Gestión de la Administración Civil del EstadoAdministración General

Gestión de la Administración del Estado 2021

2021 · ordinaria · 98 preguntas + 5 de reserva · 90 min

2 preguntas anuladas excluidas del recuento.

Examen oficial de la convocatoria ordinaria de Gestión de la Administración del Estado 2021

Las respuestas de este examen aún no se han cotejado con la plantilla oficial. Las opciones se muestran en un orden distinto al del cuadernillo.

Ficha de Gestión de la Administración Civil del Estado

1. Se pretende reformar el artículo de la Constitución Española (en adelante CE) referido al derecho a la propiedad privada y a la herencia. Señale la respuesta correcta en relación con el procedimiento de reforma del citado artículo:

  • Una vez disueltas las Cortes, las Cámaras deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo Texto Constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de tres quintos de ambas Cámaras.
  • Se procederá a la aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes.
  • La reforma por iniciativa legislativa popular requerirá al menos 500.000 firmas acreditadas.
  • Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
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Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

El derecho a la propiedad y a la herencia se encuentra en el artículo 33, fuera de los bloques protegidos por el procedimiento agravado del artículo 168. Su reforma sigue el artículo 167: el referéndum solo es obligatorio si lo solicita, en quince días, una décima parte de cualquiera de las Cámaras. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

2. De conformidad con el artículo 2.4 de la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, para su designación se precisa una votación favorable de:

  • Mayoría simple en el Congreso y mayoría simple en el Senado.
  • Tres quintos en el Congreso y ratificación posterior en el Senado por la misma mayoría.
  • Mayoría simple en el Congreso y ratificación posterior en el Senado por mayoría absoluta.
  • Dos quintos en el Congreso y dos quintos en el Senado.
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Tres quintos en el Congreso y ratificación posterior en el Senado por la misma mayoría.

La primera propuesta exige tres quintos del Congreso y posterior ratificación por tres quintos del Senado. El artículo 2.5 prevé una regla diferente para sucesivas propuestas cuando no se alcancen inicialmente esas mayorías; la pregunta se refiere expresamente al apartado 4. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

3. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1981, pueden dirigirse al Defensor del Pueblo:

  • Las personas naturales si son mayores de edad y tienen nacionalidad española, pero no las personas jurídicas.
  • Las personas naturales en cualquier caso, y las jurídicas si tienen nacionalidad española.
  • Las personas naturales o jurídicas, independientemente de su nacionalidad o edad.
  • Las personas naturales si son mayores de edad, pero no las personas jurídicas.
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Las personas naturales o jurídicas, independientemente de su nacionalidad o edad.

Puede dirigirse al Defensor del Pueblo cualquier persona natural o jurídica que invoque interés legítimo. La nacionalidad, la residencia, la minoría de edad y otras situaciones enumeradas en el artículo 10 no impiden presentar una queja. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

4. Según el artículo 162.1.a) de la CE, NO está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad:

  • El Presidente del Gobierno.
  • El Defensor del Pueblo.
  • El Ministerio Fiscal.
  • La Asamblea de una Comunidad Autónoma.
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El Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal está legitimado para el recurso de amparo, pero no figura entre los legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad. El artículo 162.1.a incluye al Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores y los órganos autonómicos allí indicados. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

5. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local:

  • Las leyes y reglamentos del Estado que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
  • Las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
  • Las leyes y reglamentos del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
  • Las leyes y reglamentos de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
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Las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

Los conflictos en defensa de la autonomía local tienen por objeto normas estatales o autonómicas con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. Los reglamentos no se incluyen en el objeto de este procedimiento constitucional específico. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

6. En el Título II de la CE, referido a la Corona, se establece que:

  • Corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Congreso de los Diputados.
  • Al Rey corresponde declarar la guerra y hacer la paz, con el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados.
  • Aquellas personas que, teniendo derecho a la sucesión en el trono, contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
  • La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea posterior a la anterior; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y, en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
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Aquellas personas que, teniendo derecho a la sucesión en el trono, contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

El artículo 57.4 excluye de la sucesión a quien contraiga matrimonio contra la prohibición expresa conjunta del Rey y de las Cortes Generales, así como a sus descendientes. No basta una prohibición atribuida únicamente a uno de esos órganos. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

7. De acuerdo con el artículo 90 de la CE, en los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso, el Senado dispondrá para vetar o enmendar estos proyectos de un plazo de:

  • Un mes.
  • Quince días naturales.
  • Veinte días naturales.
  • Dos meses.
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Veinte días naturales.

El plazo ordinario del Senado para vetar o enmendar un proyecto es de dos meses. Cuando el Gobierno o el Congreso lo declaran urgente, el artículo 90.3 reduce ese plazo a veinte días naturales. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

8. De conformidad con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, corresponde al Consejo de Ministros:

  • Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.
  • Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
  • Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado.
  • Declarar el estado de sitio, así como proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de alarma.
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Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.

El Consejo de Ministros acuerda la negociación y firma de tratados internacionales y su aplicación provisional. Las otras alternativas atribuyen a ese órgano funciones que corresponden al Presidente del Gobierno o confunden las competencias sobre estados de alarma y sitio. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

9. De conformidad con el artículo 99 de la CE, el candidato propuesto por el Rey a la Presidencia del Gobierno expondrá el programa político del Gobierno que pretenda formar ante:

  • El Congreso de los Diputados.
  • El Rey.
  • El Senado.
  • Las Cortes Generales.
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El Congreso de los Diputados.

El candidato propuesto por el Rey expone su programa político y solicita la confianza del Congreso de los Diputados. La investidura no se somete al Senado ni a una sesión conjunta de ambas Cámaras. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

10. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, la suplencia de los Ministros para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia:

  • Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.
  • Recaerá en el Subsecretario del Ministerio de que se trate.
  • Recaerá en los Secretarios de Estado del Ministerio de que se trate, según determine el Real Decreto de estructura de ese Ministerio.
  • Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, entre los Secretarios de Estado del Ministerio.
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Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.

La suplencia de un Ministro para el despacho ordinario se determina mediante real decreto del Presidente del Gobierno y debe recaer en otro miembro del Gobierno. No pasa automáticamente al Subsecretario o a un Secretario de Estado. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

11. Según el artículo 64.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes salas:

  • Sala de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo, de lo Social y de lo Militar.
  • Sala de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo, de lo Social y de lo Militar.
  • Sala de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo y de lo Social.
  • Sala de lo Civil, de lo Contencioso Administrativo y de lo Social.
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Sala de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo y de lo Social.

La Audiencia Nacional comprende las Salas de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social. El artículo 64.1 no incorpora una Sala de lo Civil ni una Sala de lo Militar. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

12. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Secretarios Generales de los Departamentos ministeriales:

  • Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1.
  • Tendrán a todos los efectos la categoría de Director General.
  • Tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
  • Habrán de ser nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
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Habrán de ser nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

Los Secretarios Generales deben nombrarse entre personas con cualificación y experiencia en puestos de responsabilidad de gestión pública o privada. Tienen categoría de Subsecretario; no debe confundirse su régimen con el de los Secretarios Generales Técnicos. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

13. Según el artículo 76 de la Ley 40/2015, la estructura de las Delegaciones del Gobierno se fijará por:

  • Real Decreto del Consejo de Ministros.
  • Ley.
  • Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
  • Real Decreto-Ley.
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Real Decreto del Consejo de Ministros.

La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fija por real decreto del Consejo de Ministros. El artículo 76 distingue esta norma de estructura de los actos de nombramiento de sus titulares. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

14. Conforme a la Ley 40/2015, la norma de creación de un órgano colegiado interministerial con competencias decisorias cuyo presidente no tenga rango superior al de Director General revestirá la forma de:

  • Acuerdo de Consejo de Ministros.
  • Real decreto.
  • Orden del Ministerio de Presidencia.
  • Orden ministerial conjunta.
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Orden ministerial conjunta.

Un órgano colegiado interministerial con competencias decisorias y presidencia de rango no superior al de Director General se crea por orden ministerial conjunta. El real decreto se reserva, en esta regla, a la presidencia con rango superior al de Director General. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

15. Señale la opción correcta en relación con el Consejo de Estado:

  • Sus informes no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario, pero el Consejo de Estado no valorará los aspectos de oportunidad en ningún caso.
  • Sus informes serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario, pero el Consejo de Estado no valorará los aspectos de oportunidad en ningún caso.
  • Sus informes serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario, debiendo el Consejo del Estado valorar los aspectos de oportunidad, cuando lo exija la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante.
  • Sus informes no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario, debiendo el Consejo de Estado valorar los aspectos de oportunidad y conveniencia, cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines.
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Sus informes no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario, debiendo el Consejo de Estado valorar los aspectos de oportunidad y conveniencia, cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines.

Los dictámenes del Consejo de Estado no vinculan salvo que una ley disponga lo contrario. Además del control jurídico, puede valorar oportunidad y conveniencia cuando lo requiera el asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la eficacia administrativa. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

16. De conformidad con el artículo 91 de la CE, ¿en qué plazo debe sancionar el Rey las leyes aprobadas por las Cortes Generales?

  • En un plazo de un mes.
  • En un plazo de diez días.
  • En un plazo de quince días.
  • En un plazo de veinte días.
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En un plazo de quince días.

El artículo 91 concede al Rey quince días para sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales. También le corresponde promulgarlas y ordenar su publicación inmediata. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

Anulada · no puntúa

17. [ANULADA] Según el artículo 153 de la CE, el control del ejercicio de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, que hayan sido transferidas o delegadas en las Comunidades Autónomas conforme al artículo 150.2 de la CE, se ejercerá:

  • Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
  • Por el Tribunal Constitucional.
  • Por la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • ANULADA
Motivo y explicación

La plantilla definitiva anuló esta pregunta. Como contenido de estudio, el artículo 153.b atribuye al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el control del ejercicio de las funciones delegadas a que se refiere el artículo 150.2. El enunciado reúne transferencia y delegación, mientras que la fórmula constitucional de ese control menciona específicamente funciones delegadas. Pregunta anulada: no puntúa. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

18. Según el artículo 150.3 de la CE, ¿a quién corresponde apreciar la necesidad para que el Estado pueda dictar leyes de armonización?

  • Al Senado.
  • A las Cortes Generales.
  • Al Gobierno, previa autorización del Senado.
  • Al Congreso.
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A las Cortes Generales.

Corresponde a las Cortes Generales apreciar la necesidad de dictar leyes de armonización. El artículo 150.3 exige mayoría absoluta de cada Cámara y vincula esa necesidad al interés general. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

19. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local:

  • Solo existe en los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
  • Existe en todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
  • Existe en todos los Ayuntamientos.
  • Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
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Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local existe en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. En los de menor población existe si lo establece el reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno; no queda prohibida por tener menos habitantes. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

20. Determine, según el artículo 26 de la Ley 7/1985, cuál de los siguientes servicios es de prestación obligatoria para todos los Ayuntamientos:

  • Alumbrado público.
  • Biblioteca pública.
  • Protección civil.
  • Medio ambiente urbano.
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Alumbrado público.

El alumbrado público pertenece al grupo de servicios obligatorios en todos los municipios. La biblioteca pública, la protección civil y el medio ambiente urbano se exigen en los tramos de población superiores que establece el artículo 26. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

21. ¿A qué tratado comunitario se anexó por primera vez el Protocolo sobre la aplicación del principio de subsidiariedad?

  • Tratado de Maastricht.
  • Tratado de Niza.
  • Tratado de Ámsterdam.
  • Acta Única Europea.
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Tratado de Ámsterdam.

El Tratado de Ámsterdam de 1997 incorporó un protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Maastricht había establecido previamente el principio de subsidiariedad, pero la pregunta pide identificar el tratado al que se anejó por primera vez ese protocolo. Fuente de apoyo: [Parlamento Europeo · incorporación del protocolo de subsidiariedad en Ámsterdam](https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/7/el-principio-de-subsidiariedad). Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

22. ¿En cuál de los siguientes ámbitos tiene competencia exclusiva la Unión Europea (en adelante UE)?

  • Transportes.
  • Protección del consumidor.
  • Mercado interior.
  • Unión aduanera.
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Unión aduanera.

La unión aduanera está incluida entre las competencias exclusivas de la Unión en el artículo 3 del TFUE. El mercado interior, los transportes y la protección de los consumidores son ámbitos de competencias compartidas, por lo que no satisfacen lo preguntado. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

23. ¿Cuál es el número mínimo de Estados miembros de la UE necesario para establecer una cooperación reforzada?

  • Doce.
  • Seis.
  • Tres.
  • Nueve.
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Nueve.

Una cooperación reforzada debe reunir al menos a nueve Estados miembros. El artículo 20 del TUE exige además que sea autorizada como último recurso, cuando sus objetivos no puedan alcanzarse por la Unión en su conjunto en un plazo razonable. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

24. A partir del 1 de noviembre de 2014, una mayoría cualificada en el Consejo se define como:

  • Al menos el 55% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 62% de la población total de la UE.
  • Al menos el 55% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 65% de la población total de la UE.
  • Al menos el 65% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 62% de la población total de la UE.
  • Al menos el 65% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 55% de la población total de la UE.
Ver respuesta (sin cotejar)

Al menos el 55% de los Estados miembros a favor, representando al menos el 65% de la población total de la UE.

La regla general de mayoría cualificada combina el 55 % de los miembros del Consejo con Estados que representen al menos el 65 % de la población de la Unión. El artículo 16.4 añade el mínimo de quince miembros y regula la minoría de bloqueo; existen reglas especiales para propuestas que no procedan de la Comisión o del Alto Representante. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

25. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera en relación con el Consejo Europeo?

  • Todas sus decisiones se adoptan por unanimidad.
  • El Consejo Europeo se reúne en Estrasburgo una vez al mes.
  • Su presidente es nombrado por un periodo de dos años.
  • El Consejo Europeo establece las principales prioridades y la orientación política general de la Unión Europea.
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El Consejo Europeo establece las principales prioridades y la orientación política general de la Unión Europea.

El Consejo Europeo da los impulsos necesarios para el desarrollo de la Unión y define sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejerce funciones legislativas; su función de orientación política no debe confundirse con la del Consejo de la Unión Europea. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

26. ¿Cuál de los siguientes Fondos Europeos tiene como áreas prioritarias de inversión la innovación e investigación, el programa digital, el apoyo a las PYMES y la economía de bajas emisiones de carbono?

  • El Fondo Social Europeo.
  • El Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
  • El Fondo de Cohesión.
  • El Fondo de Solidaridad de la UE.
Ver respuesta (sin cotejar)

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Las cuatro áreas citadas corresponden a las prioridades de inversión del FEDER en el marco 2014–2020: investigación e innovación, tecnologías digitales, competitividad de las pymes y transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. El artículo 5 del Reglamento 1301/2013 permite identificar el fondo al que se refiere la formulación histórica. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

27. ¿Cuáles son las características de una directiva europea?

  • Son actos legislativos vinculantes, en todo caso, y que deben aplicarse en la totalidad de sus términos en toda la Unión Europea.
  • Son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la Unión Europea deben cumplir.
  • Son actos legislativos no vinculantes.
  • Son actos legislativos que permiten a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista.
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Son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la Unión Europea deben cumplir.

La opción elegida describe la obligación de alcanzar resultados propia de una directiva. El tenor preciso del artículo 288 del TFUE obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado y deja a sus autoridades la forma y los medios. No todas las directivas se dirigen necesariamente a todos los Estados ni tienen siempre naturaleza de acto legislativo. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

Anulada · no puntúa

28. [ANULADA] Las Organizaciones Comunes de Mercado están relacionadas con la siguiente Política de la UE:

  • ANULADA
  • El Comercio Exterior.
  • La Política Agrícola Común.
  • La Política Pesquera Común.
Motivo y explicación

La plantilla definitiva anuló la pregunta. Las organizaciones comunes de mercados son un instrumento de la política agrícola común, previsto en el artículo 40 del TFUE; también existe una organización común de mercados de productos de la pesca y la acuicultura regulada por el Reglamento 1379/2013. La formulación general no permite tratar agricultura y pesca como categorías necesariamente excluyentes. Pregunta anulada: no puntúa. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

29. Según el artículo 61 de la Ley 40/2015, ¿a quién le corresponde aprobar los planes de actuación del Ministerio?

  • A la persona titular del Ministerio.
  • A la persona titular de la Subsecretaría.
  • A la persona titular de la Secretaría General Técnica.
  • A la persona titular de la Secretaría de Estado.
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A la persona titular del Ministerio.

La aprobación de los planes de actuación del Ministerio corresponde a su titular. El Ministro también asigna los recursos necesarios para ejecutarlos dentro de las dotaciones presupuestarias y controla su cumplimiento. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

30. Conforme a la Agenda España Digital 2025, ¿cuál de las siguientes es una meta a conseguir en el año 2025?

  • Que haya una reducción del 25% de las emisiones de CO2 por efecto de la digitalización de la economía.
  • Que el 50% de los servicios públicos estén disponibles en app móvil.
  • Que esté en funcionamiento una Agencia de Derechos Digitales.
  • Que el 70% de las personas tengan competencias digitales básicas.
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Que el 50% de los servicios públicos estén disponibles en app móvil.

España Digital 2025 fijó como meta que la mitad de los servicios públicos estuvieran disponibles en una aplicación móvil. Se trata de un objetivo de esa agenda de política pública, no de una obligación legal autónoma ni de una afirmación de que el porcentaje ya se hubiera alcanzado. Fuente de apoyo: [Agenda España Digital 2025 · digitalización de las Administraciones](https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Documents/2021/270121-%20Agenda_Digital_2025.pdf). Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

31. ¿Qué dos grandes objetivos económicos han tenido que ser suspendidos para el ejercicio 2021 debido a la gravedad de la situación provocada por la crisis de la COVID-19?

  • Los fondos europeos y el plan extraordinario Next Generation EU.
  • El Servicio 50 en cada una de las secciones de los Presupuestos Generales del Estado y los créditos iniciales.
  • La estabilidad presupuestaria y la deuda pública.
  • Las transferencias a las Comunidades Autónomas y las transferencias a la Seguridad Social.
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La estabilidad presupuestaria y la deuda pública.

La situación extraordinaria provocada por la pandemia dio lugar a la suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2020 y 2021. También se suspendió la regla de gasto. Esta decisión se encuadró en la cláusula de excepcionalidad constitucional y de la Ley de Estabilidad, sin extinguir las obligaciones financieras ni las transferencias públicas. Fuente de apoyo: [Ministerio de Hacienda · suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021](https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/paginas/2020/201020-congreso.aspx). Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

32. La "Estrategia España Nación Emprendedora" contempla para el horizonte 2030 las siguientes metas:

  • La educación, la I+D+i y el emprendimiento innovador.
  • Ley de Startups, la Oficina Nacional de Emprendimiento y Programa internacional de atracción de talento.
  • La inversión, el talento, la escalabilidad de las empresas y el sector público emprendedor.
  • La creación de la Marca España, Programa de Visados y la creación de una Red Nacional de Centros de Emprendimiento.
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La inversión, el talento, la escalabilidad de las empresas y el sector público emprendedor.

La estrategia España Nación Emprendedora presenta cuatro metas: elevar la inversión, atraer y desarrollar talento, favorecer el crecimiento de las empresas y promover un sector público emprendedor. Las medidas concretas, como visados o redes de centros, son instrumentos y no sustituyen esa enumeración de metas para 2030. Fuente de apoyo: [Estrategia España Nación Emprendedora · presentación de 11 de febrero de 2021](https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/110221-sanchez_ene.aspx?galv2r=1). Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

33. En relación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y de acuerdo con su Ley de creación, señale la opción INCORRECTA:

  • Realizará la supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos.
  • Actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional y plena independencia, estando sometida a control judicial pero no al parlamentario.
  • Actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.
  • Supervisará y controlará el correcto funcionamiento de los mercados de las comunicaciones electrónicas.
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Actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional y plena independencia, estando sometida a control judicial pero no al parlamentario.

La afirmación incorrecta es la que excluye el control parlamentario. La autonomía e independencia de la CNMC son compatibles con el control judicial y parlamentario: la ley establece su rendición de cuentas ante las Cortes Generales. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

34. Según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial son denominados:

  • Paisajes Protegidos.
  • Monumentos Naturales.
  • Parques.
  • Reservas Naturales.
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Reservas Naturales.

Las reservas naturales se crean para proteger ecosistemas, comunidades o elementos biológicos especialmente valiosos por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad. Esa finalidad específica es la que las distingue de las restantes categorías de espacios naturales protegidos. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

35. ¿Cuál de los siguientes servicios NO está incluido en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 7/2015, de 16 de enero?

  • La colocación y asesoramiento a empresas.
  • Publicación y actualización de datos estadísticos en relación con el desempleo.
  • El asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
  • La formación y cualificación para el empleo.
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Publicación y actualización de datos estadísticos en relación con el desempleo.

La cartera común comprendía orientación profesional, colocación y asesoramiento a empresas, formación y cualificación y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento. La publicación de estadísticas de desempleo no era uno de esos servicios enumerados en el artículo 7 del Real Decreto 7/2015, aplicable al examen de 2021. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

36. Dentro del Catálogo de servicios establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, NO se encuentra el siguiente:

  • Servicio de Ayuda a domicilio.
  • Servicio de Teleasistencia.
  • Centro Médico de atención especializada.
  • Centro de Día para menores de 65 años.
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Centro Médico de atención especializada.

El catálogo legal incluye teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial, además de prevención y promoción de la autonomía. Un centro médico de atención especializada no aparece como categoría de ese catálogo de servicios de dependencia. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

37. Conforme a la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿qué órgano u organismo define y dirige la política española de cooperación internacional para el desarrollo?

  • La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
  • El Congreso de los Diputados.
  • El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
  • El Gobierno.
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El Gobierno.

La Ley 23/1998 atribuía al Gobierno la definición y dirección de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. El Ministerio y la Agencia ejercían funciones propias dentro de esa política, sin sustituir la competencia directiva del Gobierno. Se aplica aquí la norma histórica vigente en 2021. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

38. De acuerdo con la Ley 23/1998, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es un órgano:

  • Rector.
  • De coordinación.
  • Consultivo.
  • Ejecutivo.
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Ejecutivo.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se regulaba entre los órganos ejecutivos de la cooperación española. Su función de gestión y ejecución permite distinguirla de los órganos rectores, de coordinación y consultivos previstos en la Ley 23/1998. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

39. Según el artículo 25 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el visado de residencia y trabajo de temporada habilita para trabajar por cuenta ajena:

  • Hasta 9 meses en un periodo de 18 meses consecutivos.
  • Hasta 6 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.
  • Hasta 9 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.
  • Hasta 6 meses en un periodo de 18 meses consecutivos.
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Hasta 9 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.

En la redacción aplicable al examen, el visado de residencia y trabajo de temporada habilitaba para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos. Deben respetarse conjuntamente la duración máxima del trabajo y el período de referencia. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

40. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál es un principio de actuación incluido entre los principios de buen gobierno?

  • Mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerada corrección.
  • Asegurar un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
  • Actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la calidad en la prestación de servicios públicos.
  • Guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
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Guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

Guardar reserva sobre hechos o informaciones conocidos por el ejercicio del cargo es un principio de actuación del artículo 26.2.b. Las otras opciones reproducen principios generales del apartado a; la pregunta exige distinguir los dos grupos de principios de buen gobierno. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

41. De acuerdo con la Ley 19/2013. ¿cuál de las siguientes materias NO constituye un límite en la aplicación del principio de publicidad activa?

  • La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.
  • Los intereses económicos y comerciales.
  • La información relativa al grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.
  • El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial..
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La información relativa al grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.

La información sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos no constituye por sí misma un límite de publicidad activa; forma parte de la información que debe publicarse según el artículo 8. Los otros supuestos sí aparecen entre los límites de acceso que también son aplicables a la publicidad activa. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

42. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos?

  • Agencia estatal.
  • Entidad pública empresarial.
  • Organismo autónomo.
  • Autoridad administrativa independiente.
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Autoridad administrativa independiente.

La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada. Su independencia en el ejercicio de funciones impide identificarla sin más como organismo autónomo o agencia estatal. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

43. De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona, se denomina:

  • Normalización.
  • Accesibilidad universal.
  • Inclusión social.
  • Transversalidad.
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Normalización.

La normalización exige que las personas con discapacidad puedan desarrollar su vida en igualdad de condiciones y acceder a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios. La accesibilidad universal se refiere a las condiciones que deben cumplir entornos y servicios para ser utilizables por todas las personas. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

44. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿a quién corresponde aprobar el Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado?

  • Al Gobierno, al inicio de cada legislatura.
  • A la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, finalizado el plazo de vigencia del anterior Plan.
  • Al Congreso de los Diputados, al cierre del ejercicio parlamentario.
  • A la Comisión Técnica de Igualdad, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
Ver respuesta (sin cotejar)

Al Gobierno, al inicio de cada legislatura.

Al inicio de cada legislatura, el Gobierno aprueba el Plan para la Igualdad en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. El plan se negocia con la representación legal del personal, pero la competencia de aprobación sigue correspondiendo al Gobierno. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

45. De acuerdo con la CE, la delegación legislativa que las Cortes Generales pueden otorgar al Gobierno deberá realizarse, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, mediante:

  • Ley de transferencia.
  • Ley ordinaria.
  • Ley de armonización.
  • Ley de bases.
Ver respuesta (sin cotejar)

Ley de bases.

Cuando la delegación legislativa tiene por objeto elaborar textos articulados, debe otorgarse mediante ley de bases. La ley ordinaria se utiliza cuando se autoriza refundir varios textos legales en uno. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

46. Señale la afirmación correcta en relación con la iniciativa legislativa, de conformidad con el artículo 87 de la CE:

  • La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y al Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
  • Se exigirán, en todo caso, no menos de 500.000 firmas acreditadas para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular.
  • Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de dos miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
  • No procederá la iniciativa legislativa popular en materias que afecten a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.
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Se exigirán, en todo caso, no menos de 500.000 firmas acreditadas para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular.

La iniciativa legislativa popular requiere al menos 500.000 firmas acreditadas y está sujeta a sus exclusiones constitucionales. El artículo 87.3 excluye materias propias de ley orgánica, tributarias, internacionales y relativas a la prerrogativa de gracia; no excluye de forma general todo el título I. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

47. De conformidad con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos:

  • Por iniciativa propia o a solicitud del interesado.
  • En los supuestos de anulabilidad previstos en el artículo 47.2 de la Ley.
  • Sin necesidad de dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.
  • Antes de haber transcurrido el plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
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Por iniciativa propia o a solicitud del interesado.

La revisión de oficio de actos nulos puede iniciarse por la Administración o a solicitud del interesado. Exige los supuestos de nulidad de pleno derecho y dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente; no se confunde con la lesividad de actos anulables. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

48. Según el artículo 95.1 de la CE, la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución:

  • Exigirá la autorización del Tribunal Constitucional.
  • En ningún caso puede celebrarse.
  • Exigirá la previa revisión constitucional.
  • Exigirá su aprobación por Ley Orgánica.
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Exigirá la previa revisión constitucional.

Un tratado con estipulaciones contrarias a la Constitución exige previamente reformar esta. La autorización parlamentaria o la aprobación por ley orgánica no eliminan por sí solas la contradicción constitucional. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

49. Conforme a la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad patrimonial concurrente, a falta de reglas específicas de la organización colegiada:

  • La Administración competente en el procedimiento se acordará según la intensidad de su intervención en el servicio, y la responsabilidad será mancomunada.
  • La Administración competente en el procedimiento será la que cuente con mayor participación en la financiación del servicio, y la responsabilidad será solidaria.
  • Cada Administración será competente en el procedimiento según la intensidad de su intervención y el interés público tutelado, y la responsabilidad será solidaria.
  • Se decidirá qué Administración es competente en función del interés público tutelado, y la responsabilidad será mancomunada.
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La Administración competente en el procedimiento será la que cuente con mayor participación en la financiación del servicio, y la responsabilidad será solidaria.

En actuaciones conjuntas de varias Administraciones, la responsabilidad frente al particular es solidaria. Si las reglas de la organización colegiada no determinan la Administración competente para tramitar el procedimiento, lo será la que tenga mayor participación en la financiación del servicio. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

50. De conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo expreso será:

  • De dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
  • De un mes contado desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
  • De seis meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
  • De tres meses contados desde el día de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
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De dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.

El recurso contra un acto expreso que ponga fin a la vía administrativa se interpone, como regla general, en dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación. El día de la notificación no es el inicio del cómputo. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

51. De los siguientes actos de las Administraciones Públicas, ¿cuáles son anulables de acuerdo con la Ley 39/2015?

  • Los dictados prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
  • Los que incurran en desviación de poder.
  • Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  • Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Ver respuesta (sin cotejar)

Los que incurran en desviación de poder.

La desviación de poder es una causa de anulabilidad expresamente recogida en el artículo 48. Los otros supuestos propuestos se integran en las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

52. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), la aprobación de aquellos pliegos de prescripciones técnicas generales a que deba ajustarse el conjunto de Administración General de Estado se llevará a cabo:

  • Por el órgano de contratación, con anterioridad a la autorización del gasto, o conjuntamente con ella.
  • Por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación y a propuesta del ministro competente.
  • Por la Junta Consultiva de Contratación, a propuesta del ministro competente.
  • Por la Ministra de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
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Por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación y a propuesta del ministro competente.

Los pliegos de prescripciones técnicas generales para la Administración General del Estado los establece el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. No deben confundirse con los pliegos particulares de un expediente concreto. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

53. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, cuando la Administración ejerza potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación de resolver, y se producirá el siguiente efecto:

  • La caducidad del procedimiento.
  • El desistimiento de la Administración.
  • La prescripción del procedimiento, sin opción de la Administración a iniciar un nuevo procedimiento en ningún caso.
  • La renuncia tácita de la Administración al procedimiento, poniendo fin al mismo.
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La caducidad del procedimiento.

En procedimientos sancionadores iniciados de oficio, el transcurso del plazo máximo sin resolución notificada produce caducidad y archivo. La caducidad del procedimiento no equivale automáticamente a la prescripción de la infracción, por lo que puede ser posible iniciar otro si esta no ha prescrito. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

54. Según el artículo 235 de la LCSP, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. Este informe se solicitará:

  • Después de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea superior a 300.000,00 euros, IVA excluido.
  • Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea superior a 300.000,00 euros, IVA incluido.
  • Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido.
  • Después de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea superior a 500.000,00 euros, IVA excluido.
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Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido.

La supervisión se solicita antes de aprobar el proyecto cuando el presupuesto base de licitación alcanza 500.000 euros, sin IVA. Por debajo de ese umbral el informe es facultativo, salvo obras que afecten a estabilidad, seguridad o estanqueidad, en las que también resulta preceptivo. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

55. Según la LCSP, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será:

  • De quince días a contar desde que finalizó el plazo para la presentación de proposiciones.
  • De dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
  • De un mes a contar desde la apertura de las proposiciones.
  • De veinte días a contar desde la apertura de las proposiciones.
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De dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Cuando se valoran varios criterios, el plazo máximo ordinario de adjudicación es de dos meses desde la apertura de las proposiciones, salvo otro previsto en el pliego. El artículo 158 establece reglas específicas de cómputo y ampliación, por lo que ese plazo no debe confundirse con el de presentación de ofertas. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

56. Según el artículo 208 de la LCSP, si la Administración acuerda la suspensión de un contrato de obras, ¿cuándo prescribe el derecho a reclamar contado desde que el contratista recibe la orden de reanudar la ejecución del contrato?

  • En un año.
  • En tres meses.
  • En seis meses.
  • En dieciocho meses.
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En un año.

El derecho a reclamar los daños y perjuicios derivados de la suspensión prescribe al año desde que el contratista recibe la orden de reanudar la ejecución. El punto inicial es esa recepción, no la fecha en la que comenzó la suspensión. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

57. De conformidad con el artículo 120 de la LCSP, señale la respuesta correcta respecto a la tramitación de emergencia de los contratos en el sector público:

  • El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a quince días, contados desde la adopción del acuerdo de iniciación del órgano de contratación.
  • Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se excluirán las mismas de lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.
  • Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Función Pública en el plazo máximo de veinte días.
  • En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
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En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

La emergencia permite ordenar lo necesario para remediar el acontecimiento sin la tramitación ordinaria previa. Si falta crédito adecuado y suficiente, se dota después del acuerdo conforme a la Ley General Presupuestaria; esa excepcionalidad no elimina las reglas de cumplimiento, recepción y liquidación que correspondan. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

58. Respecto del recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 y siguientes de la LCSP, señale la respuesta INCORRECTA:

  • Las personas legitimadas para interponerlo podrán solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas cautelares.
  • Transcurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.
  • Este recurso será de aplicación en los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.
  • Podrá interponerlo cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.
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Este recurso será de aplicación en los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.

El recurso especial no se admite contra procedimientos de adjudicación seguidos por emergencia. Por eso es incorrecta la alternativa que lo extiende a este régimen, aunque las restantes afirmaciones describan reglas generales del recurso especial. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

59. De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la concesión de subvenciones de cuantía superior a:

  • Doce millones de euros.
  • Diez millones de euros.
  • Quince millones de euros.
  • Veinte millones de euros.
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Doce millones de euros.

La concesión de subvenciones por importe superior a doce millones de euros exige autorización previa del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando así lo disponga la normativa reguladora. La autorización no sustituye las restantes actuaciones del procedimiento. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

60. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, inicia el expediente expropiatorio:

  • La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos.
  • La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el beneficiario considere de necesaria expropiación.
  • La previa declaración de utilidad pública o interés social.
  • El acuerdo de necesidad de ocupación.
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El acuerdo de necesidad de ocupación.

El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio. La declaración de utilidad pública o interés social es un presupuesto previo y no debe confundirse con el acto que formalmente inicia ese expediente. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

61. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o con bienes muebles por más de cuatro años requiere:

  • Concesión administrativa.
  • Autorización administrativa.
  • Comunicación previa a la Administración.
  • Podrá realizarse libremente.
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Concesión administrativa.

El aprovechamiento especial o uso privativo con instalaciones desmontables o bienes muebles requiere concesión cuando su duración excede de cuatro años. La autorización es la figura ordinaria para duraciones inferiores dentro de este régimen. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

62. De acuerdo con la Ley 33/2003, la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por parte de las Administraciones públicas se ajusta a uno de los siguientes principios:

  • Ejercicio diligente de las prerrogativas que la citada Ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
  • Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
  • Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
  • Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
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Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.

La publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad orientan la adquisición, explotación y enajenación de bienes patrimoniales. Los principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad caracterizan en cambio a los bienes de dominio público. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

63. De conformidad con el artículo 96 de la Ley 39/2015, en el caso del procedimiento en materia sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando:

  • Exista reconocimiento de la responsabilidad por parte del presunto infractor.
  • El órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.
  • No se hayan formulado alegaciones por parte del presunto infractor en el trámite de audiencia.
  • Se haya producido el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución.
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El órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.

La tramitación simplificada sancionadora puede acordarse si el órgano competente para iniciar aprecia elementos suficientes para calificar la infracción como leve. No exige que el presunto responsable haya reconocido la infracción o pagado voluntariamente. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

64. Señale la respuesta correcta en relación con la acumulación de procedimientos del artículo 57 de la Ley 39/2015:

  • Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.
  • El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros siempre que haya identidad en los interesados.
  • Solo podrá acordarse en procedimientos iniciados de oficio.
  • Contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que acordó la acumulación de procedimientos.
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Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

No cabe recurso contra el acuerdo de acumulación. Esta puede adoptarse de oficio o a instancia de parte respecto de procedimientos con identidad sustancial o íntima conexión, siempre que el mismo órgano deba tramitarlos y resolverlos. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

65. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, ¿qué actos deberán ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?

  • Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
  • Todos los actos administrativos.
  • Los actos que se dicten de acuerdo con el criterio seguido en actuaciones precedentes o con el dictamen de órganos consultivos.
  • Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.
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Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

Deben motivarse las resoluciones de revisión de oficio, recursos administrativos y arbitraje, así como las que declaren su inadmisión. El artículo 35 establece supuestos concretos de motivación y no una obligación idéntica para todos los actos sin distinción. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

66. De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 39/2015, en los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada:

  • Serán resueltos en veinte días, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria.
  • En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria, salvo que alguno de los interesados manifestara su oposición expresa.
  • No procederá recurso contra la desestimación de la solicitud de tramitación simplificada del procedimiento formulada por los interesados.
  • Las alegaciones serán formuladas al inicio del procedimiento en un plazo de siete días.
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No procederá recurso contra la desestimación de la solicitud de tramitación simplificada del procedimiento formulada por los interesados.

La desestimación de la solicitud de tramitación simplificada formulada por los interesados no admite recurso. El artículo 96 también permite volver a la tramitación ordinaria antes de resolver; esa decisión no queda sometida a un derecho de veto del interesado. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

67. De acuerdo con la Ley 39/2015, el recurso extraordinario de revisión que se fundamente en que al dictar el acto se hubiera incurrido en un error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, se interpondrá dentro del plazo de:

  • Un año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
  • Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
  • Tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
  • Dos años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
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Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Si el recurso extraordinario de revisión se basa en un error de hecho que resulte de los documentos del expediente, el plazo es de cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada. Las restantes causas tienen el plazo específico de tres meses regulado en el mismo artículo. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

68. De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, en un procedimiento contencioso-administrativo, la Administración pública se entenderá personada:

  • Por el envío del expediente.
  • Por la interposición del recurso.
  • Por la reclamación del expediente administrativo realizada por el órgano jurisdiccional a la Administración.
  • Por la presentación del escrito de alegaciones previas.
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Por el envío del expediente.

La Administración se entiende personada por el envío del expediente administrativo. La reclamación judicial del expediente produce el emplazamiento, mientras que su envío es el acto al que el artículo 50 vincula la personación. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

69. De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), NO se encuentra dentro de la clasificación de empleado público, el:

  • Personal eventual.
  • Personal directivo profesional.
  • Personal laboral temporal.
  • Personal funcionario interino.
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Personal directivo profesional.

El personal directivo profesional se regula en el artículo 13, pero no constituye una de las cuatro clases de empleados públicos enumeradas en el artículo 8. Esa clasificación comprende funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

70. Según el artículo 4 del TREBEP, las disposiciones de dicho Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:

  • Personal de servicios de salud.
  • Personal de las Universidades Públicas.
  • Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
  • Personal docente.
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Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

El personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia está incluido entre los colectivos a los que el TREBEP solo se aplica directamente cuando lo disponga su legislación específica. No debe confundirse esa regla con el régimen del personal docente o sanitario del artículo 2. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

71. De conformidad con el artículo 26 del TREBEP, las retribuciones de los funcionarios en prácticas se corresponderán como mínimo:

  • A las retribuciones básicas del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
  • A las del sueldo y retribuciones complementarias del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
  • A las retribuciones complementarias del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
  • A las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
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A las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.

Las retribuciones de los funcionarios en prácticas deben alcanzar, como mínimo, el sueldo del grupo o subgrupo al que aspiran a ingresar. Ese mínimo no equivale a la totalidad de retribuciones básicas y complementarias del futuro puesto. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

72. De conformidad con el TREBEP, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de:

  • Un año.
  • Dos años.
  • Cuatro años.
  • Tres años.
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Tres años.

La oferta de empleo público debe ejecutarse dentro de un plazo improrrogable de tres años. El artículo 70 distingue ese plazo de ejecución de la aprobación anual de la oferta. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

73. Según el TREBEP, cuando un funcionario de carrera adquiere la condición de funcionario al servicio de una organización internacional pasará a la situación de:

  • Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
  • Excedencia voluntaria por interés particular.
  • Servicios especiales.
  • Servicio en otras Administraciones públicas.
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Servicios especiales.

Adquirir la condición de funcionario al servicio de una organización internacional determina el pase a servicios especiales. No se trata de prestar servicios en otra Administración pública española ni de una excedencia ordinaria por interés particular. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

74. De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, ¿cuánto tiempo pueden permanecer los funcionarios en situación de expectativa de destino?

  • Un período de máximo de 6 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.
  • Un período máximo de 1 año, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.
  • Un periodo máximo de 18 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
  • Un período máximo de 6 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
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Un período máximo de 1 año, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.

La expectativa de destino tiene una duración máxima de un año. Agotado ese período, el funcionario pasa a excedencia forzosa, sin perjuicio de que pueda producirse antes ese pase por incumplimiento de las obligaciones legalmente previstas. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

75. De acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 365/1995, determine cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a los funcionarios en suspensión firme de funciones:

  • Durante el plazo de suspensión de funciones se tramitarán los cambios de situación administrativa que procedan ante el Registro Central de Personal.
  • Solicitado el reingreso en plazo, tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.
  • La suspensión de funciones determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de tres meses.
  • Deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes a partir de la fecha del cumplimiento del período de duración de la suspensión.
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Solicitado el reingreso en plazo, tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.

Cuando la suspensión firme ha supuesto perder el puesto, el reingreso debe solicitarse con un mes de antelación al final de la suspensión. Solicitado en plazo, sus efectos económicos y administrativos se retrotraen a la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

76. De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, la tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados, es una falta:

  • Muy grave.
  • Grave.
  • Muy grave si las faltas cometidas son muy graves y grave si son graves.
  • Leve.
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Grave.

La tolerancia de los superiores ante faltas graves o muy graves de sus subordinados es una falta grave según el artículo 7. Su calificación no cambia automáticamente a muy grave por la clasificación de la conducta tolerada. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

77. De conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, obtenida la compatibilidad, los servicios prestados en el segundo puesto o actividad:

  • Se computarán a efectos trienios pero no a efectos de derechos pasivos.
  • Se computarán a efectos de derechos pasivos proporcionalmente a su cuantía.
  • Se computarán a efectos de derechos pasivos pero no a efectos de trienios.
  • No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos.
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No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos.

Los servicios del segundo puesto o actividad autorizados mediante compatibilidad no se computan para trienios ni derechos pasivos. Tampoco permiten duplicar pagas extraordinarias o prestaciones familiares, que solo pueden percibirse por uno de los puestos. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

78. Según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, el complemento específico es un concepto retributivo que:

  • Está vinculado al puesto concreto que se desempeñe.
  • Está vinculado al nivel del puesto que se ocupa o, en su caso, al grado personal consolidado.
  • Es una retribución básica.
  • No puede superar en más de tres veces la cuantía del sueldo.
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Está vinculado al puesto concreto que se desempeñe.

El complemento específico retribuye condiciones particulares de un puesto, como dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. El complemento de destino se vincula al nivel; ambos son conceptos distintos. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

79. ¿Podrían sustituirse las vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios por una cuantía económica o compensación económica?

  • No, en ningún caso.
  • Sí, en casos de conclusión de la relación de servicio por causas ajenas a la voluntad de los funcionarios, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.
  • Sí, tendrán derecho a solicitar una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas en casos de incapacidad temporal que sobreviniera una vez iniciado el disfrute vacacional e impida su disfrute en el año natural y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
  • Sí, puede solicitarse una compensación económica en los casos en que no fuera posible el disfrute de las vacaciones en el año natural, por necesidades de servicio y debidamente motivado.
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Sí, en casos de conclusión de la relación de servicio por causas ajenas a la voluntad de los funcionarios, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.

La regla general impide sustituir las vacaciones por dinero. El artículo 50.3 admite compensar las devengadas y no disfrutadas al terminar la relación por causas ajenas a la voluntad del funcionario, en particular jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, con el límite previsto de dieciocho meses. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

80. De acuerdo con el artículo 43 del TREBEP, ¿quiénes podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal?

  • Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 20 por 100 de los representantes en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones.
  • Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 15 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas.
  • Los funcionarios de la unidad electoral, lo que exigirá acuerdo adoptado por unanimidad.
  • Los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico.
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Los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico.

Los sindicatos más representativos de una comunidad autónoma pueden promover elecciones si la unidad electoral se encuentra en su ámbito geográfico. El artículo 43 reconoce también otros promotores y no exige unanimidad de los funcionarios de la unidad. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

81. De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, el tipo porcentual de cotización a MUFACE será fijado:

  • Mediante Real Decreto del Gobierno.
  • Por la persona titular de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
  • En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico.
  • En la resolución que, a tal efecto, dicte la persona titular del Organismo Autónomo MUFACE.
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En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico.

El porcentaje de cotización de los mutualistas a MUFACE lo fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. No se determina libremente mediante una resolución interna de la Mutualidad. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

82. ¿Cuál es el órgano máximo de interpretación, vigilancia, seguimiento, estudio y aplicación de lo pactado en el IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado durante la vigencia de este?

  • La Comisión Conjunta.
  • La Comisión de Seguimiento.
  • La Comisión de Interpretación y Vigilancia.
  • La Comisión Paritaria.
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La Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria es el órgano máximo de interpretación, vigilancia, seguimiento, estudio y aplicación del IV Convenio durante su vigencia. La Comisión Negociadora desempeña una función distinta: negociar dentro del marco del convenio. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

83. De conformidad con el TREBEP y en función de su duración, ¿cuál de los siguientes contratos de personal laboral está expresamente reconocido en esta norma?

  • El contrato de trabajo por tiempo indefinido.
  • El contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje.
  • El contrato de trabajo en prácticas.
  • El contrato de grupo.
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El contrato de trabajo por tiempo indefinido.

El personal laboral presta servicios mediante contrato escrito y, según su duración, puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Entre las opciones propuestas, el contrato por tiempo indefinido es el expresamente identificado por el TREBEP. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

84. De acuerdo con la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga se considera como:

  • Falta grave.
  • Falta muy grave.
  • No tiene consideración de infracción administrativa.
  • Falta leve.
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Falta muy grave.

El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga se califica como falta muy grave en el artículo 31.1 de la Ley 30/1984. El artículo 95.2.m del TREBEP recoge igualmente esta tipificación, por lo que no debe confundirse con una falta leve o grave. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

85. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas pueden incurrir en déficit estructural:

  • En caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, así como en caso de reformas con efectos presupuestarios a corto plazo hasta un máximo del 0,4% del PIB.
  • En ningún caso las Administraciones públicas podrán incurrir en déficit estructural.
  • En caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social.
  • En caso de reformas con efectos presupuestarios a corto plazo hasta un máximo del 0,4% del PIB..
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En caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social.

El Estado y las comunidades autónomas pueden incurrir excepcionalmente en déficit estructural por catástrofes, recesión grave o emergencias extraordinarias con los efectos previstos legalmente. La excepción exige apreciación de la mayoría absoluta del Congreso y un plan de reequilibrio; no constituye una autorización ordinaria para cualquier desviación. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

86. Señale la respuesta correcta en relación con los planes económico-financieros de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012:

  • Su aprobación no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde su presentación.
  • Su presentación no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento.
  • Su presentación no podrá exceder el plazo máximo de dos meses desde que se constate el incumplimiento.
  • Su puesta en marcha no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde su presentación.
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Su presentación no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento.

El plan económico-financiero debe presentarse como máximo en un mes desde que se constata el incumplimiento. No se computa el tiempo entre la solicitud y la emisión del informe de la AIReF. La aprobación y puesta en marcha tienen otros plazos, por lo que deben distinguirse estas fases. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

87. El artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012 establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda de las Administraciones públicas gozará de prioridad absoluta:

  • Solo frente a los gastos corrientes.
  • Frente a cualquier otro gasto.
  • Solo frente a los gastos no corrientes.
  • Frente a cualquier otro gasto, excluidos los gastos de personal.
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Frente a cualquier otro gasto.

El pago de capital e intereses de la deuda pública tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro gasto. La norma no establece una excepción general para los gastos de personal o para los gastos corrientes. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

88. Conforme al artículo 43 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante LGP), ¿a qué nivel se especifican en el Presupuesto del Estado los créditos referidos a arrendamientos de terrenos?

  • Concepto.
  • Subconcepto.
  • Artículo.
  • Capítulo.
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Artículo.

Los arrendamientos de terrenos son gastos corrientes en bienes y servicios. En el presupuesto del Estado, el artículo 43 establece para estos créditos el nivel de artículo, salvo las excepciones de mayor detalle que enumera y que no incluyen este arrendamiento. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

89. En la aplicación presupuestaria 15.202.463A.120.05, "120.05" se refiere a:

  • La clasificación económica, en este caso gastos corrientes en bienes y servicios.
  • La clasificación por programas conforme a los objetivos a conseguir, siendo en este caso un programa finalista.
  • La clasificación orgánica que agrupa por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto.
  • La clasificación económica, en este caso gastos correspondientes a las retribuciones básicas de funcionarios, en concreto trienios.
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La clasificación económica, en este caso gastos correspondientes a las retribuciones básicas de funcionarios, en concreto trienios.

La parte 120.05 pertenece a la clasificación económica: el concepto 120 recoge retribuciones básicas de funcionarios y el subconcepto 05 corresponde a trienios. Los componentes anteriores del código identifican el centro gestor y el programa de gasto. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

90. De acuerdo con el artículo 58 de la LGP, ¿en qué supuestos podrán incorporarse los remanentes de crédito de un ejercicio anterior?

  • Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de créditos concedidos mediante norma con rango de Ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.
  • Cuando lo disponga la Intervención General de la Administración del Estado.
  • Siempre que no se haya podido ejecutar en su totalidad el presupuesto del ejercicio anterior.
  • Cuando procedan de generaciones de crédito del artículo 53.2, párrafo b), referido a las ventas de bienes y prestación de servicios.
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Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de créditos concedidos mediante norma con rango de Ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.

Pueden incorporarse los remanentes de créditos extraordinarios y suplementos concedidos por norma con rango de ley en el último mes del ejercicio anterior. La incorporación es una excepción legal a la anualidad y no procede por el mero hecho de que un crédito haya quedado sin gastar. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

91. Según el Plan General de Contabilidad Pública, la cuenta "Servicios bancarios y similares" es una cuenta de:

  • Grupo 4: Acreedores y deudores.
  • Grupo 5: Cuentas financieras.
  • Grupo 6: Compras y gastos por naturaleza.
  • Grupo 1: Financiación básica.
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Grupo 6: Compras y gastos por naturaleza.

La cuenta 626, servicios bancarios y similares, forma parte del grupo 6, compras y gastos por naturaleza. Su objeto es registrar un gasto por servicios, por lo que no debe confundirse con las cuentas financieras que registran disponibilidades o movimientos bancarios. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

92. De conformidad con lo establecido en la LGP, la Cuenta General del Estado:

  • Se formará por el Gobierno que la someterá a la aprobación de la Intervención General de la Administración del Estado, para su posterior remisión al Tribunal de Cuentas.
  • Se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para ser sometida a la aprobación del Congreso de los Diputados y, posteriormente, ser remitida al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
  • Se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
  • Se formará por las Cortes Generales y se remitirá al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
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Se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.

La IGAE forma la Cuenta General del Estado y la eleva al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del 31 de octubre del año siguiente. La formación contable, la elevación al Gobierno y la fiscalización externa corresponden a fases y órganos distintos. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

93. El Tribunal de Cuentas estará integrado por:

  • Un total de 12 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de los 2/3 de sus componentes para la válida constitución del Pleno.
  • Un total de 15 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de las 3/4 partes de sus componentes para la válida constitución del Pleno.
  • Un total de 16 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesaria la mayoría de sus miembros para la válida constitución del Pleno.
  • Un total de 15 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de los 2/3 de sus miembros para la válida constitución del Pleno.
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Un total de 12 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de los 2/3 de sus componentes para la válida constitución del Pleno.

El Pleno del Tribunal de Cuentas está integrado por doce Consejeros de Cuentas, uno de ellos Presidente, y el Fiscal. Para constituirse válidamente necesita dos tercios de sus componentes; los acuerdos se adoptan por mayoría de asistentes. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

94. La Regla 83 de la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, indica en relación con la tramitación de subvenciones nominativas que, una vez dictado el acuerdo de concesión por el órgano competente, el servicio gestor formulará un documento:

  • RC.
  • AD o ADOK.
  • D.
  • OK.
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AD o ADOK.

La regla 83.3 permite formular un documento AD o un ADOK una vez concedida la subvención nominativa. El AD acumula autorización y compromiso; el ADOK añade reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. Si se utilizó AD, posteriormente se expide el OK al vencer las obligaciones. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

95. De conformidad con el artículo 79.4 de la LGP, los perceptores de órdenes de pago a justificar quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de:

  • 20 días hábiles, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 1 mes.
  • 1 mes, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 3 meses.
  • 6 meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 12 meses.
  • 3 meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 6 meses.
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3 meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 6 meses.

La cuenta justificativa se rinde, como regla general, en tres meses. Para pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero el plazo es de seis meses; el artículo 79.4 contempla además las posibles ampliaciones por los órganos competentes. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

96. De acuerdo con el Capítulo IV de la Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos de la clasificación económica, ¿cuál de los siguientes gastos ha de imputarse al capítulo 4 del presupuesto de gastos?

  • La compra de un ordenador.
  • Una ayuda estatal destinada a la compra de una vivienda.
  • Una indemnización a satisfacer por la Administración como consecuencia del funcionamiento de un servicio público siempre que por su naturaleza no deba imputarse a otro capítulo.
  • Una transferencia a una Comunidad Autónoma destinada a financiar la construcción de un hospital.
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Una indemnización a satisfacer por la Administración como consecuencia del funcionamiento de un servicio público siempre que por su naturaleza no deba imputarse a otro capítulo.

El capítulo 4 recoge transferencias corrientes e incluye las indemnizaciones por funcionamiento de los servicios públicos cuando su naturaleza no determine otro capítulo. Las ayudas para construir un hospital o adquirir una vivienda son transferencias de capital; la adquisición de un ordenador es inversión real. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

97. Señale cuál de los siguientes NO es un requisito en el procedimiento de concesión de una subvención en concurrencia competitiva en la Administración General del Estado, de acuerdo con la Ley 38/2003:

  • La previa existencia de un plan estratégico de subvenciones.
  • La notificación de la resolución de concesión.
  • La previa realización de la actividad o el cumplimiento de la finalidad que determine su concesión.
  • La publicación en el Boletín Oficial del Estado de las bases reguladoras.
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La previa realización de la actividad o el cumplimiento de la finalidad que determine su concesión.

La realización previa de la actividad no es un requisito general para conceder una subvención en concurrencia competitiva: pueden financiarse actividades que se ejecutarán después. Debe distinguirse la concesión de la justificación necesaria para cobrar, sin perjuicio de los anticipos y de lo que establezcan las bases. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

98. El artículo 133 de la CE establece que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde:

  • Exclusivamente al Estado mediante Ley.
  • Al Estado mediante Ley y reglamentos de desarrollo, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales mediante disposiciones de carácter reglamentario.
  • Al Estado y a las Comunidades Autónomas mediante Ley y a las Entidades Locales mediante sus propias ordenanzas locales.
  • Al Estado y a las Comunidades Autónomas mediante Ley estatal y autonómica respectivamente.
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Exclusivamente al Estado mediante Ley.

La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Las comunidades autónomas y entidades locales también pueden establecer y exigir tributos, pero conforme a la Constitución y las leyes, sin que por ello se les atribuya esa potestad originaria. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

99. En las retribuciones de los funcionarios públicos:

  • El complemento específico se establece en las leyes anuales de presupuestos en función del nivel del puesto de trabajo desempeñado.
  • Las gratificaciones por servicios extraordinarios se fijan en atención a la valía personal y la consecución de resultados.
  • El sueldo y los trienios dependen del Grupo o Subgrupo de clasificación profesional al que pertenece su cuerpo o escala.
  • El complemento de productividad se establece en las leyes anuales de presupuestos en función del nivel del puesto de trabajo desempeñado.
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El sueldo y los trienios dependen del Grupo o Subgrupo de clasificación profesional al que pertenece su cuerpo o escala.

El sueldo se asigna según el grupo o subgrupo de clasificación, y los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo o subgrupo por cada tres años de servicio. Productividad, complemento específico y gratificaciones responden a criterios retributivos diferentes. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

100. De conformidad con el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes materias NO puede determinar el establecimiento de un Sistema Especial de la Seguridad Social?

  • Prestaciones.
  • Recaudación.
  • Cotización.
  • Afiliación.
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Prestaciones.

Los sistemas especiales pueden establecer particularidades en encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación dentro del régimen correspondiente. El artículo 11 no incluye las prestaciones entre las materias que permiten constituir esos sistemas especiales. Respuesta de la plantilla histórica: **A**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

Reserva

101. De conformidad con el artículo 64 de la CE, ¿quién refrenda la disolución de las Cámaras prevista en el artículo 99?

  • La Ministra de Justicia.
  • El Jefe de la Casa Real.
  • El Presidente del Gobierno.
  • El Presidente del Congreso.
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El Presidente del Congreso.

La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, así como la disolución prevista en el artículo 99, son refrendados por el Presidente del Congreso. Constituyen una excepción a la regla general de refrendo por el Presidente del Gobierno o los Ministros competentes. Respuesta de la plantilla histórica: **D**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

Reserva

102. De conformidad con el artículo 97 del TREBEP, señale la respuesta correcta en relación con la prescripción de las faltas leves y las sanciones impuestas por las mismas:

  • Ambas prescriben a los 6 meses desde la firmeza de la resolución sancionadora.
  • Tanto la infracción como la sanción prescriben al año desde la fecha de la comisión o desde el cese de comisión en faltas continuadas.
  • La infracción prescribe al año de haberse cometido o desde el cese de la comisión en faltas continuadas y la sanción a los 6 meses desde la firmeza de la resolución sancionadora.
  • La infracción prescribe a los 6 meses de haberse cometido o desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas y la sanción al año desde la firmeza de la resolución sancionadora.
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La infracción prescribe a los 6 meses de haberse cometido o desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas y la sanción al año desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Las faltas leves prescriben a los seis meses y las sanciones por faltas leves al año. La infracción se cuenta desde su comisión o el cese de la conducta continuada; la sanción, desde la firmeza de la resolución sancionadora. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

Reserva

103. De conformidad con el TREBEP y respecto a los derechos retributivos, los trienios son:

  • Una retribución básica.
  • Una retribución complementaria.
  • Una paga extraordinaria.
  • Una indemnización.
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Una retribución básica.

Los trienios se incluyen entre las retribuciones básicas, junto al sueldo. Remuneran la antigüedad por períodos de tres años y no tienen naturaleza de complemento, indemnización ni paga extraordinaria independiente. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

Reserva

104. De conformidad con el artículo 101 de la LCSP, ¿cuál de los siguientes costes NO deberá tenerse en cuenta para el cálculo del valor estimado del contrato?

  • Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Gastos generales de estructura.
  • Beneficio industrial.
  • Eventuales prórrogas del contrato.
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Impuesto sobre el Valor Añadido.

El valor estimado se calcula sin IVA e incorpora los conceptos legalmente previstos, como costes, gastos generales, beneficio industrial y eventuales prórrogas. Por ello, el impuesto es el elemento que debe excluirse entre las opciones propuestas. Respuesta de la plantilla histórica: **B**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

Reserva

105. Cuando el órgano gestor no acepte un reparo formulado, ¿ante qué órgano de la función interventora se planteará la discrepancia?

  • Ante la Intervención General de la Administración del Estado.
  • Ante la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en cada Ministerio u Organismo autónomo.
  • Ante el Consejo de Ministros.
  • Ante el titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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Ante la Intervención General de la Administración del Estado.

Si el órgano gestor discrepa de un reparo, plantea por escrito y motivadamente la discrepancia ante la IGAE por el conducto establecido en el artículo 155. Cuando el reparo procede de la propia IGAE o esta lo confirma y persiste la discrepancia, corresponde al Consejo de Ministros resolver definitivamente. Respuesta de la plantilla histórica: **C**. [Consultar plantilla](https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925662/Plantilla_definitivaGACE-LPrimerejercicio2019_154AB89SD658.pdf/278d19b5-50ec-5b3f-2dac-7864b8f1ab09).

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