Tema 1 · La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. La reforma de la Constitución.
1. ¿Qué contenido regula el Título VIII de la Constitución Española de 1978?
- De la Organización Territorial del Estado.
- Economía y Hacienda.
- Del Poder Judicial.
- De la reforma constitucional.
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De la Organización Territorial del Estado.
El Título VIII regula la organización territorial del Estado, con reglas sobre administración local y comunidades autónomas. Economía y Hacienda, Poder Judicial y reforma constitucional tienen títulos propios distintos.
Fundamento: Constitución Española · Título VIII.
Tema 1 · La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. La reforma de la Constitución.
2. En relación con la estructura de la Constitución Española de 1978, indique la respuesta correcta:
- Cuenta con 4 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria y 9 disposiciones finales.
- Cuenta con 1 disposición adicional, 1 disposición transitoria, 9 disposiciones derogatorias y 4 disposiciones finales.
- Cuenta con 9 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
- Cuenta con 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
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Cuenta con 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
La Constitución contiene cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Las alternativas intercambian el número o el tipo de estas disposiciones.
Fundamento: Constitución Española · Disposiciones finales del texto constitucional.
Tema 1 · La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. La reforma de la Constitución.
3. El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 dispone que:
- Las Cortes y el pueblo español aprueban y ratifican conjuntamente la Constitución.
- Las Cortes y el Gobierno aprueban y sancionan conjuntamente la Constitución.
- Las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la Constitución.
- Las Cortes aprueban y el Gobierno sanciona la Constitución.
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Las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la Constitución.
El preámbulo distingue dos actuaciones: aprobación por las Cortes y ratificación por el pueblo español. No atribuye al Gobierno la sanción ni presenta la aprobación y la ratificación como un único acto conjunto.
Fundamento: Constitución Española · Preámbulo.
Tema 2 · Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del Pueblo.
4. ¿Cuál de los siguientes derechos fundamentales NO puede ser suspendido cuando se declaren los estados de excepción o sitio, según el artículo 55.1 de la Constitución Española de 1978?
- Derecho a la vida y a la integridad física y moral.
- Derecho a la libertad personal.
- Derecho a la protección de la salud.
- Derecho de reunión.
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Derecho a la vida y a la integridad física y moral.
El derecho fundamental a la vida y a la integridad del artículo 15 no figura entre los derechos suspendibles en excepción o sitio. Libertad personal y reunión sí aparecen con sus condiciones; la protección de la salud es un principio rector, no un derecho fundamental de la sección a la que alude la pregunta.
Fundamento: Constitución Española · art. 15 y 55.1.
Tema 2 · Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del Pueblo.
5. De conformidad con el artículo treinta de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, formulada por éste una recomendación, con ocasión de sus investigaciones, a la Dirección General del Instituto Nacional de Administración Pública, ésta vendrá obligada a responder en término no superior al de:
- Treinta días.
- Un mes.
- Tres meses.
- Quince días.
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Un mes.
Las autoridades y funcionarios deben responder por escrito a las recomendaciones del Defensor del Pueblo en un plazo no superior a un mes. Un mes es un plazo de fecha a fecha y no equivale necesariamente a treinta días.
Fundamento: Ley Orgánica 3/1981 · art. 30.1.
Tema 2 · Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Defensor del Pueblo.
6. ¿Qué institución supervisa la actividad de la Administración y defiende los derechos fundamentales de los ciudadanos?
- El Consejo General del Poder Judicial.
- El Tribunal Supremo.
- El Defensor del Pueblo.
- El Tribunal Constitucional.
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El Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes para defender los derechos del Título I y supervisar la actividad administrativa. El Tribunal Constitucional y los órganos judiciales ejercen funciones jurisdiccionales diferentes.
Fundamento: Constitución Española · art. 54.
Tema 3 · El Tribunal Constitucional. Organización, composición y atribuciones.
7. ¿Quién puede interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional?
- Los partidos políticos sin representación parlamentaria.
- Un Juez o Magistrado en el ejercicio de sus funciones.
- Cualquier ciudadano.
- El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
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El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
La Constitución atribuye legitimación a Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores y los órganos autonómicos previstos. Un ciudadano puede tener otras vías de protección, pero no interpone por sí solo este recurso abstracto.
Fundamento: Constitución Española · art. 162.1.a.
Tema 3 · El Tribunal Constitucional. Organización, composición y atribuciones.
8. Según el artículo 161.2 de la Constitución Española de 1978, la impugnación por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional de las disposiciones y resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas:
- Produce la suspensión de la disposición o resolución, debiendo ratificarla o levantarla el Tribunal Constitucional en un plazo máximo de 5 meses.
- Produce la suspensión de la disposición o resolución, debiendo ratificarla o levantarla el Tribunal Constitucional en un plazo máximo de 3 meses.
- No produce la suspensión de la disposición o resolución de la Comunidad Autónoma.
- Produce la suspensión de la disposición o resolución, debiendo ratificarla o levantarla el Tribunal Constitucional en un plazo máximo de 1 mes.
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Produce la suspensión de la disposición o resolución, debiendo ratificarla o levantarla el Tribunal Constitucional en un plazo máximo de 5 meses.
La impugnación gubernamental produce suspensión y el Tribunal debe ratificarla o levantarla en un máximo de cinco meses. La suspensión inicial no equivale a declarar ya inconstitucional la disposición.
Fundamento: Constitución Española · art. 161.2.
Tema 3 · El Tribunal Constitucional. Organización, composición y atribuciones.
9. Señale cuál de los siguientes supuestos NO es susceptible de declaración de inconstitucionalidad, según el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:
- El Reglamento del Congreso de los Diputados.
- La Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Badajoz.
- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
- Un Tratado de Extradición suscrito por España.
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La Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Badajoz.
El control de constitucionalidad del precepto comprende leyes, normas con fuerza de ley, tratados y reglamentos parlamentarios. Una ordenanza fiscal municipal es una disposición reglamentaria cuyo control ordinario corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Fundamento: Ley Orgánica 2/1979 · art. 27.2.
Tema 4 · La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.
10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Constitución Española de 1978, la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo:
- En la misma línea, el varón a la mujer.
- En el mismo grado, la persona de más edad a la de menos.
- En el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
- Preferido el grado anterior a los posteriores.
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En el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
La preferencia por edad opera dentro del mismo sexo. Antes se atiende a la línea, al grado y a la preferencia del varón en el mismo grado; las alternativas mezclan los niveles de aplicación de esos criterios.
Fundamento: Constitución Española · art. 57.1.
Tema 4 · La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.
11. De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Española de 1978, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. Indique la respuesta INCORRECTA:
- El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, así como el de fidelidad al Rey.
- El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales.
- El Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, así como el de fidelidad al Rey.
- Cualquier persona que en su testamento hubiese nombrado como tutor el Rey difunto.
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Cualquier persona que en su testamento hubiese nombrado como tutor el Rey difunto.
Prestan el juramento constitucional el Rey al ser proclamado, el heredero al alcanzar la mayoría de edad y los regentes al asumir funciones. El tutor testamentario no aparece incluido por esa sola condición en este precepto.
Fundamento: Constitución Española · art. 61.
Tema 5 · El poder legislativo. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
12. Según el artículo 70 de la Constitución Española de 1978, NO es causa de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores:
- Ser miembro del Gobierno.
- Ser componente del Tribunal Constitucional.
- Ser Magistrado, Juez o Fiscal en activo.
- Ser miembro de Juntas electorales.
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Ser miembro del Gobierno.
La Constitución exceptúa expresamente a los miembros del Gobierno de la incompatibilidad referida a altos cargos de la Administración. En cambio, incluye a miembros del TC, jueces y fiscales en activo y miembros de juntas electorales.
Fundamento: Constitución Española · art. 70.1.b.
Tema 5 · El poder legislativo. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
13. Según el artículo 2 del Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982, su sesión constitutiva será presidida inicialmente por:
- El Presidente del Congreso de los Diputados saliente, asistido, en calidad de Secretarios, por los dos más jóvenes.
- El Diputado electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de Secretarios, por los dos más jóvenes.
- El Diputado electo de mayor antigüedad en la Cámara de los presentes, asistido, en calidad de Secretario, por el más joven.
- El Diputado electo más joven de los presentes, asistido, en calidad de Secretarios, por los dos de mayor edad.
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El Diputado electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de Secretarios, por los dos más jóvenes.
La Mesa de Edad inicial la preside el diputado electo de mayor edad presente, asistido por los dos más jóvenes como secretarios. No corresponde al presidente saliente ni al diputado de mayor antigüedad parlamentaria.
Fundamento: Reglamento del Congreso de los Diputados · art. 2.
Tema 5 · El poder legislativo. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
14. Según el artículo 69.3 de la Constitución Española de 1978, corresponden tres senadores a las siguientes islas:
- Gran Canaria, Mallorca y Menorca.
- Gran Canaria, Mallorca, Menorca y Tenerife.
- Gran Canaria, Mallorca y Tenerife.
- Gran Canaria y Mallorca.
Ver respuesta
Gran Canaria, Mallorca y Tenerife.
Las islas mayores de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen tres senadores cada una. Menorca no pertenece a ese grupo de islas mayores a efectos de la circunscripción senatorial.
Fundamento: Constitución Española · art. 69.3.
Tema 6 · El poder ejecutivo. El Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. El Consejo de Estado.
15. ¿Cuál es el requisito principal para que una moción de censura sea válida según la Constitución Española de 1978?
- Ser adoptada por la mayoría simple de los miembros del Congreso de los Diputados.
- Ser aprobada por el Senado.
- Ser presentada por el Presidente del Gobierno.
- Ser adoptada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
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Ser adoptada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
Para prosperar, la moción de censura necesita mayoría absoluta del Congreso. Además requiere propuesta de al menos una décima parte de los diputados e incluir candidato alternativo; la mayoría simple no basta y el Senado no la vota.
Fundamento: Constitución Española · art. 113.1.
Tema 6 · El poder ejecutivo. El Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. El Consejo de Estado.
16. Según el artículo trece de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, el número mínimo de secciones del Consejo serán:
- Ocho y estarán presididas por un Consejero permanente.
- Seis y estarán presididas por un Consejero electivo.
- Diez y estarán presididas por un Consejero permanente.
- Once y estarán presididas por un Consejero permanente.
Ver respuesta
Ocho y estarán presididas por un Consejero permanente.
El Consejo de Estado se organiza en al menos ocho secciones, presididas por consejeros permanentes. «Al menos» fija un mínimo, no un número cerrado invariable de secciones.
Fundamento: Ley Orgánica 3/1980 · art. 13.
Tema 6 · El poder ejecutivo. El Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Designación, causas de cese y responsabilidad del Gobierno. El Consejo de Estado.
17. Según el artículo octavo de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será Consejero nato del mismo:
- El Defensor del Pueblo.
- El Fiscal General del Estado.
- El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
- El Presidente del Tribunal de Cuentas.
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El Fiscal General del Estado.
El Fiscal General del Estado es consejero nato del Consejo de Estado por razón de su cargo. Los demás cargos propuestos no aparecen en esa enumeración de consejeros natos.
Fundamento: Ley Orgánica 3/1980 · art. 8.
Tema 7 · El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española.
18. Según el artículo 64.bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá:
- De los recursos de apelación que establezca esta Ley contra las resoluciones de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
- De los recursos de apelación que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial contra las resoluciones de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
- De los recursos de apelación que establezca esta Ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- De los recursos de apelación que establezca esta Ley contra las resoluciones de los Juzgados Contencioso-Administrativos.
Ver respuesta
De los recursos de apelación que establezca esta Ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conoce los recursos previstos contra resoluciones de su Sala de lo Penal. No es una segunda instancia general de las salas social y contenciosa.
Fundamento: Ley Orgánica 6/1985 · art. 64 bis.
Tema 7 · El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española.
19. Según el artículo 124.2 de la Constitución Española de 1978, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de:
- Unidad de actuación, independencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.
- Unidad de actuación, independencia, legalidad y objetividad.
- Unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad y objetividad.
- Unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.
Ver respuesta
Unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.
El Ministerio Fiscal actúa conforme a unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeto a legalidad e imparcialidad. La independencia jerárquica corresponde a un planteamiento distinto del modelo constitucional de la Fiscalía.
Fundamento: Constitución Española · art. 124.2.
Tema 8 · La Administración General del Estado. Principios de organización y funcionamiento. Órganos centrales. Órganos superiores y órganos directivos: creación, nombramiento, cese y funciones. Los servicios comunes de los ministerios. Órganos territoriales. La Administración del Estado en el Exterior.
20. Indique la respuesta correcta sobre la delegación de competencias en la Administración General del Estado, según el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
- Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
- La delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegado.
- Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del órgano superior de quien dependa el órgano delegado si ambos pertenecen al mismo Ministerio.
- Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios.
Ver respuesta
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Una resolución adoptada por delegación debe indicarlo y se considera dictada por el delegante. La delegación transfiere el ejercicio, no la titularidad de la competencia; las otras opciones alteran las reglas de aprobación previa.
Fundamento: Ley 40/2015 · art. 9.4.
Tema 9 · El sector público institucional: entidades que lo integran y régimen jurídico.
21. Según el artículo 120.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuera su causa, conllevará la modificación de los estatutos del Consorcio en un plazo no superior a:
- Tres meses, desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción.
- Seis meses, desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción.
- Diez meses, desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción.
- Ocho meses, desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción.
Ver respuesta
Seis meses, desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción.
El cambio de adscripción del consorcio obliga a modificar sus estatutos en un máximo de seis meses desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente. El plazo no comienza necesariamente el día concreto del cambio.
Fundamento: Ley 40/2015 · art. 120.4.
Tema 9 · El sector público institucional: entidades que lo integran y régimen jurídico.
22. ¿Cuál de las siguientes entidades forma parte del sector público institucional en España y cuál es su régimen jurídico?
- Las entidades locales, reguladas por la Ley de Bases del Régimen Local.
- Las comunidades autónomas, reguladas por sus respectivos Estatutos de Autonomía.
- Las fundaciones del sector público, reguladas por la Ley de Fundaciones.
- Las sociedades mercantiles estatales, reguladas por el Código de Comercio.
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Las fundaciones del sector público, reguladas por la Ley de Fundaciones.
La respuesta oficial identifica correctamente a las fundaciones del sector público, sujetas a su legislación específica y a la normativa pública aplicable. Las sociedades mercantiles estatales también integran el sector institucional, pero su régimen no se agota en el Código de Comercio. Comunidades autónomas y entidades locales son Administraciones territoriales.
Fundamento: Ley 40/2015 · art. 84.1.e y 130.
Tema 10 · Organización territorial (I): las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Organización política y administrativa. La delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.
23. ¿Qué principio establece el artículo 139 de la Constitución Española de 1978, sobre la organización territorial del Estado?
- La igualdad de todas las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.
- La igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio español.
- La posibilidad de secesión de las Comunidades Autónomas bajo determinadas circunstancias.
- La separación y autonomía total entre las Comunidades Autónomas.
Ver respuesta
La igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio español.
Todos los españoles tienen iguales derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. Esa igualdad no significa que todas las comunidades deban ejercer competencias idénticas ni autoriza su secesión.
Fundamento: Constitución Española · art. 139.1.
Tema 10 · Organización territorial (I): las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Organización política y administrativa. La delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.
24. El artículo 153 de la Constitución Española de 1978 establece que el control del ejercicio por los órganos de las Comunidades Autónomas de las funciones delegadas mencionadas en el apartado 2 del artículo 150 se ejercerá por:
- El Tribunal de Cuentas.
- El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
- El Senado.
- El Tribunal Constitucional.
Ver respuesta
El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
El Gobierno controla las funciones estatales transferidas o delegadas del artículo 150.2, previo dictamen del Consejo de Estado. La constitucionalidad, la actividad administrativa y el control económico tienen otros cauces en el mismo artículo 153.
Fundamento: Constitución Española · art. 153.b.
Tema 11 · Organización territorial (II): la Administración local: entidades que la integran. La autonomía local. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competencias.
25. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras, conforman:
- Un área metropolitana.
- Una mancomunidad.
- Una comarca.
- Una pedanía.
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Un área metropolitana.
Las áreas metropolitanas reúnen municipios de grandes aglomeraciones vinculados económica y socialmente que necesitan planificación y coordinación conjunta. La mancomunidad es otra figura asociativa y no equivale a esta definición territorial específica.
Fundamento: Ley 7/1985 · art. 43.2.
Tema 11 · Organización territorial (II): la Administración local: entidades que la integran. La autonomía local. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competencias.
26. De conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:
- Por lo propios Ayuntamientos implicados.
- Las respectivas Diputaciones.
- Al Gobierno mediante Real Decreto.
- Las Cortes Generales mediante ley orgánica.
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Las Cortes Generales mediante ley orgánica.
La alteración de límites provinciales requiere ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. Diputaciones, ayuntamientos y Gobierno no pueden efectuarla por sí solos.
Fundamento: Constitución Española · art. 141.1.
Tema 11 · Organización territorial (II): la Administración local: entidades que la integran. La autonomía local. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competencias.
27. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios ejercerán en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
- Pesca en aguas interiores.
- Sanidad.
- Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.
- Turismo.
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Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.
El municipio ejerce como propias actuaciones de promoción de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género. La ley formula otras materias con un alcance concreto, por lo que no equivale a atribuir de manera genérica toda la sanidad o todo el turismo.
Fundamento: Ley 7/1985 · art. 25.2.o.
Tema 12 · La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El proceso de ampliación. Las cooperaciones reforzadas.
28. De acuerdo con el artículo 328.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
- El Parlamento Europeo y, en su caso, la Comisión informarán periódicamente al Consejo y al Consejo Europeo sobre la evolución de las cooperaciones reforzadas.
- La Comisión y, en su caso, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad informarán periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evolución de las cooperaciones reforzadas.
- La Comisión y, en su caso, el Consejo informarán periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo sobre la evolución de las cooperaciones reforzadas.
- El Consejo y, en su caso, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad informarán periódicamente al Parlamento Europeo y a la Comisión sobre la evolución de las cooperaciones reforzadas.
Ver respuesta
La Comisión y, en su caso, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad informarán periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evolución de las cooperaciones reforzadas.
Informan periódicamente la Comisión y, cuando procede, el Alto Representante; los destinatarios son Parlamento Europeo y Consejo. Las opciones incorrectas intercambian las instituciones responsables y destinatarias.
Fundamento: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea · art. 328.2.
Tema 12 · La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El proceso de ampliación. Las cooperaciones reforzadas.
29. Indique la respuesta correcta en relación con las cooperaciones reforzadas:
- Para establecer una cooperación reforzada deberán participar al menos nueve Estados miembros.
- Podrán establecerse en cualquiera de los ámbitos contemplados en los tratados.
- Los Estados miembros que deseen establecer entre sí una cooperación reforzada dirigirán al Consejo Europeo una solicitud.
- En materia de política exterior y de seguridad común la solicitud se dirigirá a la Comisión.
Ver respuesta
Para establecer una cooperación reforzada deberán participar al menos nueve Estados miembros.
Una cooperación reforzada requiere al menos nueve Estados y se desarrolla en competencias no exclusivas de la Unión. La solicitud y autorización siguen procedimientos distintos según se trate o no de política exterior y de seguridad común.
Fundamento: Tratado de la Unión Europea · art. 20.2.
Tema 12 · La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El proceso de ampliación. Las cooperaciones reforzadas.
30. De acuerdo con el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, ¿quiénes podrán presentar proyectos de revisión de los Tratados con arreglo a un procedimiento de revisión ordinario?
- El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o el Banco Central Europeo.
- El Parlamento Europeo, la Comisión o el Consejo.
- El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Consejo Europeo o la Comisión.
- El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión.
Ver respuesta
El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión.
Pueden presentar proyectos de revisión ordinaria el Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión. El BCE puede ser consultado en determinados casos, pero no sustituye a estos titulares de iniciativa.
Fundamento: Tratado de la Unión Europea · art. 48.2.
Tema 12 · La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El proceso de ampliación. Las cooperaciones reforzadas.
31. Las Comunidades Europeas pasaron a tener una única Comisión en virtud del:
- Convenio relativo a ciertas instituciones comunes del 1 de julio de 1967.
- Tratado de Fusión de Ejecutivos del 8 de abril de 1965.
- Tratado de Fusión del 1 de julio de 1967.
- Convenio relativo a ciertas instituciones comunes del 25 de marzo de 1967.
Ver respuesta
Tratado de Fusión del 1 de julio de 1967.
La plantilla oficial marca A, vinculando la Comisión única al 1 de julio de 1967, fecha de entrada en vigor. Debe distinguirse que el Tratado de Fusión se firmó el 8 de abril de 1965. La redacción de las opciones mezcla ambas fechas; se conserva la corrección oficial y se aclara el dato histórico para el estudio.
Fundamento: Tratado de Fusión · Tratado de Bruselas: firma y entrada en vigor.
Tema 13 · La organización de la Unión Europea (I): el Consejo Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. Composición y funciones. El procedimiento decisorio. La participación de los Estados miembros en las diferentes fases del proceso.
32. Indique la respuesta correcta sobre el Consejo Europeo, de acuerdo con el artículo 15.4 del Tratado de la Unión Europea:
- Se reunirá, salvo reunión extraordinaria, dos veces al trimestre por convocatoria de su Presidente.
- Se pronunciará por consenso, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
- En caso de votación, cada miembro del Consejo Europeo actuará en nombre propio sin posibilidad de delegación.
- El Presidente del Consejo Europeo podrá ejercer mandato nacional.
Ver respuesta
Se pronunciará por consenso, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
El Consejo Europeo se pronuncia por consenso salvo que los Tratados prevean otra cosa. No debe confundirse esta regla con una mayoría de votación ordinaria; su Presidente tampoco puede ejercer simultáneamente un mandato nacional.
Fundamento: Tratado de la Unión Europea · art. 15.4.
Tema 14 · La organización de la Unión Europea (II): el Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas. El Banco Central Europeo.
33. Indique la respuesta INCORRECTA sobre el nombramiento a la presidencia del Parlamento Europeo:
- La actual presidenta del Parlamento Europeo es Ursula von der Leyen.
- Si después de las tres votaciones ningún candidato hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos, solamente se mantendrán en la cuarta votación las candidaturas de los dos diputados que hubieran obtenido en la tercera el mayor número de votos. En caso de empate, será proclamado electo el candidato de más edad.
- Al elegir al presidente debe velarse, en general, por una representación equitativa de las fuerzas políticas, así como por un equilibrio geográfico y de género.
- El presidente será elegido en votación secreta.
Ver respuesta
La actual presidenta del Parlamento Europeo es Ursula von der Leyen.
En el momento del examen, la Presidenta del Parlamento era Roberta Metsola. Ursula von der Leyen presidía la Comisión, una institución diferente. Por ello es incorrecta la opción que atribuye a esta última la Presidencia del Parlamento.
Fundamento: Presidencia del Parlamento Europeo · Presidencia del Parlamento Europeo en 2026.
Tema 12 · La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El proceso de ampliación. Las cooperaciones reforzadas.
34. Según el principio de atribución del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea:
- La Unión actúa dentro del límite de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados, el resto corresponde a los Estados.
- La acción de la Unión ha de limitarse a los acuerdos de los Estados miembros.
- En caso de conflicto entre una norma de la Unión Europea y la de un Estado miembro debe inaplicarse la norma nacional y eliminarla del ordenamiento.
- En los ámbitos que no sean competencia exclusiva, la Unión sólo intervendrá en la medida de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados por los Estado miembros y puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión.
Ver respuesta
La Unión actúa dentro del límite de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados, el resto corresponde a los Estados.
La Unión solo actúa dentro de las competencias atribuidas por los Estados en los Tratados; las no atribuidas permanecen en los Estados. La subsidiariedad decide cuándo ejercer competencias no exclusivas, mientras que la primacía resuelve conflictos normativos.
Fundamento: Tratado de la Unión Europea · art. 5.2.
Tema 16 · El presupuesto comunitario. Los fondos europeos. La cohesión económica y social.
35. Indique la respuesta correcta sobre el presupuesto de la Unión Europea:
- El marco financiero plurianual que se establecerá para un período mínimo de cuatro años tendrá por objeto garantizar la evolución ordenada de los gastos de la Unión dentro del límite de sus recursos propios.
- El actual marco financiero plurianual abarca el período 2021-2027.
- Todas las instituciones elaborarán antes del 1 de julio una previsión de sus gastos para el ejercicio presupuestario siguiente.
- El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán el presupuesto anual de la Unión por un procedimiento legislativo ordinario.
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El actual marco financiero plurianual abarca el período 2021-2027.
El marco vigente en la fecha del examen abarca 2021-2027. El Tratado exige una duración mínima de cinco años y el presupuesto anual se aprueba por procedimiento legislativo especial, no ordinario.
Fundamento: Marco financiero plurianual 2021-2027 · Marco financiero plurianual 2021-2027.
Tema 12 · La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El proceso de ampliación. Las cooperaciones reforzadas.
36. Según el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por principios de:
- Desarrollo sostenible y cooperación leal.
- Igualdad de sus ciudadanos y solidaridad.
- Subsidiariedad y proporcionalidad.
- Cooperación y equidad en la distribución de recursos.
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Subsidiariedad y proporcionalidad.
El ejercicio de competencias se rige por subsidiariedad y proporcionalidad. La atribución determina qué competencias tiene la Unión; subsidiariedad y proporcionalidad orientan cómo y hasta dónde las ejerce.
Fundamento: Tratado de la Unión Europea · art. 5.1.
Tema 17 · Políticas de la Unión Europea: mercado interior. Política económica y monetaria. Política exterior y de seguridad común. El espacio de seguridad, libertad y justicia. Defensa de la competencia. Política agrícola y pesquera.
37. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es uno de los criterios de convergencia adoptados en Maastricht en relación con la política económica y monetaria?
- El país debe participar en el mecanismo de tipos de cambio (MTC II) durante al menos dos años sin grandes desviaciones y, en particular, sin devaluar su moneda respecto del euro, para demostrar que el país puede gestionar su economía sin recurrir a fluctuaciones monetarias importantes.
- No estar bajo un procedimiento de déficit excesivo en el momento del examen.
- Tener un comportamiento de los precios sostenible y con una inflación media que no exceda en más de 1,5 puntos porcentuales la tasa de los tres países de la zona del euro con mejores resultados en la materia.
- El tipo de interés a largo plazo no debe exceder en más de tres puntos porcentuales el tipo de los tres países de la zona del euro con mejores resultados en materia de estabilidad de precios.
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El tipo de interés a largo plazo no debe exceder en más de tres puntos porcentuales el tipo de los tres países de la zona del euro con mejores resultados en materia de estabilidad de precios.
El margen máximo del tipo de interés a largo plazo es de dos puntos porcentuales sobre los Estados de referencia, no tres. Esa alteración numérica hace incorrecta la opción C según la plantilla oficial.
Fundamento: Protocolo n.º 13 sobre criterios de convergencia · Protocolo n.º 13, artículo 4.
Tema 18 · Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La Agenda Digital para España. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. Mejora Regulatoria y Análisis de Impacto Normativo.
38. Según el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, ¿qué estudios de impacto deben incluirse obligatoriamente en esta Memoria?
- El estudio impacto presupuestario y por razón de género, así como otros impactos detectados que se juzguen relevantes.
- El estudio impacto presupuestario y ambiental, así como otros impactos detectados que se juzguen relevantes.
- El estudio ambiental y por razón de género, así como otros impactos detectados que se juzguen relevantes.
- Sólo el impacto por razón de género y los impactos detectados que se juzguen relevantes.
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El estudio impacto presupuestario y por razón de género, así como otros impactos detectados que se juzguen relevantes.
La memoria incluye impacto económico y presupuestario y por razón de género, además de otros impactos relevantes previstos. Las alternativas omiten alguno de estos análisis o convierten el ambiental en sustituto de los expresamente exigidos.
Fundamento: Real Decreto 931/2017 · art. 2 y 3.2.
Tema 23 · Política de inmigración. Régimen de los extranjeros en España. Derecho de asilo y condición de refugiado.
39. De acuerdo con el balance del Sistema de Acogida Estatal de 2025 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2025 se atendió en el Sistema de Acogida Estatal a:
- Más de 200.000 personas.
- Más de 124.000 personas.
- 78.000 personas, principalmente de países miembros de la Unión Europea.
- Más de 60.000 personas, de los cuales la mayoría eran mujeres (72 %).
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Más de 124.000 personas.
El balance oficial de 2025 informa de más de 124.000 personas atendidas en el Sistema de Acogida Estatal. Se trata del conjunto del sistema y del año indicados, no de una estimación permanente ni de un solo programa parcial.
Fundamento: Balance del Sistema de Acogida Estatal 2025 · Balance del Sistema de Acogida Estatal 2025.
Tema 20 · Política ambiental. Distribución de competencias. Conservación de la biodiversidad. Prevención de la contaminación y el cambio climático.
40. Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, los municipios deberán establecer la recogida separada de:
- Papel, metales y plástico, sin incluir vidrio.
- Exclusivamente residuos orgánicos antes de 2030.
- Papel, metales, plástico, vidrio, biorresiduos y otros flujos específicos conforme al calendario legal.
- Únicamente papel y vidrio.
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Papel, metales, plástico, vidrio, biorresiduos y otros flujos específicos conforme al calendario legal.
La recogida separada incluye papel, metales, plástico, vidrio, biorresiduos y otros flujos incorporados según el calendario legal. Las respuestas que la limitan solo a vidrio, papel u orgánicos omiten obligaciones de la ley.
Fundamento: Ley 7/2022 · art. 25.2.
Tema 19 · Política económica actual. Política presupuestaria. Evolución y distribución actual del gasto público. Política fiscal. La unidad de mercado.
41. ¿Quién preside la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, según la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado?
- La persona titular de la Secretaría de Estado de Comercio.
- La persona titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial.
- La persona titular de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
- La persona titular del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
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La persona titular del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
La Conferencia Sectorial está presidida por la persona titular del ministerio competente en economía, denominado Economía, Comercio y Empresa en el contexto del examen. La presidencia no se atribuye a una secretaría de Estado.
Fundamento: Ley 20/2013 · art. 10.
Tema 20 · Política ambiental. Distribución de competencias. Conservación de la biodiversidad. Prevención de la contaminación y el cambio climático.
42. ¿Cuáles son, según el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, los instrumentos de este Inventario?
- Los componentes del sistema integrado de información, los indicadores de análisis y el informe anual.
- Los ecosistemas, la fauna y la flora y los espacios protegidos o de interés.
- Los recursos genéticos y los recursos naturales.
- Los servicios públicos competentes del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Ver respuesta
Los componentes del sistema integrado de información, los indicadores de análisis y el informe anual.
El Inventario se articula mediante componentes de un sistema integrado de información, indicadores para el análisis e informe anual. Ecosistemas, fauna o recursos genéticos son objetos o componentes de información, no la enumeración de los tres instrumentos de gestión.
Fundamento: Real Decreto 556/2011 · art. 5.
Tema 20 · Política ambiental. Distribución de competencias. Conservación de la biodiversidad. Prevención de la contaminación y el cambio climático.
43. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece una herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja la contribución de España a la consecución de los objetivos establecidos por la Unión Europea en materia de energía y clima. ¿Cuál es?
- El Plan Hidrológico Nacional.
- El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
- El Plan Nacional de Eficiencia Energética de las Industrias Portuarias.
- El Plan de Rehabilitación de Viviendas Ecosostenibles.
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El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El PNIEC integra planificación de energía y clima y recoge la contribución española a los objetivos europeos. El Plan Hidrológico y los restantes planes propuestos no desempeñan esa función legal integradora.
Fundamento: Ley 7/2021 · art. 4.
Tema 21 · La Seguridad Social: estructura y financiación. Problemas actuales y líneas de actuación. El régimen general y los regímenes especiales. La acción protectora de la Seguridad Social. Tipos y características de las prestaciones.
44. ¿Cuáles son las características de las aportaciones del Estado como fuente de financiación de la Seguridad Social?
- Son el recurso económico más importante de la Seguridad Social y tienen carácter finalista.
- Se nutren de los recargos y de las sanciones en primer lugar y de las cotizaciones o cuotas de la Seguridad Social en segundo.
- Son la fuente de financiación más importante y se nutren de las cotizaciones o cuotas de la Seguridad Social.
- Intervienen en la función redistribuidora de los tributos y tienen carácter finalista.
Ver respuesta
Intervienen en la función redistribuidora de los tributos y tienen carácter finalista.
Las aportaciones del Estado proceden del sistema tributario y participan en su función redistributiva, con destino a las necesidades legalmente financiadas. Son una fuente distinta de las cotizaciones, recargos y sanciones, que no deben confundirse con dichas aportaciones.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 8/2015 · art. 109.
Tema 22 · La evolución del empleo en España. Los servicios públicos de empleo: régimen de prestaciones y políticas de empleo.
45. De acuerdo con la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno se articulará en torno a Ejes, en los que se integrarán los objetivos en materia de políticas activas de empleo y el conjunto de los servicios y programas desarrollados por los servicios públicos de empleo. ¿Cuántos Ejes son?
Ver respuesta
Seis.
El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno se articula en seis ejes de políticas activas. No debe confundirse el número de ejes con el de objetivos específicos, servicios o programas que se desarrollen en ellos.
Fundamento: Ley 3/2023 · art. 13.
Tema 23 · Política de inmigración. Régimen de los extranjeros en España. Derecho de asilo y condición de refugiado.
46. ¿Dónde y cuándo tuvo lugar el convenio internacional conocido como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados?
- En Ginebra, en 1961.
- En Ginebra, en 1951.
- En Bruselas, en 1961.
- En Bruselas, en 1951.
Ver respuesta
En Ginebra, en 1951.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados se adoptó en Ginebra en 1951. El Protocolo de 1967 amplió su alcance, pero no cambia el lugar ni el año de la Convención original.
Fundamento: Convención sobre el Estatuto de los Refugiados · Convención de 28 de julio de 1951.
Tema 22 · La evolución del empleo en España. Los servicios públicos de empleo: régimen de prestaciones y políticas de empleo.
47. Tras la modificación introducida por la Ley 2/2025, de 29 de abril, por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente, en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez:
- No determina por sí misma la extinción automática del contrato, debiendo valorarse previamente la posibilidad de adaptación o recolocación.
- Extingue automáticamente el contrato de trabajo desde la fecha de la resolución administrativa.
- Solo permite la extinción si el trabajador lo solicita expresamente.
- Obliga al empresario a mantener el contrato en todo caso, aunque no exista puesto compatible.
Ver respuesta
No determina por sí misma la extinción automática del contrato, debiendo valorarse previamente la posibilidad de adaptación o recolocación.
La incapacidad permanente dejó de producir por sí sola una extinción automática: deben valorarse ajustes razonables o un puesto compatible bajo los requisitos y plazos legales. Tampoco existe obligación absoluta de mantener todo contrato si concurren las causas legales de imposibilidad o carga excesiva.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 2/2015 · art. 49.1.n, reforma por Ley 2/2025.
Tema 24 · El Gobierno Abierto: concepto, principios informadores y planes de acción de España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
48. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿por qué órgano y con qué mayoría se refrendará el nombramiento del candidato propuesto a la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?
- Las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios.
- El Senado, por mayoría de dos tercios.
- Las Cortes Generales, por mayoría de tres quintos.
- El Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta.
Ver respuesta
El Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta.
El nombramiento de la Presidencia del Consejo de Transparencia requiere el refrendo del Congreso por mayoría absoluta tras la comparecencia prevista. No se exige voto del Senado ni una mayoría de tres quintos o dos tercios de las Cortes.
Fundamento: Ley 19/2013 · art. 37.1.
Tema 25 · La protección de datos personales y su régimen jurídico: principios, derechos, responsable y encargado del tratamiento, delegado y autoridades de protección de datos. Derechos digitales.
49. Según el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), ¿cómo se llama el derecho del interesado a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado?
- A la limitación del tratamiento.
- De supresión o "de olvido".
- A la portabilidad de los datos.
- De acceso.
Ver respuesta
A la portabilidad de los datos.
La portabilidad permite recibir determinados datos facilitados al responsable en formato estructurado, común y legible por máquina y transmitirlos a otro. Tiene requisitos propios, como tratamiento automatizado y base en consentimiento o contrato; no equivale al derecho general de acceso.
Fundamento: Reglamento (UE) 2016/679 · art. 20.
Tema 25 · La protección de datos personales y su régimen jurídico: principios, derechos, responsable y encargado del tratamiento, delegado y autoridades de protección de datos. Derechos digitales.
50. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos, se comunicarán a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos en el plazo de:
- Treinta días.
- Diez días.
- Quince días.
- Un mes.
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Diez días.
Las designaciones, nombramientos y ceses de delegados de protección de datos se comunican a la autoridad competente en diez días. La ley no establece para esta comunicación un mes ni treinta días.
Fundamento: Ley Orgánica 3/2018 · art. 34.3.
Tema 26 · Políticas de igualdad y contra la violencia de género: régimen jurídico. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.
51. ¿Qué rango tiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género?
- De Dirección General.
- De Secretaría General.
- De Subdirección General.
- De Secretaría de Estado.
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De Dirección General.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene rango de Dirección General. No es una Secretaría de Estado, aunque se integre en una estructura ministerial que sí cuenta con ese nivel superior.
Fundamento: Real Decreto 246/2024, estructura del Ministerio de Igualdad · art. 3.1.
Tema 26 · Políticas de igualdad y contra la violencia de género: régimen jurídico. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.
52. Según la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿qué empresas deben tener un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar su igualdad real y efectiva, con un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra ellas?
- Las que tengan más de cien personas trabajadoras.
- Las que tengan más de treinta personas trabajadoras.
- Las que tengan más de cuarenta personas trabajadoras.
- Las que tengan más de cincuenta personas trabajadoras.
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Las que tengan más de cincuenta personas trabajadoras.
Las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deben contar con medidas planificadas para la igualdad LGTBI y un protocolo frente al acoso o la violencia. La fórmula legal es «más de cincuenta», no más de treinta, cuarenta o cien.
Fundamento: Ley 4/2023 · art. 15.1.
Tema 26 · Políticas de igualdad y contra la violencia de género: régimen jurídico. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.
53. ¿Qué periodo abarca el actual plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres, aprobado por La Conferencia Sectorial de Igualdad el 3 de marzo de 2023?
- De 2024 a 2027.
- De 2024 a 2028.
- De 2023 a 2027.
- De 2023 a 2028.
Ver respuesta
De 2023 a 2027.
El plan conjunto en materia de violencia contra las mujeres abarca 2023-2027. Es el horizonte temporal del acuerdo de la Conferencia Sectorial citado, distinto de otros planes o estrategias de igualdad.
Fundamento: Plan conjunto plurianual 2023-2027 · Plan conjunto plurianual aprobado el 3 de marzo de 2023.
Tema 33 · Los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público (II). Tipos. Características generales.
54. Según el artículo 244 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿durante cuánto tiempo responde el contratista por los daños y perjuicios derivados de la ruina de una obra debido a vicios ocultos, cuando esta se produce después de la finalización del plazo de garantía? Indique el plazo a contar desde la recepción de la obra:
- Cinco años.
- No hay plazo delimitado, la responsabilidad es ilimitada.
- Quince años.
- Diez años.
Ver respuesta
Quince años.
El contratista responde durante quince años desde la recepción por ruina o deterioros graves debidos a vicios ocultos en las condiciones del artículo. Es un régimen posterior al plazo ordinario de garantía y no una responsabilidad temporalmente ilimitada.
Fundamento: Ley 9/2017 · art. 244.1.
Tema 33 · Los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público (II). Tipos. Características generales.
55. De acuerdo con el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿de qué plazo dispone el órgano de contratación para aprobar la certificación final de las obras ejecutadas a partir de la recepción, teniendo en cuenta que el valor del contrato estimado ha sido de 25 millones de euros y las operaciones de liquidación y medición han sido consideradas especialmente complejas?
- Dos meses, que podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los tres meses en total.
- Un mes ampliable en quince días más.
- Tres meses improrrogables.
- Tres meses, que podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses.
Ver respuesta
Tres meses, que podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses.
La certificación final debe aprobarse en tres meses desde la recepción. En obras de valor estimado superior a doce millones con mediciones y liquidación especialmente complejas, el pliego puede ampliar el plazo hasta un máximo de cinco meses.
Fundamento: Ley 9/2017 · art. 243.1.
Tema 32 · Los contratos del sector público (I): concepto, clases y elementos. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Régimen de invalidez y recursos.
56. Indique el organismo que elabora los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
- El Instituto Nacional de Estadística.
- Las Juntas de Contratación.
- El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
- La Secretaría de Estado de Hacienda.
Ver respuesta
El Instituto Nacional de Estadística.
El Instituto Nacional de Estadística elabora los índices mensuales de precios de los componentes básicos de costes. La elaboración técnica de índices debe distinguirse de su aprobación o del informe de los órganos de contratación.
Fundamento: Ley 9/2017 · art. 103.8.
Tema 33 · Los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público (II). Tipos. Características generales.
57. Según el artículo 247 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cómo se denomina el estudio que debe realizar la Administración concedente antes de decidir construir y explotar unas obras en régimen de concesión?
- Estudio de compatibilidad.
- Estudio de viabilidad.
- Estudio de legalidad.
- Estudio de eficacia económica.
Ver respuesta
Estudio de viabilidad.
Antes de decidir construir y explotar obras mediante concesión, la Administración concedente debe realizar un estudio de viabilidad. Este analiza la procedencia y condiciones del proyecto; no se denomina estudio de compatibilidad o de legalidad.
Fundamento: Ley 9/2017 · art. 247.1.
Tema 35 · La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. Procedimientos de expropiación. Garantías jurisdiccionales.
58. De acuerdo con el artículo tercero de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, ¿con quién se entenderán, en primer lugar, las actuaciones del expediente expropiatorio?
- Con el Ayuntamiento del lugar donde se encuentre el bien expropiado.
- Con el arrendatario del bien objeto de la expropiación, siempre que se halle inscrito en el registro de la propiedad.
- Con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación.
- Con cualquier persona que se encuentre en posesión del bien expropiado, independientemente de su titularidad.
Ver respuesta
Con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación.
Las actuaciones expropiatorias se entienden inicialmente con el propietario o titular del derecho afectado, aplicando las reglas legales de identificación. La simple posesión o la condición de arrendatario no desplazan automáticamente a ese titular.
Fundamento: Ley de Expropiación Forzosa de 1954 · art. 3.1.
Tema 36 · El régimen patrimonial de las Administraciones públicas. El dominio público. Los bienes patrimoniales del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales.
59. Según el artículo 100 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, ¿cuál es el plazo establecido para que los bienes comunales puedan perder su carácter si no han sido disfrutados como tales?
- Veinte años.
- Quince años.
- Cinco años.
- Diez años.
Ver respuesta
Diez años.
Los comunales no disfrutados como tales durante más de diez años pueden perder esa condición mediante el procedimiento y garantías exigidos. El transcurso del tiempo no produce por sí solo una desafectación automática.
Fundamento: Real Decreto 1372/1986 · art. 100.1.
Tema 36 · El régimen patrimonial de las Administraciones públicas. El dominio público. Los bienes patrimoniales del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales.
60. Según la Ley 23/1982, de 16 de junio, sobre el régimen jurídico del Patrimonio Nacional, ¿qué normativa se le aplica con carácter supletorio?
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo.
- Ley del Patrimonio del Estado (Decreto 1022/1964, de 15 de abril) y normas de desarrollo.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y normas de desarrollo.
Ver respuesta
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo.
Se aplica supletoriamente la legislación vigente del Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley 33/2003 y desarrollo. La antigua Ley del Patrimonio del Estado de 1964 fue derogada; una remisión histórica no permite tratarla como legislación general vigente.
Fundamento: Ley 23/1982 · art. 6 y derogación de la Ley del Patrimonio del Estado por Ley 33/2003.
Tema 37 · La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Procedimiento de responsabilidad patrimonial.
61. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la anulación de actos o disposiciones administrativas es correcta, de conformidad con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?
- La anulación de actos administrativos otorga siempre derecho a la indemnización.
- La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
- La anulación de actos administrativos sólo implica indemnización cuando se ha causado un daño evaluable económicamente.
- La anulación en vía administrativa o judicial presupone automáticamente el derecho a ser indemnizado.
Ver respuesta
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
La anulación administrativa o judicial no basta por sí sola para generar indemnización. Deben concurrir los requisitos de responsabilidad patrimonial, incluidos daño efectivo, individualizado, evaluable y antijurídico, además de la relación causal exigible.
Fundamento: Ley 40/2015 · art. 32.1.
Tema 38 · Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio administrativo.
62. ¿A qué principio se halla sometido el procedimiento, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
- Al de proporcionalidad.
- Al de eficiencia.
- Al de celeridad.
- Al de simplificación administrativa.
Ver respuesta
Al de celeridad.
El procedimiento se somete al principio de celeridad y se impulsa de oficio por medios electrónicos, respetando transparencia y publicidad. Eficiencia y simplificación son ideas relacionadas, pero no la denominación literal solicitada.
Fundamento: Ley 39/2015 · art. 71.1.
Tema 40 · La jurisdicción contencioso-administrativa: funciones, órganos y competencias. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.
63. Según los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el recurso contencioso-administrativo NO será admisible:
- En relación contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan via de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.
- En relación con los actos que se produzcan en aplicación de disposiciones de carácter general, fundándose en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
- En relación con los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa.
- En relación con actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
Ver respuesta
En relación con actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
No se admiten recursos contra actos que reproducen otros definitivos y firmes o confirman actos consentidos por falta de recurso en plazo. La ley sí permite recurrir actos finales, inactividad, vía de hecho e impugnar indirectamente reglamentos en los casos previstos.
Fundamento: Ley 29/1998 · art. 28.
Tema 39 · Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.
64. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué derecho tienen los interesados con respecto a las autoridades y al personal de las mismas?
- A su cambio en los procedimientos.
- A su identificación.
- A recibir su informe escrito sobre el estado del procedimiento.
- A la comunicación directa con ellos.
Ver respuesta
A su identificación.
Los interesados tienen derecho a identificar a las autoridades y empleados responsables de tramitar su procedimiento. Esa garantía no supone poder sustituirlos libremente ni exigir cualquier comunicación directa al margen de los cauces establecidos.
Fundamento: Ley 39/2015 · art. 53.1.b.
Tema 10 · Organización territorial (I): las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Organización política y administrativa. La delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.
65. De acuerdo con el artículo 153.c) de la Constitución Española de 1978, ¿quién controla la actividad de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y sus normas reglamentarias?
- La jurisdicción contencioso-administrativa.
- El Tribunal Constitucional.
- El Gobierno.
- El Ministerio con competencias en política territorial.
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La jurisdicción contencioso-administrativa.
La jurisdicción contencioso-administrativa controla la actividad de la Administración autonómica y sus reglamentos. El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de disposiciones normativas con fuerza de ley, una función distinta.
Fundamento: Constitución Española · art. 153.c.
Tema 44 · Formas de provisión de puestos de trabajo y movilidad en la Administración del Estado. Promoción interna y carrera profesional.
66. ¿Cuál de los siguientes destinos NO tiene carácter definitivo?
- El puesto cubierto al que accede una funcionaria víctima de violencia de género cuando cumpla los requisitos para esta modalidad de movilidad, y siempre que la funcionaria ocupara con tal carácter su puesto de origen.
- El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución de efectivos.
- El primer puesto de trabajo de los funcionarios de nuevo ingreso de la Administración General del Estado, de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo.
- El puesto de trabajo al que se acceda en comisión de servicios de carácter voluntario en caso de urgente e inaplazable necesidad, siempre que se reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.
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El puesto de trabajo al que se acceda en comisión de servicios de carácter voluntario en caso de urgente e inaplazable necesidad, siempre que se reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.
La comisión de servicios voluntaria tiene carácter temporal para atender una necesidad urgente e inaplazable. No otorga destino definitivo, aunque el funcionario reúna los requisitos del puesto; las otras modalidades descritas pueden conservar o atribuir carácter definitivo.
Fundamento: Real Decreto 364/1995 · art. 64.
Tema 41 · El personal al servicio de las Administraciones públicas: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen jurídico.
67. De acuerdo con el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿en cuál de las siguientes circunstancias se permite el nombramiento de personal funcionario interino?
- Ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres meses, ampliables hasta un mes más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
- Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de tres años, dentro de un periodo de cinco años.
- Sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
- Existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de un año.
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Sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
La sustitución transitoria de un titular permite nombrar interino durante el tiempo estrictamente necesario. Las otras respuestas alteran los límites de vacantes, programas temporales o acumulación de tareas.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 10.1.b.
Tema 42 · Derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen disciplinario.
68. Conforme al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿cuál de los siguientes es un derecho individual de los empleados públicos ejercido colectivamente?
- Derecho a la libre asociación profesional.
- Derecho a la libertad sindical.
- Derecho a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.
- Derecho a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
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Derecho a la libertad sindical.
La libertad sindical es un derecho individual ejercido colectivamente. La libre asociación profesional, información sobre tareas y defensa jurídica figuran entre los derechos individuales del artículo 14.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 15.a.
Tema 42 · Derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen disciplinario.
69. De acuerdo con el texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿qué funcionarios públicos tendrán permiso por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto?
- Solo las funcionarias embarazadas y las personas funcionarias trans gestantes.
- Todos los funcionarios y funcionarias públicas.
- Todas las funcionarias públicas.
- Solo las funcionarias públicas embarazadas, que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor.
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Solo las funcionarias embarazadas y las personas funcionarias trans gestantes.
El permiso para exámenes prenatales y preparación al parto corresponde a las funcionarias embarazadas, incluyendo a las personas funcionarias trans gestantes. Es un permiso ligado a la gestación y no transferible al otro progenitor.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 48.e.
Tema 43 · Planificación de recursos humanos. Ofertas de empleo público. Selección de personal. Las competencias en materia de personal.
70. Los procedimientos de selección de personal serán públicos:
- Cuando se trate de personal funcionario, de carrera o interino, de personal laboral o de personal eventual.
- Cuando se trate de personal funcionario, pero no cuando se trate de personal laboral, ya que por convenio colectivo puede excluirse el requisito de la publicidad en la selección.
- Cuando se trate de personal funcionario de carrera o personal laboral, y potestativamente cuando se trate de personal interino.
- Cuando se trate de personal funcionario, de carrera o interino, o de personal laboral.
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Cuando se trate de personal funcionario, de carrera o interino, o de personal laboral.
La publicidad rige la selección de funcionarios de carrera, interinos y personal laboral. El personal eventual se nombra libremente por su función de confianza o asesoramiento especial y no se incluye en ese mismo procedimiento selectivo.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 55.2.a, 10.2 y 11.3.
Tema 44 · Formas de provisión de puestos de trabajo y movilidad en la Administración del Estado. Promoción interna y carrera profesional.
71. La cobertura de carácter provisional en puestos de personal directivo público profesional en la Administración del Estado:
- Sólo es posible por razones extraordinarias debidamente motivadas por necesidades del servicio.
- Sólo es posible mientras se resuelve la convocatoria de libre designación, por una duración máxima de doce meses.
- No cabe en ningún caso.
- Sólo es posible mientras se resuelve la convocatoria de libre designación, por una duración máxima de seis meses.
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No cabe en ningún caso.
La regulación del personal directivo público profesional excluye su cobertura provisional. No establece una excepción general de seis o doce meses mientras se tramita la libre designación.
Fundamento: Real Decreto-ley 6/2023 · art. 127.
Tema 43 · Planificación de recursos humanos. Ofertas de empleo público. Selección de personal. Las competencias en materia de personal.
72. De acuerdo con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, las convocatorias para el acceso al empleo público:
- Deberán ejecutarse en el plazo máximo de tres años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en dos años, salvo causa justificada.
- Deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa justificada.
- Deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en esos dos años, salvo causa justificada.
- Deberán ejecutarse en el plazo máximo de tres años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa justificada.
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Deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa justificada.
Las convocatorias deben ejecutarse en dos años desde su publicación y la fase de oposición en uno, salvo causa justificada. Estos plazos específicos no deben confundirse con el plazo general de ejecución de la oferta de empleo público del TREBEP.
Fundamento: Real Decreto-ley 6/2023 · art. 108.
Tema 44 · Formas de provisión de puestos de trabajo y movilidad en la Administración del Estado. Promoción interna y carrera profesional.
73. De acuerdo con el artículo 58 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, los funcionarios cesados en un puesto de libre designación:
- Serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio, excepto cuando se trate del cese de funcionarios destinados en el exterior, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese.
- Serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala de nivel igual o superior al de su grado personal en el mismo municipio, excepto cuando se trate del cese de funcionarios destinados en el exterior, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese.
- Serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo departamento ministerial, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese.
- Serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al del puesto del que cesan, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese.
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Serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio, excepto cuando se trate del cese de funcionarios destinados en el exterior, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese.
Tras el cese en libre designación se garantiza adscripción provisional a puesto del cuerpo o escala no inferior en más de dos niveles al grado personal, en el mismo municipio con la excepción del exterior. La referencia es el grado personal, no el nivel del puesto cesado.
Fundamento: Real Decreto 364/1995 · art. 58.2.
Tema 44 · Formas de provisión de puestos de trabajo y movilidad en la Administración del Estado. Promoción interna y carrera profesional.
74. A efectos de consolidación de grado, el tiempo prestado en comisión de servicios:
- Será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado, siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u otro de igual o superior nivel.
- No será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado, en ningún caso.
- No será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado, excepto cuando el puesto desempeñado en comisión de servicios fuera de más de dos niveles superior al correspondiente al grado en proceso de consolidación.
- Será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado, aun cuando el puesto fuera de nivel inferior al correspondiente al grado en proceso de consolidación.
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Será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado, siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u otro de igual o superior nivel.
El tiempo en comisión puede computar para consolidar el grado del puesto si después se obtiene definitivamente ese puesto u otro de igual o superior nivel. No se consolida incondicionalmente por el mero desempeño temporal.
Fundamento: Real Decreto 364/1995 · art. 70.6.
Tema 43 · Planificación de recursos humanos. Ofertas de empleo público. Selección de personal. Las competencias en materia de personal.
75. De acuerdo con el artículo 108 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, la oferta de empleo público incluirá:
- Un porcentaje no inferior al veinte por ciento de las plazas de acceso libre para promoción interna.
- Un porcentaje no inferior al treinta por ciento de las plazas de acceso libre para promoción interna.
- Un porcentaje no inferior al cinco por ciento de las plazas de acceso libre para promoción interna.
- Un porcentaje no inferior al diez por ciento de las plazas de acceso libre para promoción interna.
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Un porcentaje no inferior al treinta por ciento de las plazas de acceso libre para promoción interna.
La oferta reserva para promoción interna un volumen no inferior al 30 % de las plazas de acceso libre. El porcentaje se calcula sobre las plazas de acceso libre indicadas por la norma, no sobre una base elegida indistintamente.
Fundamento: Real Decreto-ley 6/2023 · art. 108.
Tema 44 · Formas de provisión de puestos de trabajo y movilidad en la Administración del Estado. Promoción interna y carrera profesional.
76. De acuerdo con el artículo 127 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, el plazo máximo de presentación de solicitudes en los procedimientos de libre designación del personal directivo público será de:
- Veinte días naturales desde la publicación de la convocatoria.
- Treinta días naturales desde la publicación de la convocatoria.
- Diez días naturales desde la publicación de la convocatoria.
- Quince días naturales desde la publicación de la convocatoria.
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Diez días naturales desde la publicación de la convocatoria.
El plazo máximo de solicitudes para libre designación de personal directivo público es de diez días naturales desde la publicación. La norma especial usa días naturales y un máximo, a diferencia de otros procedimientos de provisión.
Fundamento: Real Decreto-ley 6/2023 · art. 127.
Tema 45 · Situaciones administrativas del personal al servicio de las administraciones públicas. Incompatibilidades.
77. ¿Cuál de las siguientes NO es una situación administrativa del personal al servicio de las administraciones públicas?
- Servicio activo.
- Servicios especiales.
- Excedencia.
- Comisión de servicios.
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Comisión de servicios.
La comisión de servicios es una modalidad de desempeño temporal y no una situación administrativa del catálogo del TREBEP. Servicio activo, servicios especiales y excedencia sí son situaciones administrativas.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 85.1.
Tema 45 · Situaciones administrativas del personal al servicio de las administraciones públicas. Incompatibilidades.
78. De acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:
- Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
- Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
- Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
- Un 80 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
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Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
Para el antiguo grupo A o nivel equivalente, el límite adicional respecto de la remuneración principal es del 30 %, junto al límite referido a Director General y las excepciones legales. No debe aplicarse el porcentaje previsto para otros grupos.
Fundamento: Ley 53/1984 · art. 7.1.
Tema 46 · El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Las indemnizaciones por razón del servicio.
79. Según el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, ¿cuál es la duración máxima de una comisión de servicios con derecho a indemnización?
- Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de quince días en territorio nacional y de un mes en el extranjero.
- Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de un mes en territorio nacional y de tres en el extranjero.
- Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de un mes, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
- Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de tres meses en territorio nacional y de uno en el extranjero.
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Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de un mes en territorio nacional y de tres en el extranjero.
Como regla general, la comisión indemnizable no supera un mes en España ni tres en el extranjero, salvo excepciones. Las otras opciones invierten los plazos o establecen límites distintos.
Fundamento: Real Decreto 462/2002 · art. 5.
Tema 46 · El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Las indemnizaciones por razón del servicio.
80. De acuerdo con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, en las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas:
- En el día de salida no se podrán percibir gastos de alojamiento ni de manutención, salvo que la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las catorce horas, en cuyo caso se percibirá, con carácter general, únicamente el 50 por 100 de los gastos de manutención.
- En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas al 75 por 100.
- En el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento pero no gastos de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las catorce horas, en que se percibirá el 100 por 100 de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50 por 100 cuando dicha hora de salida sea posterior a las catorce horas pero anterior a las veintidós horas.
- En el día de salida se podrán percibir gastos de manutención pero no gastos de alojamiento, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las diez horas, en que se percibirá el 100 por 100 de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50 por 100 cuando dicha hora de salida sea posterior a las doce horas pero anterior a las dieciocho horas.
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En el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento pero no gastos de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las catorce horas, en que se percibirá el 100 por 100 de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50 por 100 cuando dicha hora de salida sea posterior a las catorce horas pero anterior a las veintidós horas.
En el día de salida puede percibirse alojamiento; la manutención es del 100 % si la salida es antes de las 14 horas y del 50 % si es después de las 14 y antes de las 22. Las otras respuestas mezclan las reglas de salida, regreso y días intermedios.
Fundamento: Real Decreto 462/2002 · art. 12.
Tema 47 · El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: su régimen jurídico. El IV Convenio Único para el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado: ámbito de aplicación y sistema de clasificación.
81. ¿Cuáles son los sistemas selectivos de personal laboral fijo?
- Concurso-oposición.
- Concurso de valoración de méritos.
- Concurso-oposición o concurso de valoración de méritos.
- Oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos.
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Oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos.
El personal laboral fijo puede seleccionarse por oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. Esta posibilidad de concurso no equivale a la regla ordinaria para funcionarios de carrera.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 61.7.
Tema 47 · El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: su régimen jurídico. El IV Convenio Único para el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado: ámbito de aplicación y sistema de clasificación.
82. NO está incluido en el ámbito de aplicación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, registrado y publicado mediante Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo:
- El personal laboral que presta servicios en el exterior.
- El personal laboral que presta servicios en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- El personal laboral que presta servicios en la Agencia Española de Protección de Datos.
- El personal laboral que presta servicios en el Consejo de Seguridad Nuclear.
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El personal laboral que presta servicios en el exterior.
El personal laboral que presta servicios en el exterior está excluido del IV Convenio único. Los organismos citados en las otras opciones se encuentran en su ámbito en los términos de la propia norma.
Fundamento: IV Convenio colectivo único AGE · art. 2.
Tema 48 · Negociación colectiva, representación y participación institucional de los empleados públicos. El derecho de huelga y su ejercicio.
83. ¿Cuál es la duración del mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal?
- Cuatro años, sin posibilidad de reelección.
- Cuatro años, con posibilidad de reelección.
- Dos años, sin posiblidad de reelección.
- Dos años, con posibilidad de reelección.
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Cuatro años, con posibilidad de reelección.
El mandato de juntas y delegados de personal dura cuatro años y admite reelección. Puede prorrogarse si al finalizar no se han promovido nuevas elecciones, con los efectos previstos legalmente.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 42.
Tema 48 · Negociación colectiva, representación y participación institucional de los empleados públicos. El derecho de huelga y su ejercicio.
84. ¿Cuál de las siguientes materias está excluida de la obligatoriedad de negociación en su ámbito respectivo, en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso?
- Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
- Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
- La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas.
- La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
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La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
La regulación de derechos de ciudadanos y usuarios, así como la formación de actos y disposiciones, queda fuera de la negociación obligatoria. Las condiciones laborales, criterios de evaluación y ofertas de empleo sí tienen materias negociables delimitadas por el apartado 1.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 37.2.b.
Tema 49 · El régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado. MUFACE y las clases pasivas: acción protectora. Concepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos.
85. ¿A través de qué norma se establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)?
- Real Decreto 624/2014.
- Real Decreto 462/2021.
- Real Decreto 577/1997.
- Real Decreto 35/1982.
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Real Decreto 577/1997.
El Real Decreto 577/1997 establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de MUFACE. No debe confundirse esa regulación organizativa con otras normas sobre prestaciones o indemnizaciones.
Fundamento: Real Decreto 577/1997 · Objeto del real decreto.
Tema 49 · El régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado. MUFACE y las clases pasivas: acción protectora. Concepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos.
86. ¿Cuál de los siguientes NO tiene consideración de estado o situación determinante de incapacidad temporal en el régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado?
- Enfermedad.
- Permiso o licencia por parto, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, y de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo.
- Períodos de observación en caso de enfermedad profesional.
- Accidente.
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Permiso o licencia por parto, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, y de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo.
Los permisos por nacimiento, adopción, acogimiento y paternidad no son situaciones de incapacidad temporal por enfermedad o accidente. Tienen protección y régimen propios, mientras que la enfermedad, accidente y observación profesional sí pueden integrar la incapacidad temporal.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 4/2000 · art. 18.
Tema 49 · El régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado. MUFACE y las clases pasivas: acción protectora. Concepto y clases de prestaciones. Derechos pasivos.
87. De acuerdo con el texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, ¿a cuál de los siguientes sujetos corresponde el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de clases pasivas?
- Al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
- A la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).
- Al Ministerio con competencia en materia de Hacienda.
- A la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
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Al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
El texto refundido atribuye al INSS el reconocimiento de derechos y prestaciones de Clases Pasivas en los términos legales, sin perjuicio del régimen transitorio de gestión. MUFACE gestiona prestaciones mutualistas distintas y la IGAE ejerce funciones de control.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 670/1987 · art. 11.
Tema 50 · Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
88. De acuerdo con el artículo 113 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, el acceso a plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual se llevará a cabo mediante la convocatoria de pruebas selectivas específicas e independientes siempre que las personas con discapacidad intelectual:
- Tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al sesenta por cien.
- Tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al cincuenta y uno por cien.
- Tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al cuarenta y dos por cien.
- Tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por cien.
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Tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por cien.
Las pruebas específicas e independientes para discapacidad intelectual se dirigen a quienes tengan reconocido un grado igual o superior al 33 %. Los porcentajes superiores propuestos no son el umbral legal de acceso a esta reserva.
Fundamento: Real Decreto-ley 6/2023 · art. 113.
Tema 52 · Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.
89. ¿Qué mayoría es necesaria en el Congreso de los Diputados para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado?
- Mayoría de dos tercios.
- Mayoría de tres quintos.
- Mayoría simple.
- Mayoría absoluta.
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Mayoría simple.
La aprobación de los Presupuestos se rige por la mayoría ordinaria de los miembros presentes, es decir, mayoría simple, al no exigirse una mayoría cualificada específica. No son una ley orgánica por el hecho de regular una materia de especial importancia.
Fundamento: Constitución Española · art. 79.2 y 134.
Tema 51 · El presupuesto. Concepto y clases. La Ley General Presupuestaria: principios generales y estructura. Las leyes de estabilidad presupuestaria.
90. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿quién conforma el sector Administraciones Públicas?
- La Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central; las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
- La Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central; las Comunidades Autónomas; las Corporaciones Locales y las Administraciones de Seguridad Social.
- La Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central; las Corporaciones Locales y las Administraciones de Seguridad Social.
- La Administración central, que comprende el Estado; las Comunidades Autónomas y las Administraciones de Seguridad Social.
Ver respuesta
La Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central; las Comunidades Autónomas; las Corporaciones Locales y las Administraciones de Seguridad Social.
El sector Administraciones Públicas comprende Administración central, comunidades autónomas, corporaciones locales y Administraciones de Seguridad Social. Las opciones que eliminan uno de esos subsectores dejan incompleto el ámbito legal.
Fundamento: Ley Orgánica 2/2012 · art. 2.1.
Tema 52 · Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.
91. En la clasificación por programas de gasto, ¿qué tienen por objeto los programas finalistas?
- La asignación de objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables.
- La ejecución de una actividad que se perfecciona por su propia realización, sin que sea posible proceder a una cuantificación material de objetivos.
- La administración de los recursos necesarios para la ejecución de actividades generales de ordenación, regulación y planificación.
- El apoyo a un programa finalista.
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La asignación de objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables.
Los programas finalistas permiten fijar objetivos cuantificables e indicadores mensurables de ejecución. Los programas de apoyo o instrumentales se orientan a actividades generales o de soporte y no se definen por esa medición directa de resultados finales.
Fundamento: Orden HAC/974/2025, elaboración PGE 2026 · art. 6.1.1.
Tema 51 · El presupuesto. Concepto y clases. La Ley General Presupuestaria: principios generales y estructura. Las leyes de estabilidad presupuestaria.
92. ¿Qué principio presupuestario implica que los Presupuestos Generales del Estado deben incluir la totalidad de los ingresos y gastos del sector público estatal?
- Principio de transparencia.
- Principio de anualidad.
- Principio de especialidad.
- Principio de universalidad.
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Principio de universalidad.
La inclusión de la totalidad de ingresos y gastos expresa el principio de universalidad presupuestaria. La anualidad se refiere al período temporal y la especialidad a los límites y destino de los créditos.
Fundamento: Constitución Española · art. 134.2.
Tema 54 · Control del gasto público en España. La Intervención General de la Administración del Estado. Función interventora, control financiero permanente y auditoría pública. El Tribunal de Cuentas.
93. ¿De qué plazo improrrogable dispone el Tribunal de Cuentas para emitir su informe sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones reglamentarias sobre su régimen jurídico o el ejercicio de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa?
- Sesenta días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de treinta días.
- Dos meses. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de diez días.
- Treinta días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días.
- Diez días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de cinco días.
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Treinta días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días.
El informe del Tribunal de Cuentas debe emitirse en treinta días improrrogables, reducidos a quince si se declara urgencia. Se trata del informe sobre proyectos relativos a su régimen y funciones, no de cualquier informe fiscalizador.
Fundamento: Ley 15/2014 · art. 22.
Tema 54 · Control del gasto público en España. La Intervención General de la Administración del Estado. Función interventora, control financiero permanente y auditoría pública. El Tribunal de Cuentas.
94. En virtud del artículo 35 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, señale la respuesta correcta sobre las formas de ejercicio de su control financiero:
- Únicamente se ejercerá mediante auditorías externas.
- El citado R.D. 2188/1995 no indica nada al respecto de auditorías. La IGAE podrá utilizar los medios que libremente decida, sin sujeción a otras normativas.
- Se ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control.
- Únicamente se ejercerá mediante auditorías, que serán realizadas por la IGAE bajo el mandato del Tribunal de Cuentas.
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Se ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control.
El control financiero puede realizarse mediante auditorías u otras técnicas de control. La norma no lo limita a auditoría externa ni subordina cada auditoría de la IGAE a un mandato del Tribunal de Cuentas.
Fundamento: Real Decreto 2188/1995 · art. 35.
Tema 55 · El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y su relación con la actuación administrativa. Especial referencia a la contratación administrativa y la gestión de subvenciones. Documentos contables que intervienen en la ejecución de los gastos y de los pagos. Gestión de la tesorería del Estado.
95. Indique cómo se denominan los documentos utilizados en las operaciones de desglose de las aplicaciones presupuestarias, de acuerdo con la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado:
- Estos documentos carecen de denominación específica.
- No se utilizan documentos contables en esas operaciones.
- Documento de información contable de aplicaciones presupuestarias.
- Documento de desglose.
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Documento de desglose.
Las operaciones de desglose de aplicaciones presupuestarias utilizan un documento denominado precisamente «documento de desglose». La modificación del detalle presupuestario tiene soporte contable específico.
Fundamento: Orden de 1 de febrero de 1996, documentos contables · Documento de desglose.
Tema 56 · Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Anticipos de caja fija. Pagos «a justificar». Justificación de libramientos.
96. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál es el límite máximo de la cuantía global de los anticipos de caja fija imputables a los créditos del artículo 23 “indemnizaciones por razón del servicio” en cada ministerio?
- 10% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.
- 7% del total de créditos del capítulo 2.
- 14% del total de créditos del capítulo 2.
- 20% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.
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10% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.
La plantilla definitiva marca B (10 %), pero debe advertirse una discrepancia con el artículo 78.3: la regla general es el 7 % del capítulo 2 y la excepción del 10 % se refiere a los créditos del artículo 23 del programa 222A del Ministerio del Interior. La norma no establece ese 10 % sobre todo el capítulo 2 de cada ministerio. Se conserva la respuesta oficial para reproducir la corrección del examen, sin presentar esa generalización como regla legal.
Fundamento: Ley 47/2003 · art. 78.3.
Tema 57 · Los ingresos públicos: concepto y clasificación. El sistema tributario español: régimen actual. Especial referencia al régimen de tasas y precios públicos.
97. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál de las siguientes fuentes NO constituye un ingreso público en el marco de los Presupuestos Generales del Estado?
- Impuestos directos.
- Préstamos entre entidades privadas.
- Multas y sanciones administrativas.
- Contribuciones de seguridad social.
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Préstamos entre entidades privadas.
Los préstamos entre entidades privadas no constituyen por sí mismos ingresos del presupuesto estatal: no ingresa fondos el sector público. Impuestos, cotizaciones y multas sí son categorías de recursos públicos cuando corresponden a los sujetos presupuestarios.
Fundamento: Ley 47/2003 · art. 41.
Tema 46 · El sistema de retribuciones de los funcionarios. Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Las indemnizaciones por razón del servicio.
98. ¿Cómo se denominan las aportaciones de las administraciones públicas a los planes de pensiones de empleo de sus empleados públicos, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre?
- Retribuciones complementarias.
- Indemnizaciones.
- Retribuciones diferidas.
- Retribuciones básicas.
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Retribuciones diferidas.
Las aportaciones públicas a planes de pensiones de empleo o seguros colectivos tienen consideración de retribuciones diferidas. Se orientan a prestaciones futuras y no se clasifican como sueldo básico, complemento ordinario o indemnización.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 29.
Tema 58 · Retribuciones de los funcionarios públicos. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación. Ingresos en formalización. Devengo y liquidación de derechos económicos.
99. De conformidad con el artículo 30 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la afirmación correcta sobre la deducción de retribuciones del personal incluido en su ámbito de aplicación:
- La deducción de retribuciones a los empleados públicos está explícitamente prohibida por la Directiva de Ejecución (UE) 2024/3010 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2024.
- Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que tendrá carácter sancionador.
- La parte de jornada no realizada no lleva consigo una deducción proporcional de haberes; exclusivamente implica sanción disciplinaria.
- Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.
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Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.
La jornada no realizada produce deducción proporcional de haberes sin naturaleza sancionadora, aunque además pueda existir responsabilidad disciplinaria. La deducción compensa la falta de prestación, por lo que no se confunde con una sanción.
Fundamento: Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) · art. 30.1.
Tema 58 · Retribuciones de los funcionarios públicos. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación. Ingresos en formalización. Devengo y liquidación de derechos económicos.
100. Indique la afirmación correcta sobre la percepción de la indemnización por residencia en el territorio nacional de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, según el anexo XV de la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos:
- La indemnización por residencia comprende doce mensualidades, sin repercusión en pagas extraordinarias.
- La indemnización por residencia comprende catorce mensualidades, con repercusión en pagas extraordinarias.
- La indemnización por residencia comprende once mensualidades. Se descuenta un mes por normativa de permisos, licencias y vacaciones.
- La indemnización por residencia comprende catorce mensualidades, sin repercusión en pagas extraordinarias al prorratearse en las doce nóminas ordinarias anuales.
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La indemnización por residencia comprende doce mensualidades, sin repercusión en pagas extraordinarias.
La indemnización por residencia se percibe en doce mensualidades y no repercute en las pagas extraordinarias. Las alternativas de once o catorce mensualidades cambian el régimen establecido en el anexo citado.
Fundamento: Resolución de 25 de mayo de 2010 · Anexo XV.
Tema 23 · Política de inmigración. Régimen de los extranjeros en España. Derecho de asilo y condición de refugiado.Reserva
101. De acuerdo con el artículo 68 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, indique el órgano a través del cual se asegurará la adecuada coordinación de las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas en materia de inmigración:
- Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
- Conferencia Sectorial de Inmigración.
- Comisión bilateral de Cooperación en materia de Inmigración.
- El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
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Conferencia Sectorial de Inmigración.
La Conferencia Sectorial de Inmigración asegura la coordinación de actuaciones de las Administraciones en esta materia. Los órganos de participación social o laboral no sustituyen esa función de cooperación interadministrativa.
Fundamento: Ley Orgánica 4/2000 · art. 68.1.
Tema 18 · Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La Agenda Digital para España. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. Mejora Regulatoria y Análisis de Impacto Normativo.Reserva
102. De acuerdo con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, indique la respuesta correcta en relación con la Dirección Electrónica Habilitada única:
- La Dirección Electrónica Habilitada única se aloja en la sede electrónica del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado.
- El acuse de la comparecencia a una notificación realizada a través de la Dirección Electrónica Habilitada única contendrá, como mínimo, la persona destinataria, la fecha y hora en la que se produjo la puesta a disposición y la fecha y hora del acceso a su contenido o del rechazo.
- La Dirección Electrónica Habilitada única es el sistema de información para la notificación electrónica.
- En el supuesto de que se produzca una incidencia técnica que imposibilite su funcionamiento ordinario se deberán ampliar los plazos tanto vencidos como no vencidos para comparecer y acceder a las notificaciones emitidas.
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La Dirección Electrónica Habilitada única es el sistema de información para la notificación electrónica.
La Dirección Electrónica Habilitada única es el sistema de información para notificación electrónica. Las otras opciones alteran el régimen de incidencias, su ubicación o el contenido del acuse; no pueden ampliarse indiscriminadamente plazos ya vencidos.
Fundamento: Real Decreto 203/2021 · art. 44.1.
Tema 18 · Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La Agenda Digital para España. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. Mejora Regulatoria y Análisis de Impacto Normativo.Reserva
103. Las cartas de servicios NO contendrán como compromisos de calidad:
- Indicadores utilizados para la evaluación de la calidad.
- Medidas que aseguren la igualdad de género.
- Niveles o estándares de calidad que se ofrecen.
- Estudios de análisis de la demanda.
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Estudios de análisis de la demanda.
Los compromisos de calidad incluyen niveles de servicio, medidas de igualdad y mecanismos e indicadores de evaluación. Los estudios de análisis de la demanda forman parte de otro programa del marco de calidad y no son por sí mismos un compromiso de la carta de servicios.
Fundamento: Real Decreto 951/2005 · art. 9.
Tema 50 · Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.Reserva
104. ¿Qué ocurre con las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad que no se cubren?
- Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del cincuenta por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del diez por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10 por ciento.
- Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del cinco por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10 por ciento.
- Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del cinco por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del diez por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 50 por ciento.
- Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas no serán acumulables a la oferte siguiente.
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Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del cinco por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10 por ciento.
La plantilla reproduce la regla reglamentaria de acumulación: si la cobertura no llega al 3 %, las vacantes se acumulan al cupo de la oferta siguiente con límite del 10 %. La mención literal al antiguo cupo del 5 % no debe usarse para ignorar las reservas superiores establecidas posteriormente por normas con rango de ley, incluido el artículo 113 del RDL 6/2023.
Fundamento: Real Decreto 2271/2004 · art. 3.2.
Tema 7 · El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española.Reserva
105. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, respecto del tiempo hábil para las actuaciones judiciales, contempla que:
- Serán inhábiles todos los días desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales.
- Serán inhábiles los días del mes de julio y agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales.
- Son horas hábiles desde las siete de la mañana a las siete de la tarde, salvo que la ley disponga lo contrario.
- Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil. En los señalados por días quedarán incluidos los inhábiles.
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Serán inhábiles todos los días desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales.
Son inhábiles, con la excepción de actuaciones urgentes previstas en las leyes procesales, los días del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. Julio no es un mes judicialmente inhábil completo y los plazos por días excluyen los inhábiles conforme a las reglas aplicables.
Fundamento: Ley Orgánica 6/1985 · art. 183.