Gestión de la Administración del Estado 2021 (Promoción Interna)

1. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Española (en adelante CE), señale cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la moción de censura es correcta:

1. La moción de censura se adoptará por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
2. Deberá ser propuesta al menos por cincuenta Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. No podrá ser votada hasta que transcurran dos días desde su presentación.
4. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

2. De conformidad con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, corresponde al Consejo de Ministros:

1. Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
2. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.
3. Declarar el estado de sitio, así como proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de alarma.
4. Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado.

3. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Secretarios Generales de los Departamentos ministeriales:

1. Habrán de ser nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
2. Tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
3. Tendrán a todos los efectos la categoría de Director General.
4. Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1.

4. ¿Cómo se modifican las Direcciones Generales según la Ley 40/2015?

1. Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.
2. Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
3. Mediante Real Decreto-Ley.
4. Mediante Orden del Ministro respectivo.

5. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 50/1997, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, la suplencia de los Ministros para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia:

1. Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.
2. Recaerá en el Subsecretario del Ministerio de que se trate.
3. Recaerá en los Secretarios de Estado del Ministerio de que se trate, según determine el Real Decreto de estructura de ese Ministerio.
4. Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, entre los Secretarios de Estado del Ministerio.

6. Según el artículo 76 de la Ley 40/2015, la estructura de las Delegaciones del Gobierno se fijará por:

1. Real Decreto del Consejo de Ministros.
2. Ley.
3. Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
4. Real Decreto-Ley.

7. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 40/2015, en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, éste será suplido por:

1. El Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, por el de la provincia en que tenga su sede.
2. El Subdelegado del Gobierno de la provincia en que tenga su sede y, en su defecto, por el que el Delegado designe.
3. El Subdelegado del Gobierno de la provincia en que tenga su sede, y en su defecto, por el Secretario general.
4. El Secretario general.

8. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 40/2015, los servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno dependerán:

1. Del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General.
2. Del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Presidencia del Gobierno.
3. De la Presidencia del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
4. De la Presidencia del Gobierno, a través de la Secretaría General.

9. De conformidad con la Ley 40/2015, la creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realizará:

1. Por Ley, que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos con los que se le dota.
2. Por Real Decreto del Consejo de Ministros, que establecerá los fines de la fundación.
3. Por Orden del Ministerio que ejerza el protectorado.
4. Por Acuerdo del Consejo de Ministros, que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación.

10. De conformidad con el artículo 98 de la Ley 40/2015, la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia de los organismos autónomos corresponde:

1. A la Administración General del Estado.
2. A los órganos específicos de los organismos autónomos a los que los estatutos les asignen expresamente dicha facultad.
3. Al titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo.
4. Al Consejo Rector del organismo autónomo.

11. Un país que quiera pertenecer a la Unión Europea (en adelante UE) debe presentar solicitud de adhesión:

1. Al Consejo de la Unión Europea.
2. Al Parlamento Europeo.
3. Al Consejo Europeo.
4. A la Comisión Europea.

12. En la historia de la integración europea, ¿qué pedía la declaración de Robert Schuman?

1. La formación de una alta autoridad común que supervisara la producción de carbón y acero en Europa.
2. La creación de un ejército europeo único.
3. La creación de una moneda única europea.
4. La creación del Consejo de Europa.

13. ¿A qué tratado comunitario se anexó por primera vez el Protocolo sobre la aplicación del principio de subsidiariedad?

1. Tratado de Ámsterdam.
2. Acta Única Europea.
3. Tratado de Maastricht.
4. Tratado de Niza.

14. ¿Cuál de los siguientes Tratados establece que la Unión Europea tiene personalidad jurídica propia?

1. Tratado de Lisboa.
2. Tratado de Niza.
3. Tratado de Maastricht.
4. Tratado de Amsterdam.

15. A partir del 1 de noviembre de 2014, una mayoría cualificada en el Consejo se define como:

1. Al menos el 55% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 65% de la población total de la UE.
2. Al menos el 55% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 62% de la población total de la UE.
3. Al menos el 65% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 55% de la población total de la UE.
4. Al menos el 65% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 62% de la población total de la UE.

16. ¿En cuál de las siguientes políticas de la UE se requiere el voto por unanimidad del Consejo?

1. Política de fiscalidad indirecta.
2. Política de transportes.
3. Política medioambiental.
4. Política turística.

17. De acuerdo con el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo se reunirá:

1. Dos veces por semestre y cuando la situación lo exija, en reuniones extraordinarias convocadas por su Presidente.
2. Al menos dos veces al año.
3. Dos veces por trimestre y cuando la situación lo exija, en reuniones extraordinarias convocadas por su Presidente.
4. Una vez al mes.

18. ¿Cuáles son las características de una directiva europea?

1. Son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la Unión Europea deben cumplir.
2. Son actos legislativos vinculantes, en todo caso, y que deben aplicarse en la totalidad de sus términos en toda la Unión Europea.
3. Son actos legislativos que permiten a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista.
4. Son actos legislativos no vinculantes.

19. [ANULADA] Las Organizaciones Comunes de Mercado están relacionadas con la siguiente Política de la UE:

1. ANULADA
2. El Comercio Exterior.
3. La Política Agrícola Común.
4. La Política Pesquera Común.

20. Conforme a la Agenda España Digital 2025, ¿cuál de las siguientes es una meta a conseguir en el año 2025?

1. Que el 50% de los servicios públicos estén disponibles en app móvil.
2. Que haya una reducción del 25% de las emisiones de CO2 por efecto de la digitalización de la economía.
3. Que el 70% de las personas tengan competencias digitales básicas.
4. Que esté en funcionamiento una Agencia de Derechos Digitales.

21. En la elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias, ¿cuál de los siguientes contenidos normativos NO son objeto de la consulta pública a la que se refiere el artículo 26 de la Ley 50/1997?

1. El texto de la norma.
2. Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
3. La necesidad y oportunidad de la aprobación de la norma.
4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

22. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está incluido en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 7/2015, de 16 de enero?

1. Publicación y actualización de datos estadísticos en relación con el desempleo.
2. La colocación y asesoramiento a empresas.
3. La formación y cualificación para el empleo.
4. El asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

23. En el procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, señale la respuesta correcta:

1. Este procedimiento tiene carácter alternativo, pudiendo en su lugar el operador económico interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan.
2. Estarán legitimados para interponer la reclamación únicamente los operadores económicos individuales directamente afectados.
3. La reclamación podrá dirigirse frente a toda actuación susceptible de recurso administrativo ordinario, y por ello, no cabrá frente a las disposiciones de carácter general.
4. La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado desestimará, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma la reclamación, cuando la misma no se funde en actuaciones que puedan ser incompatibles con la libertad de establecimiento.

24. ¿Qué dos grandes objetivos económicos han tenido que ser suspendidos para el ejercicio 2021 debido a la gravedad de la situación provocada por la crisis de la COVID-19?

1. La estabilidad presupuestaria y la deuda pública.
2. Las transferencias a las Comunidades Autónomas y las transferencias a la Seguridad Social.
3. Los fondos europeos y el plan extraordinario Next Generation EU.
4. El Servicio 50 en cada una de las secciones de los Presupuestos Generales del Estado y los créditos iniciales.

25. La Estrategia España Nación Emprendedora contempla para el horizonte 2030 las siguientes metas:

1. La inversión, el talento, la escalabilidad de las empresas y el sector público emprendedor.
2. La creación de la Marca España, Programa de Visados y la creación de una Red Nacional de Centros de Emprendimiento.
3. La educación, la I+D+i y el emprendimiento innovador.
4. Ley de Startups, la Oficina Nacional de Emprendimiento y Programa internacional de atracción de talento.

26. De conformidad con el artículo 149 de la CE, ¿cuál de las siguientes es una competencia exclusiva del Estado?

1. Legislación básica sobre protección del medio ambiente.
2. Los montes y aprovechamientos forestales.
3. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
4. La gestión en materia de protección del medio ambiente.

27. Según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial son denominados:

1. Monumentos Naturales.
2. Parques.
3. Reservas Naturales.
4. Paisajes Protegidos.

28. Dentro del Catálogo de servicios establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, NO se encuentra el siguiente:

1. Centro Médico de atención especializada.
2. Centro de Día para menores de 65 años.
3. Servicio de Ayuda a domicilio.
4. Servicio de Teleasistencia.

29. ¿A quién corresponde dictar la legislación básica en materia de educación según el artículo 149.1.30ª de la CE?

1. Al Estado español.
2. A las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia educativa.
3. Al Estado español conjuntamente con las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia educativa.
4. Al Estado español conjuntamente con las Comunidades Autónomas que hayan adquirido competencias en materia educativa y en colaboración con las Administraciones locales.

30. Según el artículo 25 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el visado de residencia y trabajo de temporada habilita para trabajar por cuenta ajena:

1. Hasta 9 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.
2. Hasta 6 meses en un periodo de 18 meses consecutivos.
3. Hasta 9 meses en un periodo de 18 meses consecutivos.
4. Hasta 6 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.

31. Conforme a la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿qué órgano u organismo define y dirige la política española de cooperación internacional para el desarrollo?

1. El Gobierno.
2. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
3. El Congreso de los Diputados.
4. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

32. De los siguientes, ¿a qué tipo de información o categoría de datos resulta de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos?

1. Al tratamiento necesario para fines de medicina preventiva o laboral.
2. Al tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
3. Al ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea.
4. A la actividad de las autoridades competentes con fines de prevención o investigación de delitos o de protección frente amenazas a la seguridad pública.

33. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos?

1. Autoridad administrativa independiente.
2. Organismo autónomo.
3. Entidad pública empresarial.
4. Agencia estatal.

34. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál es un principio de actuación incluido entre los principios de buen gobierno?

1. Actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la calidad en la prestación de servicios públicos.
2. Guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
3. Asegurar un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
4. Mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerada corrección.

35. La Ley 19/2013 establece que, a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora, el incumplimiento reiterado de las obligaciones legales en materia de publicidad activa será considerado:

1. Infracción grave.
2. Infracción muy grave.
3. Infracción leve.
4. Motivo de amonestación al órgano que incurre en él.

36. De acuerdo con la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes materias NO constituye un límite en la aplicación del principio de publicidad activa?

1. La información relativa al grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.
2. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
3. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.
4. Los intereses económicos y comerciales.

37. De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona, se denomina:

1. Normalización.
2. Accesibilidad universal.
3. Inclusión social.
4. Transversalidad.

38. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿a quién corresponde aprobar el Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado?

1. Al Gobierno, al inicio de cada legislatura.
2. A la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, finalizado el plazo de vigencia del anterior Plan.
3. Al Congreso de los Diputados, al cierre del ejercicio parlamentario.
4. A la Comisión Técnica de Igualdad, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

39. De acuerdo con la CE, la delegación legislativa que las Cortes Generales pueden otorgar al Gobierno deberá realizarse, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, mediante:

1. Ley de bases.
2. Ley de armonización.
3. Ley ordinaria.
4. Ley de transferencia.

40. Según el artículo 95.1 de la CE, la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución:

1. Exigirá la previa revisión constitucional.
2. Exigirá su aprobación por Ley Orgánica.
3. Exigirá la autorización del Tribunal Constitucional.
4. En ningún caso puede celebrarse.

41. Conforme al artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso extraordinario de revisión:

1. Ante el órgano administrativo que los dictó.
2. Ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
3. Ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
4. Ante el Consejo de Estado.

42. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada, según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, cuando hayan transcurrido:

1. Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
2. Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
3. Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
4. Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

43. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), la falta de solvencia económica en los contratos celebrados por poderes adjudicadores constituye:

1. Un supuesto de nulidad de pleno derecho del contrato.
2. Una causa de resolución del contrato.
3. Una causa de anulabilidad del contrato.
4. Una irregularidad no invalidante que puede ser subsanable por el contratista.

44. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia, NO serán de aplicación las disposiciones de la LCSP relativas a la preparación y adjudicación del contrato si su valor estimado es inferior a:

1. 30.000 euros.
2. 100.000 euros.
3. 40.000 euros.
4. 15.000 euros.

45. Conforme a la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad patrimonial concurrente, a falta de reglas específicas de la organización colegiada:

1. La Administración competente en el procedimiento será la que cuente con mayor participación en la financiación del servicio, y la responsabilidad será solidaria.
2. La Administración competente en el procedimiento se acordará según la intensidad de su intervención en el servicio, y la responsabilidad será mancomunada.
3. Se decidirá qué Administración es competente en función del interés público tutelado, y la responsabilidad será mancomunada.
4. Cada Administración será competente en el procedimiento según la intensidad de su intervención y el interés público tutelado, y la responsabilidad será solidaria.

46. Según el artículo 208 de la LCSP, si la Administración acuerda la suspensión de un contrato de obras, ¿cuándo prescribe el derecho a reclamar contado desde que el contratista recibe la orden de reanudar la ejecución del contrato?

1. En un año.
2. En tres meses.
3. En seis meses.
4. En dieciocho meses.

47. De conformidad con el artículo 120 de la LCSP, señale la respuesta correcta respecto a la tramitación de emergencia de los contratos en el sector público:

1. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
2. Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Función Pública en el plazo máximo de veinte días.
3. Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se excluirán las mismas de lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.
4. El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a quince días, contados desde la adopción del acuerdo de iniciación del órgano de contratación.

48. En aplicación del artículo 307 de la LCSP, en el supuesto de suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses desde la fecha señalada en el contrato para la entrega, el contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización:

1. Del 3% del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.
2. Del 5% del precio del contrato, IVA excluido.
3. Del 6% del precio de las entregas dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial.
4. Del 3% del precio del contrato, IVA incluido.

49. Según la LCSP, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será:

1. De dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
2. De veinte días a contar desde la apertura de las proposiciones.
3. De quince días a contar desde que finalizó el plazo para la presentación de proposiciones.
4. De un mes a contar desde la apertura de las proposiciones.

50. De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la concesión de subvenciones de cuantía superior a:

1. Doce millones de euros.
2. Diez millones de euros.
3. Quince millones de euros.
4. Veinte millones de euros.

51. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 38/2003, las subvenciones nominativas se canalizarán:

1. Por convenio o resolución de concesión.
2. Por resolución de concesión o contrato.
3. Por resolución de concesión en un procedimiento de concurrencia competitiva.
4. Por subcontratación de la actividad subvencionada.

52. De acuerdo con el Título III de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, constituye un procedimiento especial de expropiación:

1. La expropiación por razones de defensa nacional.
2. El procedimiento de urgencia.
3. La expropiación por razones sanitarias.
4. La expropiación en materia de propiedad industrial.

53. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o con bienes muebles por más de cuatro años requiere:

1. Concesión administrativa.
2. Autorización administrativa.
3. Comunicación previa a la Administración.
4. Podrá realizarse libremente.

54. De acuerdo con la Ley 33/2003, la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por parte de las Administraciones públicas se ajusta a uno de los siguientes principios:

1. Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
2. Ejercicio diligente de las prerrogativas que la citada Ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
3. Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
4. Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.

55. Señale la respuesta correcta de acuerdo con las Leyes 39/2015 y 40/2015 en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas:

1. Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
2. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar, que prescribirá a los 2 años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
3. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, incluso en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
4. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive no pone fin a la via administrativa.

56. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 40/2015 la actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención:

1. Dará lugar a la responsabilidad que proceda.
2. Implicará la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
3. Será causa de anulabilidad del acto conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Implicará necesariamente la invalidez de los actos en que haya intervenido y la exigencia de la responsabilidad que proceda.

57. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Dichas actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo:

1. No superior a quince días.
2. De siete días.
3. De veinte días.
4. No inferior a diez días ni superior a quince.

58. De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, iniciado el procedimiento, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, se pueden adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer:

1. Por el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
2. Por el órgano administrativo competente para instruir, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
3. Por el órgano administrativo competente para resolver, únicamente de oficio y de forma motivada.
4. Por el órgano administrativo competente para instruir, únicamente de oficio y de forma motivada.

59. De las siguientes afirmaciones sobre la nulidad y anulabilidad de actos administrativos, ¿cuál es correcta de acuerdo con la Ley 39/2015?

1. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
2. La nulidad o anulabilidad de un acto implicará necesariamente la de los sucesivos en el procedimiento.
3. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará siempre la de las restantes partes del mismo.
4. La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.

60. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad:

1. Desde el día de su presentación.
2. Desde el día siguiente al de su presentación.
3. Desde el día en el que las Administraciones públicas hayan ejercido su facultad de comprobación, control e inspección.
4. Desde el día siguiente al de su presentación o desde el día en que las Administraciones hayan ejercicio su facultad de comprobación, control e inspección, dependiendo del derecho que se pretenda ejercer.

61. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, ¿qué actos deberán ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?

1. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
2. Todos los actos administrativos.
3. Los actos que se dicten de acuerdo con el criterio seguido en actuaciones precedentes o con el dictamen de órganos consultivos.
4. Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.

62. De conformidad con la Ley 39/2015, son susceptibles de recurso:

1. Las resoluciones que declaren la caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
2. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación.
3. El acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.
4. El acuerdo que resuelva sobre la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, que deberá ser notificado a los interesados.

63. De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para su interposición será:

1. De 10 días desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30 de la Ley, en relación con el requerimiento y, en caso de no mediar este, de 20 días desde el inicio de la actuación administrativa en via de hecho.
2. De 2 meses desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho.
3. De 30 días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho.
4. De 20 días desde que concluya el requerimiento y, de no mediar este, de 15 días desde el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho.

64. De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), NO se encuentra dentro de la clasificación de empleado público, el:

1. Personal directivo profesional.
2. Personal eventual.
3. Personal funcionario interino.
4. Personal laboral temporal.

65. [ANULADA] De acuerdo con el artículo 10 del TREBEP, el nombramiento de funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas, podrá tener una duración:

1. ANULADA
2. Máxima de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses.
3. Máxima de 12 meses, ampliable por una sola vez por otros 6.
4. Máxima de 3 meses, dentro de un periodo de 6 meses.

66. De conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, obtenida la compatibilidad, los servicios prestados en el segundo puesto o actividad:

1. No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos.
2. Se computarán a efectos de derechos pasivos pero no a efectos de trienios.
3. Se computarán a efectos de derechos pasivos proporcionalmente a su cuantía.
4. Se computarán a efectos trienios pero no a efectos de derechos pasivos.

67. De acuerdo con lo establecido en el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en relación con los procesos selectivos, indique qué respuesta es INCORRECTA:

1. La selección de personal para cubrir las necesidades no permanentes mediante contratación temporal, incluirá siempre una fase de oposición.
2. En el concurso se valorarán los méritos profesionales, los méritos académicos y, atendiendo a la naturaleza del proceso selectivo, la antigüedad reconocida en el ámbito del Convenio único.
3. El concurso-oposición se utilizará en aquellos procesos selectivos en los que se considere que la experiencia laboral es un elemento sustancial para establecer la idoneidad y capacidad de los candidatos en relación con el futuro desempeño.
4. La oposición incorporará en todo caso una prueba práctica, que permita valorar las capacidades de quienes concurran para desempeñar las funciones del puesto objeto de provisión.

68. Según el artículo 4 del TREBEP, las disposiciones de dicho Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:

1. Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
2. Personal docente.
3. Personal de servicios de salud.
4. Personal de las Universidades Públicas.

69. Según el TREBEP, ¿cuál es un derecho individual ejercido colectivamente por los empleados públicos?

1. Derecho a la libertad sindical.
2. Derecho a la libre asociación profesional.
3. Derecho a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
4. Derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

70. Según el artículo 48 del TREBEP, los funcionarios públicos disponen de un permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario de un familiar:

1. Dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, siendo este permiso de 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.
2. Dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, siendo este permiso de 2 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad.
3. Dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, siendo este permiso de 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.
4. Dentro del primer grado de consanguinidad pero no de afinidad, siendo este permiso de 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.

71. De acuerdo con el TREBEP, quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular:

1. No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
2. No devengarán retribuciones, pero sí les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
3. Sí devengarán retribuciones, y les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
4. Sí devengarán retribuciones, pero no les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

72. Según el artículo 46 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, en las comisiones de valoración de los concursos de provisión de puestos de trabajo, la autoridad convocante designará un mínimo de:

1. Cuatro miembros.
2. Cinco miembros.
3. Seis miembros.
4. Siete miembros.

73. De acuerdo con el artículo 8 del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, para el ingreso en el grupo profesional E2 se exige:

1. Título de Bachiller o Técnico o equivalentes.
2. Título clasificado en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.
3. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o título Profesional Básico o equivalentes.
4. Título clasificado en el nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.

74. Entre las acciones positivas en las actividades de formación contempladas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se encuentra la siguiente:

1. Durante un año, los empleados y empleadas públicas tendrán preferencia en la adjudicación de plazas en cursos de formación si se han incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad.
2. En las convocatorias de cursos de formación para el acceso a puestos directivos se reservará a las empleadas públicas al menos un 50% de las plazas cuando reúnan los requisitos establecidos.
3. En las convocatorias de cursos de formación para el acceso a puestos directivos se reservará a las empleadas públicas al menos un 30% de las plazas cuando reúnan los requisitos establecidos.
4. Durante dos años, las empleadas públicas tendrán preferencia en la adjudicación de plazas en cursos de formación tras la incorporación de una licencia por maternidad.

75. De conformidad con la Ley 40/2015, ¿cuál de estas funciones es competencia del Subsecretario?

1. Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
2. Convocar concursos de personal laboral.
3. Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento.
4. Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.

76. ¿Cuál de los siguientes NO es reconocido en el TREBEP como un derecho individual de los empleados públicos?

1. Derecho a la inamovilidad en el puesto de trabajo.
2. Derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital.
3. Derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
4. Derecho a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

77. De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, ¿cuánto tiempo pueden permanecer los funcionarios en situación de expectativa de destino?

1. Un período máximo de 1 año, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.
2. Un período de máximo de 6 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.
3. Un período máximo de 6 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
4. Un período máximo de 18 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

78. Señale la respuesta correcta en relación con la movilidad por razones de salud, de conformidad con el Real Decreto 364/1995:

1. Debe existir puesto vacante de necesaria provisión y dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino y específico no puede ser superior al del puesto de origen.
2. La adscripción tendrá en todo caso carácter provisional hasta que no se obtenga de forma definitiva por los procedimientos ordinarios de provisión.
3. El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto deberán producirse en el plazo de 3 días hábiles si no implica cambio de residencia y 8 días si comporta cambio de residencia.
4. Puede concederse por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge, padres e hijos a su cargo.

79. [ANULADA] ¿Cuál de las siguientes situaciones NO originará el derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución de retribuciones?

1. ANULADA
2. Cuidado de familiar de primer grado por enfermedad muy grave durante el periodo máximo de un mes.
3. Hospitalización de un hijo recién nacido a continuación del parto, si el progenitor reduce su jornada más de dos horas diarias.
4. Cuidado de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida.

80. Según el TREBEP, ¿a cuál de estos permisos podría acogerse una funcionaria por razón de violencia de género?

1. Reducción de la jornada, percibiendo las retribuciones íntegras si reduce su jornada en un tercio o menos.
2. Reducción de la jornada, siempre con disminución proporcional de retribuciones.
3. Reducción de la jornada, percibiendo las retribuciones íntegras si su jornada se reduce en dos tercios o menos.
4. Reducción de la jornada, percibiendo las retribuciones básicas si su jornada se reduce en dos tercios o menos.

81. De acuerdo con el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, indique la sanción que NO puede imponerse por la comisión de faltas disciplinarias:

1. Deducción proporcional de retribuciones.
2. Separación del servicio.
3. Suspensión de funciones.
4. Traslado con cambio de residencia.

82. De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, los tribunales de los procesos selectivos, salvo excepción justificada, estarán constituidos por:

1. Un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de suplentes.
2. Cinco miembros, funcionarios de carrera, debiendo designarse el mismo número de suplentes.
3. Un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no superior a cinco, debiendo designarse el mismo número de suplentes.
4. Siete miembros, funcionarios de carrera, debiendo designarse el mismo número de suplentes.

83. Señale la respuesta correcta en relación con los planes económico-financieros de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera:

1. Su presentación no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento.
2. Su aprobación no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde su presentación.
3. Su puesta en marcha no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde su presentación.
4. Su presentación no podrá exceder el plazo máximo de dos meses desde que se constate el incumplimiento.

84. El artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012 establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda de las Administraciones públicas gozará de prioridad absoluta:

1. Frente a cualquier otro gasto.
2. Solo frente a los gastos corrientes.
3. Frente a cualquier otro gasto, excluidos los gastos de personal.
4. Solo frente a los gastos no corrientes.

85. El artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante LGP) establece que la programación presupuestaria se regirá, entre otros, por el principio de:

1. Sostenibilidad financiera.
2. Eficacia en la asignación de recursos.
3. Publicidad.
4. Legalidad presupuestaria.

86. La LGP dispone que en el proceso de elaboración de las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado:

1. El Ministerio de Hacienda y Función Pública (según estructura ministerial vigente) elabora los escenarios presupuestarios plurianuales.
2. Cada Departamento ministerial prepara su presupuesto de gastos y lo eleva a las Cortes Generales.
3. El Consejo de Estado informa el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Ministros.
4. Las Cortes Generales establecen Comisiones de Análisis de Gastos para el estudio de las propuestas recibidas.

87. De conformidad con el artículo 47.2 de la LGP, señale la respuesta correcta en relación con un arrendamiento de inmueble que conlleve un compromiso de gasto de carácter plurianual:

1. Las limitaciones del artículo 47.2 no son de aplicación a los compromisos derivados de los arrendamientos de inmuebles.
2. El gasto que se impute al segundo ejercicio no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial al que corresponda la operación el 70%.
3. El gasto que se impute al segundo ejercicio no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial al que corresponda la operación el 60%.
4. El gasto que se impute al segundo ejercicio no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial al que corresponda la operación el 50%.

88. Según la LGP, los créditos extraordinarios que tengan su origen en necesidades derivadas de operaciones no financieras del Presupuesto se podrán financiar:

1. Mediante baja en los créditos del Fondo de Contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados.
2. Mediante la tramitación de una transferencia de crédito.
3. Mediante deuda pública.
4. Mediante la baja en créditos de operaciones financieras.

89. De acuerdo con el artículo 58 de la LGP, ¿en qué supuestos podrán incorporarse los remanentes de crédito de un ejercicio anterior?

1. Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de créditos concedidos mediante norma con rango de Ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.
2. Cuando lo disponga la Intervención General de la Administración del Estado.
3. Siempre que no se haya podido ejecutar en su totalidad el presupuesto del ejercicio anterior.
4. Cuando procedan de generaciones de crédito del artículo 53.2, párrafo b), referido a las ventas de bienes y prestación de servicios.

90. De conformidad con lo establecido en la LGP, la Cuenta General del Estado:

1. Se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
2. Se formará por las Cortes Generales y se remitirá al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
3. Se formará por el Gobierno que la someterá a la aprobación de la Intervención General de la Administración del Estado, para su posterior remisión al Tribunal de Cuentas.
4. Se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para ser sometida a la aprobación del Congreso de los Diputados y, posteriormente, ser remitida al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.

91. El Tribunal de Cuentas estará integrado por:

1. Un total de 12 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de los 2/3 de sus componentes para la válida constitución del Pleno.
2. Un total de 15 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de las 3/4 partes de sus componentes para la válida constitución del Pleno.
3. Un total de 16 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesaria la mayoría de sus miembros para la válida constitución del Pleno.
4. Un total de 15 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de los 2/3 de sus miembros para la válida constitución del Pleno.

92. La Regla 83 de la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, indica en relación con la tramitación de subvenciones nominativas que, una vez dictado el acuerdo de concesión por el órgano competente, el servicio gestor formulará un documento:

1. AD ADOK.
2. RC.
3. OK.
4. D.

93. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, durante la vigencia de estos presupuestos se considerarán vinculantes los siguientes créditos:

1. 227.06 Estudios y trabajos técnicos.
2. 227.02 Publicidad y Propaganda.
3. 226.07 Oposiciones y Pruebas selectivas.
4. 240. Gastos de edición y Distribución.

94. Conforme a la Ley 38/2003, el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se inicia:

1. Siempre de oficio.
2. De oficio o a instancia de parte.
3. Siempre a instancia de parte.
4. Siempre a solicitud del beneficiario, en calidad de interesado.

95. En la aplicación presupuestaria 15.01.923M.202:

1. El número 15 se refiere a la Sección presupuestaria, las cifras 01 al Servicio presupuestario, las cifras 923M al Programa presupuestario y las cifras 202 al Concepto presupuestario al que se aplica el gasto.
2. El número 15 se refiere a la Sección presupuestaria, las cifras 01 al Capítulo correspondiente del presupuesto de gastos, las cifras 923M al Programa presupuestario y las cifras 202 al Concepto presupuestario al que se aplica el gasto.
3. El número 15 se refiere al Servicio presupuestario, las cifras 01 al Capítulo correspondiente del presupuesto de gastos, las cifras 923M al Programa presupuestario y las cifras 202 al Concepto presupuestario al que se aplica el gasto.
4. El número 15 se refiere al Servicio presupuestario, las cifras 01 a la Sección correspondiente del presupuesto de gastos, las cifras 923M al Programa presupuestario y las cifras 202 al Concepto presupuestario al que se aplica el gasto.

96. De acuerdo con el Capítulo IV de la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos de la clasificación económica, ¿cuál de los siguientes gastos ha de imputarse al capítulo 4 del presupuesto de gastos?

1. Una indemnización a satisfacer por la Administración como consecuencia del funcionamiento de un servicio público siempre que por su naturaleza no deba imputarse a otro capítulo.
2. Una transferencia a una Comunidad Autónoma destinada a financiar la construcción de un hospital.
3. La compra de un ordenador.
4. Una ayuda estatal destinada a la compra de una vivienda.

97. Según la Resolución de 20 de enero de 2014, los trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior se imputan al subconcepto:

1. 227.15
2. 226.15
3. 225.15
4. 227.06

98. Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe del recargo que se ha de satisfacer cuando se paga un tributo fuera del periodo voluntario, pero antes de recibir la notificación de la providencia de apremio, es:

1. El 5% del principal y no conlleva cobro de intereses de demora.
2. El 20% del principal y no conlleva cobro de intereses de demora.
3. El 10% del principal y no conlleva cobro de intereses de demora.
4. El 20% del principal y conlleva cobro de intereses de demora.

99. De conformidad con la LGP, las tasas y precios públicos tienen la consideración de:

1. Ingresos corrientes.
2. Ingresos de capital.
3. Operaciones financieras.
4. Ingresos patrimoniales.

100. En las retribuciones de los funcionarios públicos:

1. El sueldo y los trienios dependen del Grupo o Subgrupo de clasificación profesional al que pertenece su cuerpo o escala.
2. El complemento de productividad se establece en las leyes anuales de presupuestos en función del nivel del puesto de trabajo desempeñado.
3. El complemento específico se establece en las leyes anuales de presupuestos en función del nivel del puesto de trabajo desempeñado.
4. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se fijan en atención a la valía personal y la consecución de resultados.

101. En la Administración General del Estado, ¿cuál de estos puestos NO puede cubrirse por el procedimiento de libre designación?

1. Secretario del Subdirector General.
2. Secretario del Secretario General Técnico.
3. Secretario del Director General.
4. Secretario de un Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear.

102. De conformidad con el artículo 108 de la CE, el Gobierno responde solidariamente en su gestión política:

1. Ante el Congreso de los Diputados.
2. Ante las Cortes Generales.
3. Ante el pueblo español.
4. Ante el Rey.

103. De conformidad con el TREBEP y respecto a los derechos retributivos, los trienios son:

1. Una retribución básica.
2. Una retribución complementaria.
3. Una paga extraordinaria.
4. Una indemnización.

104. Según la LCSP, los contratos de las Administraciones públicas podrán modificarse durante su vigencia, siempre que:

1. La modificación no supere el 20% del precio inicial del contrato.
2. Dicha posibilidad se recoja en los pliegos, y la modificación no supere el 30% del precio inicial del contrato.
3. La modificación no supere el 10% del precio inicial del contrato, para el caso de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación.
4. La modificación no supere el 15% del precio inicial del contrato en el caso de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación.

105. Cuando el órgano gestor no acepte un reparo formulado, ¿ante qué órgano de la función interventora se planteará la discrepancia?

1. Ante la Intervención General de la Administración del Estado.
2. Ante la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en cada Ministerio u Organismo autónomo.
3. Ante el Consejo de Ministros.
4. Ante el titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.