrá en todo caso carácter provisional hasta que no se obtenga de forma definitiva por los procedimientos ordinarios de provisión.
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Debe existir puesto vacante de necesaria provisión y dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino y específico no puede ser superior al del puesto de origen.
La movilidad por salud o rehabilitación exige un puesto vacante de necesaria provisión y dotado presupuestariamente. El nivel de complemento de destino y el específico no pueden superar los del puesto de origen; la medida no permite obtener automáticamente un puesto de mayor retribución.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
Anulada · no puntúa
79. [ANULADA] ¿Cuál de las siguientes situaciones NO originará el derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución de retribuciones?
- Cuidado de familiar de primer grado por enfermedad muy grave durante el periodo máximo de un mes.
- ANULADA
- Cuidado de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida.
- Hospitalización de un hijo recién nacido a continuación del parto, si el progenitor reduce su jornada más de dos horas diarias.
Motivo y explicación
La plantilla definitiva anuló esta pregunta. El TREBEP diferencia reducciones con disminución salarial, como ciertas guardas legales, de otras con retribución, como el cuidado de familiar de primer grado con enfermedad muy grave en los límites del artículo 48.i. En violencia de género existen además garantías salariales específicas; no debe forzarse una única alternativa puntuable tras la anulación.
Pregunta anulada en la plantilla definitiva; el fundamento se ofrece para el estudio y no convierte ninguna alternativa en puntuable.
80. Según el TREBEP, ¿a cuál de estos permisos podría acogerse una funcionaria por razón de violencia de género?
- Reducción de la jornada, siempre con disminución proporcional de retribuciones.
- Reducción de la jornada, percibiendo las retribuciones íntegras si reduce su jornada en un tercio o menos.
- Reducción de la jornada, percibiendo las retribuciones básicas si su jornada se reduce en dos tercios o menos.
- Reducción de la jornada, percibiendo las retribuciones íntegras si su jornada se reduce en dos tercios o menos.
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Reducción de la jornada, percibiendo las retribuciones íntegras si reduce su jornada en un tercio o menos.
En noviembre de 2021, la funcionaria víctima de violencia de género podía reducir su jornada y conservar las retribuciones íntegras si la reducción era de un tercio o menos. El artículo 49.d también permite reordenar el tiempo de trabajo para hacer efectiva su protección o asistencia social integral.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
81. De acuerdo con el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, indique la sanción que NO puede imponerse por la comisión de faltas disciplinarias:
- Traslado con cambio de residencia.
- Suspensión de funciones.
- Separación del servicio.
- Deducción proporcional de retribuciones.
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Deducción proporcional de retribuciones.
La deducción proporcional por la parte de jornada no realizada no tiene carácter sancionador según el artículo 30 del TREBEP. Por ello no debe incluirse entre las sanciones disciplinarias vigentes del artículo 14 del reglamento, cuya antigua letra sobre deducción retributiva fue derogada.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
82. De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, los tribunales de los procesos selectivos, salvo excepción justificada, estarán constituidos por:
- Siete miembros, funcionarios de carrera, debiendo designarse el mismo número de suplentes.
- Un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no superior a cinco, debiendo designarse el mismo número de suplentes.
- Cinco miembros, funcionarios de carrera, debiendo designarse el mismo número de suplentes.
- Un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de suplentes.
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Un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de suplentes.
Los tribunales de selección se componen, salvo excepción justificada, de un número impar de funcionarios de carrera no inferior a cinco y del mismo número de suplentes. No son equivalentes a las comisiones de valoración de concursos de provisión.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
83. Señale la respuesta correcta en relación con los planes económico-financieros de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera:
- Su puesta en marcha no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde su presentación.
- Su presentación no podrá exceder el plazo máximo de dos meses desde que se constate el incumplimiento.
- Su presentación no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento.
- Su aprobación no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde su presentación.
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Su presentación no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento.
El plan económico-financiero debe presentarse en el plazo máximo de un mes desde que se constata el incumplimiento. La ley fija además otros plazos para aprobación y puesta en marcha, que no deben confundirse con el de presentación preguntado.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
84. El artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012 establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda de las Administraciones públicas gozará de prioridad absoluta:
- Frente a cualquier otro gasto, excluidos los gastos de personal.
- Solo frente a los gastos no corrientes.
- Frente a cualquier otro gasto.
- Solo frente a los gastos corrientes.
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Frente a cualquier otro gasto.
El pago de capital e intereses de la deuda pública tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro gasto. La norma no establece una excepción general para los gastos de personal o para los gastos corrientes.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
85. El artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante LGP) establece que la programación presupuestaria se regirá, entre otros, por el principio de:
- Publicidad.
- Legalidad presupuestaria.
- Sostenibilidad financiera.
- Eficacia en la asignación de recursos.
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Sostenibilidad financiera.
La sostenibilidad financiera figura expresamente entre los principios de programación presupuestaria junto con estabilidad, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional. No se trata únicamente de cuadrar el presupuesto de un ejercicio aislado.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
86. La LGP dispone que en el proceso de elaboración de las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado:
- El Ministerio de Hacienda y Función Pública (según estructura ministerial vigente) elabora los escenarios presupuestarios plurianuales.
- Cada Departamento ministerial prepara su presupuesto de gastos y lo eleva a las Cortes Generales.
- El Consejo de Estado informa el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Ministros.
- Las Cortes Generales establecen Comisiones de Análisis de Gastos para el estudio de las propuestas recibidas.
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El Ministerio de Hacienda y Función Pública (según estructura ministerial vigente) elabora los escenarios presupuestarios plurianuales.
Los escenarios presupuestarios plurianuales los confecciona el Ministerio de Hacienda y se comunican al Consejo de Ministros antes de aprobar el proyecto anual de presupuestos. La denominación ministerial del examen incluye Función Pública, pero la competencia material deriva del artículo 28.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
87. De conformidad con el artículo 47.2 de la LGP, señale la respuesta correcta en relación con un arrendamiento de inmueble que conlleve un compromiso de gasto de carácter plurianual:
- El gasto que se impute al segundo ejercicio no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial al que corresponda la operación el 60%.
- El gasto que se impute al segundo ejercicio no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial al que corresponda la operación el 50%.
- Las limitaciones del artículo 47.2 no son de aplicación a los compromisos derivados de los arrendamientos de inmuebles.
- El gasto que se impute al segundo ejercicio no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial al que corresponda la operación el 70%.
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Las limitaciones del artículo 47.2 no son de aplicación a los compromisos derivados de los arrendamientos de inmuebles.
El artículo 47.2 excluye de sus límites de anualidades y porcentajes los compromisos por arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. La excepción no elimina los restantes requisitos presupuestarios ni se extiende a cualquier contrato plurianual.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
88. Según la LGP, los créditos extraordinarios que tengan su origen en necesidades derivadas de operaciones no financieras del Presupuesto se podrán financiar:
- Mediante deuda pública.
- Mediante la baja en créditos de operaciones financieras.
- Mediante baja en los créditos del Fondo de Contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados.
- Mediante la tramitación de una transferencia de crédito.
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Mediante baja en los créditos del Fondo de Contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados.
Si la necesidad es una operación no financiera, el crédito extraordinario puede financiarse con baja en el Fondo de Contingencia o en otros créditos no financieros adecuados. La financiación mediante Deuda Pública se prevé para las necesidades de operaciones financieras, por lo que no es la regla del caso planteado.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
89. De acuerdo con el artículo 58 de la LGP, ¿en qué supuestos podrán incorporarse los remanentes de crédito de un ejercicio anterior?
- Cuando lo disponga la Intervención General de la Administración del Estado.
- Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de créditos concedidos mediante norma con rango de Ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.
- Cuando procedan de generaciones de crédito del artículo 53.2, párrafo b), referido a las ventas de bienes y prestación de servicios.
- Siempre que no se haya podido ejecutar en su totalidad el presupuesto del ejercicio anterior.
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Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de créditos concedidos mediante norma con rango de Ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.
Pueden incorporarse los remanentes de créditos extraordinarios y suplementos concedidos por norma con rango de ley en el último mes del ejercicio anterior. La incorporación es una excepción legal a la anualidad y no procede por el mero hecho de que un crédito haya quedado sin gastar.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
90. De conformidad con lo establecido en la LGP, la Cuenta General del Estado:
- Se formará por el Gobierno que la someterá a la aprobación de la Intervención General de la Administración del Estado, para su posterior remisión al Tribunal de Cuentas.
- Se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para ser sometida a la aprobación del Congreso de los Diputados y, posteriormente, ser remitida al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
- Se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
- Se formará por las Cortes Generales y se remitirá al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
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Se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
La IGAE forma la Cuenta General del Estado y la eleva al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente. La formación contable, la elevación al Gobierno y la fiscalización externa corresponden a fases y órganos distintos.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
91. El Tribunal de Cuentas estará integrado por:
- Un total de 15 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de las 3/4 partes de sus componentes para la válida constitución del Pleno.
- Un total de 12 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de los 2/3 de sus componentes para la válida constitución del Pleno.
- Un total de 15 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de los 2/3 de sus miembros para la válida constitución del Pleno.
- Un total de 16 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesaria la mayoría de sus miembros para la válida constitución del Pleno.
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Un total de 12 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de los 2/3 de sus componentes para la válida constitución del Pleno.
El Pleno del Tribunal de Cuentas está integrado por doce Consejeros de Cuentas, uno de ellos Presidente, y el Fiscal. Para constituirse válidamente necesita dos tercios de sus componentes; los acuerdos se adoptan por mayoría de asistentes.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
92. La Regla 83 de la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, indica en relación con la tramitación de subvenciones nominativas que, una vez dictado el acuerdo de concesión por el órgano competente, el servicio gestor formulará un documento:
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AD o ADOK.
Una vez concedida la subvención nominativa, el servicio gestor formula un documento AD, o ADOK si se acumula también el reconocimiento de la obligación. La regla 83 distingue ambas posibilidades: la autorización y disposición del gasto pueden documentarse separadamente del reconocimiento de la obligación o acumularse con él.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
93. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, durante la vigencia de estos presupuestos se considerarán vinculantes los siguientes créditos:
- 240. Gastos de edición y Distribución.
- 226.07 Oposiciones y Pruebas selectivas.
- 227.02 Publicidad y Propaganda.
- 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
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227.06 Estudios y trabajos técnicos.
La ley presupuestaria de 2021 establece vinculación específica para el subconcepto 227.06, Estudios y trabajos técnicos. Debe atenderse a esa regla anual de especialidad presupuestaria y no aplicar sin más la vinculación general de todos los gastos corrientes del capítulo 2.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
94. Conforme a la Ley 38/2003, el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se inicia:
- De oficio o a instancia de parte.
- Siempre de oficio.
- Siempre a solicitud del beneficiario, en calidad de interesado.
- Siempre a instancia de parte.
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Siempre de oficio.
El procedimiento de concesión en concurrencia competitiva se inicia siempre de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. Las solicitudes de los interesados se presentan después dentro del procedimiento ya convocado y no convierten su inicio en un procedimiento a instancia de parte.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
95. En la aplicación presupuestaria 15.01.923M.202:
- El número 15 se refiere a la Sección presupuestaria, las cifras 01 al Capítulo correspondiente del presupuesto de gastos, las cifras 923M al Programa presupuestario y las cifras 202 al Concepto presupuestario al que se aplica el gasto.
- El número 15 se refiere a la Sección presupuestaria, las cifras 01 al Servicio presupuestario, las cifras 923M al Programa presupuestario y las cifras 202 al Concepto presupuestario al que se aplica el gasto.
- El número 15 se refiere al Servicio presupuestario, las cifras 01 a la Sección correspondiente del presupuesto de gastos, las cifras 923M al Programa presupuestario y las cifras 202 al Concepto presupuestario al que se aplica el gasto.
- El número 15 se refiere al Servicio presupuestario, las cifras 01 al Capítulo correspondiente del presupuesto de gastos, las cifras 923M al Programa presupuestario y las cifras 202 al Concepto presupuestario al que se aplica el gasto.
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El número 15 se refiere a la Sección presupuestaria, las cifras 01 al Servicio presupuestario, las cifras 923M al Programa presupuestario y las cifras 202 al Concepto presupuestario al que se aplica el gasto.
La aplicación combina clasificación orgánica, por programas y económica: 15 identifica la sección, 01 el servicio, 923M el programa y 202 el concepto. Los tres últimos dígitos son un concepto económico, no el capítulo ni un subconcepto de cinco dígitos.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
96. De acuerdo con el Capítulo IV de la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos de la clasificación económica, ¿cuál de los siguientes gastos ha de imputarse al capítulo 4 del presupuesto de gastos?
- Una ayuda estatal destinada a la compra de una vivienda.
- La compra de un ordenador.
- Una transferencia a una Comunidad Autónoma destinada a financiar la construcción de un hospital.
- Una indemnización a satisfacer por la Administración como consecuencia del funcionamiento de un servicio público siempre que por su naturaleza no deba imputarse a otro capítulo.
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Una indemnización a satisfacer por la Administración como consecuencia del funcionamiento de un servicio público siempre que por su naturaleza no deba imputarse a otro capítulo.
El capítulo 4 recoge transferencias corrientes e incluye las indemnizaciones por funcionamiento de los servicios públicos cuando su naturaleza no determine otro capítulo. Las ayudas para construir un hospital o adquirir una vivienda son transferencias de capital; la adquisición de un ordenador es inversión real.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
97. Según la Resolución de 20 de enero de 2014, los trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior se imputan al subconcepto:
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227.15
El subconcepto 227.15 corresponde a trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior. Se integra en el concepto 227, dentro de los gastos corrientes en bienes y servicios, y no debe confundirse con otros trabajos externos clasificados por su objeto específico.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
98. Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe del recargo que se ha de satisfacer cuando se paga un tributo fuera del periodo voluntario, pero antes de recibir la notificación de la providencia de apremio, es:
- El 20% del principal y no conlleva cobro de intereses de demora.
- El 5% del principal y no conlleva cobro de intereses de demora.
- El 20% del principal y conlleva cobro de intereses de demora.
- El 10% del principal y no conlleva cobro de intereses de demora.
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El 5% del principal y no conlleva cobro de intereses de demora.
Si se paga íntegramente la deuda después del período voluntario pero antes de notificarse la providencia de apremio, procede el recargo ejecutivo del 5 %. Este recargo excluye los intereses de demora del período ejecutivo, a diferencia del recargo de apremio ordinario.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
99. De conformidad con la LGP, las tasas y precios públicos tienen la consideración de:
- Ingresos corrientes.
- Ingresos de capital.
- Operaciones financieras.
- Ingresos patrimoniales.
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Ingresos corrientes.
La clasificación económica sitúa tasas y precios públicos entre los ingresos corrientes, junto con impuestos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. Su distinta naturaleza jurídica no hace que pertenezcan a operaciones de capital o financieras.
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100. En las retribuciones de los funcionarios públicos:
- Las gratificaciones por servicios extraordinarios se fijan en atención a la valía personal y la consecución de resultados.
- El complemento específico se establece en las leyes anuales de presupuestos en función del nivel del puesto de trabajo desempeñado.
- El complemento de productividad se establece en las leyes anuales de presupuestos en función del nivel del puesto de trabajo desempeñado.
- El sueldo y los trienios dependen del Grupo o Subgrupo de clasificación profesional al que pertenece su cuerpo o escala.
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El sueldo y los trienios dependen del Grupo o Subgrupo de clasificación profesional al que pertenece su cuerpo o escala.
El sueldo se asigna según el grupo o subgrupo de clasificación, y los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo o subgrupo por cada tres años de servicio. Productividad, complemento específico y gratificaciones responden a criterios retributivos diferentes.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
Reserva
101. En la Administración General del Estado, ¿cuál de estos puestos NO puede cubrirse por el procedimiento de libre designación?
- Secretario del Subdirector General.
- Secretario del Secretario General Técnico.
- Secretario del Director General.
- Secretario de un Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear.
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Secretario del Subdirector General.
La libre designación se limita a los puestos enumerados en el artículo 51.2 y a otros de especial responsabilidad expresamente determinados. La secretaría personal que menciona la norma es la de altos cargos: un subdirector general no tiene esa condición, por lo que su secretario no queda incluido por ese solo motivo.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
Reserva
102. De conformidad con el artículo 108 de la CE, el Gobierno responde solidariamente en su gestión política:
- Ante el Congreso de los Diputados.
- Ante las Cortes Generales.
- Ante el pueblo español.
- Ante el Rey.
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Ante el Congreso de los Diputados.
El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. La responsabilidad solidaria del conjunto no debe confundirse con la responsabilidad individual de los ministros ni con las funciones de control que también puede ejercer el Senado.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
Reserva
103. De conformidad con el TREBEP y respecto a los derechos retributivos, los trienios son:
- Una retribución básica.
- Una retribución complementaria.
- Una paga extraordinaria.
- Una indemnización.
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Una retribución básica.
Los trienios se incluyen entre las retribuciones básicas, junto al sueldo. Remuneran la antigüedad por períodos de tres años y no tienen naturaleza de complemento, indemnización ni paga extraordinaria independiente.
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Reserva
104. Según la LCSP, los contratos de las Administraciones públicas podrán modificarse durante su vigencia, siempre que:
- La modificación no supere el 10 % del precio inicial del contrato, para el caso de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación.
- La modificación no supere el 15 % del precio inicial del contrato en el caso de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación.
- Dicha posibilidad se recoja en los pliegos, y la modificación no supere el 20 % del precio inicial del contrato.
- Dicha posibilidad se recoja en los pliegos, y la modificación no supere el 30 % del precio inicial del contrato.
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Dicha posibilidad se recoja en los pliegos, y la modificación no supere el 20 % del precio inicial del contrato.
La modificación prevista debe estar contemplada expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares y no puede superar el 20 % del precio inicial. La cláusula ha de ser clara y delimitada; no basta con respetar el porcentaje. Esta vía de modificación prevista en los pliegos se distingue de los supuestos excepcionales de modificación no prevista.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.
Reserva
105. Cuando el órgano gestor no acepte un reparo formulado, ¿ante qué órgano de la función interventora se planteará la discrepancia?
- Ante el titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- Ante el Consejo de Ministros.
- Ante la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en cada Ministerio u Organismo autónomo.
- Ante la Intervención General de la Administración del Estado.
Ver respuesta (sin cotejar)
Ante la Intervención General de la Administración del Estado.
Si el órgano gestor discrepa de un reparo, plantea por escrito y motivadamente la discrepancia ante la IGAE por el conducto establecido en el artículo 155. Cuando el reparo procede de la propia IGAE o esta lo confirma y persiste la discrepancia, corresponde al Consejo de Ministros resolver definitivamente.
Respuesta contrastada con el cuadernillo y la plantilla definitiva del INAP.