CNP - Promoción 43

A los cinco años.

La pregunta se refiere a la prescripción de la sanción ya impuesta: para las infracciones muy graves es de cinco años. No debe confundirse con la prescripción de la propia infracción muy grave, que es de tres años. La opción c) corresponde a este segundo plazo y la b) no coincide con ninguno de los aplicables.

Ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados.

La delegación para elaborar textos articulados se otorga mediante ley de bases. Cuando se trata de refundir varios textos legales, se utiliza una ley ordinaria, no una ley orgánica. Además, las materias reservadas a ley orgánica quedan excluidas de esta delegación. Por ello, b) es incorrecta y tampoco puede ser válida c).

Veinte años.

El plazo general máximo para suprimir los datos es de veinte años. No es un plazo absoluto: el propio precepto permite conservarlos cuando existan circunstancias motivadas, como investigaciones abiertas, delitos no prescritos o necesidad de proteger a las víctimas. La revisión de la necesidad de conservarlos debe efectuarse como máximo cada tres años, plazo distinto del preguntado.

La sedación, alivio del dolor muscular y reducción de la ansiedad.

Las benzodiazepinas producen efectos ansiolíticos, sedantes y relajantes musculares. La ficha técnica del diazepam confirma ese perfil, incompatible con la estimulación descrita en a) y b). Precisión: «alivio del dolor muscular» debe entenderse como consecuencia de la relajación del espasmo; no describe una acción analgésica general de las benzodiazepinas. Es una cuestión farmacológica, no una regla del BOE.

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene atribuida la instrucción y el enjuiciamiento de las causas contra diputados y senadores. La ley prevé designar un instructor de entre los miembros de la Sala, que no formará parte del tribunal que enjuicie la causa. Las otras dos alternativas no recogen el órgano al que corresponde este aforamiento.

Un delito de apropiación indebida.

Si, como parece presuponer el supuesto, se lleva el anillo perdido con intención de hacerlo suyo, la conducta encaja en la apropiación de cosa mueble ajena del art. 254. Perder un objeto no equivale a abandonarlo. No hay engaño determinante de una disposición patrimonial, por lo que no es estafa. Defecto del enunciado: solo dice que recoge «sus cosas», sin afirmar expresamente que se apropie del anillo; sin ese acto no puede darse por consumado el delito.

El Ministro de la Presidencia.

La Ley del Gobierno atribuye expresamente al ministro de la Presidencia la función de secretario de las reuniones del Consejo de Ministros. El presidente las convoca y preside. Ni la titularidad de una vicepresidencia ni la dirección del Gabinete atribuyen por sí mismas aquella función.

La mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

La aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Una mayoría simple no cumple esta exigencia. La intervención de ambas Cámaras en el procedimiento legislativo no sustituye el requisito específico que pregunta el art. 81.2.

Función de conocimiento.

La función de conocimiento permite ordenar e interpretar la información del entorno y darle sentido. La función adaptativa se relaciona con obtener beneficios y evitar costes; la expresiva de valores, con manifestar convicciones e identidad. Esta es una clasificación teórica de psicología social: se fundamenta en bibliografía académica institucional, no en una disposición legal.

Título VII.

Economía y Hacienda es la rúbrica del título VII de la Constitución, que comprende los artículos 128 a 136. El título V regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales; el título VI, el Poder Judicial. Por tanto, únicamente la opción c) identifica correctamente la ubicación sistemática.

Delito de estafa.

El uso fraudulento de una tarjeta de crédito para extraer dinero ajeno constituye estafa del art. 249.1.b). El precepto vigente también contempla la sustracción de instrumentos de pago para utilizarlos fraudulentamente. No debe resolverse con la antigua calificación de robo con fuerza por uso de llave falsa. La mera denominación «hurta» del relato tampoco determina la calificación jurídica de la operación posterior.

Los tratados constitutivos, tratados de modificación y tratados de adhesión.

El Derecho primario u originario comprende los tratados constitutivos y sus modificaciones, así como los tratados de adhesión, entre otras fuentes. Los reglamentos y las directivas son actos de Derecho derivado adoptados sobre la base de los tratados. Su inclusión en b) y c) hace incorrectas esas alternativas.

Ambas respuestas son correctas.

La opción a) reproduce el carácter profesional y permanente de la formación del art. 6.2.a). La opción b) recoge el art. 6.2.b): los estudios cursados en los centros de enseñanza dependientes de las Administraciones públicas pueden ser objeto de convalidación por el Ministerio de Educación, que tiene en cuenta las titulaciones exigidas para el acceso y la naturaleza y duración de esos estudios. Como a) y b) son criterios del art. 6, la respuesta es c).

A la Secretaría General de la División de Cooperación Internacional.

El Centro de Comunicaciones Internacionales está adscrito a la Secretaría General de la División de Cooperación Internacional. La Unidad de Coordinación Internacional es otra unidad de esa División. Tampoco debe confundirse este centro con el Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa.

La identidad de la persona extranjera y la situación de estancia en España acreditada con el sello de entrada en aquellos supuestos que no precisen de la obtención de un visado de corta duración.

El pasaporte o documento de viaje acredita la identidad y, en los supuestos exentos de visado de corta duración, la situación de estancia, con el sello de entrada cuando proceda. El segundo párrafo del artículo prevé que la información del Sistema de Entrada-Salida sustituya al sellado desde su entrada en funcionamiento. La norma no impone una tarjeta de estancia a todo visitante.

Es una conducta atípica.

Los pensamientos, deseos o fantasías delictivas que no se exteriorizan en una conducta típica no generan responsabilidad penal. El art. 10 exige una acción u omisión penada por la ley y la tentativa requiere comenzar la ejecución mediante hechos exteriores. El relato no describe ejecución, consumación ni un acto preparatorio punible.

Llevar a cabo las pruebas de selección para el ejercicio de las funciones de seguridad privada y la tramitación de los expedientes que se le encomienden sobre autorizaciones y resoluciones sancionadoras.

Las pruebas de selección de personal de seguridad privada y la tramitación de expedientes sobre autorizaciones y resoluciones sancionadoras corresponden a la Brigada Central de Empresas y Personal. Las inspecciones y la investigación del intrusismo, descritas en a) y b), se atribuyen a la Brigada Central de Inspección e Investigación.

Secreto.

El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene la calificación de secreto. El art. 4.3 la vincula al Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007 y la extiende a los datos del catálogo, sus sistemas asociados y el nivel de habilitación de quienes acceden a la información. Las categorías «reservado» y «confidencial» no son la establecida.

0’75 segundos.

La DGT utiliza 0,75 segundos como tiempo de reacción normal de referencia. Es el intervalo entre percibir el peligro y comenzar a accionar el freno; durante él el vehículo sigue avanzando. Se trata de un valor orientativo, variable según atención, fatiga, sustancias y otras circunstancias, no de una duración legal fija.

La jubilación parcial del funcionario.

El art. 63 enumera la jubilación total, no la parcial, como causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera. También incluye la pérdida de nacionalidad y la separación del servicio mediante sanción firme. Esta respuesta identifica la causa excluida de la lista; no afirma que exista un derecho general a la jubilación parcial para cualquier funcionario.

El responsable podrá tramitar, por cuenta del encargado, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.

La regla correcta permite que el encargado tramite las solicitudes por cuenta del responsable, si así se pacta en el contrato o acto jurídico. La opción b) invierte esos papeles. Las opciones a) y c) corresponden a los apartados 2 y 6.

La enfermera explicó por qué se modificó el procedimiento, citando los porqués provenientes de las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Solo la a) está bien escrita: «por qué» introduce una interrogativa indirecta y «porqués» es el plural del sustantivo porqué. La b) escribe «antidiluviano», cuando la forma correcta es «antediluviano» (anterior al diluvio universal; también, antiquísimo). La c) escribe «obacionó», cuando el verbo es «ovacionar», con v.

Modalidad de phishing dirigido contra un usuario u organización en concreto.

El rasgo específico del spear phishing es que el engaño se dirige a una víctima o una organización previamente seleccionada, normalmente con información personalizada. La opción b) describe una manipulación relacionada con DNS, no esta modalidad. La c) es una descripción demasiado general de la suplantación y no identifica el elemento que distingue el spear phishing.

No, es una conducta involuntaria por lo que hay una ausencia de acción.

Un movimiento puramente reflejo, como el descrito, carece de control voluntario y excluye la acción en sentido penal. No se trata de una conducta típica justificada ni de una exención por inimputabilidad. La conclusión presupone que es realmente un reflejo y que no existe una conducta voluntaria anterior imprudente que funde responsabilidad por el resultado.

La película no consiguió agradar a los espectadores por el clisé de su guion.

«Clisé» es una variante admitida de cliché y «guion» se escribe sin tilde, así que la c) está bien escrita. En b), la locución debe ser «a bordo», en dos palabras. En a), «amainar las velas» es correcto (el DLE recoge ese uso marinero), pero «encayar» no existe: el verbo es «encallar», con ll.

DORA.

DORA resume la secuencia habitual de asignación inicial de una dirección IPv4 mediante DHCP: Discover, Offer, Request y Acknowledgement. El cliente busca servidores, recibe una oferta, la solicita y obtiene la confirmación. SARA y FIPA no denominan ese intercambio. Es una cuestión técnica y su fuente adecuada es la documentación del protocolo o del fabricante.

Si, cuando así lo determine la Dirección General de la Policía.

La coincidencia de la sede de la Jefatura Superior con la Comisaría Provincial no produce automáticamente la acumulación de jefaturas. La Dirección General de la Policía puede determinar que el titular de la Jefatura Superior asuma también la jefatura provincial. Por eso son incorrectas las dos alternativas que utilizan «siempre».

Ambas respuestas son correctas.

El art. 11 recoge las dos fuentes de posición de garante propuestas: una obligación específica legal o contractual y la creación previa de una ocasión de riesgo mediante una acción u omisión. Ambas permiten equiparar la omisión a la acción cuando concurren las demás condiciones del precepto, incluida la equivalencia con la causación del resultado.

Dirección.

El CNI sitúa la dirección al inicio del ciclo de inteligencia. En esta fase se fijan las necesidades y objetivos que orientan la obtención y el posterior tratamiento de la información. La obtención viene después y la difusión entrega el producto de inteligencia a sus destinatarios. La respuesta se apoya en la explicación institucional del CNI.

La Oficina de Asilo y Refugio.

El art. 23.1 de la Ley 12/2009 atribuye expresamente la tramitación a la Oficina de Asilo y Refugio. La Comisión Interministerial tiene funciones distintas. La existencia de la Dirección General de Protección Internacional en la estructura actual del Ministerio no cambia la respuesta a una pregunta que pide el contenido literal de este artículo de la ley.

Al Ministro del Interior.

La Ley Orgánica 2/1986 atribuye el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al ministro del Interior. El director general de la Policía dirige su cuerpo en el ámbito de sus competencias, y las autoridades territoriales ejercen las funciones que les corresponden, pero ninguna de esas posiciones sustituye el mando superior que pregunta el artículo.

Henri Tajfel.

La teoría de la identidad social se asocia principalmente a Henri Tajfel y John Turner. Explica cómo parte del autoconcepto se construye a partir de la pertenencia a grupos sociales. De los autores ofrecidos, Tajfel es la respuesta correcta; McGuire y Hovland son relevantes en otras líneas de investigación sobre actitudes y persuasión.

La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad.

La Constitución exige tratado o ley y atención al principio de reciprocidad. Además, excluye los delitos políticos, pero precisa que los actos de terrorismo no se consideran tales a estos efectos. Por eso no es correcta la exclusión general del terrorismo de c), ni la sustitución de reciprocidad por bilateralidad de a).

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El art. 8 de la Ley 31/1995 conserva la denominación Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Por esa referencia literal, b) es correcta. La denominación institucional actual es Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). El enunciado está además desordenado, pero permite identificar la función legal descrita. No deben confundirse el nombre histórico del artículo y el actual del organismo.

Ambas respuestas son correctas.

La definición de condición de trabajo incluye tanto las características de locales, instalaciones, equipos y productos como la naturaleza e intensidad de los agentes físicos, químicos y biológicos. Los dos supuestos están expresamente enumerados. También se incluyen los procedimientos de utilización y otras características organizativas que influyan en la magnitud de los riesgos.

Ambas respuestas son correctas.

Las migraciones pueden responder tanto a factores sociopolíticos, como guerras y persecuciones, como a factores demográficos y económicos, relacionados con empleo, salarios y composición de la población. El Parlamento Europeo agrupa expresamente estas causas. No son categorías excluyentes: pueden concurrir en una misma decisión migratoria.

La Dirección General de la Policía.

El art. 10.1 atribuye a la Dirección General de la Policía la garantía de vigilancia periódica de la salud del personal del Cuerpo Nacional de Policía para prevenir los riesgos de la función policial. No la atribuye directamente al responsable de cada dependencia ni utiliza como sujeto obligado al Ministerio del Interior en general.

División de Personal.

El art. 11.2.b) atribuye literalmente estas funciones a la Unidad de Gestión de Personal Policial, integrada en la División de Personal. Entre las divisiones ofrecidas, corresponde marcar a). El enunciado es impreciso al omitir la unidad directamente competente: la adscripción a la División permite identificar la opción, pero no debe confundirse con la atribución literal del precepto.

Delito de desorden público en concurso con delito de atentado.

La actuación violenta del grupo para alterar la paz pública encaja en desórdenes públicos; las agresiones a los policías en el ejercicio de sus funciones pueden integrar atentado. Los desórdenes no absorben sin más el ataque a los agentes. La concreta modalidad de concurso y los delitos de lesiones o daños dependerán de los hechos individualizados y acreditados. El simple bloqueo del acceso no equivale por sí solo a allanamiento.

El Director General de Coordinación y Estudios.

El apartado 4 del III Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio 2025-2028 atribuye la presidencia ordinaria de su Comisión de Seguimiento al director general de Coordinación y Estudios. Si asiste una autoridad superior del Ministerio del Interior, esta preside la reunión. La Oficina Nacional impulsa y coordina el plan, pero su director no es el presidente ordinario indicado.

El Defensor del Pueblo.

El art. 8.h) del Reglamento atribuye al Defensor del Pueblo la designación del presidente del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de entre sus adjuntos. No corresponde al rey ni al presidente del Gobierno. Debe distinguirse esta competencia reglamentaria de la composición o presidencia que muestre una página institucional en un momento determinado.

Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.

Uno de los requisitos del estado de necesidad es que el sujeto no haya provocado intencionadamente esa situación. Los otros dos requisitos están invertidos en las alternativas: el mal causado no debe ser mayor que el evitado y el necesitado no debe tener, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. Por eso solo a) reproduce correctamente la ley.

El dispositivo tiene contenido personal, es un delito de hurto agravado.

Desde el 10 de abril de 2026, el art. 235.1.10.º incluye el hurto de teléfonos móviles y otros dispositivos móviles de comunicación o almacenamiento susceptibles de contener información personal. La reforma excluye los que están a la venta, almacenados o expuestos en establecimientos comerciales; no es el caso del teléfono del pasajero. El valor de 100 euros no convierte este supuesto en hurto leve. Tampoco se describe acceso a secretos que permita afirmar el concurso de c).

Se produce crecimiento vegetativo negativo.

El saldo vegetativo se obtiene restando las defunciones a los nacimientos. Si, para la misma población y periodo, la natalidad es inferior a la mortalidad, ese saldo es negativo. Esto no demuestra por sí solo que disminuya la población total: el saldo migratorio podría compensarlo. La pregunta se limita al crecimiento natural o vegetativo.

Naomi Klein.

Naomi Klein es la autora de No Logo, obra centrada en la expansión del poder de las marcas y sus implicaciones sociales y laborales, vinculada al movimiento crítico con la globalización corporativa. Sassen y George tienen aportaciones destacadas en otros campos de ese debate, pero la referencia concreta a las marcas identifica a Klein.

El Área de Medios Aéreos.

La explotación integral, el control y mantenimiento de los medios aéreos tripulados y no tripulados y la formación técnica específica corresponden al Área de Medios Aéreos. El Área de Seguridad y Protección Aérea atiende la seguridad aeroportuaria y las amenazas aéreas. La Jefatura de Sistemas Especiales tiene funciones distintas de apoyo técnico a la investigación.

Principio de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad.

La opción b) recoge la lista completa del art. 4.1: legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad. La ley añade el control administrativo y jurisdiccional. Es la respuesta prevista por la plantilla. La a) introduce principios ajenos a esa lista. Sin embargo, oportunidad y eficacia, mencionados en c), también figuran en el artículo: al no pedir expresamente la enumeración completa, el enunciado admite esa objeción.

París.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París el 10 de diciembre de 1948, mediante la Resolución 217 A (III). Roma y Estrasburgo no son la sede de esa proclamación. No debe confundirse la Declaración de Naciones Unidas con los instrumentos del Consejo de Europa.

La Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica.

La Unidad Central de Coordinación Operativa y Técnica de Seguridad Ciudadana ejerce la función descrita. Su regulación está en el art. 7.2.a) de la Orden, mientras que el art. 6 citado en el enunciado regula la Comisaría General de Policía Judicial y contiene una función análoga. La respuesta a) es identificable, pero la referencia al artículo 6 debe corregirse por artículo 7.

El pasaporte español.

El art. 11.1 regula específicamente el pasaporte español y lo caracteriza como documento público, personal, individual e intransferible. Que otros documentos también tengan carácter personal no modifica la respuesta, pues el enunciado remite a ese artículo concreto. El Documento Nacional de Identidad se regula en el art. 8 de la misma ley.

GooScan.

Gooscan es una herramienta de automatización de consultas a Google para localizar información indexada y posibles problemas de seguridad. El documento técnico de CARNet CERT describe expresamente esa función en su apartado 2.2.2. La respuesta identifica la herramienta histórica a la que alude el examen; no acredita que todas sus funciones sigan operativas con las condiciones actuales del buscador.

La Jefatura de Unidades de Intervención Policial.

La Jefatura de Unidades de Intervención Policial tiene atribuida expresamente la prevención, mantenimiento y restablecimiento del orden público. Además, coordina, supervisa y controla las UIP, sin perjuicio de su dependencia funcional territorial. Las denominaciones propuestas en a) y b) no son la unidad a la que el precepto asigna esa función.

Sensacionalismo mediático sobre hechos delictivos.

La presentación sensacionalista o sobrerrepresentada de hechos delictivos puede incrementar el miedo y la percepción de inseguridad, aunque no aumente la criminalidad registrada. La documentación de Naciones Unidas examina la influencia de los medios en esa percepción. Es una relación posible y contextual, no automática; el enunciado precisamente pregunta qué factor «puede» producirla.

Las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente.

El Defensor del Pueblo toma posesión ante las Mesas del Congreso y del Senado reunidas conjuntamente y presta juramento o promesa de fiel desempeño de la función. No lo hace exclusivamente ante una de las Cámaras. Debe distinguirse este acto del nombramiento, cuya acreditación firman conjuntamente los presidentes del Congreso y del Senado.

Carecer de un servidor C&C único.

La arquitectura P2P distribuye las comunicaciones y el control entre pares, evitando la dependencia de un único servidor de mando y control. Por eso la desconexión de un solo equipo no hace caer necesariamente toda la red. INCIBE identifica a Hajime como ejemplo de botnet P2P; la literatura técnica explica la diferencia con la arquitectura cliente-servidor centralizada.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS).

El ABS actúa durante la frenada para evitar el bloqueo de las ruedas y ayudar a mantener el control del vehículo, por lo que es seguridad activa. Los airbags y reposacabezas están orientados a reducir lesiones una vez producido el impacto y se clasifican como seguridad pasiva.

Personalidad jurídica única.

Cada Administración pública actúa para cumplir sus fines con personalidad jurídica única. La pluralidad de órganos no implica una personalidad diferente para cada órgano. Esto es compatible con que ciertas entidades del sector público institucional tengan personalidad propia, pero esa distinción no altera la regla del art. 3.4 que pregunta el examen.

Cooperación recíproca.

El art. 3 de la Ley Orgánica 2/1986 establece el principio de cooperación recíproca y remite la coordinación a los órganos que la propia ley regula. Responsabilidad y dedicación profesional son principios relevantes de la actuación policial, pero no son el principio que recoge ese artículo concreto.

Las armas acústicas y de salvas.

Las armas acústicas y de salvas forman la octava categoría. En cambio, las armas para lanzar cabos se encuentran en la séptima, apartado 3, y las de sistema Flobert en la séptima, apartado 4. Como se pide la opción que no pertenece a la séptima categoría, corresponde marcar b).

Asesorar al Consejo Fiscal en las materias propias de la competencia de la Inspección Fiscal.

El apartado 10 del art. 13 incluye asesorar al Consejo Fiscal en materias de competencia de la Inspección Fiscal. La a) altera los órganos: la norma menciona la Secretaría Técnica y la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado. La c) tampoco es literal: el apartado 8 habla de propuestas para la percepción del complemento variable de productividad.

Cuatro: Ceuta, La Línea de la Concepción, La Seu d’Urgell y Melilla.

El anexo V enumera cuatro puestos fronterizos terrestres: Ceuta, Melilla, La Seo d’Urgell y La Línea de la Concepción. Por ello, a) omite La Seu d’Urgell y c) añade Irún. Se responde a la relación normativa concreta solicitada, no a una relación de todos los lugares donde pueda existir cooperación o control policial fronterizo.

Es un conjunto de programas informáticos que gestiona el hardware y las aplicaciones de un ordenador.

El sistema operativo administra los recursos físicos del equipo y proporciona servicios y un entorno de ejecución a las aplicaciones. No se define como una herramienta para acelerar internet ni como un programa de gestión empresarial. La fuente institucional educativa de la Junta de Andalucía recoge expresamente la gestión del hardware y la ejecución de otros programas.

La Subdirección General de Logística e Innovación.

El art. 3.2.c) asigna a la Subdirección General de Logística e Innovación la colaboración con la Dirección General en la dirección, coordinación, administración y gestión de los recursos económicos y materiales. La División Económica y Técnica tiene funciones bajo esa estructura, pero no es el órgano identificado por la descripción literal del enunciado.

Cotonú (Benín).

La sede anunciada por la organización para la 17.ª edición del Foro Social Mundial de 2026 fue Cotonú, Benín. La página oficial identifica expresamente la ciudad y la edición, con programación del 4 al 8 de agosto. Es una cuestión de actualidad del evento, fundamentada en su organizador, y no en legislación del BOE.

La Secretaría de Estado de Seguridad.

El art. 1.1 del Estatuto aprobado por el RD 904/2021 define a la GIESE como organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior y adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad. «Entidades Estatales de Derecho Público» no es el órgano de adscripción. Tampoco la adscripción prevista en ese precepto es a la Subsecretaría del Interior.

La Unidad Central de Apoyo Tecnológico.

La Unidad Central de Apoyo Tecnológico depende de la División de Operaciones y Transformación Digital. Impulsa la aplicación operativa de nuevas tecnologías y coordina materias como ciberseguridad, ciberinteligencia y lucha contra la cibercriminalidad. No debe confundirse con las unidades y brigadas de investigación tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial.

Los mismos podrían constituir un delito de falsa alarma, contra el orden público.

La falsa comunicación de un peligro colectivo que provoca la movilización de servicios policiales o de auxilio encaja en el art. 561. El anonimato no elimina la tipicidad. Como el autor es un adolescente, su responsabilidad depende de la edad: entre 14 y 17 años se aplica la LO 5/2000; por debajo de 14 no se exige responsabilidad con arreglo a esa ley. El enunciado no permite imponer sin más la pena prevista para adultos.

De la granja a la mesa.

El preámbulo del RD 47/2022 menciona la estrategia «de la granja a la mesa», alineada con la Estrategia de Biodiversidad para 2030 e integrada en el Pacto Verde Europeo. Las otras denominaciones no son las que cita el texto. Precisión del enunciado: el real decreto es una norma española, no un acto aprobado por la Unión Europea.

Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito.

La víctima directa es la persona física que sufre un daño o perjuicio personal o patrimonial directamente causado por el delito. La opción b) atribuye indebidamente esa definición a la víctima indirecta. Esta última categoría se refiere a determinadas personas vinculadas a la víctima en los casos de muerte o desaparición causadas por un delito, con los requisitos legales.

Ambas respuestas son correctas.

El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las disposiciones autonómicas con fuerza de ley. La jurisdicción contencioso-administrativa controla la administración autonómica y sus normas reglamentarias. Ambas atribuciones están recogidas en el art. 153, por lo que las dos alternativas son correctas.

Del Centro de Altos Estudios Policiales.

El Instituto de Estudios de la Policía depende del Centro de Altos Estudios Policiales, integrado en la División de Formación y Perfeccionamiento. La Orden lo enumera como una de las unidades dependientes de ese centro. Ni el Centro Universitario ni el Centro de Actualización y Especialización son su dependencia orgánica en el artículo citado.

Aplicación de la eximente completa relacionada con las anomalías y alteraciones psíquicas, que elimina la culpabilidad.

La anomalía o alteración psíquica que impide comprender la ilicitud o actuar conforme a esa comprensión excluye la imputabilidad y, con ella, la culpabilidad. El hecho lesivo sigue siendo antijurídico y existe una acción humana, a diferencia del movimiento reflejo. La exención penal no impide, cuando concurran sus requisitos, la aplicación de medidas de seguridad ni elimina automáticamente la responsabilidad civil.

La creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La Ley 39/2006 garantiza las condiciones básicas de igualdad en la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Las otras opciones contradicen frontalmente su objeto: la ley no crea un sistema de marginación ni suprime el sistema de atención.

1ª categoría.

El art. 3 del Reglamento de Armas incluye las pistolas y los revólveres, como armas de fuego cortas, en la primera categoría. La tercera comprende determinadas armas largas y de aire o gas de mayor potencia; la cuarta, determinadas armas de aire o gas. La semejanza de forma con una pistola no basta para cambiar esa clasificación.

Ambas respuestas son correctas.

El art. 68.2 comprende policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento y asistencia sanitaria pública o privada. Por ello, los vehículos de a) y b) están incluidos si circulan en servicio urgente y cumplen la señalización exigida. Cuando omitir las señales acústicas especiales no entrañe peligro para los demás usuarios, el propio precepto obliga a utilizar únicamente la señal luminosa.

La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal.

La conducta de a), cuando no constituye infracción penal, aparece como infracción leve en el art. 37.5. Las conductas de b) y c) están tipificadas como graves en los apartados 2 y 6 del art. 36. La pregunta exige identificar la que no es grave, por lo que debe marcarse a).

El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal.

El error invencible sobre la ilicitud del hecho excluye la responsabilidad criminal. Si el error es vencible, se impone la pena inferior en uno o dos grados. Las opciones a) y c) intercambian esas consecuencias. Es el error de prohibición del apartado 3, distinto del error sobre los hechos del apartado 1.

Potestad especial de policía administrativa de seguridad.

El capítulo IV regula las potestades especiales de policía administrativa de seguridad. Dentro de él, el art. 27.1 habilita al Estado para dictar normas de seguridad pública aplicables a los edificios e instalaciones de espectáculos y actividades recreativas. No es una potestad de control fiscal ni una intervención judicial preventiva.

La Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio.

La denominación institucional es Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio. El III Plan de Acción le atribuye el impulso, coordinación y supervisión del plan y la sitúa en la Dirección General de Coordinación y Estudios. La oficina propuesta en b) no es la denominación de ese órgano del Ministerio del Interior.

La no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido.

El art. 5 establece conjuntamente la no devolución y la no expulsión de las personas a las que se haya reconocido asilo o protección subsidiaria, junto con las medidas previstas en la normativa aplicable. Las alternativas a) y b) recogen cada una solo una parte de la protección. La opción c) reproduce su contenido completo.

Delito de hurto previsto en los artículos 234 a 236 del Código Penal.

La relación del art. 282 bis.4 incluye el secuestro de los arts. 164 a 166 y los delitos contra los derechos de los trabajadores de los arts. 312 y 313. No incluye el hurto de los arts. 234 a 236 en la lista preguntada. Es una definición funcional para la investigación mediante agente encubierto; no significa que el hurto nunca pueda cometerse mediante una organización criminal.

Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

La Subdirección General de Asuntos Europeos depende de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. El art. 5.2.c) concreta esa dependencia y las funciones remitidas al apartado 1. Las otras alternativas no corresponden a la estructura orgánica establecida por el real decreto para este órgano.

Podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.

La disposición transitoria quinta exige acuerdo de los respectivos ayuntamientos por mayoría absoluta y autorización de las Cortes Generales mediante ley orgánica, en los términos del art. 144. La opción a) cambia indebidamente la mayoría y atribuye la autorización únicamente al Senado. Se responde a la previsión constitucional, distinta de los estatutos actuales de las ciudades autónomas.

Dos Senadores.

El art. 69.4 establece dos senadores por cada una de las poblaciones de Ceuta y Melilla. No se debe trasladar a estas ciudades la regla provincial de cuatro senadores ni la de determinadas islas mayores. La reforma constitucional de mayo de 2026 afecta al apartado 3, sobre circunscripciones insulares, y no modifica este apartado 4.

El Eurosistema, formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado el euro.

El Eurosistema está formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro. La opción a) omite esa delimitación y puede abarcar bancos de Estados que no usan el euro. El Sistema Europeo de Bancos Centrales tiene un ámbito más amplio y no se denomina «Sistema Europeo de Entidades Bancarias Centrales».

Es un delito intentado.

Hay tentativa de homicidio: existe intención de matar y comienzo de ejecución, pero la muerte no se produce por la intervención de terceros. Huir dejando a la víctima gravemente herida no es evitar voluntariamente el resultado ni constituye desistimiento eficaz. Las circunstancias de parentesco y las lesiones podrán ser relevantes, pero no convierten la muerte no producida en homicidio consumado.

Artículo 9.

La jerarquía normativa se garantiza en el art. 9.3 de la Constitución junto a otros principios como legalidad, publicidad de las normas y seguridad jurídica. El art. 10 se refiere a dignidad y derechos de la persona, y el art. 11 a nacionalidad. El apartado concreto para estudiar esta pregunta es el 9.3.

Almansa (Albacete).

El Ayuntamiento de Almansa publicó el 23 de junio de 2026 la inauguración de su nueva Oficina de Documentación de la Policía Nacional, con la participación del director general Francisco Pardo. Esa noticia oficial permite identificar la opción c). La expresión «recientemente» es imprecisa; por ello se aporta la fecha y no se afirma que sea necesariamente la última oficina inaugurada en toda España.

A la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que presten servicios tanto en los órganos centrales como periféricos dependientes de la Dirección General de la Policía.

El RD 2/2006 se aplica al personal funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que presta servicio en órganos centrales y periféricos dependientes de la Dirección General de la Policía. No extiende su ámbito a todo el Ministerio del Interior ni a todos los cuerpos policiales. El segundo párrafo del artículo precisa la aplicación de la normativa preventiva general a determinadas funciones.

Sanidad sostenible.

«Sanidad sostenible» no es la denominación de uno de los 17 ODS. El objetivo 3 se denomina Salud y bienestar. En cambio, Hambre cero es el objetivo 2 y Alianzas para lograr los objetivos es el 17. La pregunta versa sobre la lista oficial de Naciones Unidas, no sobre expresiones genéricas compatibles con el desarrollo sostenible.

Seis meses.

El art. 23.1 fija seis meses de duración máxima de la fase de autonomía. El apartado 2 permite hasta seis meses adicionales para personas reasentadas y personas en situación de vulnerabilidad. Por tanto, a) es la regla general; b) podría describir el total de una extensión excepcional, no el máximo ordinario. El enunciado debería precisar «con carácter general» para evitar esa ambigüedad.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El art. 29.1 atribuye las funciones allí mencionadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mediante las unidades reguladas en ese capítulo. El apartado 2 reconoce carácter colaborador al personal de las policías autonómicas y locales. Esta respuesta respeta la literalidad solicitada y no pretende negar las funciones de policía judicial que otras normas atribuyen a esos cuerpos.

Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre.

La norma se identifica por su título: Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Las numeraciones 12/2015 y 11/2015 no corresponden a esa reforma. Debe distinguirse la ley reformadora de la redacción consolidada vigente de la LECrim.

Los guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos.

En los municipios sin policía municipal, sus cometidos se ejercen por el personal con funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, denominado guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos. El precepto no atribuye automáticamente todos esos cometidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a la policía autonómica.

Es elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey.

En el modelo del art. 152.1, la Asamblea Legislativa elige al presidente de entre sus miembros y el rey lo nombra. Al presidente corresponde dirigir el Consejo de Gobierno. La propuesta o designación política no se atribuye al rey, y la Asamblea no sustituye el nombramiento formal que corresponde a este.

20.

El anexo I contiene veinte Jefaturas Superiores de Policía. No hay una correspondencia de una jefatura por comunidad autónoma: Andalucía se divide en Occidental y Oriental y existen además las jefaturas de Ceuta y Melilla. Por eso no son correctas las cifras 17 ni 18.

Legalidad.

La especial obligación de colaboración se desarrolla con sujeción al principio de legalidad. Debe orientarse a preservar la seguridad pública y garantizar la reserva y confidencialidad necesarias. Aunque proporcionalidad y seguridad jurídica tienen relevancia general, no son el principio expresamente nombrado en el art. 14.1 que reproduce la pregunta.

Ambas respuestas son correctas.

El art. 141.4 dispone que las islas de los archipiélagos tendrán administración propia en forma de cabildos o consejos. Ambas denominaciones aparecen en el texto constitucional. Las alternativas a) y b) expresan cada una una de las formas admitidas, por lo que debe marcarse c).

Seguridad colectiva.

La protección de infraestructuras que prestan servicios esenciales a la sociedad responde a una finalidad colectiva. Es una clasificación conceptual inferida del art. 16.1 del Reglamento, no una etiqueta literal impuesta por ese artículo. Además, la denominación normativa es Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas; el enunciado mezcla esa denominación con la de los Planes Estratégicos Sectoriales.

La Brigada de Investigación de Redes de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales.

La Brigada de Investigación de Redes actúa como punto nacional de la base de datos FADO, administra el sistema en España e introduce imágenes de documentos falsos y auténticos. La Orden la integra en la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales. Las otras dos brigadas no son las que el art. 8 identifica para esta función.